La reforma laboral del PP entró en vigor el 12 de febrero de 2012, quedando estadísticamente encapsulada en la EPA del primer trimestre de dicho año. Con la publicación, semanas atrás, de la Encuesta de Población Activa del primer cuarto de 2013, ya es posible medir, siquiera aproximadamente, la eficacia de aquella iniciativa, exigida por Bruselas, aplaudida por Alemania y exhibida por Mariano Rajoy y su equipo económico como la poción mágica que revitalizaría al segundo mercado profesional más castigado de la UE tras el griego.

No ha sido así. En apenas un año, Andalucía registra 144.100 parados más y 155.800 ocupados menos [ver gráfico]. Aunque la tasa de actividad prácticamente se mantiene, la de empleo cae casi dos puntos porcentuales (del 39,41% al 37,11%) y la de paro se dispara del 33,17% al 36,87%, según los datos del INE. Mientras en el primer trimestre de 2012 se contabilizaban 404.700 parados de larga duración (dos o más años buscando empleo), en idéntico periodo de 2013 la cifra trepaba hasta los 555.200, 150.500 más.

Sólo la construcción, que ya sufrió lo peor de su ajuste, rebaja el total de desempleados después de 12 meses. Agricultura (+12.600), industria (+5.600), servicios (+11.900) y el colectivo sin empleo anterior (+134.600) engordan irremediablemente las listas del SAE.

Tampoco respiran las bolsas sociales más vulnerables: hay 27.100 parados juveniles más. Y los de al menos 55 años crecen en 16.400. La población inactiva, es decir, aquellos con 16 años o más ni ocupados ni desempleados (jubilados, estudiantes y amas de casa, por ejemplo) pasa de 2.789.400 efectivos a 2.802.600. Los hogares con todos sus miembros en paro se elevan ya hasta 1.181.200, 132.300 más que en 2012.

Por provincias, Córdoba, con 500 parados menos, es la tregua en un mar de hostilidades. Almería (+3.700), Cádiz (+30.500), Granada (+30.200), Huelva (+12.200), Jaén (+29.600), Málaga (+9.300) y Sevilla (+29.100) se arrastran.

Los agentes consultados coinciden en lo básico: no existen fórmulas milagrosas. En los matices están sus mejores aportaciones. Jesús Cruz Villalón, catedrático de Derecho Laboral en la Universidad de Sevilla, considera que los datos se deben a “factores externos a la reforma: la evolución de la actividad económica y el enquistamiento de la recesión”. Las últimas modificaciones legales permitieron, en su opinión, “acelerar el proceso de devaluación interna que venía produciéndose desde 2010, aunque pasándose de rosca y afectando al consumo”. “Es muy difícil -añade- saber si la flexibilidad ha salvado puestos de trabajo; yo creo que escasamente. Tampoco es necesario que la economía crezca a altos niveles para generar otra vez puestos de trabajo. Eso depende del modelo de salida de la crisis. Si se orienta a una mayor productividad, los empleos serán más cualificados y por tanto mejor retribuidos, y entonces necesitaremos cuando menos un PIB avanzando al 2%”.

El portavoz de la Asociación de Agencias Privadas de Empleo (Asempleo), Lorenzo Rivarés, justifica con comparaciones el pasable elixir de la reforma. “El incremento interanual del paro fue del 10,8% en Andalucía en 2012. De 2008 a 2009, era del 84%. Además, hay que tener en cuenta la caída del 11,2% del empleo público en una comunidad que sólo el año pasado empezó a recortar en ese sector. La creación de empresas andaluzas se contrajo un 2,8% frente a caídas anteriores de hasta el 5%. Los trabajadores afectados por ERE extintivos fueron 483.000 a nivel nacional en 2012, un 12% menos que en 2009. La caída del mercado laboral no se está corrigiendo, se está suavizando. Eso es lo que ha permitido la reforma. Pero aún hace falta más”, expone.

La visión del secretario general de Economía de la Junta, Gaspar Llanes, es obviamente más política, aun sin esquivar los números. “La reforma laboral ha puesto la puntilla a una mala estrategia económica, y sobre todo ha implicado la ruptura de la negociación colectiva”. Según su Consejería, la caída de los salarios en España concentró 27.582 millones en 2012, mientras que los beneficios empresariales progresaron en unos 10.000. Paralelamente, la inversión privada cayó un 10% y el alza de las exportaciones se moderó del 5,8% (2011) al 3,2% (2012). “Las empresas han aprovechado el camino corto: cerrar en vez de resistir. Si el empleo no se mantiene, la demanda interna se va al garete, y entonces, por muchas exportaciones que haya, las compañías españolas no se sostienen”.

