Archivos para el tag ‘Democracia directa’

Consultas populares light

Fede Durán | 23 de junio de 2013 a las 13:17

Dos leyes estaban llamadas a revolucionar, siquiera modestamente, el panorama político andaluz: las de transparencia y participación. Ambas conectan con el quejido ciudadano, con sus sospechas hacia la clase política y con una necesidad creciente de revisión del modelo democrático. La Junta cuenta ya, en el segundo caso, con un documento basado en aportaciones de la sociedad civil que servirá del base al futuro anteproyecto de norma. No será un camino fácil: las consultas y acuerdos populares y los presupuestos participativos son herramientas potencialmente controvertidas desde el punto de vista jurídico. Un equipo de expertos trabaja ya en pulir cada sombra de duda hasta dar con un texto articulado que verá la luz con retraso y nunca antes del próximo otoño. Precisamente para evitar complicaciones, la Administración autonómica o local decidirá en cada caso el grado de vinculación de las iniciativas. Asumirlas como obligatorias les conferiría “carácter referendario”. Y los referéndums con cosa del Estado, como bien recuerda el Estado a la Generalitat.

Uno de los grandes objetivos será ampliar la masa de votantes y opinadores, a veces hasta extremos revolucionarios. En el caso de las consultas -donde siempre se contesta a una pregunta-, podrían opinar los mayores de 16 años, los inmigrantes empadronados en Andalucía (o sea, también los no regularizados) y los residentes en el extranjero cuya última vecindad administrativa haya estado en la comunidad. Si se trata de acuerdos populares y presupuestos participativos, la idea es ampliar la horquilla también a los niños (como sucede, por ejemplo, en el municipio malagueño de Casabermeja).

El Gobierno andaluz, una quinta parte de los diputados, dos grupos parlamentarios, un 10% de los municipios (si representan cuando menos a 500.000 habitantes) o el 3% de la población podrán accionar el mecanismo de la consulta popular. Las cifras y porcentajes están sujetos a cambios porque aquí el documento se limita a sugerir. En casi todo lo demás, la aspiración de la Dirección General de Participación que dirige Manuela Fernández será respetar al máximo la recopilación surgida de los debates. Las consultas nunca podrán versar sobre cuestiones tributarias ni ir contra la Constitución y el Estatuto, el reparto competencial y los proyectos o proposiciones de ley que se estén tramitando en el Parlamento. En el ámbito municipal se habilita la misma vía consultiva. El poder público suscribirá, en cualquier caso, una Declaración de Vinculación donde se pronunciará “sobre el porcentaje de participación y de votos favorables mínimos exigibles, y la aceptación del resultado final”.

Otra novedad es la implantación de los presupuestos participativos a escala autonómica. Se habilitará al efecto una plataforma digital que canalice los debates, propuestas e informes, planificando cada año qué parte del Presupuesto será moldeable; estudiando la viabilidad técnica, económica y legal de las propuestas presentadas; y priorizándolas después.

La principal apuesta, la más ambiciosa, serán los acuerdos participativos. Según el texto, “constituyen un proceso de debate en el que se busca profundizar desde las distintas visiones sobre una cuestión de interés público respecto a la que se esté definiendo una decisión o política pública concreta”. Traducido, el párrafo significa “construir algo” -en palabras de Fernández- a medias con el poder político. Un ejemplo serían las leyes que afecten a “asuntos de especial importancia” para Andalucía.

En las reuniones participarán la Administración u órgano competente, las entidades sociales personadas en el proceso, los expertos en el tema y las personas que se presenten a título particular. El grado de vinculación ha de quedar claro desde el inicio de los trabajos.

Problemas. Llegar al ciudadano será el primero. “La gente normal y corriente no tiene acceso a la información”, admite Fernández. En Suiza, las asociaciones interesadas se inscriben en un registro que les asegura estar al día en los asuntos de su interés. El documento de la Junta habla de campañas divulgativas, uso de los medios de comunicación públicos, penetración en las escuelas y alfabetización digital.

