Un tercer carril necesario

Iván Gómez | 29 de enero de 2016 a las 11:25

Mientras avanza la construcción del tercer carril de la Autovía del Mediterráneo (A-7) en los puntos de mayor densidad del tráfico de Alicante y se ha desbloqueado el proyecto para la ampliación en los de Murcia, en Almería nada se ha vuelto a saber del anuncio que en su día realizara el Ministerio de Fomento, que llegó a incorporar partidas durante varios años en los Presupuestos Generales del Estado, para poder aumentar la capacidad de uno de los grandes ejes viarios de la provincia entre Viator y Roquetas. La actuación en el tramo de 23 kilómetros fue solicitada finales de 2008 por la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento como respuesta al incremento del flujo de vehículos en circulación entre los puntos kilométricos 429 y 452 y ante la previsión de que a medio plazo las retenciones serían cada vez más frecuentes. Y así ha sido. La finalización de la Autovía en el itinerario 20151106_085037.jpgpendiente de Granada y el cierre temporal del Cañarete han convertido al corredor de la A-7 a la altura de El Parador en un punto negro en el que los atascos están a la orden del día. Son más que habituales en las horas punta y vienen causando en los últimos meses un aumento preocupante de las colisiones múltiples en los dos sentidos. En las cuentas del ejercicio en curso, a la espera de un Gobierno, se ha vuelto a fijar una partida de 1,7 millones de euros destinada a la remodelación de la salida de la A-7 a Roquetas, así como otras de 250.000 y 200.000 euros con las que retomar la prolongación de la A-92 hasta el enlace de Viator y remodelar los accesos 409 y 411 de la Autovía del Mediterráneo a El Ejido. Si bien, la planificación rediseñada después de años de parálisis pasa por intervenciones puntuales en las salidas que no servirán para aliviar las infinitas colas ya habituales de los nudos entre el enlace de Viator y la base militar y el del Poniente. El último compromiso del Gobierno, el que fuera fijado por el secretario de Estado de Infraestructuras, Julio Gómez-Pomar, cuando visitó las obras de emergencia iniciadas en el Cañarete, fue el de estudiar un enlace de entrada a Aguadulce desde la autovía para facilitar el tráfico en la zona, toda vez que los terrenos por los que discurría esa vía pertenecen a particulares y se contemplan como servidumbres de paso. Pero no es nada nuevo. Ya en los presupuestos de 2014 se incluyó otra partida dentro de una programación plurianual por la que se reservarían fondos hasta el año 2017. En total se destinarían 5 millones de los que aún no se han ejecutado ninguno.

Sólo papeles mojados, como ya ocurriera con las cuentas de 2010 en las que se llegaron a contemplar 100.000 euros por triplicado para el tercer carril de la A-7 de Viator a Vícar, el acceso a este último municipio desde la autovía y la reforma del enlace 429 de El Parador. Pero el estudio informativo aprobado por Fomento se aparcó primero en la legislatura socialista de Zapatero por los recortes selectivos por la crisis económica y después quedó definitivamente enterrado por el Ejecutivo popular de Rajoy. Pese a la previsión de futuros problemas de congestión del tráfico, se optó por renunciar al tercer carril en los 23 kilómetros de la Autovía del Mediterráneo en la provincia y no se tuvo en cuenta que la inversión necesaria para poner tres carriles en circulación estaría en torno a los 55 millones de euros, según las estimaciones de los técnicos de la Dirección General de Carreteras, una consignación presupuestaria mínima si se compara con los 13,5 millones que han costado cada uno de los kilómetros de la A-7 en el litoral granadino. En Murcia se ha Foto carreteras mar parislicitado por casi tres millones la prolongación del tercer carril de la autovía entre los puntos 762,2 y 763,8, acotando la actuación a sólo 1.640 metros, los de mayor densidad de la circulación en el nudo de Espinardo. En Almería también se podría intervenir en los puntos más conflictivos del tercer carril que se proyectó, de manera que se daría respuesta prioritaria al nudo de Roquetas, con más concentración de tráfico y accidentes, para después seguir ampliando a otros enlaces cuya necesidad es menos acuciante. De hecho, las retenciones están más vinculadas a los problemas de acceso y salida que a la propia falta de capacidad de la vía y el nudo de El Parador es el ejemplo más claro donde se acumulan los vehículos en interminables colas al inicio y conclusión del horario laboral y obligan a colapsar uno de los carriles provocando a su vez un grave riesgo para todos los usuarios de la autovía. A la espera de la finalización de las obras de emergencia ante los desprendimientos del Cañarete, Fomento acumula asignaturas pendientes aparcadas durante la crisis que es hora de retomar. El tercer carril de la A-7, aunque sea de forma parcial en las zonas de mayor concentración de coches, sería una de las prioridades, al igual que los accesos al Puerto, que se cayeron de las cuentas del Estado después de tener partidas sin ejecutar durante varios años.

Aguas turbias

Iván Gómez | 24 de enero de 2016 a las 12:25

Parecía que las constructoras se habían quedado con la miel en los labios cuando Zapatero revocó el faraónico trasvase del Ebro a principios de 2005, pero nada más lejos de la realidad. El cambio de rumbo de la política hídrica de nuestro país no las dejó sin contratos, es más, han podido acceder a un negocio, el del agua, que tan sólo a través de Acuamed, la sociedad estatal de las Aguas de la Cuenca Mediterránea, ha movido en la última década cerca de 2.800 millones de euros con alrededor de 120 proyectos, en su mayoría de desalación, con los que fabricar más de 800 hectómetros cúbicos de agua. En Almería la planificación inicial se diseñó con un coste de 520 millones de euros para poner en marcha una quincena de obras para conseguir los 117 ACTUACIONES DEL PROGRAMA AGUA.hectómetros cúbicos que ya no llegarían con el trasvase. Pero una década después la realidad es bien distinta. La provincia no dispone aún ni de la mitad de los recursos esperados cuando se han invertido más de 700 millones. Es decir, mucho más gasto cuando el mapa de actuaciones se redujo y se aparcaron infraestructuras sin que el descuento de la inversiones haga mella en la cuenta final. No se sabe nada de la desalobradora de Adra ni tampoco de la Balsa del Sapo, contempladas incluso en los Presupuestos del Estado durante años, así como también se reculó en el intento de compra por parte de Acuamed de la desaladora de Rambla Morales, una polémica infraestructura que arrastra una deuda de más de 258 millones de euros. El estallido de laOperación Frontino ha salpicado de lleno a la gestión de la planta de Villaricos, pero también ha sembrado serias sospechas sobre los contratos del resto de infraestructuras. Decía el prolífico escritor Alberto Vázquez Figueroa, uno de los precursores en los noventa de la desalación por osmosis inversa, que “el gran negocio sucio del mundo hoy no es la gasolina, ni el petróleo, ni las armas… el negocio más sucio del mundo es el agua”. Lo recordó a raíz de la reunión que mantuvo con el exministro Jaume Matas, uno de los artífices del trasvase del Ebro hoy en prisión por otros delitos, a quién reprochó que esta colosal infraestructura empezara los trabajos por Almería donde el agua llegaría “con suerte” veinte años más tarde. 