“El PP partía de dos hipótesis falsas. La de que el trabajador español no es productivo, cuando está en los 70.000 dólares anuales del promedio europeo; y la de que la economía española no es competitiva, cuando por cualificación, innovación y mercados exteriores sí que lo es”, razona. “No creemos que la solución sea convertir a un profesional español en uno asiático”.

“En Andalucía hay muchos empresarios irresponsables que se aprovechan de la vulnerabilidad del empleado”, opina Francisco Carbonero, secretario general de CCOO-A. “Se han bajado sueldos con el argumento de la competitividad, pero si miras las empresas que exportan en la comunidad (Renault, Acerinox, las del ramo de la agroindustria y la aeronáutica), ninguna ha rebajado salarios. Y luego están los abusos, por ejemplo en el turismo, donde la reforma permite despedir a los trabajadores de planta para fichar luego a bajo coste y mediante subcontrata”.

Lorenzo Amor, presidente de la asociación de autónomos ATA, cree que las cosas han mejorado en su ámbito: “Hemos generado 74.000 empleos netos y hay más de 40.000 autónomos con al menos un trabajador. Antes era más fácil despedir que eliminar dos pagas extra. Lo que me llama la atención es que hayan sido las empresas con beneficios las que han aprovechado para adelgazar plantillas”.

RAJOY armó su intervención inicial en el Debate sobre el estado de la Nación a partir de la economía. Estuvo plomizo en la exposición, pero desgranó las claves de su enésimo paquete de medidas en poco más de un año de mandato. La lucha contra el desempleo, repitió una vez y otra, es la máxima prioridad del Gobierno, la obsesión oficial. Dos porcentajes desvelan al presidente Sísifo: el 26,02%, que es la tasa de paro general, y el 55,13% reinante entre los menores de 25 años.

En febrero de 2012 entró en vigor la reforma laboral del PP, precintada con plástico infalible. Hoy, con un millón más de parados, la gran conclusión es que se dotó al empresario del poder total que nunca debe tener cuando las cosas van mal, porque es entonces cuando inevitablemente las decisiones desembocan en el despido.

El miércoles, Rajoy avanzó una línea de acción que concentra los esfuerzos en la juventud. Y lo hace apostando por la temporalidad: hasta la fecha, la empresa debía alegar una de las causas recogidas en la ley para recurrir a un contrato eventual, aunque de hecho los atajos y el fraude sean cosa común. Cuando este mecanismo entre en vigor, el patrón podrá firmar a trabajadores de menos de 30 años con menos de tres meses de experiencia sin más explicaciones. Si finalmente el contratante decide convertir en indefinido al temporal, se beneficiará de bonificaciones de entre 500 y 700 euros anuales.

La otra gran baza del PP consistirá en incentivar los contratos a tiempo parcial. Las compañías con menos de 250 profesionales quedarán exentas de pagar el 100% de las cuotas a la Seguridad Social (en los casos de menores de 30 años).

Son acciones de inspiración claramente merkeliana. Con siete millones largos de empleos precarios, Alemania presume de sus minijobs y sus kurzarbeit, y el Gobierno español ha optado por transitar esa misma vereda, basada en restaurar las constantes vitales del mercado laboral desde el empobrecimiento.

Al fijar la atención en una franja tan concreta de edad, Rajoy comete dos errores: el primero es olvidar el escalón inmediatamente superior, condenado en apariencia al limbo. ¿Qué ocurre con aquellos que superando la treintena tampoco han trabajado nunca o lo hayan hecho discontinuamente? El segundo es ignorar el otro extremo de la cuerda (desempleados de 55 o más años), al que la reforma no cuidó excesivamente y cuyas perspectivas son actualmente de aniquilación.