El poder estará obligado por defecto a evaluarse, a medir su compromiso con la democracia directa. Está por ver cómo. De momento, un proyecto ambicioso y a ratos utópico choca con un techo infranqueable: la Constitución. Sin una ley de participación a nivel estatal, el rol del andaluz de a pie estará sujeto a la (¿buena?) voluntad de las Administraciones.

Reforma 13: una alternativa al sistema

Fede Durán | 8 de mayo de 2013 a las 18:46

Llevaban tiempo mascando la idea y ayer la presentaron en internet. Los hispanosuizos Daniel Ordás (abogado y político) y Juan Cortizo (letrado sin política) han diseñado Reforma 13, una alternativa al actual sistema constitucional español concentrada en seis frentes: democracia directa, listas abiertas, políticos milicianos, recauchutado de Congreso y Senado, y elección del Gobierno.

Notorios en los medios nacionales ante la profundidad del divorcio entre los ciudadanos y sus instituciones, su propuesta perturbará a los partidos de raíz conservadora y proverbial endogamia, o sea, a todos los viejos (PSOE, PP, nacionalistas) y alguno de los nuevos (UPyD). Porque, aunque la Carta Magna contempla en su artículo 23 la participación directa del pueblo en los asuntos públicos, ese mandato huele a naftalina.

Apuestas rompedoras hay un puñado. Por ejemplo, las iniciativas legislativas populares vinculantes –herramienta óptima para crear, modificar o eliminar leyes–, a un precio asequible: el 1% del censo electoral (unas 350.000 personas). O los referendos para oponerse a leyes aprobadas en las Cortes. Coste: el 0,5% (175.000). Cambiaría además el sistema de mayorías: las votaciones populares requerirían el 50% más uno de los votos válidos. Y todo voto se concentraría en el segundo domingo de cada trimestre.

Respecto a las listas abiertas, se sugieren dos posibilidades: modificar las que configuren los partidos (tachando candidatos, incluyendo a algunos de otras listas, votando dos veces a un mismo aspirante) o elaborar una a la carta donde quepan tantos nombres como escaños haya en liza. El voto personal (los obtenidos por cada candidato) determinaría el orden de reparto de los escaños y el voto de lista cuántos se lleva cada formación.

Directamente contracultural en esta España del apego a la silla es la concepción de la política como complemento: sólo los miembros de los gobiernos nacional y autonómicos y los de las Diputaciones Permanentes de las Cortes (hasta un tope de 42) ejercerán el cargo a tiempo completo. El resto cobrará unas dietas pero vivirá de la profesión previa. Es lo que en Suiza llaman políticos milicianos. En todos los casos se estrecha el corsé de la transparencia: ambas cámaras publicarán un listado de conflictos de intereses. Cada parlamentario declarará sus afiliaciones extrapolíticas (asociaciones, lobbies). Los rendimientos económicos extraordinarios (aquellos que superen el salario mínimo) se exhibirán con luz y taquígrafos.
Ordás y Cortizo no se olvidan del Congreso y el Senado, de su reparto competencial y de cómo el elector los moldea. Para empezar, ambas sedes tendrán exactamente el mismo poder y, por lo tanto, derecho de veto sobre las iniciativas que adopte su contraparte. Si los debates se enquistan y las leyes se momifican, se creará una comisión mixta compuesta por hasta 30 parlamentarios repartidos al 50%.

A la ley electoral se le da un buen achuchón. Las circunscripciones serán provinciales conforme al método Sainte-Laguë: a cada una le corresponde el número entero resultante de dividir el total de habitantes entre 100.000. Después se comprobará cuántos votos habría logrado cada partido a escala nacional. Aquellas que hayan sido perjudicadas obtendrán los denominados escaños compensatorios. En la Cámara Alta, a cada comunidad autónoma se le asignarán cuatro senadores. Las dos listas más votadas obtendrán dos. La tercera, uno.