Acuamed se ha convertido, y lo dice el auto del juez Eloy Velasco, en una organización criminal que favoreció los intereses financieros de contratistas a cambio de viajes, comisiones, regalos e implantes de pelo. La gestión de los últimos años de la sociedad estatal está en el ojo del huracán y evidencia la putrefacción del sistema político y económico cuando hay muchos millones en juego. Y en materia de desalación los billetes han llovido desde Europa, si bien ahora serán fiscalizados y auditados todos los proyectos uno a uno para conocer si se devuelven los fondos, lo que propiciaría la estocada definitiva para Acuamed, un cierre que ya reclamó el Tribunal de Cuentas hace poco más de un año cuando analizó los sobrecostes, retrasos y otras REGISTRAN LA SEDE DE EMPRESA PÚBLICA ACUAMED POR POSIBLE FRAUDE EN CONTRATOSprácticas anormales de las que se desprenden serios indicios de responsabilidad penal. Eran más de 330 millones de euros en desfases de nueve desaladoras del litoral mediterráneo los que en su análisis de la gestión de los años 2010 y 2011 encontró el órgano fiscalizado. También el diputado nacional del PP denunció en su día que en las obras de la provincia los gastos previstos habían crecido en la primera legislatura de Zapatero en más de 200 millones de euros. Ahora la justicia tiene en sus manos una irregularidad más reciente, la que se ideó desde Acuamed, con la connivencia de altos cargos de Medio Ambiente como Federico Ramos que ya ha dimitido, a raíz de la destrucción de la planta del Bajo Almanzora con las inundaciones de la gota fría en septiembre de 2012. Era la constructora la que se tendría que hacer cargo del arreglo, a través de su seguro, pero Acuamed salió en su ayuda y se ofreció pagando parte de la reparación e inflando facturas de otros proyectos. El Ministerio inicia ahora una auditoría de las actuaciones y en las de Almería encontrará, como mínimo, sobrecostes de vértigo y retrasos históricos. Primero tiene que darle respuesta a la planta de Villaricos, rota e inutilizada desde las riadas a pesar de que llevan ya tres ejercicios presupuestarios consignando partidas que nadie sabe dónde han desviado. Creció su coste en un 31,2% incluyendo un modificado de 11,2 millones y obras complementarias por valor de 6,8 millones más.

También se disparó la factura de la del Campo de Dalías desde los 166 millones a los más de 240 que finalmente ha costado su puesta en marcha con más de 30 meses de retraso. Las conducciones de la desaladora de Carboneras hacia el Almanzora también multiplicaron el precio y las empresas adjudicatarias serán ahora las que tengan que aclarar a los auditores en qué se invirtió ese dinero. La planta de la capital se construyó de la misma forma, con una inversión final muy alejada de la que aparecía en el contrato, si bien el Ayuntamiento desistió de la reclamación a las empresas a pesar de tener un informe de sus técnicos en los que hablaban de errores millonarios. Pero es la de Carboneras, la que se remonta a la sociedad estatal _Z6Y3751.jpgAcusur previa a la de Acuamed, la que ha generado siempre más sospechas. Triplicó su valor en cuestión de años y la propia ministra Cristina Narbona reconoció en su día que fueron 45 los millones de sobrecoste, todo un despropósito. En aquellos tiempos los fondos comunitarios alcanzaban el 75% y el control se relajó demasiado. Infraestructuras a lo grande más allá de las necesidades reales. Hoy, con más financiación estatal, la supervisión de los contratos de grandes obras parecía mayor, si bien las empresas públicas, como poco las del agua, están contra las cuerdas. El Tribunal de Cuentas ha sido el último en cuestionar un modelo de gestión sometido a un grado significativamente menor que la Administración General del Estado a las normas del derecho presupuestario. De ahí el agujero de Acuamed hoy al descubierto, si bien no es nada nuevo. La planta de Carboneras tuvo informes de la Junta contrarios a su recepción por las deficiencias, pero al llegar a Madrid se ocultaron. Un exalto cargo presente en aquella reunión recuerda que “el comisionista era el que decidía todo, mandaba más que el secretario de Estado”. Y así fue. La desaladora abrió pese a los incumplimientos. Aguas turbias.