Graves es asimismo la filosofía subyacente. Rajoy castiga a la presunta generación mejor preparada de la historia, empeora las condiciones de los primeros años de experiencia (salarios bajos, imposibilidad práctica de optar al privilegio de lo indefinido) y lanza subrepticiamente un mensaje simple y claro: son los veteranos, los curtidos, los resabiados quienes sacarán el país adelante, quienes seguirán en los puestos de mando, quienes prometerán cambios para que todo siga igual. Hablamos del tapón más grueso de la historia.

EL Gobierno gobernaba mejor cuando era oposición por un sencillo motivo: podía proyectar, sin techos teóricos o prácticos, las soluciones invencibles para acabar con el paro. Su reforma, decían, sería la definitiva. No hablaba el PP real; hablaba el mito aún invicto de aquel PP mágico del posfelipismo y Rato. Llegó la victoria y llegó la reforma. Un año después, España vive instalada en una cifra –seis millones de parados– más aberrante que la peor de las exhibidas por Zapatero, sin duda un kamikaze de la estrategia económica.

El abaratamiento del despido es una herramienta útil cuando un país vive instalado en la línea ascendente del ciclo. Ahí genera dinamismo, movilidad laboral, apuestas y oportunidades que con cláusulas más onerosas quizás no pasarían por la mente del empleador. Con cinco años de crisis a cuestas, la morosidad por las nubes y los préstamos al 3% disecados en el Museo Nacional de Arqueología, los empresarios luchan simple y llanamente por sobrevivir, eliminando en muchos casos más capital humano del necesario por conservadurismo o miedo, y enviando de paso a las galeras a profesionales que difícilmente tendrán una buena oportunidad de reciclaje.

No, la reforma no dio ni de lejos en el clavo. Siendo importantes, los costes salariales no eran la prioridad. La prioridad era la creación de un verdadero nuevo sistema donde la formación, por ejemplo, fuese de veras una herramienta útil y no un pozo de dinero perdido o defraudado o un atajo empresarial hacia la bonificación.

Tampoco ningún gobierno ha comprendido hasta ahora que España falla estrepitosamente en la gestión de los recursos humanos. No existen prácticas virtuosas sino, en el mejor de los escenarios, imitaciones chapuceras de los peores defectos del sistema multinacional anglosajón.

Otra oportunidad perdida ha sido el teletrabajo. Cierto, la reforma dedica unas líneas al fenómeno y fija un marco mínimo de garantías para el trabajador, pero si se trataba de ponérselo fácil al sufrido patrono aquí había una rendija de esperanza: el teletrabajo ahorra costes y mejora (a menudo) la productividad, permitiendo además conciliar profesión y familia. Contrargumento: el presupuesto para que triunfe esta modalidad es que el empresario cambie el chip. Difícil.

Menos comprensible aún es la faja que el legislador se empeña en endosar al autónomo cuando el autoempleo es cada día más la única salida para quienes se resisten a eternizarse en las colas del Inem. Ni adelantos del IVA por facturas no cobradas ni impuestos durante el primer año de actividad.

Hablar de brotes verdes en este contexto es una desfachatez. O bien los sucesivos ministros de Trabajo han fracasado por impericia y/o cobardía, o bien el laboralismo español ha sido incapaz de transmitir al poder soluciones razonables a un tumor del que también forma parte la economía sumergida, una ramificación que obligaría a analizar paralelamente el papel de un grupo de ministros aún más torpe: los de Hacienda.

GUY Ryder, el nuevo director general de la OIT, ha reflexionado sin pelos en el cerebro nada más llegar. En su opinión, tres fallos concurren en la gestión de la crisis laboral española, europea y mundial, cuyo monto global asciende a 200 millones de parados: flexibilizar el despido, rebajar los salarios y no financiar decididamente programas de empleo para jóvenes. Tanto Zapatero como Rajoy han tocado la ley con vocación de milagro. Tres reformas laborales desde el comienzo de la crisis que no han variado la tendencia regresiva. Ni siquiera el PP, tradicionalmente presumido en cuestiones económicas, ha dado pie con bola: el Gobierno tomó posesión a finales de 2011, y en aquellos tiempos el cuadro-resumen de la EPA contabilizaba 5.273.600 parados y elevaba la tasa de paro al 22,85%. Tres trimestres después, el país suma 504.500 personas más sin trabajo y una tasa del 25,02% pese a una reforma que sus promotores consideraban mágica pero que de hecho incurría en el primero de los errores destacados por Ryder: convertir al empresario en un ser plenipotenciario y al currante en una víctima de bajo coste es un arma de destrucción masiva si el ciclo económico está deprimido.

