Esta tarde

Fernando Santiago Muñoz | 18 de enero de 2018

Chiclana capital de la música

Fernando Santiago Muñoz | 18 de enero de 2018

Éxito de Berasaluce en Washington

Fernando Santiago Muñoz | 18 de enero de 2018

Panadero. Por Pedro Ingelmo

Fernando Santiago Muñoz | 18 de enero de 2018

Panadero Díaz no era un jugador de fútbol en la imaginería atlética, Panadero Díaz no era de carne y hueso, Panadero Díaz era un sentimiento. En esta irracionalidad que es el forofismo futbolero, un pellizco me arrancó algo de piel cuando fui informado de que acababa de morir Panadero Díaz, el defensa central del Atleti en la Intercontinental. Vi jugar a Panadero Díaz pero mentiría si me pusiera ahora a analizar su juego, todo eso que escuché ayer de que era duro, pero de buen toque. Yo no recuerdo nada de eso porque, como digo, Panadero Díaz no era un jugador de fútbol sino una doctrina. Sobre todo porque los recuerdos mienten que es un primor. Pongamos por caso que yo recuerdo nítidamente la semifinal de la Copa de Europa contra el Celtic en el 74, cuando expulsaron a medio Atleti. Aquello, en el recuerdo, fue apoeteósico, la batalla contra un árbitro injusto y el coraje de ese equipo indio con el cuchillo entre los dientes. Visto posteriormente cuando se recuperó el partido no entendí muy bien cómo Panadero Díaz (esa patada en las costillas a Johnstone) y mis adorados ídolos no acabaron esa noche en una comisaría de Glasgow. Y ese era Panadero, un guerrero, que no era el único, porque estaba Benito en el Madrid y los defensas de un Granada temible. Parece increíble que en ese catecismo atlético Panadero fuera el precedente de Luz Pereira, que era lo contrario en el centro de la defensa, tan exquisito, tan sonriente sacando el balón. Panadero tenía esa fiereza en la cara, ese estoy aquí para darte miedo. Porque Pereira sí era un jugador de fútbol, mi favorito sin duda, pero no era una doctrina. Si pienso en lo que ha moldeado la mitología colchonera, el santo que aparece es el más duro de los defensas, un Godín asilvestrado, se reencarnó en él Arteche (que en paz descanse también). El jugador que nunca fue por ser leyenda se muere raro. ¿Cómo va a morir Panadero si no era mortal, era un espíritu?

Augusto del Carmen

Fernando Santiago Muñoz | 18 de enero de 2018

Así llamaba a Augusto Delkáder el difunto y añorado Emilio López Mompell. Después de haber sido defenestrado por Juan Luis Cebrián hace tiempo como consejero delegado de Unión Radio parece que Augusto vuelve a adquirir poder dentro de PRISA. Me alegro. Un gaditano que ejerce como tal y un hombre culto, sagaz y competente.Enhorabuena.

Por cierto, El País está ya volcado completamente a favor de Ciudadanos.

La Ley Mordaza del Parlamento de Andalucía

Fernando Santiago Muñoz | 18 de enero de 2018

Es la Ley 8/2017, de 28 de diciembre, para garantizar los derechos y la
igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTB en Andalucía y
de sus familiares

Son infracciones administrativas leves:

a) Utilizar o emitir expresiones vejatorias por razón de orientación
sexual, identidad o expresión de género o que inciten a la violencia contra
las personas LGTBI o sus familiares, en la prestación de servicios
públicos, en cualquier medio de comunicación, en discursos o intervenciones
públicas o a través de las redes sociales.

b) No facilitar la labor o negarse parcialmente a colaborar con la acción
investigadora de los servicios de inspección de la Junta de Andalucía.

Artículo 61. Infracciones graves.

Son infracciones administrativas graves:

a) Utilizar o emitir, de forma reiterada, expresiones vejatorias por razón
de orientación sexual, identidad sexual o expresión de género o que inciten
a la violencia contra las personas LGBTI o sus familias, en la prestación
de servicios públicos, en cualquier medio de comunicación, en discursos o
intervenciones públicas o a través de las redes sociales.

b) La obstrucción o negativa absoluta a la actuación inspectora de la
Administración de la Junta de Andalucía.

c) La realización de actos o la imposición de cláusulas en los negocios
jurídicos que constituyan o causen discriminación por razón de orientación
sexual y/o identidad de género.

d) Impedir u obstaculizar la realización de cualquier trámite
administrativo o el acceso a un servicio público o establecimiento, por
causa de orientación sexual, identidad sexual o expresión de género.

e) Realizar actos que impliquen aislamiento, rechazo o menosprecio público
y notorio de personas por causa de orientación sexual, identidad sexual o
expresión de género.