Sobrecostes y retrasos de Acuamed

Iván Gómez | 22 de enero de 2016 a las 12:28

Las presuntas irregularidades en la gestión y contratación de los proyectos de la sociedad estatal Acuamed en la provincia que la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción investigan desde hace un año, desembocando esta semana en la Operación Frontino de la Guardia Civil que detuvo a 13 personas de las constructoras y la empresa pública, han sido un secreto a voces. Las anomalías en la ejecución de infraestructuras, sobre todo en lo concerniente a los retrasos y sobrecostes, se han puesto en reiteradas ocasiones sobre la mesa tanto del Gobierno en funciones de Rajoy como del anterior de Zapatero, pero nadie movió un sólo dedo para acabar con unas supuestas prácticas por las que se vienen disparando las inversiones en las desaladoras del Programa AGUA encomendado a Acuamed tras la derogación del Plan Hidrológico Nacional (PHN) y su faraónico trasvase del Ebro a principios de 2005. Durante las dos legislaturas socialistas, con las ministras Cristina Narbona, Elena Espinosa y Rosa Aguilar, la que finalmente acabó inaugurando la FOTO RUEDA PRENSA PP 2planta del Bajo Almanzora de la que brota la denuncia sobre los contratos y las compensaciones ilegales, fueron los diputados del PP los que en su labor de la oposición criticaron lo que les parecía un “escándalo”. El ahora portavoz de los populares en el Congreso, Rafael Hernando, denunció en noviembre de 2009 desviaciones presupuestarias en las cuentas de Acuamed. Habló de “elementos turbios” al analizar la evolución de los costes que en sólo unos años experimentaron las plantas del Campo de Dalías y Villaricos y las conducciones de la desaladora de Carboneras hasta el Valle del Almanzora, siendo los ejemplos más evidentes de que no había demasiado control sobre las actuaciones programadas. Las tuberías pasaron de un proyecto inicial de 53 a otro de 99 millones y la desaladora de la pedanía de Cuevas de 42 millones en 2006 a los 94,5 que se le atribuyeron por arte de magia en los presupuestos de 2011. El diputado popular se quedó en mociones y preguntas en el Congreso y no acudió a la justicia y ahora para su gran sorpresa el fraude apunta a su partido y empieza a cobrarse víctimas como el que fue hasta el martes el responsable de Acuamed, Arcadio Mateo, al que la Guardia Civil encontró durante el registro de su vivienda más de 120.000 euros en billetes de 500 guardados en libros, a la espera de conocer que ocurrirá con el subsecretario de Presidencia y exsecretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos, al que el juez instructor del caso, Eloy Velasco, ha señalado como interlocutor con las contratistas. 

Años más tarde, ya con el PP en el Gobierno, fue el Tribunal de Cuentas el que cargó contra el modus operandi de Acuamed y los sobrecostes en nueve de las desaladoras construidas o aún en fase de ejecución en el litoral del Mediterráneo. Censuró la falta de coherencia entre las inversiones reales y el plan de seguimiento y control de los objetivos y ahí las obras de Almería se llevaron la palma. El informe fiscalizador, de finales de 2014, apreció retrasos de 30 meses en la construcción de la planta del Campo de Dalías y de 50 en las conducciones desde la de Carboneras. Apreciaron los indicios de responsabilidad penal en la gestión contable por parte de la sociedad estatal, instando al Gobierno a suprimirla, al repasar los precios iniciales de las desaladorasobras y las inversiones finales. Entre las desviaciones más importantes, nuevamente las de las obras de la provincia, marcadas por errores y defectos en la planificación, si bien no llegaron a apreciar las irregularidades que la Audiencia Nacional ha puesto estos días al descubierto. La construcción de la planta de Balerma contaba con un presupuesto de 166,7 millones al iniciarse en 2007 y aumento en un 40% hasta los 240 millones después de que se modificara el proyecto inicial y la ubicación tras una paralización hasta abril de 2012. En la memoria de Acuamed sigue figurando un presupuesto de 144 millones, siendo el baile de cifras para despistar la tónica de sus informaciones a lo largo de los últimos años sobre los costes de las infraestructuras. La obra de la desaladora de Villaricos tuvo un sobrecoste del 31,2% sobre el contrato adjudicado vinculado a un modificado de 11,2 millones y actuaciones complementarias de 6,8 millones. La desaladora de Carboneras, aún remontándose a la sociedad estatal Acusur que se integraría después en Acuamed, tampoco escapa a la evaluación del Tribunal de Cuentas que puso el acento sobre los 22,8 millones de obras complementarias y otros modificados y en el retraso de 50 meses. Demasiados cabos sueltos en la contabilidad y contratos de Acuamed, con desviaciones de vértigo y sobrecostes, para tres legislaturas y dos gobiernos.

El grifo de los billetes de Acuamed

Iván Gómez | 20 de enero de 2016 a las 11:38

El agua es al mismo tiempo un derecho y una responsabilidad. Tiene valor económico, social y ambiental. Una declaraciones de intenciones opuesta a la cruda realidad que recoge una de las memorias anuales con las que suele hacer balance de actuaciones la sociedad estatal Acuamed, la de 2011, ejercicio en el que entró en funcionamiento la desaladora del Bajo Almanzora, una planta que se encareció por encima de los 77 millones de euros, si bien su presupuesto inicial con el que se adjudicó cinco años antes era de unos cuatro menos. No hay grandes diferencias, no llega a triplicar su precio como ocurrió con la de Carboneras en una más que controvertida adjudicación de la extinta sociedad Acusur, si bien hay un contrato para obras REGISTRAN LA SEDE DE EMPRESA PÚBLICA ACUAMED POR POSIBLE FRAUDE EN CONTRATOScomplementarias firmado años más tarde del inicio del trabajo, por valor de casi ocho millones, que sitúa a la planta de Villaricos en el epicentro de la trama por la que la Guardia Civil, siguiendo en todo momento las directrices de la Fiscalía Anticorrupción y el juez Eloy Velasco de la Audiencia Nacional, ha descabezado a la empresa pública dependiente del Ministerio de Medio Ambiente por presunto fraude millonario al amañar los concursos e inflar las facturas para generar mayores beneficio a las constructoras a cambio de comisiones. Así queda reflejado en las investigaciones que desde hace un año realiza la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil como consecuencia de la denuncia, tras su cese, del que fuera director de ingeniería de Acuamed, Francisco Valiente. En el listado de contrataciones irregulares también aparecen, si el secreto decretado por el juez impide concretar el expediente, las conducciones desde la planta de Carboneras al Almanzora por el supuesto cambio de material con el que se volvieron a inflar los costes. El fraude en su conjunto podría superar los 20 millones de euros y tiene como principales focos fuera de la provincia media docena de concursos entre los que está el de la desaladora de Torrevieja, el embalse de Flix en Tarragona, la mejora del drenaje en Rambla Gallinera (Valencia), el acondicionamiento en Gandía del río Serpis y las redes de los pueblos alicantinos Mutxamel y Campello. 