El informe de Eurostat sobre costes laborales en 2011 tampoco arroja demasiadas dudas: la hora en España cuesta 20,6 euros (cotizaciones sociales incluidas) cuando la media de la Eurozona está en 23,1, la de la UE-27 en 27,6 y la de Alemania en 30,1. Cierto es que la bonanza del ladrillo permitió mimar los salarios cuando los alemanes ya los congelaban (ése ha sido uno de sus reproches habituales a los derrochadores subeuropeos del sur), pero las estadísticas están ahí, y dicen que España simplemente recortó parte del trecho que la separaba del resto del continente. Aun así, rebajas ha habido, y no han afectado sólo a los empleados públicos. Directivos, cuadros medios, peones y profesionales por cuenta propia padecen la política del cinturón apretado. Agravarla supondría castigar el único motor del consumo y del bienestar social: las familias son la banca, el colchón y el proveedor del mundo latino.

La nomenclatura de programas de apoyo al empleo juvenil es prolija. Todas las administraciones tienen un plan, y a la vista de los números ninguno funciona. EPA, cuarto trimestre de 2011, con Mariano a las puertas de La Moncloa: 884.100 menores de 25 años en las colas del INEM. El 48,56%. EPA, tercer trimestre de 2012: 970.200 (52,34%). En las pantallas de plasma de los hogares españoles se sedimenta una imagen tendencial y generacional. Chavales recién licenciados relatan con naturalidad su doble decisión compartida: estudiar alemán (casi más que inglés últimamente) para hacer las maletas a la mínima oportunidad. España se ha convertido para ellos en lo que Galicia, Extremadura o Andalucía fueron para nuestros abuelos hace cincuenta o sesenta años: un inmenso erial como los de Luanda, donde en los intervalos entre edificios destartalados sólo crecen montañas de basura. Uno querría invocar a Monterroso para que se inventase un cuento: Cuando volvieron, España seguía ahí.

Adjunto la traducción de uno de los últimos artículos del Wall Street Journal sobre las necesidades del mercado laboral español.

“Cómo puede España crear empleos”

Rajoy presentó el pasado miércoles su cuarto paquete de ajustes desde que accedió al cargo en diciembre. “En la situación actual, crecer y crear empleos no es posible”, explicó entonces al Congreso.

 No estamos de acuerdo. La tasa de paro española, ahora en el 24%, no es un acto divino o natural sino la consecuencia de décadas de malas políticas que los dirigentes actuales pueden revertir. Consideremos un puñado de ejemplos:

1. Tras Chipre, España empata con Malta como el país europeo donde los funcionarios disfrutan de más vacaciones. El Estatuto de los Trabajadores garantiza también 22 días de vacaciones pagadas al año, 15 días en caso de matrimonio y entre dos y cuatro días cuando algún familiar del empleado se casa, nace, ingresa en un hospital o muere. El señor Rajoy ha intentado, con moderado éxito, acortar el calendario vacacional del sector público y suavizar el impacto de los puentes. Quizás ello lleve a España a contar con más días laborables. Pero si Rajoy quisiera además una reforma generalizada, ¿por qué no eliminar la cláusula del Estatuto que prohíbe a los trabajadores canjear días de vacaciones por un sueldo extra? Si los españoles ganasen más por descansar menos, quizás se olvidasen completamente del actual marco jurídico. Como mínimo, la mayoría de los negocios estarían operativos en agosto.

2. Los trabajadores de baja pueden cobrar todo o gran parte de su sueldo durante 18 meses consecutivos siempre que cuenten con un justificante médico. El empresario puede optar por despedir a sus enfermos crónicos en plantilla, pero asumiendo una indemnización de 24 mensualidades. Es excesivo. El sistema nacional destinado a cubrir bajas por enfermedad, indemnizaciones, cobertura médica y otros absorbe el 39,9% de los costes salariales. Es más que suficiente para hacer que uno se sienta enfermo durante año y medio. Rajoy ha recortado las prestaciones por desempleo y las contribuciones sociales en un 1% el próximo año y otro 1% en 2014. Podría hacerlo mucho mejor dejando que los españoles puedan renunciar totalmente a algunos derechos como el permiso de paternidad. España sería un lugar mucho mejor para trabajar y contratar si sus trabajadores y negocios pudiesen elegir en mayor medida cómo gastar lo que ganan.