f) La realización de campañas de publicidad o anuncios que utilicen la
imagen de miembros del colectivo LGTBI o sus familiares de manera
discriminatoria o vejatoria o justifiquen o inciten a la violencia.

g) La no retirada inmediata por parte del prestador de un servicio de la
sociedad de la información de expresiones vejatorias o de incitación a la
violencia por razón de identidad sexual o expresión de género contenidas en
sitios web o redes sociales de las que sea responsable, una vez tenga
conocimiento efectivo del uso de esas expresiones.

h) La elaboración, utilización o difusión, en centros educativos de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, de libros de texto y materiales
curriculares que presenten a las personas como superiores o inferiores en
dignidad humana en función de su orientación sexual e identidad de género.

i) Desarrollar o tolerar el desarrollo de actos que constituyan
discriminación en la celebración de pruebas deportivas y convocatorias de
premios deportivos.

j) Desarrollar o tolerar el desarrollo de actos culturales, artísticos o
lúdicos de marcado carácter discriminatorio o que justifiquen o inciten a
la violencia.

k) Reincidir en la comisión de, al menos, dos infracciones leves.

Artículo 62. Infracciones muy graves.

Son infracciones administrativas muy graves:

a) Adoptar comportamientos agresivos o constitutivos de acoso, realizados
en función de la orientación o identidad sexogenérica de una persona, que
tengan el propósito o produzcan el efecto de atentar contra su dignidad,
creando un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo para la misma.

b) Cualquier represalia o trato adverso que reciba una persona como
consecuencia de haber presentado la misma una queja, reclamación, denuncia,
demanda o recurso de cualquier tipo, destinado a impedir su discriminación
y a exigir el cumplimiento efectivo del principio de igualdad.

c) El empleo de un lenguaje discriminatorio o la transmisión de mensajes o
imágenes discriminatorias u ofensivas en los medios de comunicación
públicos de Andalucía, en aquellos otros medios de comunicación que reciban
subvenciones públicas o en los medios de comunicación sujetos al ámbito
competencial de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

d) Promover, justificar u ocultar por cualquier medio la discriminación
hacia las personas LGTBI o sus familiares, negando la naturaleza de la
diversidad sexual e identidad de género.

e) Promover, difundir o ejecutar por cualquier medio cualquier tipo de
terapia para modificar la orientación sexual y la identidad de género con
el fin de ajustarla a un patrón heterosexual y/o cisexual.

f) Convocar espectáculos públicos o actividades recreativas que tengan como
objeto la incitación al odio, la violencia o la discriminación de las
personas LGTBI o sus familias.

g) Recabar datos de carácter personal en los procesos de selección o
establecer condiciones, mediante la publicidad, difusión o por cualquier
otro medio, que constituyan discriminaciones para el acceso al empleo por
motivo de orientación sexual o identidad de género.

h) Reincidir en la comisión de, al menos, dos infracciones graves.

Artículo 63. Reincidencia.

A los efectos de lo previsto en esta ley, existirá reincidencia cuando la
persona responsable o personas responsables de la infracción prevista en
ella hayan sido sancionadas anteriormente mediante resolución firme por la
realización de una infracción de la misma naturaleza en el plazo de 2 años,
contados desde la notificación de aquella.

Artículo 64. Prescripción de las infracciones.

1. Las infracciones muy graves prescribirán a los cuatro años, las graves a
los tres años y las leves al año.

2. El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a computarse
desde el día siguiente a aquel en que la infracción se hubiera cometido o,
de prolongarse la acción u omisión en el tiempo, desde el día en que
hubiese cesado.

3. El plazo de prescripción de las infracciones se interrumpirá por la
iniciación, con conocimiento de la persona o entidad interesada, del
procedimiento sancionador, y volverá a reanudarse desde que quede
paralizado durante más de un mes por causa no imputable a la persona o
entidad infractora.

CAPÍTULO II

Sanciones

Artículo 65. Sanciones.

1. Las infracciones leves serán sancionadas con apercibimiento o con multa
de hasta 6.000 euros.

2. Las infracciones graves serán sancionadas con multa de 6.001 hasta
60.000 euros. Además, podrán imponerse como sanciones accesorias alguna o
algunas de las siguientes:

a) Prohibición de acceder a cualquier tipo de ayuda pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía por un periodo de hasta 3 años.

b) Prohibición de contratar con la Administración de la Junta de Andalucía
por un período de hasta 3 años.

c) Inhabilitación temporal, por un periodo de hasta 3 años, para ser
titular, la persona física o jurídica, de centros o servicios dedicados a
la prestación de servicios públicos.

d) Cierre o suspensión temporal del servicio, actividad o instalación hasta
3 años.

