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Sobre la democracia directa

Fede Durán | 7 de abril de 2013 a las 19:03

En una de las primeras escenas de Django Desencadenado, dos tipos se dirigen directamente a la taberna de un pueblucho cualquiera del Oeste americano del siglo XIX. Al entrar, el tabernero, ocupado en ordenar el stock, les da la espalda pero formula una suave negativa. Aún está cerrado, caballeros. Al girarse, su rostro se crispa. Junto al muy procesable doctor King Schultz, blanco y alemán, destaca la recia figura del negro liberto Django, un maldito intruso. Ése es exactamente el sentimiento que en las viejas mentes políticas producen dos palabras cada día más presentes en la España de la eterna pájara: democracia directa. Django.

Consciente de la brecha creciente entre representantes y representados, José Antonio Griñán, presidente de la Junta, aprovechó el último Debate del estado de la Comunidad, celebrado en junio de 2011, para lanzar una idea presuntamente rompedora. El escaño 110 permitiría al ciudadano expresarse en la casa del poder legislativo. Pero era una bala de fogueo. Una voz no vale sin un voto. Y un voto civil tampoco es que pese demasiado frente a 109 votos gremiales.

Daniel Ordás, político hispanosuizo y autor de un celebrado ensayo sobre la democracia directa, cambia escaño por engaño: “El problema básico es que el órgano que decide al final es el Parlamento, así que sólo prosperará lo que al Parlamento le guste”. Ordás explica el esquema de Suiza. “Allí se distingue entre el derecho de petición, la iniciativa popular, el referéndum y la votación popular”. Derecho de petición: cualquier ciudadano puede hacer una propuesta. No se requieren firmas. El Parlamento sólo está obligado a contestar. ILP: un número concreto de ciudadanos propone una ley o una reforma constitucional. El Parlamento hace una contrapropuesta si lo estima conveniente. Decide la gente en votación popular. Referéndum: el Parlamento elabora una ley y, tras su publicación en el boletín oficial, se habilita un plazo de recogida de firmas en contra. Deciden nuevamente los ciudadanos. Votación popular: los referéndums y las iniciativas se votan cuatro domingos al año. Cada cuatro años se eligen asimismo los gobiernos municipales, cantonales y estatales mediante listas abiertas. “Creo que los instrumentos meramente consultivos y de propuesta sólo sirven para relajar la conciencia de los gobernantes”, concluye.

Transplantar el modelo helvético es una apuesta ambiciosa, pero el ordenamiento jurídico permite soluciones más sencillas a corto plazo. “El sistema político español necesita renovarse en profundidad. Se ha superado el nivel de lo soportable en cuanto a irresponsabilidad. La negligencia ha sido absoluta al fomentar y permitir al poder financiero crear burbujas que han destruido la economía del país. La democracia directa o participativa puede ser una respuesta. Aunque no olvidemos que es factible adoptar todavía algunas medidas que beneficien la democracia representativa. Por ejemplo, la desaparición de las listas cerradas y bloqueadas y, sobre todo, la limitación de mandatos parlamentarios y gubernamentales”, sostiene Gerardo Ruiz Rico, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Jaén.

“La Constitución de 1978 no fue muy generosa a la hora de reconocer los mecanismos para que los ciudadanos participen directamente en los asuntos públicos que les incumben. Apenas un referéndum con valor consultivo y una iniciativa legislativa popular que puede quedar bloqueada a las puertas de las Cortes, o alterada -como está ocurriendo con la presentada hace poco sobre los procedimientos de desahucios- por la mayoría que sostiene al Gobierno. Ni siquiera la reforma constitucional en asuntos tan transcendentales como la sagrada estabilidad presupuestaria ha merecido una consulta ciudadana. Lamentable el grado de desconfianza de la clase política hacia los ciudadanos que les dan sustento electoral”, argumenta Ruiz Rico.

Andalucía cuenta, en cualquier caso, con un mandato de democratización 2.0 autoimpuesto por la casta en la reforma del Estatuto (2007). “La participación de los andaluces en la elaboración, prestación y evaluación de las políticas públicas del Gobierno regional no ha recibido respuesta alguna, ni se la espera por ahora”, critica el catedrático.

