Archivos para el tag ‘Jesús Gil’

Puntos seguidos y Frankensteins

Javier Gómez | 10 de marzo de 2011 a las 10:59

EL problema de las denominadas leyes de punto final es que habitualmente son sucedidas por un punto seguido, una conjunción copulativa y otra condicional: Y si se ha perdonado a Marbella, ¿por qué no hacer lo mismo con la Axarquía? Y si en aquella comarca se van a legalizar 11.000 viviendas irregulares, ¿por qué no también en Cártama, en Estepona o en Mijas?

Definitivamente, las precampañas y las campañas electorales son periodos tan inútiles como indigestos para la economía, la moral, la ética y la legalidad en este país. Es un tiempo de despilfarro, de despropósitos, de mentiras y de ataques a la razón y al sentido común. La amnistía urbanística de la Axarquía anunciada la pasada semana por la consejera de Obras Públicas de la Junta, Josefina Cruz, ha entrado por derecho propio en los anales históricos de la demagogia electoralista. Ya lo fue la carta blanca dada a las barbaridades cometidas en tiempos de Jesús Gil y sus secuaces. Que todas esas sinvergonzonerías queden en pie sin derribo alguno tendrá un altísimo coste en el futuro. De hecho, ya lo ha tenido: el efecto llamada de la permisividad de nuestros responsables políticos ante las viviendas ilegales. ¿De qué sirve perder años en trámites, enmiendas, debates parlamentarios y correcciones, en costosísimos Planes de Ordenación Territorial, si luego la Ley del Suelo está para saltársela?¿Quién le niega ahora a nadie su deseo de construirse una casita en el campo? Sí, desde luego hay muchos inocentes que compraron su vivienda de buena fe, sin saber el desaguisado en el que se metían. Pero son mayoría los que eran conscientes de lo que hacían.

Puestos a crear precedentes y coartadas éticas para el futuro, el mensaje que ha dado estos días el alcalde de Málaga sobre el concejal de Urbanismo tampoco es lo que se dice ejemplarizante. No se trata desde luego del mejor cartel con el que presentarse a la reelección por cuarto mandato, acosado por la cuestionable conducta de su delfín político y por el pulso del Museo de las Gemas, el otro Frankenstein particular del regidor y su fallida política cultural.

No hay peor enemigo que uno mismo ni rival más peligroso que el exceso de confianza. Los populares acuden a las urnas tan seguros de su victoria que sería bonito disfrutar de un partido igualado que les diera una sorpresa. Pero desde el lado socialista están empeñados en recurrir al juego sucio.

Disparate

Javier Gómez | 28 de noviembre de 2010 a las 12:08

NO hace mucho me contaba uno de esos outsiders habituales, un idealista con gran preparación, categoría personal e inquietudes intelectuales, uno de esos notables que por norma salen escaldados de la política, la propuesta que le había llegado a la administración de uno de los promotores más conocidos de la Costa del Sol. Iba en representación de gran parte del colectivo y eran los años de la euforia: “Lo que hay que hacer es construir un peine de autovías desde la Costa del Sol hacia las sierras”. En definitiva, urbanizar hasta donde alcanza la vista en un destino turístico ya de por sí masificado y que tiene muchos pecados inmobiliarios por purgar si quiere que algún día se le retire el estigma y la comparación con Benidorm.

La corona montañosa del litoral malagueño, con las joyas naturales y, por qué no, antropológicas, que abundan en la Sierra de las Nieves y el Valle del Genal, es nuestra última esperanza para la redención. Se trata de un lugar sujeto a enormes presiones especulativas que, cual aldea gala, resiste ahora y no sabemos si siempre al invasor del ladrillo. Cierto que en Ronda sobran excesos, pero sigue siendo una de las ciudades más hermosas de España. ¿Y qué no se puede decir de los pueblos blancos de Genalguacil, de Benadalid, de Cartajima o Pujerra?

