Todas las comunidades autónomas sin excepción del partido que las gobierna han aprovechado la concesión de licencias de radio y televisión para favorecer a los amigos. Eso ha creado algún caso de licencias en manos de personas que no pretendían poner en marcha un canal de radio o televisión sino comerciar con él  que ha terminado en manos de desaprensivos.

Algunas   corporaciones locales y comunidades autónomas  han usado la publicidad institucional para favorecer a los amigos y para influir en la línea informativa o editorial de los medios. En menor medida ocurre con el Gobierno de España debido a una ley aprobada por el malvado Zapatero que limitaba la inversión publicitaria de la administración central. Creo que la publicidad pública es útil para todo tipo de campañas de promoción o de prevención y son un sostén para la precaria situación económica de los medios de comunicación. Pero lo ideal sería regular esta inversión de manera que no estuviera sometida al arbitrio del político de turno. Hay que retirar el juguete de manos de los políticos para evitar la tentación de favorecer a los afines y castigar a los desafectos. Tiene que ser una herramienta útil y ejecutada con criterios claros y objetivos. Estimo que el dinero debería establecerse en los presupuestos y repartirse en función de la audiencia de los medios según la EGM o distribuida por sectores (prensa escrita, radio, tv, internet) dado que el grado de penetración de cada uno es diferente y no siempre tiene que ver con la audiencia. Después de eso, utilizar como termómetro la audiencia. Nos evitaríamos los políticos que juegan con ese dinero para favorecer a sus partidos sin pensar que es dinero público y a los empresarios piratas que montan chiriguitos para captar ese dinero y , caso de no verse beneficiados, hacen chantaje al político de turno.

Ni el político aprovechado ni el empresario casual, pícaro y de fortuna que quiere influencia o enriquecimiento rápido.

Creo también que los medios deben contratar a profesionales formados. Los hay a miles,desgraciadamente, salidos de las facultades y los centros de FP . Con conocimientos y capacidad. Es mi opinión.

En el caso de Teleisla:

1. El organismo regulador (la Junta) y el supervisor (el Consejo Audiovisual) no deberían permitir que un empresario que ha sido sancionado tenga otra licencia.
2. Los organismos públicos no deben invertir en algo así.
3. Cualquier persona que trabaje para un canal debe tener todos los papeles en regla, sean contratos laborales o productoras que ofrecen programas. Deben contratarse a profesionales.
4. Si se hace un trabajo de preguntas en actos públicos (fiestas, manifestaciones) hay que cuidar lo que dicen. Si se ve venir a alguien ebrio no se le debe preguntar. Si se le pregunta, no se debe dejar que diga barbaridades cortando de inmediato (más aún si no es en directo pero si lo es, basta una pasada a otro tema de manera amable). Si por la causa que sea no se hace y se realiza la grabación, hay que eliminarla de manera inmediata para  evitar sorpresas, como es el caso.

Esto es actuar con profesionalidad.