La presión de IU, hoy socia del PSOE, ha permitido avanzar por otro canal. La directora general de Participación Ciudadana, Manuela Fernández, coordina la ley del mismo nombre con varias metas: incidir en los Presupuestos de la Junta, en la legislación y en el diseño y evaluación de las políticas públicas. El mandato perdido al que alude Ruiz Rico. Las herramientas necesarias para materializarlo son infinitas. Aunque actualmente se debaten en talleres y asambleas, ante asociaciones, expertos, voluntarios, académicos y vecinos de a pie, Fernández avanza algunas: las consultas populares, “vinculantes o no, ahí está el problema”; y la democracia digital, “que va mucho más allá de votar por internet” aunque también plantee la duda de cuántos acceden a las nuevas tecnologías del total de la población.

A finales de mayo o principios de junio, Diego Valderas presentará el anteproyecto de ley, pero el camino es aún largo y las incógnitas numerosas. Las listas abiertas no serán incluidas. Tampoco un giro radical a la suiza. “Esta norma choca con intereses económicos y de poder. No va a solucionar la falta de control del ciudadano a las entidades financieras ni los graves problemas que se acentúan con la crisis”, admite la directora general.

Parte del debate se fundamenta en el mito. Ningún modelo es perfecto. Suiza votó y aprobó un polémico endurecimiento de sus políticas sobre inmigración en 2010. California vive en la bancarrota desde que sus electores optaron por la fórmula impuestos bajos-prestaciones sociales generosas. Las campañas mediáticas, orquestadas por potentes lobbies, condicionan a muchos. “Es preferible una solución híbrida”, arranca Patricia García Leyva, doctora en Psicología, profesora de la Universidad de Málaga y experta en procesos participativos. Ahí va su trío de ases. Democracia digital: “Rio Grande do Sul (Brasil) es el mejor espejo. La gente condiciona el tema sobre el que ha de debatir el Gobierno decidiéndolo desde internet. Luego el Gobierno debe trasladar su corolario”. Jurados populares: “eliges gente al azar por sectores y ese microsector resultante discute sobre cómo trabajar un determinado asunto (así se diseñó parcialmente la Ley de Aguas de Andalucía)”. Presupuestos participativos: “la ciudadanía puede decidir dos cosas: cómo se ejecuta un porcentaje del presupuesto y/o cómo se recauda. El ejemplo es Porto Alegre”.

El invento tiene otra pega. Las iniciativas de este tipo tienden a arrastrar a personas identificadas con el perfil ideológico del convocante. García Leyva matiza. “En Portugal se elaboró un estudio que demuestra que, poco a poco, las asambleas y los debates ganan en popularidad. A los cinco años el espectro político se amplía. La clave es convocar sin siglas, porque esto no nace necesariamente del centroziquierda: ahí están los movimientos vecinales, de raíz conservadora, igual que las cofradías, ambos actores muy activos”.

Independientemente del formato elegido, del grado de apertura de la política y de los resultados cosechados, el contacto entre distintos, apunta García Leyva, es terapéutico porque “cara a cara las cosas salen mejor”. “También ahí se viven estancamientos en el diálogo por los extremos, pero la situación al final la canalizan y reconducen los moderados”.

¿Y qué opina el estamento afectado? Los tres partidos presentes en la Cámara andaluza respaldaron el escaño 110, una simple golosina. Los planteamientos de fondo, sin embargo, difieren. IU no pestañea: su apuesta es inequívoca. Manda su espíritu asambleario. Enrique Benítez, diputado socialista, se inclina por la aristotélica virtud del término medio. “En Suiza la participación media es del 13% y el voto femenino se aprobó en 1973. Los partidos tradicionales debemos garantizar que la sociedad no va a empeorar vía populismo”. Para justificar esa líneas roja, lanza dos hipótesis. “Una. El Algarrobico. ¿Qué defenderían en Carboneras si se les diese la oportunidad de un referéndum? Dos. La pena de muerte. En determinados momentos de su historia reciente, España habría votado a favor”. ¿Listas abiertas? “La gente no tiene información suficiente, y además no se garantiza un número mínimo de mujeres”. ¿Limitación de mandatos? “Por supuesto. Ocho años”. ¿Disciplina de voto? “No. A veces no”.

