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Mas se estrella, CiU tiembla

Fede Durán | 26 de noviembre de 2012 a las 10:40

Por primera vez, CiU afrontaba las elecciones catalanas con una apuesta inequívoca aunque progresivamente suavizada hacia la independencia. Era un punto histórico de inflexión en sus relaciones con el resto de España. El seny dejaba paso a la rauxa, y la aspiración de un nuevo comienzo borraba cualquier rastro de mala gestión, de latrocinio o de tijeretazo. Eso creía, al menos, Artur Mas, presidente en funciones de la Generalitat, cuando se enfundó el traje de padre de la patria y empapó todas sus intervenciones del aura de los elegidos. Pero las urnas le han jugado una mala pasada: no sólo no ha logrado los 68 escaños de la mayoría absoluta; ha perdido 12 respecto a 2010, dificultando mortalmente el futuro más inmediato del Parlamento catalán. Razones para afirmarlo hay varias: 1. La vía de la secesión sigue viva, pero implica entenderse con Esquerra (21 diputados), un partido tradicionalmente alejado de la contención de CiU y situado en el arco ideológico opuesto, igual que la CUP (3). 2. Mas exigía una mayoría contundente que avalase su proyecto. No la ha obtenido, así que debería incluir en el “periodo de reflexión” que anoche mismo pidió a todos los partidos la posibilidad de dar por zanjada su trayectoria política. 3. Pronto se alzarán voces autocríticas que exigirán que CiU vuelva a su proverbial mesura, y entonces llegará el momento de medir la verdadera temperatura de la apuesta independentista en las calles.

Mas aclaró que no se bajará del burro del cargo. “Todas las combinaciones pasan por un Gobierno liderado por CiU”. El problema es cómo se concreta eso. Porque las tres opciones aparentemente factibles con la calculadora en la mano son descabelladas desde el corazón convergente: ERC selló dos legislaturas con el PSC de Maragall, primero, y Montilla, después. Sus latidos son de izquierdas, aunque esta vez jugaría a su favor el sacrosanto reto de la ruptura con España. Su líder Oriol Junqueras, no oculta su voluntad de entendimiento con Mas. Cree que juntos pueden. Lo que piense Mas ya es harina de otro costal. La segunda opción es optar por un Ejecutivo en minoría con el respaldo puntual del PP de Alicia Sánchez-Camacho, que fijó el récord del PP en 19 escaños, uno más que hace dos años. El precio de CiU sería aparcar su hoja de ruta y volver a lo de siempre, posiblemente con el pacto fiscal como resucitado eje estratégico. La tercera vía, inédita hasta la fecha, pasa por tirar de un depauperado PSC (20 escaños con 30.000 votos más que ERC) vía alianza formal o informal. Muy improbable escenario.

Circunspecto y arisco, Mas atribuyó el bajón de CiU a la dureza de la crisis y los consecuentes recortes aplicados. A su lado, en el clásico y chamánico Majestic, comparecían, ceñudos o abatidos, el líder de Unió, Josep Antoni Duran, y el ex president Jordi Pujol, salpicado, como Mas, por la polémica de unas presuntas cuentas fraudulentas en Suiza. Queda en la atmósfera la sensación de que CiU ha desbrozado un camino incómodo y ERC ha recogido los frutos. Se confirma asimismo la debacle sin paliativos del PSC, que como consuelo mínimo queda por delante del PP pero constata que sus competidores por la izquierda exhiben mayor proyección: ERC, ICV y la CUP (que debuta en la cámara regional) suben; sólo el socialismo baja.

El frente soberanista sumaría 87 escaños, siempre que en ese saco se incluya a ICV, partidaria de la consulta de autodeterminación pero no -al menos claramente- de la independencia. La contraparte de ese bloque la conforman los 39 diputados que suman PSC y PP y los nueve que aporta Ciutadans, el partido de Albert Rivera, que triplica los asientos de 2010 y registra 164.000 votos más. En la batalla de los pequeños, Rivera y los suyos -apadrinados en su día por los Boadella, De Carreras, Ovejero y otras voces enemigas del nacionalismo y la corriente identitaria- fueron los grandes vencedores.