La planta del Bajo Almanzora en el foco de la trama por la que ayer cesaron al director general y a la directora de Ingeniería de Acuamed, Arcadio Mateo y María Gabriela Mañueco, sólo estuvo en funcionamiento unos meses. Se inauguró en septiembre de 2011, tras el pertinente periodo de pruebas y otros despropósitos que retrasaron la fabricación de recursos, para terminar siendo arrasada un año más tarde por las riadas de la gota fría. Abrió el grifo de millones a las empresas adjudicatarias, el del agua sigue cerrado a las poblaciones a las que debía estar abasteciendo con 20 hectómetros cúbicos. Desde desaladora-almanzorasu desmantelamiento ha estado sin arreglarse debido al litigio de la sociedad estatal con la UTE a la que la adjudicó. Es más, consta en la investigación policial que no se obligó a la concesionaria a contratar el pertinente seguro, por lo que el Gobierno ha tenido ahora que asumir el coste de las obras de reparación. En 2014 se presupuestaron 8,7 millones que no se ejecutaron, otros 11,5 para 2015 y se han previsto ahora 22,5 para el ejercicio en curso si bien nadie ha desvelado aún cuando será el inicio de obras. Todo un esperpento en la gestión de las infraestructuras hídricas que se ha venido repitiendo desde hace más de una década. En Almería se han rentabilizado muy poco, ya sea en abastecimiento de los pueblos como de los regadíos, las costosas actuaciones del negocio millonario del agua. Los grandes beneficiarios, por no decir los únicos, han sido los contratistas y constructores de las faraónicas obras cuyos plazos de ejecución y gastos iniciales se han estirado al máximo. La del Bajo Almanzora es sólo un ejemplo, más allá de las irregularidades detectadas en los sucesivos contratos de obras complementarias y modificados. 

El programa AGUA nació tras la derogación del trasvase del Ebro a principios de 2005. Se le encomendó a la sociedad estatal una docena de actuaciones con las que paliar el déficit hídrico de la provincia valoradas en torno a los 520 millones de euros. Una década después se han invertido más de 700 y no se han logrado ni la mitad de los 117 hectómetros cúbicos con los que compensar el fallido trasvase desde cuencas excedentarias. Es más, no están ya catalogadas obras que antes sí aparecían como la compra de la desaladora de Rambla Morales o las desalobradora de Adra y la Balsa CDSW1fkWEAAb2Zpdel Sapo. Desaparecieron del mapa de Acuamed y otras van y vienen como la conducción de la planta de Carboneras al campo de Tabernas. La única que se ha puesto en marcha ha sido la del Campo de Dalías, si bien también se encareció en casi un 25% por una serie de modificados hasta los 144 millones. Al menos está ya funcionando, a la espera de la rebaja de costes que reclaman los regantes almerienses. La desaladora de Carboneras fue un despropósito en ejecución y planificación y no abrió el grifo hasta años después de concluirse la instalación. Los 88 millones de presupuesto inicial se dispararon por encima de 250, al incluir las conducciones hasta los depósitos y núcleos que inexplicablemente no se habían previsto. El triple de lo licitado. Y aún así, la exministra Cristina Narbona no quiso tirar de la manta cuando presentaron los técnicos informes sobre las graves deficiencias. Reconoció un sobrecoste de 45 millones y presionó a Endesa, interesada por el abastecimiento de la central térmica, para que asumiera la explotación aún sabiendo que la planta se iba a estrenar con un sinfín de defectos como, por ejemplo, los motores de impulsión del agua que se calentaban y tuvieron que instalarle ventiladores.

Pesadilla de medio siglo

Iván Gómez | 18 de enero de 2016 a las 11:06

Confía en el tiempo, que suele dar dulces salidas a muchas amargas dificultades. Canto a la esperanza del ilustre manco de Lepanto que dejó de creerse en Palomares. Los poco más de 1.700 vecinos de la pedanía almeriense de Cuevas se han cansado de esperar. Quieren pasar página porque llevan medio siglo anclados en un capítulo de la Guerra Fría, pero no lo consiguen, la contaminación nuclear sigue allí. Cincuenta años se cumplen hoy del accidente de dos aviones norteamericanos que aquel 17 de enero de 1966 los convirtió en el núcleo más radioactivo del país, algunos investigadores aseguran que incluso el de mayor contaminación por plutonio del planeta, superando los valores registrados en Chernóbil. Demasiado tiempo EL FAMOSO BAÑO DE MANUEL FRAGA CON EL ENBAJADOR DE EEUU EN ESPAÑA ENsufriendo las consecuencias de un episodio que ha marcado, siempre para mal, la imagen de su pueblo. Están más que hartos de que una localidad que podría haber sido conocida por sus sabrosas lechugas y sandías y por sus playas paradisiacas sólo haya quedado retratada desde entonces en el imaginario colectivo por las fotografías en blanco y negro de las cuatro malditas bombas, por la literatura que inspirara la Operación Flecha Rota y por el baño recogido en las cámaras del NODO del que fuera ministro de Información y Turismo, Manuel Fraga, junto al embajador de los Estados Unidos, Angier Biddle Duke, casi dos meses después del siniestro en pleno mes de marzo. Medio siglo de contaminación y convivencia con el plutonio es un intervalo tan considerable como para que ya no estén la mayoría de sus protagonistas. Primero falleció el diplomático norteamericano en 1995, después Francisco Simó Orts -más conocido como Paco el de la bomba- en 2003 sin llegar a cobrar la compensación económica que se le prometió por el hallazgo, también el que fuera director del Ciemat y uno de los que más trabajaron por la rehabilitación de los terrenos, Juan Antonio Rubio, en 2010 y, por último, aquel ministro y senador del célebre bañador meyba en 2012.