¿Y cómo se gestiona el liderazgo? No busquen al presidente porque no lo encontrarán. Vale, eso ya ocurre en España con Mariano Rajoy, pero en este caso la intención es buena. Reforma 13 apuesta por un Gobierno obligatoriamente de coalición. Lo compondrían nueve ministros sin un primus inter pares. Cada partido con representación en las Cortes sugiere sus nueve apellidos y los ciudadanos modifican las listas y las rehacen según sus preferencias. Irían al gabinete quienes obtengan el 50% más uno de los votos o, en segunda ronda, los que logren una mayoría simple. Cada ministro tendría el mismo músculo que los demás, pero existiría un ministro de Presidencia encargado de coordinar la acción del Ejecutivo. Son los nueve líderes los que determinan el reparto de carteras y quién asume la coordinación en una cumbre inaugural y en presencia del Rey. Las decisiones adoptadas en Consejo de Ministros se explicarían inevitablemente en el Parlamento por el dirigente del ramo afectado.

Democracia directa (II)

Fede Durán | 9 de abril de 2013 a las 11:01

“Si en el Congreso existiese el escaño 110, alguien de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca podría haber tomado la palabra en el Pleno. Cuando creamos esa figura, lo hicimos a partir de una reflexión política que también está en la calle: hay que abrir cauces de participación a la ciudadanía. Andalucía ha marcado una pauta que repetirán otros parlamentos autonómicos”.

Manuel Gracia (Peñarroya-Pueblo Nuevo, 1946) es un político valiente. Su cargo, la Presidencia del Parlamento andaluz, no es una burbuja impenetrable. Es consciente del problema que arrostra la política y de la exigencia que se mueve en la sociedad. Conoce los ejemplos de otros países pioneros en la democracia directa o participativa, adjudicándoles virtudes y defectos como a cualquier otro invento humano. Y lanza un mensaje claro: el modelo español debe mejorar, reconvirtiéndose en un entramado institucional menos estanco, más poroso.

-Pero me concederá que el escaño 110 es apenas una muestra de buena voluntad política.

-Hay que complementar la democracia representativa con instrumentos de democracia directa. Necesitamos más pasos en esa dirección. Por eso planteé en mi discurso del último 28-F la posibilidad de que los ciudadanos presenten enmiendas a los proyectos legislativos del Parlamento. Aún espero una respuesta de los partidos.

-Sinceramente, sigue pareciendo poco.

-Yo no hablo sólo de mecanismos de intervención en el proceso de elaboración de las leyes sino también de ahondar en la transparencia, y no sólo referida a lo que un diputado gana o al patrimonio que acumula (ahí ya se han producido avances), sino a la rendición de cuentas que deben a sus electores. La gente tiene derecho a saber en qué consiste su actividad parlamentaria, qué iniciativas presenta a lo largo de la legislatura, qué vota, cuántas veces asiste o deja de asistir.

-Esa reflexión evoca una cultura política de raíz anglosajona cuya esencia es la indisciplina de voto o, dicho de otra manera, el compromiso que cada diputado asume no necesariamente con sus siglas sino en primera instancia con sus votantes. Hemos visto a más de un tory soliviantar a David Cameron. Por no hablar de las dinámicas del Senado o la Cámara de Representantes en EEUU.

-Nuestra raíz en ese ámbito es latina y está mucho más basada en la unidad, pero no estoy en contra de ese planteamiento. La prioridad es singularizar la actividad del diputado. Y desbloquear las listas electorales. Incluso crear circunscripciones más reducidas para que el votante identifique, conozca más fácilmente a los candidatos.

-El caso islandés es único en el mundo. Con 331.000 habitantes, tras ser rescatada, la isla decidió reinventarse desde la democracia directa. La nueva Constitución se nutrió de las aportaciones de los internautas. Además, en un doble referéndum, la población decidió bloquear el pago de la deuda de la banca.

-Y pudieron hacerlo precisamente por eso: porque son un país pequeño y manejable.