Podría parecer que la iniciativa a partir de ahora corresponde a Artur Mas. Pero muchos ojos virarán hacia Junqueras. Su acercamiento a CiU y la respuesta de la federación retratarán la sinceridad con que el president concurrió a las urnas. Si la independencia era un señuelo para el pacto fiscal, la jugada ha sido un fracaso. Y si querían un holgado margen de maniobra para negociar cara a cara en Madrid, Esquerra será, por derecho propio, un celoso vigilante del proceso.

La catarsis afectará paralelamente al PSC, que o se reinventa o se muere. Ni José Montilla ni Pere Navarro están a la altura mediática de Pasqual Maragall, y la pata más ilustrada del socialismo catalán ha renegado o reniega de las siglas en un goteo implacable. Curiosamente, han sido los partidos más fieles a su discurso convencional los que salen reforzados. Esquerra siempre ha propugnado exactamente lo mismo. El PP, aunque con formas más refinadas en la época de Piqué, también. Lo mismo cabe decir de ICV o Ciutadans. Sólo CiU, con su órdago maximalista, y el PSC, atrapado en su crisis de identidad, han sido acribillados por el elector.


Por votos, CiU superó el millón y el PSC los 500.000, lejos de aquellos años de gloria (1999 y 2003) en los que perdía en escaños lo que le ganaba en papeletas al eterno enemigo. Esquerra y PP se movieron en la franja alta de los 400.000, ICV alcanzó los 355.000 y Ciutadans se plantó en 273.000. Cataluña vuelve a tener un Parlamento complejo, bien nutrido de opciones y muy difícil de embridar. Si Mas llega a saberlo, quizás habría preferido quedarse como estaba. 62 escaños parecen hoy una barbaridad. Y 50 una sonora, histórica, contundente decepción.

La participación roza el 70% y marca un máximo histórico 

Un total de 3,56 millones de catalanes de los 5.257.252 llamados a las urnas ejercieron su derecho al voto, lo que supone una participación del 69,5% y 10,7 puntos más que en las elecciones al Parlament celebradas el 28 de noviembre del 2010, cuando CiU recuperó la Generalitat tras siete años de tripartito. En una comparecencia en el Parlamento autonómico, la vicepresidenta del Gobierno catalán, Joana Ortega, confirmó que se trata de “la participación más alta de las últimas siete elecciones” celebradas en Cataluña.

La participación superó el récord que ostentaban los comicios de 1984, con un 64,3%, y los de 1995, con un 63,6%; en 1980 la participación fue del 61,34%. Ortega destacó la “normalidad de la jornada, en la que no ha habido ningún incidente que obstaculizara el derecho a voto”, y ha agradecido el trabajo a todas las personas que han contribuido para que fuera posible. Los catalanes optaron por acudir masivamente a las urnas ante unos comicios en los que se planteaba el debate de un nuevo encaje territorial de Cataluña con España, con la posibilidad de celebrar un referéndum o consulta sobre el futuro de la comunidad. Esta participación supera también la de los últimos comicios al Parlamento en 2010, cuando, superando los peores augurios de escepticismo motivados por la crisis económica, la participación se situó en un 58,78%.

En la circunscripción de Gerona la participación fue del 70,68%, con un total de 334.832 votos, más de 11 puntos por encima de la cifra de 2010. En la provincia de Barcelona votaron 2.663.982 personas, lo que supone un 69,84% de participación, nueve puntos por encima de 2010. En Lleida fueron a las urnas 197.868 personas, un 69,32% de personas, más de 10 puntos por encima de los comicios de 2010, y en Tarragona la participación fue del 66,35%. La participación en estas elecciones también contrasta con la de los municipales en mayo de 2011, cuando votaron el 54,93% de los electores catalanes, 1,07 puntos por encima de 2007 cuando se marcó un récord absoluto de abstención en todas las convocatorias de comicios locales, autonómicos y generales desde 1979. En las últimas generales, Cataluña registró la segunda menor participación de la historia en unas elecciones en este ámbito, después de que acudieran a las urnas el 66,84% de los ciudadanos con derecho a voto, a la par que el voto nulo y el blanco alcanzó registros máximos -el voto nulo se triplicó hasta el 1,58% del censo y el blanco llegó al 1,85%-.