Rafael Salas, escaño adscrito al PP, es el siguiente grado en la escala. “El pueblo ya decide cada cuatro años cuando deposita la papeleta en las urnas”, afirma. “Lo que la gente quiere es transparencia y rapidez. La Administración no debe ser una pesadilla”, continúa. “La democracia directa es muy compleja. Yo creo en el entramado institucional que establece la Constitución. Lo demás son experimentos”, remata. Por si acaso, tres motivos para descargar al PP de sospechas. A. “Fuimos los primeros en indicar la necesidad de reformar la ley sobre iniciativas legislativas populares”. B. “Queremos modificar el derecho de petición en el Parlamento”. C. “Parece un invento de la izquierda, pero Valencia aprobó en 2008 la mejor ley de participación del país”.

Como ningún vivo se ha atrevido con el extremo opuesto al planteamiento inicial, resucitamos a Churchill para la causa: “El mejor argumento en contra de la democracia es una conversación de cinco minutos con el votante medio”. Por la directa ni le preguntamos.

España: renovarse o morir

Fede Durán | 15 de octubre de 2012 a las 19:25

Esta mañana viajaba en el aerobús que conecta Barcelona con la T-1 aún bajo las sombras de la madrugada y la plancha del sueño de acero. El chófer escuchaba Catalunya Ràdio. La palabra Cataluña sonó al menos veinte veces en menos de cinco minutos. De la Transición a esta parte, la identidad catalana se ha forjado desde la política (nacionalista), pero sobre todo desde los medios de comunicación.

Rajoy enfoca mal el problema. Es la silueta perfectamente definida por Dionisio Ridruejo en 1955: “El español lo espera todo de un milagro, lo que unido a su poca imaginación y a su falta de libertad interior nos da su incapacidad para la vida de convivencia”.

En el fondo, cree que Mas va de farol. Y se sabe arropado por el marco constitucional y comunitario. Su táctica: no, no, no (y perdonen si me acuerdo justo ahora de la Winehouse). Pero quizás haya llegado la hora de barajar opciones. La sangre no debería ser del siglo XXI ni de Europa o España, que ya vertieron suficiente en el XX. La simple negación tampoco: no deja de ser gasolina en la hoguera. Toca negociar, y ahí caben dos opciones. O se negocia el mapa de la independencia a lo british, civilizadamente, previa autorización de la consulta y siempre que ésta refleje un posicionamiento masivo; o se negocia un nuevo Estado.

Negociar un nuevo Estado es difícil. Requiere altura de miras, característica poco común en la política contemporánea. Y exige valentía para: A. Vertebrar un sistema de financiación donde las compensaciones interterritoriales no mermen la competitividad de las regiones más productivas (es lo que reclamaba al fin y al cabo CiU hasta cambiarse a la chaqueta, más radical, de la secesión). Ya es hora de que los más pobres (Extremadura, Andalucía, Canarias) se desprendan del jergón del victimismo (victimismo históricamente justificado en bastantes casos, cierto) y aprendan a pelear por sí solos, con generosa ambición y sujetos a una sociedad infinitamente más fiscalizadora de la gestión política. B. Tocar los párrafos de la Constitución necesarios para convertir el Senado en otra cosa; reformar el sistema electoral; jubilar la Monarquía; acabar con los fueros vascos y navarros; y garantizar un mínimo tronco común que dé sentido, aunque sea livianamente, a la siempre discutida idea de España.

La España federal, o más federal (el Estado autonómico ya ensaya esa fórmula), encierra peligros bien conocidos. El principal es la profundización en las miniestructuras de país, las duplicidades, la amenaza del mercado único, la segmentación al fin y al cabo irreversible e ineficaz. En Bélgica, flamencos y valones firmaron la sentencia del muerte del entendimiento cuando decidieron dejar de concurrir bajo las mismas siglas políticas (socialistas, conservadores) para diferenciarse por ideas pero también por idiomas.