-¿Establece alguna línea roja en esta redefinición del modelo hacia la que aparente y tímidamente caminan Andalucía y España?

-Todos los instrumentos de democracia directa que se decida crear -y ya sabemos que son múltiples, a veces complejos y no siempre efectivos-, tienen en mi opinión un solo límite: el derecho de voto.

-¿Por qué?

-Porque la Constitución establece claramente que el pueblo delega ese derecho en las Cortes y los parlamentos. California [en bancarrota] demuestra que no se puede hacer demagogia con la democracia directa. En Suiza funciona mejor, pero de nuevo volvemos a la cuestión del tamaño: los cantones engloban a pequeños porcentajes de población.

-Le pongo otro ejemplo: Rio Grande do Sul, en Brasil. Democracia digital, como en Islandia. Los electores imponen al Gobierno estatal debates o problemáticas sobre los que obligatoriamente tienen que pronunciarse. Pero eso presupone que todo el mundo tiene acceso a internet. Y que las oportunidades que brinda el sistema se conocen.

-Obviamente, una tarea pendiente de la política es inducir a la población a participar, porque muchos ciudadanos ni siquiera saben que existe esa oportunidad. La virtud de la iniciativa legislativa popular sobre los desahucios es que gracias a su gran impacto mediático muchas personas han descubierto que existe ese cauce jurídico para hacer llegar sensibilidades que están en la calle al político.

Inciso: el escaño 110 no se ha utilizado todavía. Ningún miembro de ningún colectivo promotor ha subido a la tribuna de oradores del Parlamento autonómico. Aunque es la fórmula más innovadora, no es la única. Las reglas de juego andaluzas permiten: 1. Preguntas de iniciativa ciudadana, que autorizan a cualquier residente o persona jurídica establecida en la región a dirigirse al Consejo de Gobierno o a cualquiera de sus miembros para obtener una respuesta oral, pero siempre que un diputado asuma dicha pregunta. 2. Participación de los sectores afectados por una norma en curso, siempre que lo propongan los diputados y grupos parlamentarios. 3. Convocatorias a cargo de la Junta o los entes locales -y en el ámbito de sus competencias exclusivas- de audiencias públicas, encuestas y cualquier otro foro de participación, con la excepción del referéndum.

-Ni siquiera IU propone un modelo integral de democracia directa.

-Realmente, un modelo híbrido es más razonable. Convertir el sistema político en un sistema de carácter asambleario sólo es manejable en núcleos poblacionales muy pequeños, en el ámbito de determinados municipios o países, pero nunca con circunscripciones del tamaño de las nuestras. Existe un problema en la democracia representativa, dudo que algún político sea ajeno a esa convicción, y por eso tenemos que arriesgarnos a buscar fórmulas nuevas. Pero la base del sistema representativo es hoy por hoy insustituible. El modelo que surgió de la Transición dio mucho protagonismo a los partidos porque habían estado prohibidos. Ahora deben abrirse.

Sobre la democracia directa

Fede Durán | 7 de abril de 2013 a las 19:03

En una de las primeras escenas de Django Desencadenado, dos tipos se dirigen directamente a la taberna de un pueblucho cualquiera del Oeste americano del siglo XIX. Al entrar, el tabernero, ocupado en ordenar el stock, les da la espalda pero formula una suave negativa. Aún está cerrado, caballeros. Al girarse, su rostro se crispa. Junto al muy procesable doctor King Schultz, blanco y alemán, destaca la recia figura del negro liberto Django, un maldito intruso. Ése es exactamente el sentimiento que en las viejas mentes políticas producen dos palabras cada día más presentes en la España de la eterna pájara: democracia directa. Django.

Consciente de la brecha creciente entre representantes y representados, José Antonio Griñán, presidente de la Junta, aprovechó el último Debate del estado de la Comunidad, celebrado en junio de 2011, para lanzar una idea presuntamente rompedora. El escaño 110 permitiría al ciudadano expresarse en la casa del poder legislativo. Pero era una bala de fogueo. Una voz no vale sin un voto. Y un voto civil tampoco es que pese demasiado frente a 109 votos gremiales.