España: renovarse o morir

Fede Durán | 15 de octubre de 2012 a las 19:25

Esta mañana viajaba en el aerobús que conecta Barcelona con la T-1 aún bajo las sombras de la madrugada y la plancha del sueño de acero. El chófer escuchaba Catalunya Ràdio. La palabra Cataluña sonó al menos veinte veces en menos de cinco minutos. De la Transición a esta parte, la identidad catalana se ha forjado desde la política (nacionalista), pero sobre todo desde los medios de comunicación.

Rajoy enfoca mal el problema. Es la silueta perfectamente definida por Dionisio Ridruejo en 1955: “El español lo espera todo de un milagro, lo que unido a su poca imaginación y a su falta de libertad interior nos da su incapacidad para la vida de convivencia”.

En el fondo, cree que Mas va de farol. Y se sabe arropado por el marco constitucional y comunitario. Su táctica: no, no, no (y perdonen si me acuerdo justo ahora de la Winehouse). Pero quizás haya llegado la hora de barajar opciones. La sangre no debería ser del siglo XXI ni de Europa o España, que ya vertieron suficiente en el XX. La simple negación tampoco: no deja de ser gasolina en la hoguera. Toca negociar, y ahí caben dos opciones. O se negocia el mapa de la independencia a lo british, civilizadamente, previa autorización de la consulta y siempre que ésta refleje un posicionamiento masivo; o se negocia un nuevo Estado.

Negociar un nuevo Estado es difícil. Requiere altura de miras, característica poco común en la política contemporánea. Y exige valentía para: A. Vertebrar un sistema de financiación donde las compensaciones interterritoriales no mermen la competitividad de las regiones más productivas (es lo que reclamaba al fin y al cabo CiU hasta cambiarse a la chaqueta, más radical, de la secesión). Ya es hora de que los más pobres (Extremadura, Andalucía, Canarias) se desprendan del jergón del victimismo (victimismo históricamente justificado en bastantes casos, cierto) y aprendan a pelear por sí solos, con generosa ambición y sujetos a una sociedad infinitamente más fiscalizadora de la gestión política. B. Tocar los párrafos de la Constitución necesarios para convertir el Senado en otra cosa; reformar el sistema electoral; jubilar la Monarquía; acabar con los fueros vascos y navarros; y garantizar un mínimo tronco común que dé sentido, aunque sea livianamente, a la siempre discutida idea de España.

La España federal, o más federal (el Estado autonómico ya ensaya esa fórmula), encierra peligros bien conocidos. El principal es la profundización en las miniestructuras de país, las duplicidades, la amenaza del mercado único, la segmentación al fin y al cabo irreversible e ineficaz. En Bélgica, flamencos y valones firmaron la sentencia del muerte del entendimiento cuando decidieron dejar de concurrir bajo las mismas siglas políticas (socialistas, conservadores) para diferenciarse por ideas pero también por idiomas.

El sábado almorcé en El Raval con un buen amigo catalán e independentista. Creo que el tono del debate fue modélico, una muestra de cómo podrían ser las cosas en esta España tan habitualmente vehemente y espumosa. Él, periodista como yo, admitía que Cataluña no necesita inexorablemente la independencia sino un marco más adaptado a sus aspiraciones. Incluso con independencia, me decía, España y Cataluña deberían caminar juntas. Una especie de asociación entre iguales. No sé si comparto el enunciado de la fórmula a lo Puerto Rico, pero me temo que no existen alternativas realistas: o Cataluña gana poder o Cataluña se marcha.

Otra cosa es que nos guste más o menos que se marche. Objetivamente no creo que existan dudas: en el corto plazo, las consecuencias serían pésimas para España, que perdería el 20% de su PIB y casi ocho millones de habitantes (importantes, por ejemplo, en la asignación de eurodiputados), y tampoco coserían y cantarían los catalanes, abocados de primeras a un aislamiento internacional y sometidos al imprevisible factor emocional de la economía en sus intercambios comerciales con sus ex compatriotas.