A raíz de aquel accidente, que podría haber arrasado medio país al tratarse de cuatro cabezas nucleares más destructivas que las que lanzaron sobre Hiroshima, la provincia logró ciertos mimos turísticos del régimen franquista, como la escuela de hostelería, así como el impulso al parador nacional y al aeropuerto, pero son incalculables los perjuicios y daños para la pedanía y el municipio en su conjunto. El anterior alcalde de Cuevas, Jesús Caicedo, el que rompiera la tregua de silencio para clamar alto y claro contra la inacción y desidia de las administraciones española y estadounidense, después de décadas sin presión popular marcadas por la indolencia y la censura a los afectados, argumentó en un escrito de principios de 2011 dirigido al embajador que “este suceso ha condicionado la vida normal de los ciudadanos de la pedanía y toda la comarca y los efectos adversos han provocado la merma importante en el desarrollo de sus principales actividades económicas, en especial agricultura y turismo, han transformado socialmente a los vecinos, han condicionado las futuras expectativas y han hecho de Palomares un pueblo estigmatizado, cansado, humillado y preso de la REUNIÓN ALCALDES CUELVAS DE ALMANZORA Y PALOMARES CON EMBAJADOR EE.UUdesconfianza”. Tirón de orejas con el que pretendía trasmitir a los gobiernos español y americano el sentir de la población después de 45 años -en aquel momento- de negociaciones, citas y reuniones, estudios radiológicos y exámenes médicos sin alcanzar un compromiso explícito de planes para la limpieza y traslado de los 50.000 metros cúbicos de tierra que quedan con concentraciones de plutonio por encima de los parámetros establecidos ni para rehabilitar las 40 hectáreas contaminadas. Si bien es cierto que desde el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, heredero de la Junta de Energía Nuclear, se había mantenido con el Departamento de Energía de los Estados Unidos (DOE) una comunicación fluida y continua desde que tomaran las riendas del seguimiento radiológico, con el envío de todos los informes y la cofinanciación de parte de las actividades, Cuevas ha estado al margen de los encuentros bilaterales y planes de futuro, como anteriormente ocurriera con la información oficial sobre la monitorización médica de sus vecinos hasta que finales de 1985 el Gobierno de Felipe González cambiara la política de oscurantismo que se había impuesto con Franco, bajo la presión del Pentágono, y desclasificara los primeros documentos. Desde ese momento el Ciemat cumplió con sus obligaciones, y procedió a caracterizar la contaminación de la zona y elevar propuesta del plan de extracción de las tierras afectadas y gestión de los residuos (mayo de 2010), pero la parálisis estadounidense preocupaba, así como algunos cables en los que parecían desentenderse de un problema que crearon con sus vuelos nucleares sobre la península. El consistorio y los vecinos, con el respaldo de los ecologistas y el liderazgo del incombustible Caicedo, llegaron entonces con sus mociones al Congreso y Senado y llamaron a cuantas puertas se les abrieron en Madrid y Washington en su intento de dar carpetazo al largo camino hacia la normalización radiológica de Palomares.

La Administración Obama no quería dar el paso por temor a un bombardeo de reclamaciones radioactivas desde otros países en los que se produjeron incidentes de menor calado, pero en los últimos años se intensificaron los contactos del más alto nivel logrando desbloquear una odisea y abordando los aspectos técnicos de la restauración y gestión de los residuos nucleares. La reciente firma de un convenio entre el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, y el secretario de Estado norteamericano, John Kerry, dará pie a una comisión mixta de supervisión que coordinará los trabajos que, si bien siguen sin calendario, tienen fijado un plazo de entre 12 y 24 meses y una inversión de alrededor de 400 millones de euros. La pedanía de Palomares espera ansiosa ese despliegue sobre el terreno desde que a finales de febrero de 2011 se produjera la visita de un equipo La delegación en la zona 2 (5).JPGinteragencias de expertos norteamericanos, encabezada por el director del Departamento de Energía Glenn Podonsky, a la zona cero contaminada por el impacto contra el suelo de dos proyectiles termonucleares a consecuencia de la colisión de dos aeronaves de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos, un bombardero B-52 y un avión nodriza KC-135 procedente de Morón de la Frontera, durante una maniobra de repostaje en vuelo en la mañana del 17 de enero de 1966. Será el mejor final a su persistente lucha contra los molinos de viento ‘yankis’ que habían conseguido que durante décadas, con el amparo del régimen franquista, reinara el silencio y las bombas fueran tabú dentro y fuera de la provincia. En la última década rompieron la tregua y se sucedieron las presiones para que el gigante americano complete los trabajos de remediación realizados en meses posteriores a la catástrofe, en los que invirtieron más de 80 millones de dólares de la época retirando casi 5.000 bidones con 1.400 toneladas de tierra y restos vegetales que transportaron al centro de Savannah River Facility en Carolina del Sur. En la operación conocida como Flecha Rota (Broken Arrow), consistente en localizar los proyectiles perdidos y después descontaminar la zona afectada de 25.000 metros cuadrados de suelo, participaron más de 740 personas, de las que 600 pertenecían al ejército de Estados Unidos, y se emplearon casi 100 vehículos, más de 20 máquinas pesadas y 33 navíos.

En Estados Unidos temen que si se llevan la tierra contaminada les lloverían reclamaciones radioactivas desde otros países en los que sucedieron tragedias similares generando un serio problema de opinión pública. Eso sí, no han dudado en exhibir las bombas recuperadas en Almería en el Museo Atómico Nacional de Albuquerque (Nuevo México) porque fue el segundo supuesto más grave de detonación accidental, por detrás del de la base aérea Thule en 1968, por el grave riesgo de crear un conflicto nuclear en plena Guerra Fría de los Estados Unidos y la antigua URSS. Allí luce la que no sufrió daño alguno al abrirse el paracaídas y también la que cayó al mar y recuperó el minisubmarino Alvin de la US Navy a cinco millas de la costa gracias a 1389380890_638006_1389381435_sumario_grandelas indicaciones de un pescador local vecino de Águilas llamado Francisco Simó, Paco el de la bomba desde entonces. El Comité Asesor para la Información y Participación Pública del CSN argumentó en el monográfico Palomares 1966-2013, en el camino de la normalización radiológica que hasta la fecha no se ha mostrado la existencia de morbilidad inducida y no hay ninguna evidencia de patologías causadas a raíz del accidente. No obstante, el Ciemat ha reconocido 119 positivos por plutonio en los 5.483 análisis médicos realizados hasta la fecha. Sin embargo, repiten que el nivel de radiación es insignificante y no hay ningún riesgo para la salud al estar la zona acotada y el acceso restringido, sobre todo tras la expropiación forzosa en 2007 de 30 hectáreas adicionales que se incorporaron a las diez iniciales de la zona cero al encontrar más plutonio y americio del esperado. En todo momento han planteado que “existiría peligro” si se remueve la tierra porque la contaminación está en el subsuelo. De ahí que rápidamente frenaran en seco, con la ocupación provisional de las fincas, las actividades agrícolas y de construcción que se empezaban a gestar a finales de 2001.