Daniel Ordás, político hispanosuizo y autor de un celebrado ensayo sobre la democracia directa, cambia escaño por engaño: “El problema básico es que el órgano que decide al final es el Parlamento, así que sólo prosperará lo que al Parlamento le guste”. Ordás explica el esquema de Suiza. “Allí se distingue entre el derecho de petición, la iniciativa popular, el referéndum y la votación popular”. Derecho de petición: cualquier ciudadano puede hacer una propuesta. No se requieren firmas. El Parlamento sólo está obligado a contestar. ILP: un número concreto de ciudadanos propone una ley o una reforma constitucional. El Parlamento hace una contrapropuesta si lo estima conveniente. Decide la gente en votación popular. Referéndum: el Parlamento elabora una ley y, tras su publicación en el boletín oficial, se habilita un plazo de recogida de firmas en contra. Deciden nuevamente los ciudadanos. Votación popular: los referéndums y las iniciativas se votan cuatro domingos al año. Cada cuatro años se eligen asimismo los gobiernos municipales, cantonales y estatales mediante listas abiertas. “Creo que los instrumentos meramente consultivos y de propuesta sólo sirven para relajar la conciencia de los gobernantes”, concluye.

Transplantar el modelo helvético es una apuesta ambiciosa, pero el ordenamiento jurídico permite soluciones más sencillas a corto plazo. “El sistema político español necesita renovarse en profundidad. Se ha superado el nivel de lo soportable en cuanto a irresponsabilidad. La negligencia ha sido absoluta al fomentar y permitir al poder financiero crear burbujas que han destruido la economía del país. La democracia directa o participativa puede ser una respuesta. Aunque no olvidemos que es factible adoptar todavía algunas medidas que beneficien la democracia representativa. Por ejemplo, la desaparición de las listas cerradas y bloqueadas y, sobre todo, la limitación de mandatos parlamentarios y gubernamentales”, sostiene Gerardo Ruiz Rico, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Jaén.

“La Constitución de 1978 no fue muy generosa a la hora de reconocer los mecanismos para que los ciudadanos participen directamente en los asuntos públicos que les incumben. Apenas un referéndum con valor consultivo y una iniciativa legislativa popular que puede quedar bloqueada a las puertas de las Cortes, o alterada -como está ocurriendo con la presentada hace poco sobre los procedimientos de desahucios- por la mayoría que sostiene al Gobierno. Ni siquiera la reforma constitucional en asuntos tan transcendentales como la sagrada estabilidad presupuestaria ha merecido una consulta ciudadana. Lamentable el grado de desconfianza de la clase política hacia los ciudadanos que les dan sustento electoral”, argumenta Ruiz Rico.

Andalucía cuenta, en cualquier caso, con un mandato de democratización 2.0 autoimpuesto por la casta en la reforma del Estatuto (2007). “La participación de los andaluces en la elaboración, prestación y evaluación de las políticas públicas del Gobierno regional no ha recibido respuesta alguna, ni se la espera por ahora”, critica el catedrático.

La presión de IU, hoy socia del PSOE, ha permitido avanzar por otro canal. La directora general de Participación Ciudadana, Manuela Fernández, coordina la ley del mismo nombre con varias metas: incidir en los Presupuestos de la Junta, en la legislación y en el diseño y evaluación de las políticas públicas. El mandato perdido al que alude Ruiz Rico. Las herramientas necesarias para materializarlo son infinitas. Aunque actualmente se debaten en talleres y asambleas, ante asociaciones, expertos, voluntarios, académicos y vecinos de a pie, Fernández avanza algunas: las consultas populares, “vinculantes o no, ahí está el problema”; y la democracia digital, “que va mucho más allá de votar por internet” aunque también plantee la duda de cuántos acceden a las nuevas tecnologías del total de la población.

