Acuamed cierra el grifo

Iván Gómez | 24 de marzo de 2017 a las 15:15

Acuamed en el dique seco. A día de hoy están sin obras en curso en la provincia y no es precisamente porque no queden proyectos que desarrollar. La empresa pública perteneciente al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente ha completado parte de las infraestructuras del Programa AGUA que se proyectó hace ya más de una década para fabricar 95 hectómetros cúbicos, los que iban a llegar a la provincia con el derogado trasvase del Ebro, ha aparcado otras en la época de crisis y está a la espera de ejecutar las restantes, cuando así lo decida el Gobierno asignando partidas en los Presupuestos Generales del Estado. Fuentes de Acuamed han explicado que en la actualidad no tienen actuaciones en marcha, si bien confían en licitar a lo largo de este ejercicio los trabajos de la red secundaria de la desaladora del Campo de Dalías para atender el crecimiento de la ECONOMÍA-PROVINCIA-BALANEGRAdemanda de los regantes y pueblos del Poniente y poder alcanzar el cien por cien de su capacidad de producción en los próximos años. Otro de los retos a corto plazo del operador integral de las infraestructuras hidráulicas pasa por emprender las obras de protección de la parcela para que no vuelva a ser destrozada por las riadas como ocurriera a finales de 2012. Una vez que ha superado el trámite de impacto ambiental, el proyecto debe salir a información pública en los próximos meses y a partir de ahí tocará la licitación y adjudicación de una obra inicial a la que seguirá, más adelante, la de reparación de las instalaciones y maquinaria averiadas. Pero antes tendrá que determinar la justicia si esta última fase la abona la UTE FCC-Abengoa o sale de la cuenta de Acuamed al encontrarse esta desaladora en el epicentro de la trama de corrupción por la que 13 directivos y cargos de la sociedad estatal y las adjudicatarias fueron detenidos en enero de 2016 en el marco de la Operación Frontino por la supuesta falsificación de las certificaciones y liquidaciones de los contratos públicos. Otra de las asignaturas pendientes que sigue sin fecha es el túnel de evacuación de agua de la Balsa del Sapo, con el que acabar de forma definitiva con las inundaciones en el núcleo ejidense de Las Norias, si bien Acuamed no tiene encomienda para las obras y sólo se le encargó -en julio de 2011- el proyecto, que está pendiente de información pública, para determinar la mejor alternativa de desagüe con una previsión de gasto de entre 40 y 80 millones de euros a cofinanciar por Junta y Gobierno. La sociedad desconoce la intención del Ministerio de Medio Ambiente de incluir financiación este año.

Otra de las actuaciones que de momento tendrá que esperar es la conducción entre la desaladora de Carboneras y el desierto de Tabernas. El proyecto para llevar recursos hídricos del Levante a la comarca más seca se gestó en el mandato de Zapatero y no fue considerado por el Ejecutivo de Rajoy hasta septiembre de 2015 con la firma de un convenio entre Acuamed, Diputación y Regantes Filabres-Alhamilla con el objetivo de aliviar la sed de una población que ronda los 8.000 habitantes y abastecer a las 5.000 hectáreas de riego de esta comarca con el agua desalada de Carboneras a través del _MG_9575.jpgenganche de Venta del Pobre. La empresa pública recibió una partida de 600.000 euros en los presupuestos del año pasado para la realización de un estudio sobre la viabilidad económica y en base a los resultados no está previsto que en un futuro inmediato vayan a acometerse las actuaciones. De hecho, la institución provincial en los últimos meses ha buscado sin éxito el respaldo de la iniciativa privada para financiar una obra que en su día, cuando se concibió, rondaba una inversión cercana a 57 millones y sembró demasiadas incógnitas entre los beneficiarios sobre el futuro precio del agua. De hecho, las tarifas de la desalación son una de las cuestiones que más preocupan a los regantes de la provincia por la disparidad de lo que pagan unos y otros. Los que reciben recursos de la planta de Balerma pagan 52 céntimos por metro cúbico y los que utilizan los del trasvase del Tajo-Segura sólo 9. De ahí su propuesta para hacer una autovía del agua que conecte todas las demarcaciones y con la que establecer un precio único. Acuamed ya ha invertido más de 700 millones en obras siendo la previsión inicial del programa hídrico de 520.

Protección para la planta de Villaricos en curso 

La desaladora del Bajo Almanzora que se puso en marcha en 2012 con una inversión de 89 millones de euros, más un modificado de 11 y obras complementarias para una toma auxiliar de agua por otros 7, lo que supuso un sobrecoste de un 31,2% sobre el contrato que se le adjudicó a la UTE FCC-Abengoa, sigue pendiente de reparación tras ser destrozada por las riadas en la gota fría de finales del año en el que se inauguró. No llegó a enviar ni una sola de agua de los 20 que iba a producir cada año y no se ha podido arreglar antes porque se contrató sin seguro. Fue todo un despropósito por desaladora-almanzorael que se sitúa en el epicentro del fraude por el que se investiga a Acuamed y a varias constructoras que se beneficiaron de facturas falsas y sobrecostes. La de Villaricos es una de las plantas bajo sospecha sobre la que aún se están solicitando informes a la empresa pública durante el proceso de instrucción judicial que sigue abierto. De ahí que ni empresas ni Acuamed hayan puesto los fondos necesarios para su reparación, hay un desacuerdo al no tener póliza que tendrá que determinar el juez. De hecho, existía un acuerdo para arreglarla por el que la UTE y la sociedad estatal se iban a repartir el coste de las obras en un 60 y 40%, pero con el estallido de la trama se bloqueó y acabó en litigio. En lo único que se ha podido avanzar es en el proyecto para la protección de la desaladora, una actuación que viene realizando Acuamed y que en los próximos meses saldrá a información pública tras presentarse en noviembre del pasado año el informe de impacto ambiental. Fuentes de la sociedad estatal confían en que las obras para protegerla de los desbordamientos del río Almanzora puedan licitarse y adjudicarse en lo que queda de año, aunque no dan fechas para la reparación de la maquinaria e instalaciones al ser parte del litigio con las empresas constructoras. El PSOE de Almería ha pedido que en los Presupuestos Generales de 2017 se incluya una partida de 22,6 millones que incluye la asignación que no se ha ejecutado desde su deterioro.

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