Honorabilidad

Fernando Santiago Muñoz | 22 de junio de 2018

La sentencia del  juzgado de lo penal de Cádiz que inhabilita a Maribel Peinado no trata sobre el honor de ella ni de nadie. Versa sobre la manera en la que desde el gobierno se trata a la oposición. No está en juego ningún honor ni  nada que se le parezca. Comprendo que cuesta trabajo dejar una vida de dedicación profesional a la política y volver a dar clase como maestra, lo que debe causar mucho dolor, sobre todo a los asesores que van a perder su salario. No es lo mismo, ni el salario ni las condiciones de trabajo: no tiene coche oficial, no tiene una corte de pelotas, no tiene secretaria ni móvil a costa del dinero público. Y por si fuera poco,  ganaría la mitad.  No pasa nada. Digo más: si tan preocupada estaba Maribel Peinado por su honorabilidad y si de verdad piensa  que está en juego, la mejor manera de defenderse es dejando todo cargo público para demostrar que no hay apego al cargo . Mientras siga recibiendo un generoso salario con cargo a los fondos públicos no es muy creíble. Sobre todo si es en su calidad de portavoz de un grupo compuesto por ella misma.

Lo que se dirimía en ese juicio es la manera que desde un gobierno se trata a la oposición. Por eso Iván Canca y Ana Mosquera presentaron en su día la denuncia. El PA había tenido un excelente resultado en las municipales de 2011 en Puerto Real y pensaba que todo el monte es orégano. Empezó a maltratar a la oposición, de ahí pasó a tratar con displicencia a los vecinos y de ahí a perder las elecciones. Ese es el asunto. Nadie se ha quedado con un euro de dinero público pero está bien que los jueces obliguen a la transparencia de las instituciones y a respetar los derechos de los concejales.

Otro asunto que me hace gracia es el de la llamada judicialización de  la política. Pienso que la justicia está para reclamar los derechos o para exigir responsabilidades. Si la oposición de Puerto Real pensaba que se habían vulnerado los suyos, hizo bien. En plan Selu: yo, que estuve 12 años en la oposición, sé lo que es que te maltrate el gobierno, ocho años los gobiernos del PSOE y cuatro años el PP. De manera inmisericorde. Así que todos los gobernantes que se tienten la ropa.

Estrambote: hoy se sientan en el banquillo el alcalde y  quienes dijeron que los responsables municipales de Cádiz suministraron agua contaminada a sabiendas. Semejante barbaridad será analizada hoy.

Disparates. Por Fernando Santiago

Fernando Santiago Muñoz | 22 de junio de 2018

El inventor del supositorio y el promotor de la idea de hacer un tranvía en la Bahía de Cádiz han pasado a la clandestinidad. Los supositorios ya ni se usan y el tranvía no se va a usar, por mucho que se empeñen: un despilfarro en toda regla que alcanza los 250 millones de euros, la mitad de los cuales  han sido aportados por la Unión Europea. Me pasa con ese dinero como me pasa con la pérgola de Santa Bárbara:  cada vez que paso por allí pienso qué dirán los turistas alemanes de semejante manera de tirar el dinero  de sus impuestos. Esas cosas que se piensan en una oficina de Bruselas para ayudar al desarrollo de regiones desfavorecidas y que termina siendo un auténtico disparate. Igual la Comisión Europea debería hacer una evaluación previa de los proyectos para evitar que se tire el dinero. Lo de la pérgola se veía venir desde el principio aunque lo del tranvía tenía  más poesía: todo eso de mejorar la movilidad, el desarrollo sostenible , la unión de la Bahía de Cádiz y demás zarandajas. No se hizo un estudio de viabilidad con el agravante de que se  va a tardar menos en autobús que en tranvía, no se  pensó en la explotación y está por ver que RENFE acepte semejante embolao, no se pensó en  las necesidades de suministro eléctrico hasta el punto de que se acaba de adjudicar la licitación de la subestación de La Ardila, hubo que hacer los trenes a medida para que  sirvieran igual para las paradas a pie de calle que para los andenes de ADIF, no se conoce aún si la Administradora de Infraestructuras Ferroviarias va a aceptar el disparate que consiste en que compartan vía los tranvías de Chiclana y el Alvia, por no hablar de cómo se han gestionado las expropiaciones o la de veces que ha sido necesario levantar la calle Real (y lo que te rondaré morena). Nadie recuerda otro disparate: el nuevo puente sobre la Bahía tiene una plataforma reservada para un tranvía que es probable que no se haga nunca, aunque supuso un retraso en las obras y un aumento en el coste del proyecto.