El sábado almorcé en El Raval con un buen amigo catalán e independentista. Creo que el tono del debate fue modélico, una muestra de cómo podrían ser las cosas en esta España tan habitualmente vehemente y espumosa. Él, periodista como yo, admitía que Cataluña no necesita inexorablemente la independencia sino un marco más adaptado a sus aspiraciones. Incluso con independencia, me decía, España y Cataluña deberían caminar juntas. Una especie de asociación entre iguales. No sé si comparto el enunciado de la fórmula a lo Puerto Rico, pero me temo que no existen alternativas realistas: o Cataluña gana poder o Cataluña se marcha.

Otra cosa es que nos guste más o menos que se marche. Objetivamente no creo que existan dudas: en el corto plazo, las consecuencias serían pésimas para España, que perdería el 20% de su PIB y casi ocho millones de habitantes (importantes, por ejemplo, en la asignación de eurodiputados), y tampoco coserían y cantarían los catalanes, abocados de primeras a un aislamiento internacional y sometidos al imprevisible factor emocional de la economía en sus intercambios comerciales con sus ex compatriotas.

PP y PSOE tienen dos problemas casi irresolubles. No crearán una posición común (uno) porque sus dirigentes, sus bases y sus canteras son mediocres (dos). Rajoy transmitirá de Rubalcaba la imagen de un vendepatrias. Rubalcaba endosará a Rajoy el monigote de la parálisis. Y entretanto el problema se enquistará. Observen a Cameron y Salmond, cordialmente discrepantes pero a la vez suficientemente maduros como para pactar las condiciones de un referéndum y aceptar el consiguiente resultado sea cual sea.

Posiblemente Ortega tuviese razón. Posiblemente el caso catalán no sea solventable sino tan solo soportable. Si así fuera, convendría exhibir la misma madurez que ingleses y escoceses, compartir mesa, cerrar los términos del acuerdo y encarrilarlo lo menos lesivamente posible. Nadie quiere amar a quien no le ama. Eso se lo dejamos a los antiguos reyes.

Cataluña, Madrid, Andalucía y Bruselas

Fede Durán | 2 de octubre de 2012 a las 18:41

El problema de la independencia catalana se está quizás planteando desde una perspectiva errónea. Al menos hasta que las intenciones de CiU queden del todo claras. Los independentistas (que no son siempre sinónimo de Convergència y mucho menos de Unió) basan su legitimidad en el clamor popular. No pretenden alcanzar acuerdos con el resto del país sino rebasar la meta ideal. No quieren medias tintas ni medios premios. Queda claro, pues, que lo primero es determinar cuál es el pronunciamiento de la sociedad catalana. Un referéndum es aparentemente ilegal, pero convendría pactar la fórmula que permita a los catalanes expresarse por un motivo muy útil: Cuando el país sepa lo que quieren, será más fácil actuar en consecuencia.

Dos matices: la respuesta a la pregunta del referéndum debería ser, en uno u otro sentido, abrumadoramente mayoritaria, aunque un no vencedor requiere menos contundencia porque es más fácil mantener un Estado que desguazarlo. Es el independentismo el que ha de trabajar a tope, y no debería resultarle difícil: la educación nacionalista ha sembrado una semilla que ya es imposible de obviar. No se trata de razones históricas ni de argumentos políticos. En primera instancia, se trata, simple y llanamente, de sentimientos y sensibilidades. El olivo (por usar una parábola mediterránea) ya mide tres metros.