PP y PSOE tienen dos problemas casi irresolubles. No crearán una posición común (uno) porque sus dirigentes, sus bases y sus canteras son mediocres (dos). Rajoy transmitirá de Rubalcaba la imagen de un vendepatrias. Rubalcaba endosará a Rajoy el monigote de la parálisis. Y entretanto el problema se enquistará. Observen a Cameron y Salmond, cordialmente discrepantes pero a la vez suficientemente maduros como para pactar las condiciones de un referéndum y aceptar el consiguiente resultado sea cual sea.

Posiblemente Ortega tuviese razón. Posiblemente el caso catalán no sea solventable sino tan solo soportable. Si así fuera, convendría exhibir la misma madurez que ingleses y escoceses, compartir mesa, cerrar los términos del acuerdo y encarrilarlo lo menos lesivamente posible. Nadie quiere amar a quien no le ama. Eso se lo dejamos a los antiguos reyes.

Cataluña, Madrid, Andalucía y Bruselas

Fede Durán | 2 de octubre de 2012 a las 18:41

El problema de la independencia catalana se está quizás planteando desde una perspectiva errónea. Al menos hasta que las intenciones de CiU queden del todo claras. Los independentistas (que no son siempre sinónimo de Convergència y mucho menos de Unió) basan su legitimidad en el clamor popular. No pretenden alcanzar acuerdos con el resto del país sino rebasar la meta ideal. No quieren medias tintas ni medios premios. Queda claro, pues, que lo primero es determinar cuál es el pronunciamiento de la sociedad catalana. Un referéndum es aparentemente ilegal, pero convendría pactar la fórmula que permita a los catalanes expresarse por un motivo muy útil: Cuando el país sepa lo que quieren, será más fácil actuar en consecuencia.

Dos matices: la respuesta a la pregunta del referéndum debería ser, en uno u otro sentido, abrumadoramente mayoritaria, aunque un no vencedor requiere menos contundencia porque es más fácil mantener un Estado que desguazarlo. Es el independentismo el que ha de trabajar a tope, y no debería resultarle difícil: la educación nacionalista ha sembrado una semilla que ya es imposible de obviar. No se trata de razones históricas ni de argumentos políticos. En primera instancia, se trata, simple y llanamente, de sentimientos y sensibilidades. El olivo (por usar una parábola mediterránea) ya mide tres metros.

Actuar en consecuencia no es llevar los tanques a Barcelona (la propuesta ha partido de un catalán, Vidal-Quadras, que en realidad habló de la Guardia Civil). Actuar en consecuencia es abrir una negociación donde, en función del resultado de la consulta, los esfuerzos giren en una u otra dirección. O reforma del Estado o separación. Ninguna de las dos salidas es sencilla. Si el Estado se reforma, será para contentar a Cataluña y el País Vasco, dos de las tres históricas, y hacerlo implica forzosamente ahondar en un modelo, el federal, que se ha mostrado terriblemente ineficaz en términos económicos y de cohesión. Si Rajoy quiere un mercado único, ¿cómo se come una inyección federalista aún más potente que la esbozada en 1978? La secesión tampoco sería coser y cantar. Hay que hacer muchas, muchísimas cuentas. El dinero nada tiene que ver con el romanticismo de una aspiración. El futuro de Cataluña condiciona el del resto de España. Los políticos catalanes podrían alegar que nada deben al país puesto que han sido sometidos a un expolio permanente. Ese supuesto expolio se llama principio de igualdad, está recogido en la Constitución y prevé que las comunidades ricas contribuyan a la equiparación de las pobres en la prestación de los servicios públicos fundamentales y el despliegue de las infraestructuras necesarias. El Gobierno, en tal caso, podría retrotraerse al siglo XVIII y recordar el monopolio del que gozaba Cataluña en la colocación de sus productos entre sus todavía compatriotas. Será una discusión durísima con cientos de miles de argumentos a favor de unos y otros.

 El movimiento de CiU ha sido en cualquier caso magistral, quiera o no la independencia. El otro camino que se planteaba, el del vaciado competencial de las autonomías, parece definitivamente olvidado.