A finales de mayo o principios de junio, Diego Valderas presentará el anteproyecto de ley, pero el camino es aún largo y las incógnitas numerosas. Las listas abiertas no serán incluidas. Tampoco un giro radical a la suiza. “Esta norma choca con intereses económicos y de poder. No va a solucionar la falta de control del ciudadano a las entidades financieras ni los graves problemas que se acentúan con la crisis”, admite la directora general.

Parte del debate se fundamenta en el mito. Ningún modelo es perfecto. Suiza votó y aprobó un polémico endurecimiento de sus políticas sobre inmigración en 2010. California vive en la bancarrota desde que sus electores optaron por la fórmula impuestos bajos-prestaciones sociales generosas. Las campañas mediáticas, orquestadas por potentes lobbies, condicionan a muchos. “Es preferible una solución híbrida”, arranca Patricia García Leyva, doctora en Psicología, profesora de la Universidad de Málaga y experta en procesos participativos. Ahí va su trío de ases. Democracia digital: “Rio Grande do Sul (Brasil) es el mejor espejo. La gente condiciona el tema sobre el que ha de debatir el Gobierno decidiéndolo desde internet. Luego el Gobierno debe trasladar su corolario”. Jurados populares: “eliges gente al azar por sectores y ese microsector resultante discute sobre cómo trabajar un determinado asunto (así se diseñó parcialmente la Ley de Aguas de Andalucía)”. Presupuestos participativos: “la ciudadanía puede decidir dos cosas: cómo se ejecuta un porcentaje del presupuesto y/o cómo se recauda. El ejemplo es Porto Alegre”.

El invento tiene otra pega. Las iniciativas de este tipo tienden a arrastrar a personas identificadas con el perfil ideológico del convocante. García Leyva matiza. “En Portugal se elaboró un estudio que demuestra que, poco a poco, las asambleas y los debates ganan en popularidad. A los cinco años el espectro político se amplía. La clave es convocar sin siglas, porque esto no nace necesariamente del centroziquierda: ahí están los movimientos vecinales, de raíz conservadora, igual que las cofradías, ambos actores muy activos”.

Independientemente del formato elegido, del grado de apertura de la política y de los resultados cosechados, el contacto entre distintos, apunta García Leyva, es terapéutico porque “cara a cara las cosas salen mejor”. “También ahí se viven estancamientos en el diálogo por los extremos, pero la situación al final la canalizan y reconducen los moderados”.

¿Y qué opina el estamento afectado? Los tres partidos presentes en la Cámara andaluza respaldaron el escaño 110, una simple golosina. Los planteamientos de fondo, sin embargo, difieren. IU no pestañea: su apuesta es inequívoca. Manda su espíritu asambleario. Enrique Benítez, diputado socialista, se inclina por la aristotélica virtud del término medio. “En Suiza la participación media es del 13% y el voto femenino se aprobó en 1973. Los partidos tradicionales debemos garantizar que la sociedad no va a empeorar vía populismo”. Para justificar esa líneas roja, lanza dos hipótesis. “Una. El Algarrobico. ¿Qué defenderían en Carboneras si se les diese la oportunidad de un referéndum? Dos. La pena de muerte. En determinados momentos de su historia reciente, España habría votado a favor”. ¿Listas abiertas? “La gente no tiene información suficiente, y además no se garantiza un número mínimo de mujeres”. ¿Limitación de mandatos? “Por supuesto. Ocho años”. ¿Disciplina de voto? “No. A veces no”.

Rafael Salas, escaño adscrito al PP, es el siguiente grado en la escala. “El pueblo ya decide cada cuatro años cuando deposita la papeleta en las urnas”, afirma. “Lo que la gente quiere es transparencia y rapidez. La Administración no debe ser una pesadilla”, continúa. “La democracia directa es muy compleja. Yo creo en el entramado institucional que establece la Constitución. Lo demás son experimentos”, remata. Por si acaso, tres motivos para descargar al PP de sospechas. A. “Fuimos los primeros en indicar la necesidad de reformar la ley sobre iniciativas legislativas populares”. B. “Queremos modificar el derecho de petición en el Parlamento”. C. “Parece un invento de la izquierda, pero Valencia aprobó en 2008 la mejor ley de participación del país”.