3. Las infracciones muy graves serán sancionadas con multa de 60.001 hasta
120.000 euros, y además podrá imponerse alguna o algunas de las sanciones
accesorias siguientes:

a) Prohibición de acceder a cualquier tipo de ayuda pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía por un periodo de 3 a 5 años.

b) Prohibición de contratar con la Administración de la Junta de Andalucía
por un período de 3 a 5 años.

c) Inhabilitación temporal, por un periodo de 3 a 5 años, para ser titular,
la persona física o jurídica, de centros o servicios dedicados a la
prestación de servicios públicos.

d) Cierre o suspensión temporal del servicio, actividad o instalación hasta
5 años.

Artículo 66. Graduación de las sanciones.

1. Para la graduación de las sanciones se tendrá en cuenta:

a) La naturaleza y gravedad de los perjuicios causados.

b) La intencionalidad.

c) La trascendencia social de los hechos o su relevancia.

d) Por razón del cargo, función, responsabilidad o autoridad de la persona
infractora.

e) El beneficio que haya obtenido la persona o entidad infractora.

f) El incumplimiento de las advertencias o requerimientos que previamente
haya realizado la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

g) La reparación voluntaria de los daños causados o la subsanación de los
defectos que dieron lugar a la infracción procedimental, siempre que ello
tenga lugar antes de que recaiga resolución definitiva en el procedimiento
sancionador.

2. Para la imposición de las sanciones pecuniarias y para la determinación
de su cuantía deberá tenerse en cuenta que la comisión de las infracciones
no resulte más beneficiosa para la persona o entidad infractora que el
cumplimiento de las normas infringidas.

3. La discriminación múltiple se tendrá en cuenta para graduar la sanción
atendiendo al daño físico o psicológico producido y a la gravedad de la
conducta sancionada.

Artículo 67. Prescripción de las sanciones.

1. Las sanciones impuestas por infracciones muy graves prescribirán a los
tres años, las graves a los dos años y las leves al año.

2. El cómputo de la prescripción de las sanciones comenzará a correr desde
que adquiera firmeza la resolución que imponga la sanción. Este plazo de
prescripción quedará interrumpido desde el comienzo del procedimiento de
ejecución, con conocimiento de la persona o entidad interesada, y volverá a
reanudarse cuando quede paralizado durante más de un mes por causa no
imputable a la persona o entidad infractora.

Artículo 68. Publicidad de las sanciones.

1. Los órganos competentes para resolver los procedimientos sancionadores
por la comisión de infracciones graves y muy graves podrán acordar la
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de las sanciones
impuestas una vez hayan adquirido firmeza. En el supuesto de infracciones
muy graves, esta publicación podrá hacerse extensiva a los medios de
comunicación social. El coste de la publicación correrá a cargo de la
persona o entidad sancionada.

2. En dicha publicación se hará referencia a los nombres, apellidos,
denominación o razón social de las personas responsables, así como de las
características y naturaleza de las infracciones.

Artículo 69. Reducción de la sanción.

1. Las multas impuestas se reducirán en un 30% de la cuantía cuando la
persona infractora abone la multa y el importe total de las indemnizaciones
en un plazo máximo de un mes a contar desde el día siguiente en que se haya
notificado la resolución en que se impone la sanción.

2. La reducción prevista en el apartado anterior no se aplicará cuando la
sanción se imponga por una infracción muy grave y cuando la persona
infractora haya cometido una o varias infracciones de la misma naturaleza
en los cinco años anteriores, con imposición de sanción que sea firme.

Artículo 70. Competencias.

1. La imposición de las sanciones previstas en este título exigirá la
previa incoación del correspondiente procedimiento administrativo
sancionador, cuya instrucción corresponderá al personal funcionario al
servicio de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

2. Las autoridades competentes para la imposición de las sanciones por la
comisión de infracciones previstas en esta ley serán:

a) La persona titular de la Consejería competente en materia LGTBI, para la
imposición de sanciones por infracciones leves y graves.

b) El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, para la imposición de
sanciones por infracciones muy graves.

3. Igualmente, en relación con las infracciones que se cometan en cada uno
de los ámbitos sectoriales previstos en esta ley, la instrucción de los
expedientes, propuesta e imposición de sanciones corresponderá a la
Consejería competente por razón de la materia.

Artículo 71. Procedimiento sancionador.

Los órganos competentes para iniciar, instruir y resolver los expedientes
sancionadores deben aplicar la normativa de procedimiento sancionador
aplicable a los ámbitos de competencia de la Administración de la Junta de
Andalucía, de acuerdo con los principios de legalidad, competencia,
irretroactividad, tipicidad, responsabilidad, proporcionalidad,
prescripción y prohibición de doble sanción.

Disposición final primera. Desarrollo reglamentario y ejecución.