Toda esa belleza se verá seriamente comprometida con el absurdo proyecto de autopista de peaje que tienen en estudio la Junta y la Diputación. Una idea de otros tiempos. Y nunca mejor dicho en este caso. No sólo porque la iniciativa es insoportablemente desde el punto de vista ambiental y paisajístico, sino porque viene heredada de una promesa del GIL. En 1999, Trinidad Aragón ganó sorpresivamente las elecciones municipales con ese proyecto que se había sacado de la manga. Prometió a los rondeños que en veinte minutos llegarían a bañarse a las playas de Marbella. Nada dijo de lo que se revalorizarían los terrenos al norte de la ciudad donde entonces aún recalificaba a sus anchas Jesús Gil. La derrota socialista dolió profundamente a Juan Fraile, presidente de la Diputación, que entonces embarcó a la institución provincial en el proyecto de la vía rápida.

En los años del boom inmobiliario no eran pocos los rondeños que bajaban a la Costa a trabajar en la construcción, y sufrían una carretera llena de curvas en la que la Junta seguramente debería invertir un poco más. Enquistada, la iniciativa la heredó Pendón, que la dejó dormir, hasta que llegó alguna campaña electoral –sinceramente, no recuerdo cuál– y a alguien se le ocurrió prometer que el Gobierno andaluz se implicaría. Incluso se anunció que la carretera estaría funcionando para 2012. Afortunadamente, de momento sólo es un estudio abierto a alegaciones, en el que se anticipan su altísimo coste (350 millones) y la obviedad de que no será rentable para la inversión privada salvo que haya dinero público de por medio. No parece que el horno esté ahora para muchos bollos, aunque siempre será posible que cualquier empresa opte a construir la autopista si se ha garantizado antes sus buenos terrenos a los que sacar aún mejores plusvalías.

¿Saben quién es uno de los mayores terratenientes de la zona? El Rais libio. Gadafi. Sólo tiene unas 7.000 hectáreas de nada por los alrededores.

Atrapada por su pasado

Javier Gómez | 19 de agosto de 2010 a las 10:45

EN Marbella da igual lo honrada que sea y parezca la mujer del César, todo el mundo piensa que es una puta. Son tantos los antecedentes penales, los concejales detenidos y la mala fama acumulada en los estercoleros televisivos, que nadie se va a creer otra cosa. De ello se quejan amargamente en el Ayuntamiento de Ángeles Muñoz: en los días previos a la redentora visita de Michelle Obama, una tele nacional llamaba al Consistorio preguntando cuáles eran los mejores lugares para hacer un reportaje sobre la prostitución. Tu puñetero plató, debieron responder.

Tras el paso de Jesús Gil, de Julián Muñoz, de Marisol Yagüe, fauna selecta del zoo de la corrupción, uno esperaría que el equipo de gobierno del PP fuera absolutamente escrupuloso con todos los procedimientos. Que se preocupara mucho del qué dirán. Que se inhibiera en cualquier concurso público que pudiera provocar suspicacias y reparos morales. Pero no. El último escándalo es la adjudicación de tres locales en el puerto deportivo, propiedad municipal, a una empresa de la que es socio el hermano de una concejal. De Alicia Jiménez que, fíjate que casualidad, es precisamente la que gestiona los puertos. Aunque el contrato ha sido mediante procedimiento negociado, no tenemos muy claro dónde se ha negociado.

No es el primer dolor de cabeza que provocan esta concejal y su familia. Hace unos meses, el PSOE denunció que es la dueña de un edificio en el que el Ayuntamiento tiene un local alquilado. Además de edil, casera del Consistorio. Pero éste no es el único asunto turbio que parece del régimen anterior. Tanto o más grave es el caso del concejal de Medio Ambiente, Antonio Espada, que extrañamente sigue en su puesto a pesar del varapalo judicial que recibió el mes pasado, cuando un juez absolvió a los socialistas Bernal y Radío de una demanda del edil por supuesta intromisión en el honor. Habían denunciado, verazmente, que una empresa de Espada ganó dos contratos de suministro de materiales al Ayuntamiento por más de 234.000 euros.

Por mucho menos, el alcalde de Málaga forzó en diciembre la dimisión de Manuel Marmolejo. Y eso que Málaga no es Marbella y nadie cuestiona que la honradez sea la piedra inexpugnable de la gestión de Francisco de la Torre.