3. La tasa de paro juvenil (52%) genera incontables programas de formación y exenciones fiscales para los empresarios que contraten a menores de 30 años. Son programas caros que no funcionan. Una alternativa: revocar las cláusulas del Estatuto que impiden en la mayoría de contratos de prácticas y aprendizaje ganar menos del 60% del salario medio y trabajar más del 85% de un turno de trabajo. Es más difícil fichar a gente joven si sabes que obtendrás menos rendimiento de ellos pagándoles no mucho menos que a los demás. Rajoy también podría ampliar el periodo de prueba de un año que permite a las empresas despedir a coste cero. Esta posibilidad sólo se aplica a compañías con menos de 50 trabajadores, lo que ayuda a explicar por qué el 99% de las empresas españolas no tienen más de 49 empleados de cualquier edad.

4. Una vez que la plantilla de la empresa llega a 50 trabajadores, estos deben elegir a cinco representantes para negociar salarios y condiciones laborales. Los citados delegados tienen derecho a recibir como mínimo 15 horas pagadas al mes por sus obligaciones, y esas cuotas crecen conforme lo hace la compañía. Un ejemplo: en el momento en que una empresa fiche a su 751 empleado, debe haber al menos 21 representantes, cada uno de los cuales se beneficiará como mínimo de 40 horas pagadas mensuales. Eliminar estos costes y dejar que sea cada trabajador quien negocie con la empresa sus condiciones provocaría una declaración de guerra de los sindicatos. ¿Y qué? Menos de un 16% de los españoles se afilia hoy a alguno, y son muchos menos los que se suman a sus manifestaciones callejeras. El menos impopular de los últimos recortes de Rajoy es el que reduce un 20% los subsidios a los sindicatos.

5. España grava con un 20% de Impuesto de Sociedades a las empresas que ganen menos de 300.000 euros o tengan 25 o menos trabajadores. El tipo de gravamen sube al 25% cuando gana más de 300.000 o tiene más de 25 trabajadores en plantilla, lo que ocurra antes. Y asciende al 30% si se superan ambas barreras. Hay deducciones disponibles para los negocios que inviertan en contratar a mujeres o en actividades de “interés cultural”, etc. Una tarifa plana más cercana al 20% que al 30% ampliaría la base impositiva al eliminar el gravamen marginal del vigésimo sexto contratado. Asimismo, si Madrid acabase con sus lagunas jurídicas, incrementaría sus ingresos considerablemente endureciendo los controles sobre el fraude y la evasión fiscal.

    Podríamos seguir. El mercado laboral español ha estado protegido, regulado y tasado hasta la extenuación. Rajoy ganó las elecciones cargando contra un paro “insoportable e inaceptable” que por cierto era menor que ahora. Pero después de ocho meses y algunas tímidas reformas, el presidente del Gobierno afirma que no se ve capaz de hacer nada más para que España funcione. Si eso es así, quizás debería apuntarse a las listas del INEM.  

LA huelga general del pasado jueves es la octava de la democracia y la segunda que le cascan al PP. Los datos de seguimiento fueron dispares, como siempre, y el fondo del asunto sigue exactamente como estaba. Ni el Gobierno tocará la esencia de una reforma que se le exigía desde Bruselas, ni los sindicatos suavizarán la presión callejera. UGT y CCOO no han comprendido que las políticas económicas de España las deciden otros -y que por lo tanto pedirle cuentas a un Ejecutivo sin soberanía es ineficaz-, y tampoco parecen aceptar que el trabajador medio lleva años divorciado de sus intereses orgánicos y organiza sus propias marchas sin tutor.

El dinero público que los sindicatos reciben es un misterio. No hay cifras exactas, sólo distintas fuentes de financiación que dan una idea aproximada del glorioso montante anual: se benefician de subvenciones directas, de ayudas desde las comunidades autónomas, de otras vinculadas a los programas de formación y de un último bloque asociado a su presencia en organismos como el Consejo Económico y Social o la Comisión de Relaciones Laborales de Andalucía.

