Sobrecostes y retrasos de Acuamed

Iván Gómez | 22 de enero de 2016 a las 12:28

Las presuntas irregularidades en la gestión y contratación de los proyectos de la sociedad estatal Acuamed en la provincia que la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción investigan desde hace un año, desembocando esta semana en la Operación Frontino de la Guardia Civil que detuvo a 13 personas de las constructoras y la empresa pública, han sido un secreto a voces. Las anomalías en la ejecución de infraestructuras, sobre todo en lo concerniente a los retrasos y sobrecostes, se han puesto en reiteradas ocasiones sobre la mesa tanto del Gobierno en funciones de Rajoy como del anterior de Zapatero, pero nadie movió un sólo dedo para acabar con unas supuestas prácticas por las que se vienen disparando las inversiones en las desaladoras del Programa AGUA encomendado a Acuamed tras la derogación del Plan Hidrológico Nacional (PHN) y su faraónico trasvase del Ebro a principios de 2005. Durante las dos legislaturas socialistas, con las ministras Cristina Narbona, Elena Espinosa y Rosa Aguilar, la que finalmente acabó inaugurando la FOTO RUEDA PRENSA PP 2planta del Bajo Almanzora de la que brota la denuncia sobre los contratos y las compensaciones ilegales, fueron los diputados del PP los que en su labor de la oposición criticaron lo que les parecía un “escándalo”. El ahora portavoz de los populares en el Congreso, Rafael Hernando, denunció en noviembre de 2009 desviaciones presupuestarias en las cuentas de Acuamed. Habló de “elementos turbios” al analizar la evolución de los costes que en sólo unos años experimentaron las plantas del Campo de Dalías y Villaricos y las conducciones de la desaladora de Carboneras hasta el Valle del Almanzora, siendo los ejemplos más evidentes de que no había demasiado control sobre las actuaciones programadas. Las tuberías pasaron de un proyecto inicial de 53 a otro de 99 millones y la desaladora de la pedanía de Cuevas de 42 millones en 2006 a los 94,5 que se le atribuyeron por arte de magia en los presupuestos de 2011. El diputado popular se quedó en mociones y preguntas en el Congreso y no acudió a la justicia y ahora para su gran sorpresa el fraude apunta a su partido y empieza a cobrarse víctimas como el que fue hasta el martes el responsable de Acuamed, Arcadio Mateo, al que la Guardia Civil encontró durante el registro de su vivienda más de 120.000 euros en billetes de 500 guardados en libros, a la espera de conocer que ocurrirá con el subsecretario de Presidencia y exsecretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos, al que el juez instructor del caso, Eloy Velasco, ha señalado como interlocutor con las contratistas. 

Años más tarde, ya con el PP en el Gobierno, fue el Tribunal de Cuentas el que cargó contra el modus operandi de Acuamed y los sobrecostes en nueve de las desaladoras construidas o aún en fase de ejecución en el litoral del Mediterráneo. Censuró la falta de coherencia entre las inversiones reales y el plan de seguimiento y control de los objetivos y ahí las obras de Almería se llevaron la palma. El informe fiscalizador, de finales de 2014, apreció retrasos de 30 meses en la construcción de la planta del Campo de Dalías y de 50 en las conducciones desde la de Carboneras. Apreciaron los indicios de responsabilidad penal en la gestión contable por parte de la sociedad estatal, instando al Gobierno a suprimirla, al repasar los precios iniciales de las desaladorasobras y las inversiones finales. Entre las desviaciones más importantes, nuevamente las de las obras de la provincia, marcadas por errores y defectos en la planificación, si bien no llegaron a apreciar las irregularidades que la Audiencia Nacional ha puesto estos días al descubierto. La construcción de la planta de Balerma contaba con un presupuesto de 166,7 millones al iniciarse en 2007 y aumento en un 40% hasta los 240 millones después de que se modificara el proyecto inicial y la ubicación tras una paralización hasta abril de 2012. En la memoria de Acuamed sigue figurando un presupuesto de 144 millones, siendo el baile de cifras para despistar la tónica de sus informaciones a lo largo de los últimos años sobre los costes de las infraestructuras. La obra de la desaladora de Villaricos tuvo un sobrecoste del 31,2% sobre el contrato adjudicado vinculado a un modificado de 11,2 millones y actuaciones complementarias de 6,8 millones. La desaladora de Carboneras, aún remontándose a la sociedad estatal Acusur que se integraría después en Acuamed, tampoco escapa a la evaluación del Tribunal de Cuentas que puso el acento sobre los 22,8 millones de obras complementarias y otros modificados y en el retraso de 50 meses. Demasiados cabos sueltos en la contabilidad y contratos de Acuamed, con desviaciones de vértigo y sobrecostes, para tres legislaturas y dos gobiernos.

  • Ignacio

    Soberbio artículo muy bien documentado, y explicado, de la trama ahora descubierta y de la que ya sospechábamos el tejemaneje de obras sobredimensionadas.