Como ningún vivo se ha atrevido con el extremo opuesto al planteamiento inicial, resucitamos a Churchill para la causa: “El mejor argumento en contra de la democracia es una conversación de cinco minutos con el votante medio”. Por la directa ni le preguntamos.

Pecados, avances, pecados

Fede Durán | 15 de marzo de 2013 a las 10:47

EN la vida real, la verdadera, en la esfera de poder de la política, raras veces deciden -y esto es algo que hay que recalcar, como advertencia contra toda credulidad política- las figuras superiores, los hombres de ideas puras, sino un género mucho menos valioso, pero más hábil: las figuras que ocupan el segundo plano”.

La frase, incluida en el prefacio de la gloriosa biografía de Zweig sobre Fouché, constituye el mejor matiz ante lo que sigue, que no es negativo pero sí derrochador: por primera vez desde el inicio del curso parlamentario 2013, IU planteó un tímido reproche común a PSOE y PP por sus reticencias hacia la democracia participativa. La defendió desde su escaño José Antonio Castro, también levemente, casándola al destino de una futura y aún incierta ley andaluza de consultas, y mezclándola con el esfuerzo por la transparencia que, según José Antonio Griñán, culminará en abril con un primer texto exploratorio.

Supongamos que Castro sea una figura superior, un hombre de ideas puras. Incluso así estaría sometido a la dictadura del segundo plano, del orgánico (IU) y del ajeno (el resto de partidos, presentes o no en la Cámara). Y ese segundo plano global piensa homogéneamente en un lienzo sin grietas. Desde las entrañas de ese poder que Bergoglio ya consideraba peligroso en sus misas argentinas, desde el corazón de la partitocracia, la aparición del ciudadano a la suiza es una seria amenaza.

Castro citó a Fernando Villaespín: “La democracia se encuentra en una pinza entre los tecnócratas y el populismo. El sistema se ha quedado sin alma”. En realidad, la democracia permanece inmovilizada en la telaraña del voto delegado, la ausencia de controles y la consiguiente elusión de responsabilidades. El sistema jamás ha tenido alma. No al menos por estos lares.

A Griñán le ocurre lo mismo que a Castro, pero en mayor medida. Su pureza y su superioridad se ven empañadas por una desproporcionada horda de secundarios. La Junta es un país demasiado grande, demasiado inabarcable, demasiado rebelde a las riendas de un jinete sabio. El caso de los ERE es paradigmático.

Si IU levantó contenidamente la voz -y eso siempre es una buena noticia cuando el destinatario del reproche es un socio de Gobierno: democracia desacomplejada-, el PP varió el rumbo de sus últimos ataques, bajando al presidente del Ejecutivo autonómico del trono a la platea con cifras. Dada la naturaleza deshilachada de la retórica zoidiana, el plano de los hechos es sin duda el más efectivo. Juan Ignacio Zoido preguntó por la deuda que la Junta arrastra con los ayuntamientos, esperó una respuesta que no llegó y concretó por su cuenta: 400 millones de euros, incluidos 128 a las capitales de provincia, ninguna de las cuales está hoy en manos del PSOE.

Hay trasfondo, claro: la guerra abierta en la FAMP, el intento del PP de ganar visibilidad por otra vía institucional o la reforma local de Rajoy. A la segunda, Griñán contestó disfrazado de jesuita, la orden de moda desde el miércoles: la Junta se hizo cargo en su día de la deuda de todos los ayuntamientos con menos de 1.500 habitantes y refinanció a otros 300, ofreció anticipos, alumbró calles, arregló casas consistoriales y rescató mercados de abastos [para eliminar suspicacias por el adjetivo elegido, que conste en acta que Fouché fue oratoriano. Francia expulsó a los jesuitas en 1762].