La reforma es fea para muchos profesionales porque multiplica el poder de decisión del empresario y abarata las indemnizaciones por despido. El derecho a la huelga está constitucionalmente reconocido y aparece regulado en un viejo decreto de 1977. En esta convocatoria se ha repetido el vicio de coaccionar a quienes han preferido no ejercer ese derecho en un contexto tan crudo como el actual, con miles de pequeños y medianos negocios desangrándose por la ausencia de consumo y crédito. España aún es un bebé democrático. Lo deja claro cada vez que puede.

Una curiosidad: el decreto 17/1977 sobre Relaciones de Trabajo regula el derecho de huelga, pero no la huelga general. Ninguna ley recoge esta figura. Si algún malvado decidiera protestar, alegaría, en primer lugar, que el texto aún vigente (y parcialmente anulado por el Tribunal Constitucional) sólo contempla esta salida en términos mucho más concretos que los que supone una reforma laboral, es decir, cuando existe un conflicto específico, de carne y hueso, que afecte a uno o varios centros de trabajo. Nuestro pérfido imaginario (pongamos que Esperanza Aguirre) recordaría, en segundo lugar, que el artículo 11 considera ilegal la huelga “cuando se inicie o se sostenga por motivos políticos”. Esta línea no es descabellada: UGT y CCOO pretenden en definitiva anular (a) una decisión adoptada en Consejo de Ministros y (b) cuestionar la voluntad del Congreso, que avaló la reforma con los votos y la mayoría del PP, CiU, UPN y Foro Asturias (la derecha, sí).

El frente de batalla ha de estar en Bruselas. Hay que convencer a quienes dan órdenes a España (y a Grecia, Portugal, Italia…) de que la estrategia elegida fulminará nuestras aspiraciones durante décadas. Cagarse en Rajoy sirve de poco.

LA virtud de la austeridad suena más que el pecado del desempleo sencillamente porque, para el político, lograr aquella meta es mucho más fácil que combatir esta lacra. Las administraciones públicas han crecido a rebufo de una cultura de la abundancia sustentada no en el fondo de un progreso con cimientos sino en los gases de una burbuja. Incluso sin grandes dotes estratégicas, un dirigente equis sería capaz de adaptarse al guión de los tiempos que marca Alemania destruyendo triplicidades, prescindiendo de buena parte del personal laboral al servicio del aparato, exterminando organismos autónomos y fundaciones, o mermando la flota de vehículos oficiales, asesores, guardaespaldas y hagiógrafos/pelotas tipo Goebbels.

Lo del paro es distinto. Científicamente probada la desconexión entre reformas y empleo, desmitificada la teoría de la varita mágica, sólo queda la percha del discurso sesudo, el estudio minucioso, la audacia y las buenas ideas. Un panorama imponente para el político español medio. Y, sin embargo, una oportunidad perdida por falta de talento o ganas.

El próximo 25 de marzo se celebran las elecciones andaluzas. La suspensión de las primas a las renovables debería estar en el ojo del debate porque éste es un sector donde la comunidad, por una vez, se había posicionado bien. Turismo y agricultura, los puntales clásicos, también tendrían que constar más a menudo: está el modelo aparentemente agotado de sol más playa, está el problema de la competencia marroquí, está la inteligente alternativa del producto ecológico, donde la región es una potencia. Tampoco se toca lo suficiente el rescate de la construcción, o al menos la reinterpretación de un área económica que, con un enfoque más hábil -rehabilitaciones, eficiencia energética- podría fabricar puestos de trabajo.

En un inocuo ángulo marginal de la discusión se mantiene (se respeta) a la banca, actriz esencial para la recuperación. Francisco Verdú, consejero delegado de Bankia, recordaba esta semana cómo las agencias de calificación amenazaban con rebajas de rating a las entidades que, en pleno ciclo expansivo, no aumentaban sus préstamos bastante por encima del 20% anual. Así llegó la fiesta del crédito dudoso. Y así se fraguó la excesiva cautela actual, un no me fío obsesivo que bloquea los proyectos de la clase media-baja emprendedora. La Junta, por citar el ejemplo más próximo, será en sí misma una cáscara de nuez en el océano. Con subvenciones y ayudas iniciáticas a la baja (la crisis manda) no se sostiene ni se reconstruye el tejido empresarial necesario para generar riqueza y crear empleo. No por conocida dejó de ser curiosa la segunda afirmación de Verdú: “Nosotros vivimos de prestar”. Entonces, si ya no prestan, ¿de qué viven ahora? Y, ya de paso, ¿qué papel ha jugado y juega en toda esta parálisis el Estado?

