Nada mejor para afrontar una negociación compleja que armarse de un buen argumentario. Y el verano es propicio para la forja de las grandes estrategias que habrá que poner en práctica en otoño. La agenda a la vuelta de las vacaciones está marcada por la necesidad imperiosa de negociar un nuevo convenio de explotación de la carrera oficial entre el Ayuntamiento y el Consejo de Cofradías. No caben mayores situaciones de provisionalidad, ni procede seguir estirando artificialmente la vigencia del acuerdo anterior.

La negociación arrancará condicionada por el pliego de condiciones ya presentado por la Delegación de Fiestas Mayores, cuyas exigencias  combinan lo sustancial con lo complementario. Rosamar Prieto-Castro reclama lo siguiente: las cofradías deben asumir todos los gastos de organización y montaje de la carrera oficial, cualquier modificación en la logística debe ser comunicada previamente a la autoridad municipal, todos los accesos y el parcelario deben ser adaptado para los minusválidos, una comisión estudiará en firme las posibilidades de ampliación de la carrera, el Consejo facilitará 200 entradas para el acto del Pregón al Ayuntamiento (que hasta ahora sólo recibe 50), el Ayuntamiento dispondrá de 50 palcos en la Plaza de San Francisco (al igual que hasta ahora) y de 60 sillas en la Avenida de la Constitución y –¡ojo porque aquí viene la gran clave!– la carrera oficial deberá ser adaptada a la legislación vigente sobre seguridad en los espectáculos públicos de más de 20.000 personas.  Esta última adaptación plantea algunas interrogantes más allá del manido debate sobre el número de asientos que tendrían que ser suprimidos: ¿Cómo se adaptan los palcos a los minusválidos? ¿Y los pasillos de la Avenida? ¿Cuántos pasillos existen aún que no cumplen la mínima medida de seguridad de  1,20 metros? Si las sillas han de estar unidas por imperativo legal, ¿cómo se organizará entonces el montaje y desmontaje de cada día?

A nadie escapa que la adaptación de la carrera oficial tendrá un alto coste. El Ayuntamiento es consciente de que en este punto surgirán las fricciones, pues a la autoridad municipal le tocará apretar la tuerca y al Consejo poner la mano para pedir ayuda con la que sobrellevar los gastos. Para el momento en que el tesorero de las cofradías insista, el Ayuntamiento tiene preparados sus propios argumentos con cifras. No hará falta recurrir a la crisis económica, ni siquiera al remanente de 280.000 euros que las cofradías se han repartido hace dos semanas, con polémica interna incluida, sin acordarse que tal vez era mejor guardar el dinero en la caja para las necesidades de la carrera oficial de 2010.

En los despachos de la Casa de la Moneda se apunta todo… Como en Hacienda. El Ayuntamiento parte de la base de dos grandes cifras.  La primera apunta a que la carrera oficial es un negocio redondo que deja en las arcas de las hermandades 2,8 millones de euros, lo que contrasta con un exiguo pago de tasas municipales que no alcanza los 49.000 euros.  Con este flujo de gastos e ingresos, el beneficio de este negocio es el soñado por cualquier empresario. Cada año se entiende más la trifulca que se originó cuando los silleros de toda la vida fueron desalojados del esquema de explotación de la carrera. La segunda gran cifra es la referida al coste que la propia Semana Santa tiene para el Ayuntamiento: ¡6 millones de euros! De ellos, dos se dedican a recursos humanos para pagar los salarios y horas extras de la Policía Local, Bomberos, personal de la Casa Consistorial, mantenimiento, Protección Civil y diversos equipos vinculados al Cecop. El dossier detallado de los 6 millones de euros está preparado para responder a la más que probable petición del Consejo para que se reparta el coste de las reformas por seguridad. El argumentario municipal ya empieza a tomar forma a falta del definitivo informe de la Delegación de Convivencia y Seguridad sobre las medidas necesarias y a la espera también del que manejará el propio Consejo.  Si el negocio es redondo para las cofradías, las cofradías tendrán que pagar las reformas necesarias. Arenas ya ha sorprendido asegurando que puede potenciarse la seguridad sin suprimir asientos. Y todo lo cual, dicho sin meterle el diente a la ampliación…

Al portavoz municipal de IU-CA le ha salido el tiro por la culata en su particular cruzada contra la cesión del suelo público para la instalación de las sillas en la procesión del Corpus. Sostenía Rodrigo Torrijos que dicha práctica encubre una subvención a las cofradías que él –tan preocupado estos días por promocionar el gran festival del marisco en el Prado de San Sebastián (Gambaria)– no estaba dipuesto a seguir consintiendo. Le encargó un informe al secretario del Ayuntamiento para despejar las dudas, pese a que la capitular de Fiestas Mayores, Rosamar Prieto-Castro, defendió una y otra vez la legalidad y utilidad del acuerdo. El fedatario municipal, Luis Enrique Flores, se ha despachado a gusto. Tras recordar que cesiones del suelo como las de la carrera oficial de Semana Santa se iniciaron precisamente para acabar con las subvenciones directas a las cofradías, considera en su primera conclusión que la cesión gratuita del suelo, por el que se cobra religiosamente la correspondiente tasa municipal, es “perfectamente ajustado a derecho”. Deja bien clarito que esta cesión “no se justifica en la tradición o en modo secular de realizar esta actividad”, que probablemente es la razón que le provoca urticaria a ciertos señores de Izquierda Unida, “sino que es una técnica contemplada por el ordenamiento jurídico y plenamente adecuada al mismo. No estamos ante el supuesto de la Feria de Abril, cuya ocupación mediante casetas sin ningún tipo de concurrencia ha venido avalada por los tribunales en base a la citada tradición singular”. El informe avala las tesis defendidas por Rosamar, que hasta explicó en su día que el dinero que se recauda por las sillas del Corpus sirve para mantener vivas a las hermandades sacramentales, muchas de las cuales mantienen obras sociales con niños con dificultades dignas de elogio. El fedatario municipal ha tenido que documentarse con acuerdos plenarios desde 1956 y redactar 17 folios para acabar con el erre que erre de Torrijos en las últimas juntas de gobierno y reuniones de altos cargos municipales. Cuando Torrijos debería estar henchido de gloria por haber montado en bici a tanto cofrade rancio, a los que tiene enganchados a su cóctel de movilidad, pierde el tiempo y las fuerzas en las sillitas del Corpus, unos asientos que vienen a ser una novillá sin caballos al lado del festejo gordo, el de abono, donde está el mamelón de la historia: las 25.000 sillas de Semana Santa. Ay, qué falta de vista la de este ingenuo Torrijos. Ahí sí que están los millones, ahí sí que hubo en tiempos pleitos y tráfico de jamones. Por cierto, eso de Gambaria tiene que ser como Munarco por lo civil… Ojú.