Hasta tiene nombre de monstruo. Y de franquicia cinematográfica. Limasa 1, Limasa 2, Limasa 3: cada pocos años en el contenedor de basura más cerca de usted. Hace bastante tiempo que el principal engendro creado por el Ayuntamiento de Málaga, engordado con la aportación de todos y cada uno de los alcaldes Frankenstein, se volvió incontrolable. No hay regidor ni concejal de Medio Ambiente que no sueñe por las noches con la criatura, una abominación especialmente terrorífica desde que a Francisco de la Torre se le ocurrió aquella genialidad de darle la participación privada a todas las empresas que competían por el pastel.

En la empresa de limpieza municipal se dan todos los factores para la tormenta perfecta. Las dos multinacionales españolas que dominan el sector, FCC y ACS a través de Urbaser, y la principal empresa malagueña, Sando, se reparten el 51% del accionariado. La ciudad, a través del Ayuntamiento, es a la vez accionista minoritario y único cliente. Lo primero no vale para nada más que para poner dinero y para que te dejen sentarte en las reuniones con los mayores, pero sin molestar demasiado. Lo segundo debería otorgar una posición de fuerza al Consistorio para exigir un servicio intachable a buen precio, pero queda anulado por la ausencia de competencia y por un macrocontrato leonino a 16 años en el que Málaga siempre tiene las de perder.

Luego están los trabajadores, que en la práctica hacen lo mismo que la parte empresarial: tener cautiva a la ciudad que les da de comer. Cada cierto tiempo, conocedores de que un estornudo de su comité de empresa resfría al equipo de gobierno de turno, plantean exigencias inaceptables, sabedores por experiencia de que en otros conflictos si hubieran pedido la luna el Ayuntamiento se la habría concedido. Ahí está su convenio, que sería ideal de tratarse de Microsoft, Google o de una exitosa empresa privada, pero que en el caso de una sociedad semipública constituye una vergüenza para los sindicatos, un agravio para el resto de empleados públicos y un escándalo irritante tanto para los parados como para los trabajadores del sector privado que pagan con sus impuestos el servicio de limpieza.

Resulta paradójico que, en esta ocasión, los representantes de los trabajadores contaban pese a todo con gran parte de la razón: era un atropello injusto congelar los sueldos de la plantilla mientras que a la parte privada se le seguía dando su 2% de beneficio garantizado, sí o sí, por contrato -menudo negocio-. Pero cuando las empresas, presionadas por el alcalde, renunciaron a la cláusula, y además aceptaron parte de las demandas sindicales, el comité de empresa se echó al monte con nuevas exigencias, con ganas de mantener la huelga. La más demencial era la de cobrar un plus por estar de baja que en la práctica suponía que quien no trabajaba percibía más dinero que quien lo hiciera. Un incentivo al absentismo fantástico. Una barbaridad más a sumar a la larga lista de privilegios que ha ido tragando la ciudad para no ver su basura volcada en las calles.

Los 1.200 trabajadores de Limasa cobran 17 pagas (cuatro extras más una de productividad), cuentan con 36 días de vacaciones más otros cinco de asuntos propios que, lógicamente, siempre usarán. Perciben pluses casi por ir al cuarto de baño. Uno de ellos es por trabajar el día después de un festivo, cuando se supone que hay más basura por recoger. También se percibe si no se trabaja. Y luego, para escarnio de los mandatarios públicos y sindicales que lo han ido permitiendo y tolerando, sus puestos son casi propiedad de los trabajadores, que los van pasando entre sus familiares o a quien consideren oportuno que lo herede. Nepotismo por convenio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia. Como se establece que el trabajador que se jubila designa al que lo sustituye, no hay forma de impedir que se cree un mercado negro de puestos de trabajo públicos. Una aberración de república bananera.

Resulta curioso, y bastante ilustrativo de la talla política de cada uno, que haya sido siempre el representante de IU, Pedro Moreno Brenes, quien haya predicado en el desierto contra los abusos de Limasa. El buen portavoz de la izquierda en esta ciudad no sólo ha arremetido contra la parte privada, sino también contra los atropellos de un convenio laboral inmoral, injusto e insolidario. Ni que decir tiene que es odiado a partes iguales por empresarios y trabajadores de la compañía.

Limasa es un chollo para los privados, que ya han obtenido con ella alrededor de 50 millones de euros de ganancia neta desde 2003, y un premio de lotería hereditario para su plantilla. También un pésimo negocio para la ciudad, a la que le iría mejor municipalizando el servicio, diciendo adiós a las empresas y metiendo en vereda a la plantilla. El sistema actual no tiene ningún sentido si todos los beneficios son privados y todos los problemas públicos.