El Algarrobico y sus responsables

Iván Gómez | 22 de febrero de 2016 a las 16:51

La reciente sentencia del Tribunal Supremo ha permitido encauzar hacia su inminente demolición la odisea jurídica de El Algarrobico, si bien no ha contribuido en lo más mínimo, como las anteriores, a identificar a los precursores del proyecto turístico en la costa de Carboneras ni a los responsables políticos de una tramitación de casi tres décadas. Cuando todos apuntan hacia el derribo en base al fallo decisivo del alto tribunal y a la posterior restauración de los terrenos que contemplaba el protocolo sellado por Gobierno y Junta de Andalucía, siguen sin depurarse responsabilidades y la 10344414_782897611745136_2357505387669846572_o (1)mercantil madrileña Azata, que contó con todos los parabienes de las administraciones públicas, es la única perjudicada en la causa a la espera de que se determine en la Audiencia Nacional si percibe la indemnización que reclama de 70 millones de euros. Tan sólo el entonces titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº2 de Almería, Jesús Rivera, quien ordenara la paralización de las obras del mamometro hace diez años, el 21 de febrero de 2006, se atrevió a cuestionar la “abulia y desidia” en la defensa del interés general de la Junta, además de observar indicios en la comisión de los delitos de prevaricación y contra la ordenación urbanística. Posteriormente fue imputada la corporación de Carboneras por la votación en pleno a favor de la declaración como urbanizable del sector, si bien quedó en nada, al igual que la denuncia contra el actual alcalde independiente por mantener la clasificación de los terrenos. Sin embargo, hasta la fecha ningún juez ha tomado medidas en firme contra aquellos responsables políticos, así como altos funcionarios, que validaron todos y cada uno de los trámites administrativos necesarios para la construcción de un hotel que se paralizó al 95% de su ejecución, meses antes de su apertura que estaba prevista para la Semana Santa de 2006. 

El fallo del Tribunal Supremo no ha permitido despejar algunas de las incógnitas sobre los que en su día programaron, a toda costa y sin ningún reparo ambiental, una macroactuación urbanística para un enclave paradisíaco en pleno parque natural de Cabo de Gata-Níjar a través del Plan para el Desarrollo Turístico del Litoral Andaluz en 1985. Lo que iba a ser un camping de primer nivel con el que la Junta quería acabar con las actividades de acampada ilegal “ambientalmente lesivas”, según el que fuera delegado de Medio Ambiente y después consejero, Martín Soler, se transformó en un hotel de 411 habitaciones y 22 plantas con la venta del terreno de Parque Club Algarrobico a la promotora Azata del Sol. Tanto la primera opción como la final se pusieron en marcha con todos los parabienes de la administración e incluso lograron subvenciones, que nunca llegaron a cobrar, por la futura creación de empleo. Uno de los interrogantes se remonta precisamente a la sociedad que estando participada por la Junta, Parque Club pic-20120530071957S7945P4Algarrobico, recibió el incentivo de 77 millones de las antiguas pesetas antes incluso de constituirse. La administración andaluza ha redirigido la batalla judicial hacia un derecho de retracto que tiene ciertas incógnitas sin despejar. La sociedad participada por la Junta con un 33% de sus acciones era la que debía notificar a la propia Junta, según la legislación de los parques naturales, la venta de los terrenos a la promotora Azata. Y no lo hizo, tal y como recuerda el subdirector de la constructora, José Rodríguez: “No fue omisión nuestra en ningún caso, era una obligación del vendedor con la paradoja de que era una sociedad en la que participaban”. Pero lo más preocupante fue el engaño que sufrió la mercantil y consta en la escritura a la que ha tenido acceso este periódico. El terreno sobre el que se asienta el hotel, además de tener calificación de urbanizable, no se encontraba dentro de los límites del parque natural de Cabo de Gata-Níjar. Y así lo creyeron hasta después del inicio de las obras. El documento ante notario recoge también los escritos del Jefe Provincial de Costas en los que determina que la servidumbre de protección era de 20 metros, la aprobada para la construcción de un camping de primera categoría por el anterior propietario. Todo un cúmulo de despropósitos por los que nadie ha respondido aún.

Más allá de la aprobación del Plan Parcial del Sector por la Comisión Provincial de Urbanismo y de la aprobación de la licencia municipal de obras aún sabiendo que no cumplía con los requisitos establecidos por la Ley de Costas, hay notificaciones de la administración andaluza a la empresa en las que manifiesta no tener competencia ambiental dado el carácter urbanístico de la parcela que ahora recuperarán a través de un retracto en base a una especial protección que antes no reconocieron. ¿Por qué salió adelante en Comisión Provincial de Ordenación del Territorio el planeamiento del sector pese a los informes contrarios, como el de un ingeniero topógrafo que les repetía que era un área natural de interés general? ¿Por qué omitió la Junta una quincena de avisos alertando de los incumplimientos a la legislación de Costas? ¿Por qué el Jefe Provincial de Costas respaldó una servidumbre de 20 metros que la Dirección General tuvo que revocar? Son tantos los errores que la factura del hotel no se quedará en los siete millones de euros en los JUNTA Y ESTADO PIDEN CONFIRMAR LA ANULACIÓN DE LA LICENCIA DEL ALGARROBICOque se ha cifrado el coste del derribo y restauración de la playa. Es muy probable que Gobierno, Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Carboneras se vean obligados a indemnizar a la promotora del hotel atendiendo a ese “anormal funcionamiento” de las administraciones públicas que ha denunciado ante la Audiencia Nacional. Azata ha cuantificado la responsabilidad patrimonial, de manera conjunta y solidaria, en 70 millones de euros, cifra que incluye un 5% por daño moral, según la tasación realizada por la sociedad Tinsa de acuerdo con el valor del terreno y del hotel, así como teniendo en cuenta el daño moral, material y el descrédito empresarial a la mercantil. Los errores urbanísticos que se han ido evidenciando a través de las sentencias contrarias al hotel, las que reconocen que se trata de suelo no urbanizable e invade el dominio marítimo-terrestre, son previos a la adquisición de esta finca en 1999 y competen a las administraciones públicas que dieron su consentimiento a un Plan Parcial que se remonta al 26 de mayo de 1988. Casi 20 años de parabienes de los órganos competentes antes de que el juez Jesús Rivera diera al traste con un proyecto turístico que no se quedaba en el Algarrobico (R-5) y contemplaba en los sectores colindantes (R-6 El Canillar y R-7 La Galera) otros seis hoteles, 2.000 viviendas y un campo de golf. El exalcalde socialista de Carboneras, Cristóbal Fernández, asegura que el Algarrobico es un “invento político” de la Junta: “Fue la que promovió el hotel con todas las bendiciones del Gobierno”. Señala a las administraciones que hoy celebran el fallo del Supremo.

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    vaya pedazo de artículo, muchas gracias por la información. me servirá para uno de mis trabajos. gracias