Los estudios epidemiológicos sobre mortalidad y morbilidad del doctor Pedro Antonio Martínez Pinilla demuestran que el riesgo relativo bruto de exposición a la radiación en Palomares de 4.15 mientras que en otra población de la provincia no sobrepasaría el 1. Los niveles de plutonio y americio detectados en el plancton de la costa cuevana son cinco veces superiores a los encontrados en otras muestras del Mediterráneo, según un estudio comparativo realizado por la Universitat Autónoma de Barcelona, si bien siguen dentro de los márgenes de seguridad de la Agencia Internacional de la Energía Atómica. En base a otros informes, los ecologistas aseguran que en Palomares existe más radioactividad que en algunas zonas de Chernóbil y la población no es ajena a lo que cada cierto tiempo se publica. Entienden que ha llegado el momento de terminar con una Infografia Sevillapesadilla de medio siglo, la de una historia de la que nunca quisieron ser protagonistas. Después de cuarenta años de colaboración norteamericana con la financiación parcial hasta 2009 de las actividades de vigilancia a través de acuerdos por los que se ejecutó el Proyecto Indalo y el Plan de Investigación Energética y Medioambiental en Materia de Vigilancia Radiológica (PIEM-VR), el Plan de Rehabilitación de Palomares que presentó el Ciemat en mayo de 2010 para retirar los terrenos contaminados ha sido aceptado. La pedanía de Palomares dejará de ser un laboratorio a cielo abierto único en el mundo, dejando atrás uno de los episodios más oscuros y desconocidos de la historia de nuestro país. La contaminación heredada de la Guerra Fría tiene las horas contadas, pero nadie en Cuevas canta victoria. Hasta que no se lleven el último barril con la tierra radioactiva no habrá terminado su pesadilla de medio siglo.

Los informes del fraude Obrascampo

Iván Gómez | 11 de enero de 2016 a las 11:54

Han tardado más de un año, pero ya están terminadas y listas para su depósito en próximos días en el Juzgado de Instrucción número 1 de Almería las diligencias sobre el presunto fraude fiscal cometido por el fundador de Obrascampo y sus principales colaboradores en las que han venido trabajando sin descanso los investigadores del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria. No era nada fácil. La trama societaria con la que pretendían engañar al fisco a gran escala se articula sobre una formidable ingeniería financiera asentada en miles de operaciones entre empresas, movimientos de capitales y contratos que quedan al descubierto en los informes de Hacienda. Han sido más de diez cajas de documentos, todos los que 106403_72295_Antonio-Perez-Torres-en-una-imagen-de-archivo_Gse requisaron en los registros realizados junto a las detenciones a finales de noviembre de 2014, los que se han tenido que estudiar en profundidad con la dificultad que implica llegar al destinatario final de cientos de movimientos bancarios y traspasos de bienes que se pretendían ocultar con un conjunto de artimañas contables, fiscales y societarias que ahora se han desmantelado. Las periciales e informes elaborados a lo largo del último año por investigadores de la Agencia Tributaria permiten   confirmar las sospechas, si bien le corresponderá ahora a la jueza  instructora del caso Obrascampo, Alejandra Dodero, determinar las responsabilidades del empresario y promotor Antonio Pérez y de sus colaboradores Israel Martínez y Francisco Miguel Nieto a los que se les imputan delitos contra la hacienda pública, por insolvencia punible y blanqueo de capitales. Los tres fueron detenidos el 27 de noviembre de 2014 dentro de la Operación Cobra realizada por agentes de la Policía Nacional y Vigilancia Aduanera, quienes ya llevaban un año investigando al promotor que fundó un imperio inmobiliario llegando a generar más de 300 empleos directos en ocho oficinas en Almería siendo una de las constructoras de mayor peso de la comunidad andaluza.

En los registros de la casa de Níjar del empresario, que no estaba a su nombre dentro de su estrategia de  descapitalización de bienes para evitar futuros embargos, y en los de la sede del grupo Obrascampo en Aguadulce se intervinieron las diez cajas de documentos junto a miles de archivos informáticos que ya han sido procesados por los investigadores de Hacienda. En el informe definitivo se revela el modus operandi empleado por los acusados del fraude basado en la falsificación de facturas tanto de empresas como de servicios ficticios, en no declarar el IVA en la venta de viviendas con las que sufragaron su deuda  a través de daciones en pago, en ejecuciones hipotecarias y otros métodos que se articulan mediante una trama de una treintena de pic-c1-1189727.jpgempresas de las que 17 carecían de actividad.  El dinero cobrado por el IVA, tras su plan para ir entregando bienes hipotecados a los bancos, nunca se ingresó en la hacienda pública y fue ocultado con las sociedades instrumentales que trasladaron el dinero de unas a otras, simulando préstamos y deudas entre ellas. De esta manera se apoderaron de  más de nueve millones de euros entre los años 2009 y 2012, si bien el adeudo que mantienen con la Agencia Tributaria asciende ya a los 15,9 millones de euros, según la lista de grandes morosos que se ha publicando recientemente. Los indicios de delito resultaron tan evidentes que la jueza dictó ingreso en prisión  del promotor y sus asesores eludible bajo una fianza de 300.000 euros que, tras un breve periodo entre rejas, acabaron pagando. Israel Martínez fue el primero en hacerlo, de hecho pasó las navidades en casa, si bien el constructor Antonio Pérez no abandonó la cárcel hasta mediados de marzo de 2015 al tener más dificultades para abonar la cantidad acordada. Para los investigadores de la Agencia Tributaria, el artífice de la ingeniería financiera del fraude a gran escala es el asesor contable y economista Israel Martínez, que también está implicado en la trama del hostelero Miguel Rifá y en otras presuntas estafas al fisco de promotoras y constructoras.

