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De lo prescindible

Pablo Bujalance | 12 de febrero de 2015 a las 5:00

'La Estrella de Sevilla', montaje de Alfonso Zurro integrado en 'Enrédate'.

‘La Estrella de Sevilla’, montaje de Alfonso Zurro integrado en ‘Enrédate’.

A menudo he escuchado en boca del consejero de Cultura, Luciano Alonso, una idea muy interesante: “El patrimonio no es tanto un legado que recibimos de nuestros padres sino una responsabilidad que tenemos para con nuestros hijos”. Y es cierto que, en consecuencia, su Consejería ha demostrado una especial sensibilidad en los últimos años con la rehabilitación de edificios señeros a través del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico y la promoción y conservación de bienes arqueológicos (emblemático es, en este sentido, el empeño en que la Unesco incluya los Dólmenes de Antequera en su listado patrimonial). Resulta significativo, de hecho, que el proyecto más singular de la Junta en lo relativo a las artes escénicas en el último lustro (por no decir el único: la marca Enrédate no es más que un remedo de los anteriores circuitos) haya sido el programa Teatros Romanos de Andalucía, dirigido no tanto a la reactivación de las compañías y creadores teatrales (aunque haya habido consecuencias felices en este sentido) sino a la proyección y a la “puesta en valor” (valga aquí, entre comillas, la cuanto menos dudosa expresión que tanto gusta a los políticos) de estos enclaves. Mientras tanto, hemos asistido al desmantelamiento del sector de las artes escénicas de Andalucía, al cierre de salas, la extinción de compañías, la desaparición de festivales y la casi nulidad de programas y temporadas, especialmente fuera de las capitales de provincia. Es cierto que el tributo del IVA al 21% ha generado estragos notorios; pero también lo es que la Junta de Andalucía no ha hecho mucho por paliarlos más allá de los rechazos verbales. Ahora disfrutamos de un regreso del Centro Andaluz de Teatro, tres años después, al que es difícil no vincular intereses electoralistas (si bien, de cualquier forma, el CAT no debe estar sólo para producir montajes de cierto volumen; muy al contrario, sus funciones principales deberían ser otras, seguramente más baratas). Y a lo que apunta el paisaje, en fin, es a una torpeza en la gestión de las artes escénicas desde el sector público que durará, me temo, hasta que la Consejería de Cultura entienda de una vez que el teatro no es un entretenimiento, ni un pasatiempo, ni siquiera un medio de producción cultural: el teatro es un bien patrimonial, tanto como una iglesia del siglo XVI, una terma romana o un dolmen megalítico. El teatro es el mismo desde siempre. Y, como tal, merece de la protección que se supone a las instituciones.

Prueba de esta torpeza es lo que dio de sí el pasado martes, tal y como cuenta aquí mi compañera Charo Ramos: mientras la Unión de Asociaciones de Artes Escénicas de Andalucía celebraba en la Sala Cero de Sevilla una asamblea extraordinaria a cuenta de la decisión de la Consejería de destinar un presupuesto cero al tejido escénico andaluz, la misma entidad aprobaba por sorpresa una partida de 1.740.000 euros para el ramo. De sopetón. Las ayudas llegaron, pero tarde y mal, sin explicaciones, sin justificaciones del cambio de decisión y con un racionamiento de dudosa eficacia: las compañías no necesitan tanto ayudas a la producción, sino a la distribución. Por mucho que se financie también a las salas, si no se favorece la existencia de mecanismos de movilidad más allá de los circuitos gestionados por la misma Junta, seguirá habiendo lo de siempre: espectáculos más o menos logrados pero fenecidos después de, como mucho, la quinta función. La impresión que queda de todo esto, claro, es que la Junta decide actuar respecto a las artes escénicas derivando una determinada cantidad de espaldas a los profesionales que constituyen el objeto de esta ayuda, sin atender a sus verdaderas necesidades, sin considerar cuáles son los males y cuáles los mejores remedios, porque a lo mejor no es tanto una cuestión económica. Si se sigue promulgando el gasto sin un análisis más riguroso, el teatro andaluz seguirá siendo deficitario, y no tiene por qué serlo necesariamente. En el momento en que se reduce a una cuestión meramente presupuestaria, la política cultural deja de ser tal. Hacen falta ideas. Andalucía ha perdido demasiados miles de espectadores en los últimos años, cuando posiblemente sus compañías hacen el mejor teatro de su historia. La protección de este patrimonio precisa de algo más que un desembolso.