En medio de este desbarajuste podríamos incluir la de veces que los distintos delegados y consejeros de la Junta nos han anunciado el inminente comienzo del servicio, la cantidad de pruebas dinámicas que se han hecho con toda una corte de políticos y pelotillas a bordo tanto del PSOE como en su día de IU. Ahora se dice que si en marzo del año que viene no está en servicio habrá que devolverle a la Unión Europea 100 millones. Yo diría más: igual no nos vuelven a dar ni un solo euro a la vista de la incompetencia .

Fernando Santiago

Privilegios

Fernando Santiago Muñoz | 22 de junio de 2018

Hoy

Fernando Santiago Muñoz | 22 de junio de 2018

Mundial

Fernando Santiago Muñoz | 22 de junio de 2018

Para mañana

Fernando Santiago Muñoz | 22 de junio de 2018

¿Y el plástico ?

Fernando Santiago Muñoz | 22 de junio de 2018

Deshilachadas

Fernando Santiago Muñoz | 22 de junio de 2018

Hoy en La Isla

Fernando Santiago Muñoz | 22 de junio de 2018

Reservado por la cara

Fernando Santiago Muñoz | 22 de junio de 2018

Chiringuitos y regeneraciones. De Ecologistas en Acción

Fernando Santiago Muñoz | 22 de junio de 2018

¿Seguimos derrochando dinero público en inútiles y fracasadas “regeneraciones” de playas?.

Parece ser que sí, si nadie sensato lo remedia.

De nuevo nos vemos obligados a denunciar la inutilidad y el despilfarro que supone la mal llamada regeneración de playas (una realimentación artificial, en realidad), una exigencia que de nuevo es reclamada por ayuntamientos y promotores turísticos, ahora que empieza la temporada playera. Además, en el caso de Cádiz, Gobierno central (Demarcación de Costas) y Junta de Andalucía (Consejería de Medio Ambiente) se han enzarzado en un enfrentamiento a cuenta de la transmisión de la titularidad de los chiringuitos.

La Ley de Costas garantiza “la protección del dominio público marítimo-terrestre defendiendo su integridad y los fines de uso general a que está destinado; la preservación de sus características y elementos naturales y la prevención de las perjudiciales consecuencias de obras e instalaciones”.

Al prolongar la autorización de estas instalaciones durante todo el año, aumentando la superficie, es obvio que no se ha asegurado la preservación de la playa. Entre los fines de las concesiones playeras no se encuentra la de ser una fuente de ingresos para las entidades locales, sino la percepción de un canon con destino justamente a la restauración ambiental. Los servicios deben ser solo de temporada, por lo que el ayuntamiento gaditano tiene toda la legitimidad para imponer sanciones a los dueños de chiringuitos que se han extralimitado en superficie o en tiempo de instalación. Después de los destrozos y pérdidas por los temporales de invierno, es hora de revocar esa autorización sine die para todo el año a los chiringuiteros.

No es de recibo que en un “placer”, el de Caños de Meca, se proceda a sacar una arena que va a permanecer en las playas de forma efímera: una operación inútil, despilfarradora e inconveniente.

Los temporales de invierno son siempre erosivos, con pérdidas netas de arena, que eran compensadas con la recuperación de arena que se aseguraba en los meses estivales; la ocupación indebida de arenales costeros ha roto esta dinámica reequilibradora. Nuestras playas han sido profundamente alteradas por la construcción de paseos marítimos, espigones, rellenos, dragados, construcciones en primera línea de playas, destrucción de cordones de dunas,… lo que ha motivado la pérdida progresiva de arena y la incapacidad para regenerarse de forma natural tras los temporales de invierno.

Los municipios, como el de Cádiz, que autorizaron sin límite la permanencia de los chiringuitos playeros durante todo el año se equivocaron por completo, como hemos evidenciado con los destrozos de las pasados temporales de invierno; el mar recupera el espacio que le pertenece. El dinero empleado en estas inútiles realimentaciones de playas, en el caso de que desdichadamente se ejecuten, debe ser aportado por los responsables de la pérdida de arena y de la ocupación de este terreno demanial marítimo terrestre, y no por el conjunto de los ciudadanos.

Ecologistas en Acción y Agaden, hacen un llamamiento a no persistir en una política equivocada de ocupación privada de un bien público, como es la playa, y a adoptar las necesarias aunque costosas medidas de adaptación y resiliencia frente al cambio climático y a los riesgos meteorológicos, que nos permitan minimizar daños y prepararnos para impactos por venir.