Bruselas es el árbitro de la partida. No porque vaya a decidir el resultado del proceso ya iniciado, sino porque un pronunciamiento en un sentido u otro alimentará o desinflará las esperanzas del independentismo catalán. Durao Barroso se ha inclinado por la postura del Gobierno central: Cataluña tendría que negociar su ingreso en la UE. En una entrevista con este periódico y este periodista, su número dos, Viviane Reding, opinaba lo contrario. Después, haciendo en mi opinión trampas, la Comisión Europea ha querido enmendarle la plana disfrazando sus declaraciones de un sentido completamente distinto: en realidad, afirman ahora, lo que la Reding quiso decir es que es muy complicado interpretar los tratados internacionales. Y en eso, desde luego, Bruselas tiene razón por más que exista la Convención de Viena. El papelón de las instituciones comunitarias está preñado de veneno: Cataluña no es Eslovaquia, ni Kosovo, ni Eslovenia, Bosnia o Croacia. Cataluña comparte muchas páginas de historia con el resto de España, muchos siglos, y su suerte apunta, con los matices que se quiera, a la integridad territorial de otras naciones afines: Francia, Italia, Gran Bretaña o incluso Alemania. Y ojo con el factor Ceuta-Melilla-Marruecos. El epílogo de esta novela marcará los siguientes prólogos.

Andalucía me merece una mención final por la pusilanimidad de sus dirigentes. Ha sido una tierra maltratada. Con y sin Franco. Infraestructuras mediocres, pocas inversiones de verdadero valor añadido, pequeños emporios desmantelados y un conformismo triste en los asuntos propios y ajenos. El PSOE-A engulló al PA cuando tuvo que hacerlo, y su voz en Madrid no fue nunca la del centurión con galones y reivindicaciones sino la del pariente pobre que necesita la solidaridad de los demás. Es posible que sin Cataluña vivamos peor porque menor será la bolsa común de las aportaciones para equilibrar igualdades. Lo que no tiene sentido es que nadie aquí haya aprendido la lección (llámenla egoísta si quieren) del nacionalismo catalán: quien no llora no mama. Aún nos conformamos con el legado de la Expo y con los caramelos que, de cuando en cuando, nos tira al suelo el Gobierno, sea del color que sea. ¿Cómo es posible que Sevilla no tenga una red de Cercanías en condiciones o un aeropuerto de corte internacional? ¿Cómo se come que un país del tamaño de Portugal tenga 210 kilómetros de autopistas? ¿Qué pasa con Almería o Jaén, con Córdoba, con el metro de Málaga, con el puerto de Algeciras o el eternamente retrasado corredor mediterráneo? La última reforma del sistema de financiación nos dejó en peor lugar que antes, según explicaba semanas atrás el economista Ángel de la Fuente. Alguien debería ir pensando en el papel que nos tocará jugar en la España del futuro, que puede que sea otra España, y sobre todo en cómo jugarlo. Tal vez haya llegado el momento de que la sociedad civil se haga mayor de edad e intervenga, exigiendo y movilizándose sin las tutelas de los sospechosos habituales, los caciques y los demagogos de siglas desgastadas.

Entrevista a Ángel de la Fuente

Fede Durán | 21 de septiembre de 2012 a las 17:10

Si agitamos en una coctelera el verde de Asturias (o su fabada) y la estampa africana de Andalucía (o el jamón, las gambas y los boquerones), nos sale Ángel de la Fuente (Gijón, 1962), prestigioso economista contracultural en la Cataluña nacionalista de CiU y el pacto fiscal. Nieto de andujareño, tras casi 20 años en Barcelona chapurrea el catalán, aunque generalmente no le dé la gana. Para compensar, este miembro del CSIC y del IAE domina el inglés como muchos compañeros de gremio (es doctor por la Universidad de Pensilvania).

-Si uno atiende a las cifras que esgrime CiU para avalar la necesidad del pacto fiscal, parecería que el Estado “expolia” a la comunidad.

-CiU se apoya fundamentalmente en las estimaciones que ha hecho la Generalitat del déficit fiscal de Cataluña, esto es, de la diferencia entre los impuestos estatales que se pagan en la comunidad y lo que la Administración central gasta en ella. Según sus cálculos, el déficit  fue de unos 16.400 millones en 2009, lo que supone un 8,4% del PIB.