Pero si la pedagogía política es importante, la social no lo es menos. Existe un rechazo proverbial a lo que se entiende por cultura subvencionada en la mayor parte de la opinión pública, y este rechazo tiene motivos en parte bien fundados. Habría que dejar claros algunos aspectos en este sentido: el primero, que la Junta de Andalucía, como institución pública, está obligada, según la Constitución, a garantizar el acceso de todos los ciudadanos a la cultura, y eso pasa por actuar en teatros, compañías y demás elementos del sistema para que, facilitando la conexión entre todos ellos, este derecho tenga su satisfacción no sólo en grandes ciudades, también en pequeños municipios; el segundo, el teatro representa un tejido industrial que deriva en un bien de interés social y que genera no pocos puestos de trabajo en la región. Dado que el sector atraviesa una de las crisis más graves de su historia, corresponde al ámbito público, en beneficio de ese interés social, servir los cauces que garanticen su supervivencia, porque, en contra de lo que opina otra amplia mayoría, la gente no ha dejado de ir al teatro porque el teatro sea de mala calidad (en muchas ocasiones los ciudadanos no van al teatro porque, sencillamente, no tienen una sala cerca; o porque los profesionales han visto tan mermada su capacidad de acción a cuenta del IVA y otros obstáculos que se han visto obligados a sacrificar todo lo referente a la promoción y distribución para sacar adelante una mínima producción); y, tercero, dado que el teatro es un bien patrimonial, desatender sus necesidades vendría a ser lo mismo que dejar un edificio declarado BIC caer por su propio peso hasta la ruina. Es una lástima que todavía tengamos que venir con esas cosas. Pero lo que hay en juego no es precisamente poco. Si al final se acepta de manera consensuada que el teatro es un fenómeno prescindible, esta sociedad habrá firmado su sentencia de muerte.

Érase una vez el CAT

Pablo Bujalance | 12 de marzo de 2013 a las 21:44

El Estado de sitio, según el CAT

Consultado el medio escénico más cómplice y cercano sobre la intención del consejero de Cultura, Luciano Alonso, de hacer algo con el Centro Andaluz de Teatro y presentar en los próximos días una resolución más o menos definitiva sobre su continuidad, puede concluirse que lo que los profesionales esperan al respecto es poco, por no decir nada. La Unión de Actores ha criticado una más que cantada elección del próximo director de la institución a dedo, pero los profesionales se debaten entre un prudente compás de espera a ver qué sucede y una indiferencia notable, sabedores de que la supervivencia de sus proyectos dependerá en un grado cuanto menos reservado de que el CAT regrese o no a la palestra. Lo cierto es que en los últimos años el panorama ha cambiado de manera notable: sólo en cuanto a compañías, cabe subrayar la tendencia de las más veteranas a abrir sus propias salas y la querencia de las más jóvenes a llevar sus funciones a apartamentos, hoteles, ateneos y casi cualquier escalera aprovechable (además, claro, de las salas que han abierto las veteranas, cuyos huecos programáticos no son precisamente amplios: en esto sorprende, todavía, el modo en que algunas compañías tienden a imitar las reservas de la Junta a la hora de abrir el abanico a realidades primerizas que en su día ellas tanto criticaron), dado que un cálculo optimista concluiría que el 70% de los teatros de las ocho provincias están cerrados a cal y canto. Es decir, la articulación de la escena andaluza que otrora pretendiera el CAT no sólo no se ha llevado a cabo, es que a lo mejor ni siquiera hace falta ahora que cada uno se busca la vida como puede. ¿Qué retos va a encontrarse entonces el centro que antaño exportara el teatro andaluz como marca en Europa si definitivamente regresa?