Cajones desastre

Javier Gómez | 14 de enero de 2010 a las 9:57

En los tiempos que corren, cuando todos nos hemos familiarizado con palabros como ERE y eufemismos terribles como “racionalización de costes”, resulta gratificante oírlos salir de la boca de un ministro para referirse a una empresa pública. Si además ese ministro es el número dos del PSOE, puede que no todo esté perdido. José Blanco ha hecho algo a lo que últimamente no estamos acostumbrados, algo que debería ser el día a día de un político profesional: coger el toro por los cuernos. El toro, en esta ocasión, son los controladores y sus aéreos sueldos, aunque la reflexión del ministro de Fomento sobre Aena debiera extenderse a todas las empresas públicas: “Con estos costes y esta productividad, es imposible mantener la viabilidad y rentabilidad del sistema”. En mi memoria, el afán por crear empresas públicas de gestión privada llega a los tiempos de Jesús Gil. El fue el gran pionero local a la hora de descapitalizar una institución de contenidos y fondos (especialmente lo último). Pero luego el resto de administraciones se lanzaron de cabeza al modelo con la excusa de que la burocracia sería más ágil, aunque lo que realmente era fácil era fijar unos salarios altísimos para unos pocos y luego contratar a ETT para prestar el servicio. Una empresa pública tiene menos controles que una institución pública. No tienes todo el día a la oposición pidiéndote datos, los procesos de contratación, al no tratarse oficialmente de funcionarios aunque en la práctica muchos sí lo sean, son mucho más laxos, y luego están los sueldos. Se fijan a priori mirando la parte alta del mercado privado, pero con la tranquilidad de que tienes cliente seguro (los contribuyentes) y de que de allí no te echan ni Dios ni la crisis. Y así en las empresas públicas se da la fusión perfecta de lo peor de la empresa privada y la institución pública.

Los héroes caídos de la política

Javier Gómez | 18 de junio de 2009 a las 12:13

Me gusta pensar que fue la justicia poética, y no el PP, quien ganó las elecciones municipales en Marbella. Me gusta pensar que los mismos ciudadanos que durante década y media mantuvieron en el poder a una pandilla de delincuentes salieron de su falsa ignorancia y premiaron a la única persona que había mantenido cierta coherencia política. Ángeles Muñoz llegó con vitola de heroína incorruptible a la Alcaldía. Muchas habían sido las tentaciones de pasarse al lado oscuro de Darth Vader Roca y su Imperio del ladrillo, y todas las rechazó. Pero el día a día en el poder, la gestión de los problemas de un municipio en ruinas y el pragmatismo electoralista que impregna cualquier acción política convierten en mediocre al mejor de los jedi.Y ahí tenemos a la campeona contra el gilismo dispuesta a legalizar, sin inmutarse, los mayores atropellos urbanísticos de Jesús Gil, Julián Muñoz y Marisol Yagüe. Al final tendremos que darle la razón al presidente de la Diputación, Salvador Pendón, y a los alcaldes socialistas de la Axarquía que se quejan de la desigual presión de la Justicia. ¿Cómo no hacerlo cuando se derriban las viviendas ilegales de familias modestas en mitad del campo pero ni uno solo de los lujosos atentados perpetrados contra el interés general en Marbella?No muy lejos de allí, en Estepona, el sheriff Valadez empieza a estar demasiado solo ante el peligro. Una cosa es ser un valiente a lo Gary Cooper y otra un mártir. Abandonado por su partido, por la Junta y por el Gobierno, el alcalde de Estepona, David Valadez, debe de lamentar el día en que se le ocurrió dar un paso al frente para denunciar las barbaridades de la etapa de Barrientos. Eran tiempos de vino y rosas en un Ayuntamiento que hoy no tiene ni para pan y agua. Se enfrenta cada día a que le corten por impago los teléfonos, la luz o el gas de los crematorios del cementerio municipal. La política es muy ingrata con sus héroes.