-Pero…

-Esta estimación tiene trampas. La principal es que sólo considera el dinero que vuelve físicamente a Cataluña y no los beneficios que llegan en especie, es decir, la parte que le toca a Cataluña del coste de los servicios generales que el Estado nos presta a todos pero que no se producen físicamente en la región. Ese paquete incluye muchísimas cosas: las embajadas españolas en el extranjero, casi todas las bases militares del país, la contribución española a la UE, el coste de los servicios de los ministerios que llevan temas de interés general desde Madrid, etcétera. Si quitamos la parte que le toca a Cataluña del coste de estos servicios comunes de acuerdo con el propio Gobierno catalán, el déficit fiscal de la comunidad se reduce en un tercio y se queda en unos 11.000 millones o un 5,8% del PIB.

-O sea, que sí hay agujero.

-Sí, Cataluña tiene un déficit fiscal considerable, aunque no tan grande como afirman los nacionalistas. Sin embargo, tratándose de una comunidad rica, es lo lógico. Lo preocupante sería que no lo tuviera, que es lo que pasa en el País Vasco y Navarra gracias al concierto. El déficit fiscal catalán refleja fundamentalmente la redistribución de la renta a nivel individual, esto es, el hecho de que la gente que más tiene paga más impuestos y recibe menos a través de ciertas prestaciones sociales. El tamaño de este déficit, correctamente medido, está en línea con lo que cabría esperar dado el nivel de renta de Cataluña dentro de España. Además, el déficit de Madrid y Baleares es mayor proporcionalmente y ambas CCAA lo llevan bastante mejor.

-No hay pues nada excepcional en que Cataluña reciba menos de lo que da.

-No, no es un caso raro a nivel internacional. Es difícil encontrar datos homogéneos, pero no veo cómo la situación puede ser distinta en países que cuentan con impuestos más o menos progresivos y un sistema de protección social a la europea. Algún listo se ha inventado que en Alemania existe un tope máximo del 4% a los déficits fiscales regionales y todo el mundo lo repite en la prensa local, pero no es verdad.

-Imaginemos que Cataluña logra el pacto fiscal. ¿Cuáles serían las consecuencias para el resto del país?

-Habría menos dinero que repartir entre los demás. ¿Cuánto? Dependería de las condiciones que se fijasen, incluyendo la valoración de las competencias estatales no cedidas y la cuota de cooperación interterritorial que Cataluña tendría que pagar. Por otra parte, y esto es quizás más importante, se abriría un proceso de reivindicaciones similares en otras regiones ricas que no querrían ser menos. El resultado sería un Estado disminuido y asimétrico, muy difícil de gestionar y seguramente sin los recursos necesarios para ejercer sus competencias constitucionales, incluyendo la de garantizar una cierta igualdad entre todos los españoles en términos de su acceso a los servicios públicos fundamentales.

-Habla de cooperación interregional, no de solidaridad.

-La solidaridad tiene connotaciones de ayuda voluntaria al necesitado que no tienen nada que ver con el tema del que estamos hablando. La Constitución dice que todos tenemos los mismos derechos y deberes y de eso se trata: ¿vamos a poder tener colegios y hospitales parecidos en toda España o tendremos que emigrar a las regiones ricas si queremos tener buenos servicios?

-¿Cuál es la alternativa razonable al pacto fiscal?

-Revisar el sistema de financiación que tenemos, que es enormemente  complejo, nada transparente y muy mejorable. Entre otras cosas porque genera desigualdades grandes y difíciles de explicar. Algunas regiones ricas están bien tratadas y otras mal. Lo mismo sucede con las pobres. Extremadura, por ejemplo, siempre ha estado muy bien tratada, pero Andalucía ha salido muy mal parada de la última reforma y ahora está claramente por debajo de la media. Cataluña se siente maltratada porque está entre las regiones que más impuestos pagan, pero no entre las que mejor financiación tienen. Al menos en parte, tiene razón. Hay margen para una reforma del sistema que, sin dinamitarlo como hace la propuesta de pacto fiscal, incorpore la parte razonable de las reivindicaciones catalanas.

-¿Qué parte de culpa tiene la Generalitat en la actual bancarrota de la región?

-Toda, pero no es un problema sólo catalán. Las autonomías han gastado temerariamente en los últimos tiempos. Han consolidado en gasto recurrente ingresos no sostenibles ligados a la burbuja inmobiliaria y a la parte alta del ciclo, y ahora pasa lo que pasa.

