El Observatorio de la Ciudadanía contra la Corrupción (OCC) ha presentado un escrito ante la Fiscalía para que investigue la no transformación en fundación bancaria de la Fundación Cajasol, lo que le ha permitido eludir el control del Banco de España y no quedar bajo la dependencia del Ministerio de Economía y Competitividad. Los denunciantes quieren que se aclare por qué una fundación pública “de todos los andaluces” se ha convertido en una entidad privada “sin ningún control”.

La Fundación Cajasol está presidida por Antonio Pulido, amigo personal de Susana Díaz desde las batallas que ambos empezaron a librar en el PSOE de Sevilla en los años 90. El pasado 22 de diciembre, la entidad presentó un escrito ante la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de la Andalucía por el que comunicaba el nombramiento de Pulido como director-gerente, con lo que ha podido asignarse un sueldo de 200.000 euros al año tras su salida anticipada como directivo de Caixabank.

La Ley de Cajas de Ahorros y Fundaciones Bancarias, en vigor desde el 29 de diciembre de 2013, obligaba a aquellas cajas que mantuvieran una participación de al menos el 10% en el capital de una entidad de crédito o que pudieran nombrar o destituir a algún miembro de su órgano de administración a transformarse en fundación bancaria. Cajasol, una de las entidades que integraron Banca Cívica (junto a Caja Navarra, Caja Burgos y Caja Canarias) antes de ser absorbida por Caixabank en junio de 2012, cumplía este segundo requisito.

Cajasol ha evitado transformarse en fundación bancaria, como le obligaba la Ley de Cajas

“Como consecuencia de la referida absorción se extinguió Banca Cívica y a Cajasol se le adjudicaron acciones en la entidad absorbente que representaron en aquel entonces un 1,22% del capital de dicha entidad, así como un representante en el consejo de administración de Caixabank”, recuerda el OCC.

Esa exigencia normativa explica que todas las fundaciones que procedían de las cajas que habían conformado Banca Cívica, excepto Cajasol, modificaran sus estatutos antes del plazo máximo de seis meses para transformarse en fundaciones bancarias, al mantener una participación cualificada en la entidad de crédito que les permitía nombrar o destituir a algún miembro de su órgano de administración.

Cuando entró en vigor la actual Ley de Cajas, Cajasol era una fundación de carácter especial denominada ‘Monte San Fernando’ como heredera de los bienes de la entidad resultante de la fusión de las dos históricas cajas sevillanas -El Monte y la Caja San Fernando- en 2007. En junio de 2014, cuando se iban a cumplir los seis meses de plazo máximo que fija la ley, Monte San Fernando (Cajasol) procedió a su modificación estatutaria pero no para transformarse en fundación bancaria sino en fundación ordinaria.

No iba a ser la última modificación. El 14 de mayo de 2015, solicitó a la Consejería de Justicia e Interior la inscripción en el Registro de Fundaciones de Andalucía del cambio de estatutos por el que se materializaba la fusión por absorción de la Fundación ordinaria Monte San Fernando por la Fundación Cajasol. Expresado en otras palabras, la fundación pequeña (Cajasol) engullía a la entidad con mayor patrimonio y titular de las acciones de Caixabank (Monte San Fernando). Seguía sin transformarse en fundación bancaria.

Los denunciantes dicen que, de haberse adaptado a la norma, Antonio Pulido no podría haberse asignado un sueldo

En un escrito fechado el pasado 25 de julio, al que ha tenido acceso El Independiente, el OCC pone los hechos en conocimiento de la Fiscalía de Sevilla para que investigue la “desaparición” de la fundación de carácter especial ‘Monte San Fernando’ y la no transformación en fundación bancaria. “Ante este incumplimiento de la Ley de Cajas de Ahorros debía haberse producido la disolución del Patronato de la Fundación Especial ‘Monte San Fernando’, nombrando el protectorado correspondiente una comisión gestora de la fundación, a los efectos de aprobar los estatutos, nombrar un patronato y adoptar cuantos actos o acuerdos necesarios para materializar la transformación en fundación bancaria”, expone.

“La Fundación Privada Cajasol ha pasado a gestionar un presupuesto anual de unos 20 millones de euros y se ha quedado literalmente con todo el patrimonio de la Fundación Especial ‘Monte San Fernando’, sin el control del Banco de España y del protectorado del Ministerio de Economía”, añade el Observatorio de la Ciudadanía contra la Corrupción. El incumplimiento de la Ley de Cajas ha provocado una situación anómala: una fundación cuyo ámbito de actuación va más allá de Andalucía -Cajasol absorbió a Caja de Guadalajara en 2010- se encuentra bajo el protectorado exclusivo de la Consejería de Hacienda de la Junta de Andalucía.

Los denunciantes recuerdan que, de haber sido una fundación bancaria, el presidente no podría contar con un sueldo, ya que “en el gobierno corporativo de las fundaciones bancarias se tiene que incorporar la figura del director general, cargo retribuido con voz y sin voto en el patronato de la fundación bancaria”.

Pulido, investigado por la Audiencia Nacional

Antonio Pulido es uno de los  nueve imputados por el Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional en la causa en la que se investiga el proceso de fusión y salida a Bolsa de Banca Cívica. Además del presidente de la Fundación Cajasol, también han sido llamados al procedimiento con dicha condición procesal el otro copresidente de Banca Cívica, Enrique Goñi; Marcos Contreras y Lázaro Cepas (representantes de Cajasol); Álvaro Arvelo (Caja Canarias); José María Leal y José María Achirica (Caja de Burgos); el ex presidente del Gobierno de Navarra Migue