Y la vida sigue y los pecados se repiten. PSOE e IU conservan intacta su obsesión con el enemigo madrileño, una obsesión que en el caso socialista se diluye cuando desembarca un presidente amigo y que convierte en cualquier caso la política andaluza en una filial secundaria de las Cortes. Aunque, bien visto, sabiendo el rol que Zweig reserva a los personajes entre bambalinas, quizás Andalucía destaque, para sorpresa de todos, como amazona y pionera de una nación que necesita reinventarse. La vida sigue y los pecados se repiten porque a Zoido le falta consistencia, y esa debilidad genera en Griñán una sensación de superioridad aplastante. ¿Quién le escribe los discursos al líder del PP? ¿Improvisa? Las citas, las reflexiones, los posos culturales y geopolíticos son bienvenidos cuando contextualizan y enriquecen. En caso contrario suenan sinceramente ridículos. Obama y Merkel desentonan en las Cinco Llagas.

Nuestro Grillo

Fede Durán | 5 de marzo de 2013 a las 11:19

CON el zoom encendido, la ausencia de democracia directa implica, por ejemplo, que todo un vecindario como la Alameda de Hércules tiemble ante la posibilidad de que el alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, logre sacar adelante un proyecto de macroaparcamiento en pleno bulevar. El impacto sobre los ciudadanos empadronados y contribuyentes sería infinitamente superior al supuesto beneficio que la obra generaría al resto de la población. Pero la voz más afectada es también la más débil, la que menos cuenta en una cadena de decisiones que afortunadamente no acaba en la Alcaldía sino en la Junta. Con el zoom apagado, el Gobierno español aplica básicamente las recetas anticrisis que le prescriben Bruselas y Alemania, el cuasi germano BCE y el ala derecha del pensamiento económico mundial. Por eso suben el IVA o el IRPF, por eso es más barato despedir, por eso la banca es el único sector que puede reconstruirse sin pagar por sus excesos.

Los políticos temen la democracia directa porque mermaría su poder y su ego. No entienden que, a diferencia de lo habitual ahora, su responsabilidad ante los errores se diluiría, aunque de hecho los errores apenas impliquen en España condenas o destierros. La democracia directa encierra otras ventajas, y Suiza es el espejo mágico: cuatro domingos al año, los ciudadanos votan los proyectos de ley, las consultas, las decisiones impopulares que aquí se avalan a golpe de decreto. Las listas son abiertas. No hay sueldos sino dietas, de manera que un político jamás puede dedicarse sólo a la política; necesita un trabajo, y el trabajo es dinero, y el dinero (a veces) diluye o refrena la ambición.

España pide a gritos algo parecido a Beppe Grillo, al que se acusa de populista (como si nuestros líderes no lo fueran) e incluso de neofascista (como si aquí el neofascismo tampoco existiera), olvidando lo que su Movimiento 5 Estrellas ha logrado en Sicilia o el tejido humano que conforma sus fuerzas en el Senado y la Cámara de Diputados tras las sorprendentes elecciones italianas del 24-25 de febrero. En el M5S abundan la juventud, los profesionales no alineados, los activistas, una suerte de conciencia social renovada que tacha la palabra poder y la sustituye por servicio público y honrado.

Grillo era sólo el orador, el actor si quieren, la ventosa que atrae a los inconformistas. Independientemente de lo que haga para favorecer o destruir desde ya el sistema en Italia, ha creado una ola de esperanza, una tercera vía real. Quien intente emularle será al principio un Benedetto Croce a la española, un enano a contracorriente, rodeado por los espías de la partitocracia, desprestigiado por los analistas áulicos y los escépticos, aprisionado y alimentado en las cuatro paredes de su apartamento forrado de ideas de regeneración. Es imposible pretender que un partido apolítico sea como las hidras o los ciempiés. No, mejor una o pocas cabezas y un par o pocos pares de pies para absorber el inmenso descontento que también en este país hermano envenena el aire.