Las (in)competencias de la Junta

Javier Gómez | 5 de marzo de 2009 a las 14:15

 Resulta que la Junta de Andalucía, cuyos responsables se han estado llenando la boca todos estos días con los 27 acuerdos urbanísticos impugnados al Ayuntamiento de Alcaucín y las 21 denuncias de particulares tramitadas, no tenía motivo alguno para sospechar de los informes del Consistorio. Así que bastaba que entrara un papel encargado por el Consistorio y firmado por José Mora rechazando una denuncia por irregularidad urbanística para que el Gobierno andaluz dejara de preocuparse. “Nos creemos lo que dicen los órganos competentes. Se presume que es cierto porque proviene del Ayuntamiento”, ha dicho esta mañana la delegada del Gobierno andaluz en Málaga, María Gámez, y se ha quedado tan ancha. Y eso que en Málaga llevamos más de diez alcaldes condenados, procesados o detenidos por corrupción urbanística.

Así que cuando toca sacar pecho, la Junta es responsable de la ordenación del territorio, de vigilar a los Ayuntamientos, de abrirles expediente o negarles las modificaciones de elementos de sus PGOU (por cierto que en Alcaucín hay algún que otro plan parcial de viviendas en suelo rústico que cuenta con los parabienes autonómicos). Pero cuando se produce una cagada mayúscula como ésta, cuando se archiva una denuncia con fundamentos sin dignarse a estudiarla, el urbanismo es una competencia exclusiva municipal y nosotros no tenemos nada que ver.

Uno se pregunta para qué demonios sirve la denominada Policía Urbanística del Gobierno andaluz, ésa que se vendió mediáticamente a bombo y platillo desde los tiempos de Jesús Gil en Marbella, si al final se trata de un equipo de burócratas que se dedican a mirar papeles y no a visitar los lugares denunciados. Y encima examinan mal los informes, pues el elaborado por el arquitecto de la Diputación encarcelado por la trama de corrupción ni siquiera llevaba el sello de registro de salida del organismo. Según los responsables de Diputación, era papel mojado.

También resulta inaceptable que alguien que tenga tanta responsabilidad por las mañanas en el control del urbanismo de la provincia pueda después por la tarde pasar al más lucrativo bando contrario, en su estudio privado dedicándose a sortear su trabajo matinal y el de sus compañeros. No sólo ha ocurrido en el caso de Mora y de la Diputación. También en la Gerencia de Urbanismo. También en la Consejería de Obras Públicas. Y en todos los casos los servicios jurídicos de las instituciones han visto compatibles estas actividades de moralidad y ética más que cuestionables. ¿Acaso no hay información privilegiada? ¿Acaso los funcionarios no tienen acceso, directo o indirecto a través de sus compañeros, a trámites y expedientes que no están al alcance del resto? ¿Acaso no pueden influir en la toma de decisiones de una u otra forma? Pues a juicio de nuestros responsables políticos no. Uno puede dedicarse por la mañana a controlar la legalidad del urbanismo de la provincia y por la tarde o en los ratos libres a asesorar a promotores y particulares al respecto.

La única dimisión que hasta ahora se producido en el Gobierno andaluz por los múltiples casos de corrupción urbanística ha sido de carambola. Mal aconsejado y huyendo con buen juicio de las premisas del PSOE de Málaga -cuya dirección en tiempos de Marisa Bustinduy desoyó sistemáticamente las denuncias por corrupción-, el consejero Juan Espadas nombró para el cargo a una persona de perfil técnico, la inspectora jefa. Desgraciadamente para ella, como descubrió este periódico, su nombre aparecía en el sumario de la operación Malaya por mantener varias conversaciones teléfonicas (pinchadas) con un abogado investigado (que no procesado), con el que había montado una empresa de asesoría legal y urbanística. El contenido de las charlas revela un comportamiento cuestionable ética y moralmente a juicio de este diario y de este periodista, pero no de los servicios de Inspección de la Junta, que archivaron la investigación interna.  El caso es que la delegada no duró tres días en el cargo, al dimitir oficialmente por el “linchamiento mediático” pero forzada por el consejero. Es María José Mata, la misma inspectora que da el visto bueno al informe de José Mora de Alcaucín. La misma persona avalada públicamente, tras su cese, por el ex delegado José María Ruiz Povedano, hoy consejero delegado de la SOPDE, el organismo de la Diputación de Málaga que hace, entre otras muchas cosas, los PGOUs de muchos pueblos.