Nuevo registrador

Fernando Santiago Muñoz | 22 de junio de 2018

Jefe de Prensa

Fernando Santiago Muñoz | 21 de junio de 2018

 

Algunas veces ya he explicado que bajo mi punto de vista los periodistas que trabajan para la administración deben tener el mismo trato que cualquier otro profesional, sean médicos, arquitectos, economistas, ingenieros o abogados. Que se hagan una pruebas selectivas con libre concurrencia y se les contrate como personal laboral o se saquen unas oposiciones y sean funcionarios. Realizan un trabajo técnico como cualquier otro. El concepto que tienen los políticos del trabajo periodístico les lleva a querer usar a los periodistas como correa de transmisión para la propaganda en lugar de informadores de la labor institucional, motivo por el cual la inmensa mayoría son personal de confianza, lo que el artículo 12 del Estatuto Básico del Empleado Público llama personal eventual y la mayoría de la gente asesores. Lo he creído así siempre y he hecho lo posible, con escaso éxito, para que se aplique de esa manera. No entiendo que un periodista deba ser seleccionado a dedo y cuando así ocurre no significa que el periodista en cuestión sea militante o simpatizante del partido que gobierna la institución de turno. Ni los seis periodistas que eran personal de confianza en los gobiernos del PP en el Ayuntamiento de Cádiz son por ello del PP ni los cuatro que ahora hay lo son de Podemos. Así lo veo yo. Eso sí, no creo que nadie se deba sentir agraviado porque se le recuerde que prestó sus servicios  como personal eventual en tal o cual administración ni debe reclamar el amparo de la asociación de la prensa porque alguien lo haya dicho. No hay que tener la piel tan fina. Digo más, dadas las facilidades que otorgan las nuevas tecnologías, no está de más que  se pueda conocer con un sencillo hipervínculo la trayectoria profesional de quien firma una noticia, un reportaje o una noticia. Se llama contexto. Incluso no tengo muy claro si un periodista que ha trabajado en el gabinete de prensa de una institución debería informar sobre esa misma institución.

De la misma manera tampoco me parece bien que  se acceda a un puesto de confianza mediante el sistema selectivo  del dedazo y luego se busquen argucias para convertir tal ocupación en fija sin haber hecho pruebas selectivas tal y como determina con claridad el artículo 12.4 del mencionado Estatuto, como pretendió en su momento Sebastián Ruiz Sánchez y que le ha costado al Ayuntamiento de Cádiz 12 mil euros. Tenía todo el derecho a intentarlo, faltaría más. Pero era obvio que estaba condenado al fracaso. Quizás el error fue llamar a un asesor jefe de prensa cuando los asesores lo son de la corporación que los nombra, no tienen relación jerárquica con los funcionarios. Digo yo, aunque parece que los tribunales han coincidido.

Sobre las filtraciones: salvo excepciones, el periodismo de investigación no existe, existen las filtraciones que siempre son interesadas. Cosa distinta es que un buen periodista usa una filtración para un trabajo periodístico, verificando y constextualizando los datos así conseguidos y ofreciéndolos al público destacando aquello que sea veraz y de interés. Todo el mundo filtra y todos los periodistas hemos recibido filtraciones e intoxicaciones toda la vida, desde los Papeles del Pentágono(o los de Bárcenas, o las cosas que Villarejo le contaba a Inda) para acá, tan cinematográficos ellos.

 

 

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Varapalo del Supremo a Hacienda. Por Víctor López Soberado

Fernando Santiago Muñoz | 21 de junio de 2018

Hace apenas un mes nos congratulábamos de la importancia del ínforme
denominado “La Declaración de Granada”. Este manifiesto firmado por
relevantes y muy prestigiosos especialistas del Derecho Tributario
ponía en entredicho, con poderosos hechos y fundamentos, a todo un
periodo de oprobio en el legislar y proceder dentro del ámbito tributario
y, especialmente los últimos años, en los que yo me he permitido denominar como el “Montorismo”.

Pues bien, baja el río revuelto, pues el Tribunal Supremo, acaba de dar
no una si no cuatro “guantás” (permítanme esa licencia ), al
que obnubilado por el afán recaudatorio dedica todos sus esfuerzos, en
formato medieval de despellejar, sin reparar que en un Estado de
Derecho, como debe ser el nuestro, no se puede hacer de cualquier forma,
que no todo vale, que hay principios y derechos fundamentales,
garantías y libertades individuales que no se pueden traspasar. Se
acuerdan de aquello que nos preguntabamos hace muy poco de que si los
contribuyentes éramos ciudadanos o súbditos?