Se faculta al Consejo de Gobierno para que dicte las disposiciones que sean
necesarias para el desarrollo y ejecución de esta ley.

Disposición final segunda. Consejo LGTBI de Andalucía.

En el plazo de un año desde la entrada en vigor de esta ley deberá
aprobarse la normativa de desarrollo y el reglamento del Consejo Andaluz
LGTBI.

Disposición final tercera. Formulación de planes y protocolos.

Los planes y protocolos previstos en la presente norma se aprobarán en el
plazo máximo de 18 meses desde la entrada en vigor de la presente ley.

Disposición final cuarta. Entrada en vigor.

La presente ley entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Nuevo tema de la FRAC

Fernando Santiago Muñoz | 18 de enero de 2018

Caducado

Fernando Santiago Muñoz | 18 de enero de 2018

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Fernando Santiago Muñoz | 18 de enero de 2018

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Fernando Santiago Muñoz | 18 de enero de 2018

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Fernando Santiago Muñoz | 17 de enero de 2018

Al parecer así le dijo Franco  a la viuda de Carrero Blanco en el entierro del almirante. Eso se le podría decir a las dos afligidas costaleras de El Puerto de Santa María. En realidad les hacen un favor al impedirles dejarse la salud en algo tan rancio como cargar un paso. Encima al estilo sevillano. Con la de cosas a las que uno puede dedicar su tiempo.

LA DECAPITACIÓN DE PUIGDEMONT. FELIPE BENÍTEZ EN EL PAÍS

Fernando Santiago Muñoz | 17 de enero de 2018

En las redes sociales, donde cada cual aporta su solución instantánea a los problemas del mundo, hay quienes están pidiendo la cabeza de los chirigoteros gaditanos que han simulado la decapitación de Puigdemont. Bien. Una decapitación real no tiene ninguna gracia. Una decapitación cómica puede tener gracia o no –y la que nos ocupa tiene más bien poca–, pero en ningún caso implica un deseo verdadero de decapitar a nadie.

Como no haría falta decir, el carnaval gaditano –que, aparte de sus aspectos escenográficos, es de esencia verbal– no se sustenta en el análisis razonado de la realidad, sino que parte de ella para llegar a una distorsión humorística de la realidad. Esa distorsión deriva a menudo en lo grotesco y en la sal gorda, a veces en lo chusco e incluso en la cursilería, pero es que hablamos de una fiesta de raíz popular que refleja razonamientos y sentimientos populares y no reflexiones propias de politólogos de oficio, a pesar de que hay agrupaciones –sobre todo las callejeras, que no acuden al concurso oficial- de asombrosa finura y perspicacia. Por lo demás, quienes aspiran en Cádiz a un cargo público están hechos a la idea de que en el lote va el trance de ser parodiados, escarnecidos y ridiculizados -con razón o sin ella- en las fechas de carnaval, obligados además a encajar con una sonrisa más o menos forzada cuanto quieran achacarles, ya que los carnavales vienen a ser un paréntesis fantasioso: nada es del todo lo que es y todo se queda, al cabo, en nada. En broma efímera, por hiriente que resulte. En serpentina volandera. En confeti. Si los políticos gaditanos decidieran denunciar a las agrupaciones carnavalescas por sus mofas, habría que inaugurar en el juzgado de allí una Sala de lo Carnavalesco. -Y un detalle curioso: el actual alcalde de Cádiz, de Podemos, es comparsista, aunque ahora en excedencia forzosa… por incompatibilidad: poder y contrapoder.

Desde el levantamiento de la prohibición de los carnavales gaditanos, que las autoridades franquistas transformaron en unas reglamentadas “fiestas típicas”, las agrupaciones han pasado revista severa –muy severa- a la familia real, al gremio político, al clero, a los banqueros y a cuanto se les haya ocurrido y antojado. (También hemos oído, por raro que parezca, una defensa de la independencia catalana). En general, la denuncia es menos iconoclasta que reivindicativa: la expresión de un descontento profundo a través de una formulación entre burlona y senequista, pues el carnaval no aspira a ofrecer soluciones, sino escenificaciones.

El hecho de que algunos se sientan ofendidos por una representación burlesca no deja de ser el ejercicio de un derecho emocional, sin duda extrapolado, pero también una ligera desorientación intelectual: la confusión entre lo real y lo fingido, entre el disparate bufo y el sentido común. Porque el carnaval es el tiempo de las libertades irracionales, no de la razón. De modo que tal vez no merezca la pena adelantar la Cuaresma, que, entre cosa y cosa, viene a durar el resto del año.

 

PA MATARSE

Fernando Santiago Muñoz | 17 de enero de 2018

R.I.P.

Fernando Santiago Muñoz | 17 de enero de 2018