Hacienda mueve ficha contra Rifá

Iván Gómez | 8 de enero de 2016 a las 12:59

De prosperar la reclamación más importante que se ha presentado en la historia de la ciudad contra el Ayuntamiento de Almería, de nada menos que 31,2 millones de euros, el botín íntegro acabaría en las arcas de la Agencia Tributaria a la que el empresario Miguel Rifá adeuda más del triple de lo que pretende obtener del consistorio en compensación por un convenio urbanístico fallido por el que se proyectó un hotel de lujo en la Compañía de María. Un auto de la titular del Juzgado de Instrucción nº 3 de la capital, Ana Belén Vico, quien ya dictó una fianza de 2,4 millones por responsabilidad civil por sus presuntos delitos contra la hacienda pública, alzamiento de bienes e insolvencia punible que se detectaron a mediados de 2012 en la Operación pic-20141208061531S5092P6.jpgHostelero, ha sido cursado al Ayuntamiento con la firme intención de que no se haga ningún tipo de ingreso en cuentas del empresario catalán en el caso de que el magistrado del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Almería fallara en favor de la demanda presentada por Rifá en mayo de 2012 al quedar fuera del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) su aspiración de levantar un hotel de lujo en pleno corazón de la ciudad. Una vez que la justicia ha escuchado a las dos partes y el contencioso que fue presentado a través de Predios del Sureste, la empresa fuerte de Rifá hasta su vaciamiento, y Diakonia Hotelera está visto para sentencia, la Agencia Tributaria consiguió que desde la sala que se enjuicia al empresario por fraude fiscal se le hiciera llegar al consistorio una orden clara y nítida de que no le llegue ni un sólo euro al catalán afincando en nuestra provincia. No es la primera maniobra de la justicia para evitar que Rifá no cumpla con sus obligaciones con Hacienda. A instancias tanto de la Agencia Tributaria como de la Abogacía del Estado, la jueza ya ordenó al iniciar la instrucción en 2013 la anotación preventiva en el Registro de la Propiedad con la que poder disponer de 34 fincas hipotecadas propiedad de Rifá. Era una garantía, a la que sumó después otras medida cautelar como la fianza, ante un posible agujero millonario. No era para menos.

El polémico empresario encabeza la lista de los grandes morosos de la provincia que hizo pública la Agencia Tributaria en diciembre. De los 206 millones que deben 78 personas físicas o jurídicas al fisco, las sociedades de Miguel Rifá Hotel Almería, Predios del Sureste y Frigoríficos Portocarrero suponen 8,8, 27,5 y 1,2 respectivamente, sin tener en cuenta pequeñas deudas de otras empresas ligadas al hostelero. El que lidera en la provincia la lista negra de Montoro este mes tiene una nueva citación en el Juzgado de Instrucción, tras la imposibilidad de que prestara declaración en las tres anteriores comparecencias a las que o no acudió o se presentó pero evitó el interrogatorio por la existencia de dos recursos con los que ha conseguido dilatar este proceso iniciado hace tres años y medio. rifá- empresario.jpgTambién han sido citados para prestar declaración las personas que actuaron de testaferros de su mecánica defrautatoria. Fue el 31 de mayo de 2012 cuando se elevó la querella del Servicio de Vigilancia Aduanera de Almería, perteneciente a la Agencia Tributaria, al entender que el empresario, a través de sus sociedades, estaba realizando un presunto fraude fiscal con el que las descapitalizó traspasando las acciones con la colaboración de testaferros. Así queda reflejado en un informe de más de 600 páginas en el que se describen las artimañas con las que pretendía evitar el embargo de sus bienes a través del traspaso de capitales incluso fuera del país, a GILHSA, una sociedad portuguesa. Y no tuvo en cuenta incongruencias como la de exigir con Diakonia Hotelera, una empresa que dejó de ser suya al pasar a manos del testaferro luso, indemnización al consistorio de la capital. Si ya no es de su propiedad, la demanda por incumplimiento del convenio urbanístico, al no recalificarse el suelo de la Compañía de María una vez que el empresario sí que había construido el Cuartel de la Policía Local, deben realizarse contra sociedad en la que Rifá mantenga participaciones.

Los jueves al sol

Iván Gómez | 18 de diciembre de 2015 a las 11:59

Candidatos hasta en la sopa. Cada uno a su manera y con su formato, pero todos en la calle. En los tiempos de la micropolítica del boca a boca hay que patearse los pueblos, sus plazas y mercadillos, dejarse la piel en el intento. Más allá de la pirotecnia de las redes sociales y continuas innovaciones del marketing electoral, la liturgia política tradicional del puerta a puerta es la mejor receta contra la creciente desafección ciudadana hacia la vieja política. Así lo han entendido los partidos que están favoreciendo un mayor contacto con los potenciales votantes que en la previa de comicios anteriores y han concebido la cercanía como la clave de las nuevas relaciones comunicativas. Más calle y menos mítines. La tradicional imagen del candidato paseando entre niños y mayores, aún pudiendo parecer pasada de moda y oportunista, ha sido una constante en la campaña de las generales 12339343_932096813533973_2696444661092540762_oen la provincia. Los soportes clásicos conviven con las nuevas tecnologías y han ido ganando peso en las estrategias del bipartidismo, pero también de los emergentes. Son los ramalazos de la vieja política que sobreviven al rechazo generalizado a todo lo anterior. No ha habido mercadillo en el que no andaran candidatos y simpatizantes socialistas con sus folletos y propuestas, ni zona de paso y grandes concentraciones de gente en las que no se montara una carpa de Ciudadanos o del PP. Los de Podemos, más humildes, también tenían la suya, en versión low cost, en la que no faltaba una pancarta con la imagen de Pablo Iglesias. Ha sido la campaña del buen tiempo, con meteorología primaveral que empujaba a salir al aire libre como en verano, a estar en los paseos marítimos e incluso a compartir cafés y cañas con los grupos de vecinos previo filtro. Eso sí, como el invierno trae antes la noche, los socialistas optaron por adelantar sus visitas a casas. A las cuatro y media ya estaban en los barrios de la capital y pueblos. Cuanto más apretaba el vértigo demoscópico más razones tenían los aspirantes almerienses tanto al Congreso como al Senado a pisar cualquier rincón de la ciudad en el que hubiera opciones de pescar sufragios. La capacidad relacional de las principales formaciones en liza está experimentando se ha ido regenerando al tiempo que veían crecer el hartazgo y desencanto de los almerienses. Los jueves al sol, mercadillos y carpas por doquier.