Actuar en consecuencia no es llevar los tanques a Barcelona (la propuesta ha partido de un catalán, Vidal-Quadras, que en realidad habló de la Guardia Civil). Actuar en consecuencia es abrir una negociación donde, en función del resultado de la consulta, los esfuerzos giren en una u otra dirección. O reforma del Estado o separación. Ninguna de las dos salidas es sencilla. Si el Estado se reforma, será para contentar a Cataluña y el País Vasco, dos de las tres históricas, y hacerlo implica forzosamente ahondar en un modelo, el federal, que se ha mostrado terriblemente ineficaz en términos económicos y de cohesión. Si Rajoy quiere un mercado único, ¿cómo se come una inyección federalista aún más potente que la esbozada en 1978? La secesión tampoco sería coser y cantar. Hay que hacer muchas, muchísimas cuentas. El dinero nada tiene que ver con el romanticismo de una aspiración. El futuro de Cataluña condiciona el del resto de España. Los políticos catalanes podrían alegar que nada deben al país puesto que han sido sometidos a un expolio permanente. Ese supuesto expolio se llama principio de igualdad, está recogido en la Constitución y prevé que las comunidades ricas contribuyan a la equiparación de las pobres en la prestación de los servicios públicos fundamentales y el despliegue de las infraestructuras necesarias. El Gobierno, en tal caso, podría retrotraerse al siglo XVIII y recordar el monopolio del que gozaba Cataluña en la colocación de sus productos entre sus todavía compatriotas. Será una discusión durísima con cientos de miles de argumentos a favor de unos y otros.

 El movimiento de CiU ha sido en cualquier caso magistral, quiera o no la independencia. El otro camino que se planteaba, el del vaciado competencial de las autonomías, parece definitivamente olvidado.

Bruselas es el árbitro de la partida. No porque vaya a decidir el resultado del proceso ya iniciado, sino porque un pronunciamiento en un sentido u otro alimentará o desinflará las esperanzas del independentismo catalán. Durao Barroso se ha inclinado por la postura del Gobierno central: Cataluña tendría que negociar su ingreso en la UE. En una entrevista con este periódico y este periodista, su número dos, Viviane Reding, opinaba lo contrario. Después, haciendo en mi opinión trampas, la Comisión Europea ha querido enmendarle la plana disfrazando sus declaraciones de un sentido completamente distinto: en realidad, afirman ahora, lo que la Reding quiso decir es que es muy complicado interpretar los tratados internacionales. Y en eso, desde luego, Bruselas tiene razón por más que exista la Convención de Viena. El papelón de las instituciones comunitarias está preñado de veneno: Cataluña no es Eslovaquia, ni Kosovo, ni Eslovenia, Bosnia o Croacia. Cataluña comparte muchas páginas de historia con el resto de España, muchos siglos, y su suerte apunta, con los matices que se quiera, a la integridad territorial de otras naciones afines: Francia, Italia, Gran Bretaña o incluso Alemania. Y ojo con el factor Ceuta-Melilla-Marruecos. El epílogo de esta novela marcará los siguientes prólogos.

Andalucía me merece una mención final por la pusilanimidad de sus dirigentes. Ha sido una tierra maltratada. Con y sin Franco. Infraestructuras mediocres, pocas inversiones de verdadero valor añadido, pequeños emporios desmantelados y un conformismo triste en los asuntos propios y ajenos. El PSOE-A engulló al PA cuando tuvo que hacerlo, y su voz en Madrid no fue nunca la del centurión con galones y reivindicaciones sino la del pariente pobre que necesita la solidaridad de los demás. Es posible que sin Cataluña vivamos peor porque menor será la bolsa común de las aportaciones para equilibrar igualdades. Lo que no tiene sentido es que nadie aquí haya aprendido la lección (llámenla egoísta si quieren) del nacionalismo catalán: quien no llora no mama. Aún nos conformamos con el legado de la Expo y con los caramelos que, de cuando en cuando, nos tira al suelo el Gobierno, sea del color que sea. ¿Cómo es posible que Sevilla no tenga una red de Cercanías en condiciones o un aeropuerto de corte internacional? ¿Cómo se come que un país del tamaño de Portugal tenga 210 kilómetros de autopistas? ¿Qué pasa con Almería o Jaén, con Córdoba, con el metro de Málaga, con el puerto de Algeciras o el eternamente retrasado corredor mediterráneo? La última reforma del sistema de financiación nos dejó en peor lugar que antes, según explicaba semanas atrás el economista Ángel de la Fuente. Alguien debería ir pensando en el papel que nos tocará jugar en la España del futuro, que puede que sea otra España, y sobre todo en cómo jugarlo. Tal vez haya llegado el momento de que la sociedad civil se haga mayor de edad e intervenga, exigiendo y movilizándose sin las tutelas de los sospechosos habituales, los caciques y los demagogos de siglas desgastadas.