Recupero para el blog un reportaje que preparé la semana pasada ahondando en el sistema laboral alemán. Ahí va.

Indiscutiblemente, Alemania es la musa de Europa. Sobre todo para los pobres, países como Grecia, Portugal, Italia o España marcados por la lacra de las malas estadísticas. La gran vergüenza española es el paro. Ahí volcó sus esfuerzos reformistas el anterior Gobierno (junio de 2010) y ahí los ha volcado ahora Mariano Rajoy. En su mente, y en la tinta de su decreto-ley, el espíritu de aquel Schröder que en 2003 implantaba los cambios que hoy permiten a la locomotora europea presumir de buena salud: más de 41 millones de ocupados y una tasa de desempleo que ronda el 6%.

Por si fuera poco, los alemanes ganan 6.000 euros más al año que los españoles (32.572 euros de media en 2010, según la OCDE), permanecen en sus empresas dos años y dos meses más (10,6 en total) y ajustan mejor la formación obtenida al puesto desempeñado: su sobrecualificación es del 18% frente al 25% promedio en los países de la OCDE.

Pero Alemania no es un milagro. Los minijobs son soluciones temporales para estudiantes con problemas de financiación. En una década, la precariedad ha aumentado: 7,3 millones de personas cuentan con trabajos mal remunerados. El kurtzarbeit o contrato a tiempo parcial es un buen síntoma de flexibilidad, aunque el exceso es tan malo como el defecto: sólo Holanda y Austria rivalizan por la medalla de oro en la aplicación indiscriminada de esta fórmula, que ha progresado cinco puntos (hasta el 7,9% del total de contratos) entre los hombres y diez (37,9%) entre las mujeres del gigante teutón.

El Insituto de Investigaciones Laborales, adscrito a la Agencia Federal de Empleo, advierte en su último boletín que “la probabilidad de un parado de lograr un trabajo permanente ha caído alrededor de un 7% (…). La expansión de formas atípicas de empleo (temporal, a tiempo parcial, vía ETT) y un sector de bajos salarios que gana terreno gradualmente en Europa sugieren que cada vez más el coste de conseguir un trabajo pasa por renunciar a su calidad”.

De hecho, la moderación salarial ha sido uno de los mejores trucos alemanes. Entre 1990 y 1995, los sueldos avanzaron un 2,1%. A partir de entonces, sobriedad e incluso pérdidas de poder adquisitivo [ver gráfico]. En 2009, con un año de crisis ya a cuestas, las retribuciones germanas cayeron un 0,2% mientras en España se disparaban un 4,5%.

La Fundación Bertelsmann recopila en un reciente estudio algunos desequilibrios más: A. Los trabajos pata negra se concentran en la industria transformadora. La precariedad prefiere los servicios, que absorben a 30 millones de ocupados por los 10 de la rama industrial. Sólo Luxemburgo, Polonia, Holanda y Malta han destruido más trabajos a tiempo completo que Alemania en los últimos años. B. La carga fiscal es elevada y desigual. Para los salarios medios se sitúa en el 42,7% (19% en España antes de las últimas subidas de impuestos) y para los bajos en el 37% (13,9%). C. La negociación colectiva ofrece una cobertura muy dispar por regiones y sectores. D. Entre 2003 y 2008, los sindicatos perdieron el 16% de su afiliación (es discutible si esto es positivo o negativo). E. Las diferencias entre el Este y el Oeste son todavía laboralmente sensibles. F. La temporalidad es muy alta entre los más jóvenes. En la franja de edad que va de los 15 a los 24, aquella creció del 38% de 1994 al 57,2% de 2010.

Al parado se le protege mejor en España. No sólo porque el Estado destine una cuña mayor del PIB al efecto (2,81% versus 1,18% en 2009), sino porque los 33 días por año trabajado que Rajoy pretende generalizar en los despidos improcedentes suenan bastante bien si se analiza el método alemán. Allí, sólo hay derecho a la indemnización si el trabajador renuncia a emprender acciones legales. El cálculo clásico, que deja la cantidad en unos 15 días de media, consiste en pagar la mitad de las tres cuartas partes de los ingresos mensuales por año trabajado. El país cuenta, por cierto, con siete modalidades de despido más la figura de la renuncia por motivos psicológicos.