Ejército almeriense de voluntarios

Iván Gómez | 18 de diciembre de 2015 a las 11:48

“Se buscan apoderados para el 20D. No se requiere experiencia previa”. En el mitin de Podemos, además de tratar de convencer a los asistentes, aprovecharon para reclutar personal para la jornada electoral del domingo a través de folletos que se repartían nada más llegar. El voluntario sale a escena y los partidos son conscientes de su potencial. El activismo local en la agrupación-asamblea-círculo es uno de los ejes de la estrategia de los 12307346_675796229189501_1518570318621310240_opartidos en la provincia. Sin el ejército de voluntarios no se haría el 90% de la campaña. Personas sin cargo orgánico ni institucional y sin mayor remuneración que la palmadita de su partido cuando acaba la campaña y si el resultado no acompaña, ni tan siquiera eso. Son los que conducen furgonetas y coches de megafonía, pegan los carteles, cuelgan las pancartas y vallas, rellenan las sillas vacías en los mítines y se encargan de fletar autobuses y de la logística de los grandes actos públicos. Además, se les han ido incorporando una serie de encargos y tareas propias de la evolución de la tecnología. En casa o en el partido tienen que compartir y difundir sin descanso y hasta la saciedad los mensajes de sus candidatos. Fundamentales en el puerta a puerta, en el buzoneo y en el ensobrado de papeletas, los militantes activos y movilizados son un tesoro.

El PSOE cuenta en su aparato provincial con una red de alrededor de 270 voluntarios, los populares con más de un centenar de personas, al igual que Podemos, de las que casi la mitad corresponden al círculo de la capital, y Ciudadanos otros 140 dedicados en cuerpo y alma a la campaña exprimiendo todo su tiempo libre sin cobrar ni un euro. Hay que tener en cuenta la ventaja de los grandes IMG-20151217-WA0005partidos que cuentan con cientos de concejales y medio centenar de alcaldes que han aparcado por unos días la gestión municipal para pedir el voto para sus candidatos. Tan sólo los populares han movilizado a 435 ediles y 55 regidores, haciendo mucho más de los que le había pedido la dirección provincial. Pero los que están ahí en la calle sin recompensa alguna son los correligionarios más fieles en cada pueblo, detrás de cada candidato y cargo público. Son los que tienen la penúltima palabra. Militancia política que engrasa la maquinaria electoral de los partidos, cimiento de sus estructuras.

El pasodoble del “Kichi” en Níjar

Iván Gómez | 17 de diciembre de 2015 a las 16:49

A ritmo de carnaval, el mitin de Podemos en Níjar contó con un improvisado pasodoble de José María González Kichi, alcalde de Cádiz. Era uno de los teloneros de su pareja y secretaria general de la formación en Andalucía, Teresa Rodríguez, y acabó siendo solista estrella, aunque la repercusión se quedara en el reducido aforo del acto organizado en el colegio de La Atalaya al no viralizarse el vídeo como le ocurriera al monólogo en el que se convirtió la intervención del cabeza de lista de Podemos por Almería, el abogado David Bravo, con un fuerte tirón en redes por la ironía y humor con el que abordó la corrupción y la gestión de los gobiernos de PSOE y PP. No era la primera vez, y tampoco la última, en la que Kichi se arrancaba con una letra carnavalera para darle mayor realce a sus palabras. En el inicio de campaña en Cádiz lo hizo con el tema Era un 4 de diciembre aludiendo “a la defensa de nuestra gente, España y la humanidad” en base a la letra de la comparsa Los Piratas de 1988. Fue su particular homenaje a la conmemoración del Día Nacional de Andalucía y contó con el coro de la líder de Podemos en el estreno musical de campaña. Y meses antes, en enero, PASODOBLE KICHIcerraron otro acto cantando la Murga de los Currelantes a capella. Esos vídeos sí que dispararon las visitas en Youtube, más de 20.000 y 30.000 respectivamente, mientras que el de Níjar no ha llegado ni a las 150 visualizaciones. No gustaría tanto la entonación que le dio Kichi a los acordes de otra comparsa, Los Trasnochadores, con una letra de 2009 en torno al pueblo andaluz que en su estribillo carga contra unos burgueses ladrones de dignidad y un dictador sin vergüenza. “Mi acento habla de un pueblo que se levanta y que pinta sus pancartas que ha de ser libre…”. Todo un experto en acordes chirigoteros el alcalde de Cádiz, como no podía ser de otra forma, si bien resulta novedosa su implementación en los mítines tan característicos y enraizados en la tradicional liturgia política. El primer edil de la ciudad con más paro, el que preside con bastón en mano uno de los ayuntamientos del cambio después de las municipales de mayo, es todo un artista carnavalero y recurrió a la ironía y sarcasmo de comparsas para conectar con los electores. La música como cebo para esa gente impermeable al mensaje político, uno de los vehículos propagandísticos que mejor está exprimiendo en la campaña la formación de Pablo Iglesias. Ya en el primer acto público en la capital se apeló al sentimiento, empatía y humor para llegar a mente y corazón de los asistentes y potenciales votos, por si había algún indeciso en la sala. Los partidos emergentes son los que mejor saben recurrir a los lemas contagiosos y a una música emocional que abarca todos los géneros, desde los pasodobles del carnaval a las contundentes letras del rapero Eminem. En la Escuela Municipal de Música de Almería se proyectó un vídeo en el que se sucedían las imágenes de gestores fallidos de PSOE y PP, algunos ya en la cárcel, corruptos de bancos y multinacionales, estafadores de la sociedad más decadente. Y sonó la de Lose Yourself (Piérdete), un célebre himno a la rebeldía que se proyectó en 8 Millas. Música como armas de convicción masiva. Los de Podemos saben tocar la fibra.