-¿Cuál sería el impacto económico de la independencia de Cataluña?

-En principio quedaría excluida de la UE y tendría que solicitar su entrada, lo que exigiría la aprobación de España. Aunque fuera sólo unos pocos años, las consecuencias de no ser socio del club podrían ser desastrosas para su economía. Pero incluso aunque se quedase en la UE, los efectos adversos sobre el comercio entre la región y el resto de España serían muy significativos.

-¿Por qué? ¿Entraría el juego el factor emocional?

-Aun sin aranceles, la existencia de fronteras desincentiva mucho el comercio. Los estados del norte de EEUU tienen una relación comercial mucho más intensa con otros estados del sur del país que con sus vecinos canadienses, aunque los segundos están mucho más cerca, hablan el mismo idioma y tienen una cultura muy similar. Y, por supuesto, las cosas serían peores si entra en juego el factor cabreo.

Adeu, Catalunya

Fede Durán | 12 de septiembre de 2012 a las 9:53

PRIMERO las cifras: la deuda pública catalana roza los 42.000 millones -el 21% de su PIB y el 30% de toda la deuda autonómica-; el Estado le debe a la Generalitat 970 millones por infraestructuras no ejecutadas en 2009 y 2010; Mas ha pedido a Rajoy otros 5.023 para afrontar vencimientos en 2012 de otra manera inasumibles. Luego las interpretaciones oficiales (CiU): el déficit fiscal que ahoga a Cataluña por las maldades de un sistema de financiación injusto es de 16.500 millones. Y finalmente el mecanismo tradicional del nacionalismo: si no me das lo que quiero, amenazo con irme. 

Veámoslo desde otra perspectiva. Cataluña gestiona exactamente los mismos tributos de raíz estatal que el resto de comunidades (salvo las forales): un 50% de IRPF e IVA y un 58% de los Impuestos Especiales. Sus tramos autonómicos son más gravosos que el promedio. Y la carga fiscal derivada de impuestos y tasas propios también (transmisiones patrimoniales, agua, etcétera). Ángel de la Fuente, miembro del Instituto de Análisis Económico y del grupo de expertos que asesoró al Parlament en sus maniobras previas a la formulación del llamado pacto fiscal (entiéndase como sinónimo de concierto económico) desmontó con otra cifra el agravio comparativo: 2009, el último año liquidado, demuestra que Cataluña “está ligeramente por encima de la media (nacional) en términos de financiación por habitante”. 

CiU siempre ha tenido dos ventajas en Cataluña: A. Es la coalición hegemónica. Sólo el PSC ha obtenido más votos en dos ocasiones (1999 y 2003), pero nunca más escaños. B. Ejerce un liderazgo moral del que sabe sacar el máximo partido. Ese liderazgo, de timbre moderado con Pujol, se ha radicalizado con Artur Mas no sólo por culpa de Artur Mas: el tripartido de Montilla, Carod y Saura sembró lo suyo. Y hoy todos menos el PP (un PP ridículo y autómata en manos de Alicia Sánchez-Camacho, ridícula y autómata en sí misma) se apuntan al concierto como si no hacerlo equivaliese a ser menos catalán. Ésa es la esencia del veneno identitario forjado entre creyentes, profetas y acomplejados. 

O me das lo mío o me largo. El nacionalismo podría definirse como la prolongación indefinida de la reivindicación personalizada, con parada final en la independencia. El problema es que los nacionalismos españoles (CiU y PNV) han sido valientes de palabra y muy cobardes de hecho, como si la consecución del objetivo implicase la muerte política y cerebral. Quizás ha llegado la hora de darle la vuelta a la tortilla: la contaminación mental (el desapego, que dicen allí) es irreversible, luego sólo queda invitar a catalanes y vascos a que conquisten y consoliden las mayorías sociales necesarias, negocien con el Gobierno español y pongan fin, en los términos comúnmente pactados, a su secular vínculo con el resto del país. Madrid debería entonces encargarse de garantizar el respeto de los derechos de las minorías, que serían los numerosos vascos y catalanes no nacionalistas. Será divertido observar a quién echan la culpa de sus males endémicos nuestros nuevos viejos vecinos.