Respecto a las prestaciones, cuentan dos referencias: los siete años previos al despido y la edad del despedido. El tope estándar está en 12 meses, pero un señor con 58 años y más de 64 meses trabajados podrá alargar la prestación hasta 32 mensualidades. El parado ha de estar disponible para ocupar un puesto similar, y hasta esto queda tasado: durante los tres primeros meses de paro, aceptará cualquier oferta que suponga cobrar el 80% de lo que ganaba en su anterior empleo. El cuarto mes se conformará con un 70%. Y después del sexto se quedará con cualquier sueldo que supere la prestación.

Al igual que en España, existe un subsidio posterior que cobra quien demuestra que no puede vivir por sí mismo ni con ingresos o patrimonio familiar. El importe asciende a 374 euros (337 por cabeza para los matrimonios o las parejas de hecho).

Cuando se buscan los matices tras las grandes afirmaciones es cuando se descubre que la musa, al final, también tiene costurones.

ALGUIEN escribía atinadamente desde Madrid que Salvados, el programa de La Sexta que conduce Jordi Évole, es un vestigio en España del verdadero periodismo. El tema de la última entrega era la reforma laboral: análisis, efectos y comparativa con la musa oficial de toda Europa, que es Alemania. ¿Por qué tenemos que parecernos a ella? Básicamente, porque Schröder hizo en 2003, apoyado por la oposición, lo que hoy pretende aquí Rajoy: implantar un modelo basado en el trabajo más barato y más flexible. Y también, conviene aclararlo, porque los alemanes son accionistas mayoritarios del BCE, organismo encargado de sacarle las castañas del fuego a países como España o Italia cuando los obuses de la prima de riesgo percuten más de la cuenta.

Hace casi una década, el canciller explicó a sus compatriotas las opciones que les ofrecían los nuevos tiempos, marcados por la feroz competencia de las economías emergentes: “Podéis elegir entre tener más paro y tener más desigualdad”. Los alemanes eligieron lo segundo y ahora la Merkel inunda las calles de carteles con un orgulloso lema, Nunca antes tanta gente trabajó en este país. Gracias, Alemania. La cifra de ocupados es ciertamente récord, más de 41 millones a cierre de 2011, y la tasa de paro supera por poco el 6%.

¿Aplausos? En realidad, no. La carga fiscal al trabajador es muy desigual: los salarios medios y bajos pagan comparativamente demasiado, y los sueldos apenas han crecido. Con las reformas de entonces, la indemnización por despido (cuando se contempla, cosa que no siempre ocurre) ronda los 15 días por año trabajado y la prestación por desempleo cae del tope de 36 mensualidades a las 12 actuales, aunque hay excepciones al alza para los más veteranos. Cuando dejas de recibir la paga, el sistema de protección tiene mecanismos complementarios que parecen suficientes pero que tampoco lo son por estar diseñados para casos de extrema necesidad: si demuestras que ni tu familia ni tú tenéis recursos, te pagarán 374 euros en metálico y tendrán el detalle de costearte la calefacción y algún extra vinculado al alquiler. Cuando la ley dice no tener recursos se refiere exactamente a eso: por ejemplo, el Estado puede obligarte a vender tu coche si pretendes cobrar.

De los minijobs conocemos todos los costurones: puestos con cero valor añadido pensados para estudiantes donde el techo salarial se establece en 400 euros y la carga de trabajo ronda las 15 horas semanales. Más de siete millones de alemanes están hoy abonados a esta modalidad contractual.

España, que además de querer equipararse laboralmente a Alemania le ha copiado los precios con niveles de ingresos sensiblemente inferiores, debería centrarse en la productividad, que era la verdadera cara inspiradora del retrato germano de Évole: una jornada promedio de 08:00 a 17:00, descansos breves para comer, llamadas telefónicas personales prohibidas y cualquier página de internet no vinculada a la profesión capada (vale, Twitter se libraba por causas insondables). Lo curioso es que España sí mejora en este ámbito. Pero no por la nueva reforma sino por el miedo de quien aún tiene un empleo a perderlo.

Twitter: @fede_duran