No hace falta ser un lince para identificar el principal problema de la administración pública autonómica respecto al teatro: lo que ocurre, sin más, es que no sabe qué hacer con él. La escena constituye un objeto extraño, que interesa cada vez a menos gente, que se sostiene en un tejido empresarial tan disperso como invisible (la subida del IVA cultural ha contribuido de manera inestimable a que los pocos contratos que se formulan adquieran un colorido cada vez más negro) y que tiene una presencia reducida, reducidísima, en los medios de comunicación (ergo: como escaparate político resulta del todo ineficaz). Véase el caso del anunciado circuito de teatro clásico por cuatro teatros romanos de Andalucía (Itálica, Málaga, Baelo Claudia y también el de Cádiz, una vez que concluyera su restauración), una liebre que soltó Paulino Plata y cuyo sucesor, el citado Luciano Alonso, se apresuró a retomar recién llegado a la Consejería, con una programación de la que se iban a dar pelos y señales… en verano del año pasado. El fruto de todo aquel empeño, que contó con algunas ruedas de prensa memorables (recuerdo una especialmente llamativa en la sede del Centro Andaluz de las Letras en Málaga, ante un grupo de actores y directores cegados por el estupor), es hoy igual a cero. De modo que resulta comprensible que del anuncio del CAT tampoco se espere gran cosa. Alonso ya anticipó algunos contenidos del programa Enrédate, que llega en sustitución del Circuito Andaluz. Sus presupuestos se ordenan en dos estrategias fundamentales: la colaboración con los Ayuntamientos, que hoy por hoy, con problemas mucho más urgentes (desde las inundaciones a la asistencia social) no parecen dispuestos a invertir un céntimo en representaciones y que, insisto, mantienen buena parte de sus espacios escénicos cerrados (algunos de factura muy reciente; otros, incluso, con las obras abandonadas a mitad de la construcción); y las coproducciones con las compañías, una jugada destinada al fracaso en cuanto éstas no esperan tanto ayudas a la producción (véase la respuesta a la última convocatoria al uso) sino a la distribución, lo que termina dictando la diferencia entre la supervivencia y la extinción de las mismas. Es evidente que la distribución requiere un esfuerzo económico mucho mayor. Pero también lo es que la Junta, actualmente, no parece estar en condiciones de afrontarlo. Al fin y al cabo, poner en marcha un circuito significa distribuir. Y, para que quede claro, la Consejería ha eliminado la palabra circuito de todo título, lema o slogan en virtud de una noción reveladora de responsabilidad compartida.

(Por cierto, también el propio CAT ha sido víctima de esta política en varias ocasiones. Sin ir más lejos, su última producción, El estado de sitio de Albert Camus, requirió una inversión enorme muy criticada en su momento para su puesta en escena, pero el número de funciones que llegaron a celebrarse tras su estreno resulta todavía hoy vergonzoso).

Recuperar el CAT es una idea encomiable. Pero si la administración insiste en ofrecer unas soluciones que no son las que reclaman quienes hacen teatro, todo apunta a que lo que falta es diálogo. Habría que contar con otra evidencia: si la relación de la Consejería con los creadores fuera más fluida y se tuvieran en cuenta todas las ideas, el CAT no tendría que ser un instrumento caro. Tal vez, todo lo contrario. Sería bueno que alguien se sentara y pensara si existe un teatro andaluz, o una manera andaluza de hacer teatro. Sólo eso bastaría para llegar a algunas conclusiones traducidas en iniciativas. Mientras tanto, el balance de la inactividad se resume en un montón de talento desperdiciado y una pérdida de público, especialmente en los teatros gestionados por la Junta, que amenaza con hacerse irreparable. Y no deja de ser una lástima.