Al hilo de lo anterior también surgía la duda razonable de que ante
todo lo que estaba ocurriendo y sufriendo el contribuyente, y digo
mejor, cualquier contribuyente (recuerden que hoy para Hacienda ya no
existen, ahora nos denominan “obligados tributarios”) y ante el
progresivo deterioro de la seguridad juridica, cómo era posible que la
mayoría de los colegios profesionales, de las instituciones académicas
o universitarias, de organizaciones empresariales, de consumidores,
etc..(aún está muy reciente la imagen de esos desamparados
contribuyentes dando vueltas hasta llegar al Defensor del Pueblo),
mantuvieran un incomprensible y llamativo silencio.

Mucho peor aún estos últimos días cuando he llegado a leer en varios
medios de comunicación, a propósito de la última polémica de
tributación de sociedades de profesionales, que “un prestigioso asesor
fiscal que prefiere guardar el anonimato opina que…”, o “consultado un
conocido bufete de asesores de la Madrid, que pide no dar su nombre, nos
dice que…”.

Llegados a este punto creo que todos deberíamos tomarnos muy en serio
estos temas, pues la cuestión va mucho más allá de un determinado y
reprobable comportamiento fiscal. Es que, como estamos viendo
últimamente, otro derecho fundamental, como es el de la libertad de
expresión, se está viendo también seriamente comprometido, cuando no
amenazado, y la amenaza suele venir del que se siente ilimitadamente
poderoso, y casi siempre, acompañado de sutil represalia.
Si no a qué tanto silencio?

Pues bien, dicho esto, sepan ustedes, a mayor profundidad y estudio de
estas sentencias que se han conocido esta semana, sepan que en garantía
de que la cosa no siempre termina mal, y que una bocanada de aire fresco
vuelve a entrar hoy por mi ventana del despacho, es que cuatro
recientísimas sentencias del Tribunal Supremo, ¡cuatro a la vez! vienen a
decirle a nuestra querida administracion jaleada por los recaudadores
del Montorismo, que no está bien valorar los bienes inmuebles que se
transmiten multiplicando el valor catastral por un coeficiente con
objeto exclusivamente de aumentar el valor para así concatenar una
serie de impuestos siempre al alza, acogiéndose al mayor
valor que una simple multiplicación desde un comodo despacho salga, y
después recogerla, con un copia y pega en una notificación
administrativa con liquidación paralela.

Que ese proceder no justifica a la Administración suficientemente para
proceder automáticamente a un aumento de valor y consecuentemente
recaudar más cuotas de impuestos de cualquier transmisión de todo tipo
de inmuebles urbanos, y digo bien, cualquier transmisión, porque ha
venido aplicandose y se aplican a la inmensa mayoría de estas
transmisiones y actos jurídicos, ya sean onerosas, ya sean lucrativas,
ya sean intervivos ya sean mortis causa.

Que el aumento de valoración que realiza la Administración es un acto
que necesariamente obliga a mayor fundamentación y motivación
jurídica, pues se está poniendo en cuestión derechos del ciudadano y
del que se derivan consecuencias como la obligación de pagar mas
impuestos, recargos e intereses y expediente sancionador por esa mayor
valoración y, por supuesto, esa valoración debe ser una
valoración individualizada.
Pues naturalmente, ¿o es que acaso los “obligados tributarios” son
manada?

Para terminar, el Tribunal Supremo ordena que no es el contribuyente
el que tiene que probar que el valor que figura en la autoliquidación
coincide con el valor real, sino que es la Administración la que debe
acreditar que no coincide.

Y es que no podía ser de otra manera, o es que alguien, algún día,
pudo pensar en lo contrario?

VÍCTOR LÓPEZ SOBERADO
Asesor Fiscal

Perlas cultivadas

Fernando Santiago Muñoz | 21 de junio de 2018

El partido en Mina Five

Fernando Santiago Muñoz | 21 de junio de 2018

Despidos en el Obispado y Zornoza de exposiciones. En el blog de Juan Cejudo

Fernando Santiago Muñoz | 21 de junio de 2018

AYER PARTICIPÉ EN LA CONCENTRACIÓN EN LOS JUZGADOS PARA EXIGIR LA READMISIÓN DE LOS DESPEDIDOS POR CARITAS Y EL OBISPADO. Juan Cejudo, miembro de MOCEOP y de Comunidades Cristianas Populares


Unas 25 personas nos vimos ayer en las puertas de los juzgados para apoyar a nuestro compañero Diego Rodríguez, despedido recientemente por Caritas diocesana, después de llevar trabajando en ella muchos años. Portábamos una pancarta con el lema: “Obispo y Cáritas: ¡Readmitan a l@s despedid@s!” y también carteles de mano con el mismo lema.

Diego tiene 56 años, padre de familia. Una edad complicada para quedarse en paro, aunque como tiene una gran experiencia profesional, igual  consigue poder trabajar. Ojalá.


A Diego lo despidieron junto con tres trabajadoras más (que tendrán juicio en fechas posteriores a la suya) en circunstancias anormales y extrañas, pues parece ser que los han echado a los 4, pero se han quedado con otros tantos trabajadores recién llegados a Cáritas. ¿No hubiera sido mas lógico quedarse con los que tienen más experiencia y no con los nuevos?

Tampoco están muy claras las razones para el despido por las razones económicas que aporta “la empresa” (que triste tener que hablar de Cáritas como una “empresa”, cuando debería ser otra cosa).



 Según el abogado, Cáritas aportaba unos datos económicos, pero en 3  sitios distintos aparecen hasta tres tipos de cantidades distintas…¿Cual es el dato verdadero? 

¿Se recogen solo las aportaciones de los donantes? ¿No se aportan las subvenciones que les llega de la Conferencia Episcopal (un 2% de su presupuesto) y de las aportaciones del Estado a través de la declaración de la renta? ¿Se han solicitado subvenciones al Ayuntamiento para poder aumentar los fondos de Cáritas? ¿Es cierto que algunos donantes muy importantes han dejado de donar? ¿Por qué motivos? Son muchas las preguntas que nos hacemos antes de ver con claridad la procedencia de esos despidos…


De hecho, para el abogado de nuestro compañero, está más que convencido que el despido es del todo IMPROCEDENTE, aunque la sentencia no la dicta él, sino el juez, que tendrá que deliberar muy bien lo que hace y lo que decide en los próximos días.

Decir que estos despidos no son los únicos. Desde que este obispo llegó a la diócesis ya ha habido muchos despidos en diversos puntos..Llueve sobre mojado.

Decir también que el malestar con el obispo en amplias capas de la diócesis (sacerdotes, religiosos/as y laicos) es ya de sobra conocido. Sacerdotes y laicos  hemos escrito cartas al nuncio y a los cardenales Osoro y Omella aportando datos y documentos de este gran malestar que, lejos de disminuir, se va acrecentando.


Este obispado tiene numerosos pisos vacíos (él dice que no tiene pisos, pero los  gestiona a través de fundaciones controladas por la diócesis) pisos que no pone al servicio de los más necesitados: sin techo, desahuciados, familias con gravísimos problemas de vivienda a las que podría alquilar a precio económico o gratis si no tienen ningún tipo de ingresos, a refugiados, inmigrantes….como quiere Francisco….Muchos de ellos están cerrados desde hace años sin alquilar y sin ningún uso..¡¡Con el problemazo de vivienda que hay en Cádiz!!.


La concentración la hemos llevado a cabo militantes cristianos de diversos colectivos y también personas solidarias que nos quisieron acompañar.

Después de la concentración subimos todos a los juzgados a acompañar a Diego al juicio aunque solo dejaron entrar a 9 personas al principio y después a 6 por falta de espacio, decían…Tuvimos muchos que quedarnos fuera.


Ha sido la 1ª vez en la historia de la Iglesia diocesana que hay una concentración pública para protestar contra el obispo y Cáritas . 


Y es que aquí hemos tenido siempre unos obispos muy sociales, con gran sensibilidad a los problemas de los trabajadores, inmigrantes, personas necesitadas …Como Añoveros, Dorado y Ceballos. Este obispo parece que ha llegado lanzado en paracaídas en una diócesis , cargada de problemas sociales, con los que él no conecta ni se sensibiliza. Está en otras cosas.


Aunque todos elogiamos la labor de Cáritas con los necesitados y la de la delegación de inmigración que dirige Gabriel Delgado, que lleva a cabo una magnífica labor desde hace ya muchos años.


Seguiremos luchando contra las injusticias allá donde se den. Y seguiremos concentrándonos públicamente en próximas fechas para exigir la readmisión de todos los despedidos en la diócesis.

Lástima que el ejemplo que está dando Francisco y sus palabras tan claras de solidaridad con trabajadores y personas necesitadas, no tengan apenas eco en muchas diócesis españolas como la de Cádiz y Ceuta.

Chapuzas

Fernando Santiago Muñoz | 21 de junio de 2018

La terraza del Casino

Fernando Santiago Muñoz | 21 de junio de 2018

El misterio de las terrazas crecientes

Fernando Santiago Muñoz | 21 de junio de 2018

3D232CF4-C92C-4D83-9E5A-2AB73E516D0FEn Cádiz Abandonada