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Eliminemos el Senado

Fede Durán | 12 de mayo de 2014 a las 19:09

Garrido

Profesores en la Universidad de Zaragoza, Carlos Garrido y Eva Sáenz plantean abiertamente la eliminación del Senado e invitan a abrir el melón de la democracia para hacerla menos representativa y más participativa. “Lo que frena esta apertura son los recelos de la clase política a perder el control de la agenda. Es lo que ocurrió con la iniciativa legislativa popular sobre la dación en pago”, reflexiona Garrido. “En 1978 había muchas reticencias. Los partidos, ilegalizados hasta entonces, eran la prioridad. Pero ha llegado el momento de plantear otras opciones”, añade Sáenz.

–¿Por qué son partidarios de suprimir el Senado?

–Carlos Garrido: El Senado actual carece de funcionalidad porque duplica la representación política del Congreso aunque con una composición más conservadora por su sistema electoral; reitera la misma dinámica partidista y es completamente secundario, subordinado en el control del Ejecutivo y del ejercicio de la potestad legislativa, ya que sólo formula enmiendas que pueden ser rechazadas sin explicación siquiera, y tiene un derecho de veto que puede ser superado sin ninguna dificultad incluso por mayoría simple del Congreso. El Senado es inútil cuando su voluntad coincide con la del Congreso, y también es irrelevante cuando su voluntad no coincide.

–Dinamarca, Suecia y Croacia ya lo eliminaron. Canadá e Italia meditan hacer lo mismo.

–Eva Sáenz: En los países donde el Senado existe, la experiencia política es que no funciona como una cámara territorial. En Estados Unidos, Alemania o Canadá, donde el sistema de designación de senadores es diferente, la cámara opera partidistamente. En las democracias de partido las cámaras territoriales son una auténtica quimera. El Senado es un anacronismo que reproduce la dinámica partidista.

–Al Senado español se le quiso atribuir el rol de la interconexión territorial, pero, por ejemplo, existen foros como el Consejo de Política Fiscal y Financiera que cumplen esa función más ágilmente.

–E.S: Las relaciones intergubernamentales funcionan en los estados federales para poner en común las opiniones del centro y las partes. Si lo que se quiere es hacer partícipes a los entes subestatales, esas alternativas son mucho más eficaces. En España ha habido incluso conferencias sectoriales con capacidad decisoria, como ocurrió con la ley de dependencia.
–C.G: El Bundesrat alemán se considera un referente porque ahí colaboran teóricamente el Gobierno central y los länder. Sin embargo, resulta mucho más efectivo, flexible y barato articular el doble objetivo de la participación legislativa de los territorios en la decisión federal y la colaboración entre gobiernos mediante las técnicas de cooperación intergubernamental.

–¿Cuánto se ahorra el Estado con la supresión?

–C.G: El ahorro no sería especialmente significativo. La eliminación del Senado no se justifica tanto en términos económicos como de funcionalidad. Hablamos de una partida de 50 millones de euros en los Presupuestos de 2014.
–¿Ninguna experiencia internacional avala la existencia de esa cámara?
–E.S: Los senados son residuos contractualísticos por su origen histórico: nacieron de la unión de varios estados. En las democracias contemporáneas no hay necesidad de una segunda cámara porque se reproducen las dinámicas partidistas, se duplica la representación del Congreso e incluso cuando las mayorías son diferentes puede producirse un bloqueo, el problema que tuvieron en Alemania los gobiernos de Kohl y Schröder. Fue una de las justificaciones de la reforma constitucional de 2006. El Senado es poco compatible con la democracia mayoritaria y la eficiencia.

–La II República no fue bicameral.

–C.G: Las constituciones de 1812 y 1931 no contemplaban una segunda cámara. En cambio, en todas nuestras constituciones de corte conservador sí que se previó, y su funcionalidad era conservadora: cámaras de corte aristocrático clasista cuya función era defender a las clases dominantes de los supuestos abusos producidos en la cámara elegida por sufragio. En 1978, ese objetivo estaba fuera de justificación y había que buscar otros motivos.

–Uno de ellos fue convertirla en un espacio de enfriamiento o reflexión. Da casi risa visto lo visto.

–E.S: No se puede esperar otra cosa en una democracia de partidos. Si nos fijamos en las sesiones de control en Congreso y Senado, no hay ninguna diferencia. Grupos parlamentarios y disciplina de voto.
–C.G: Rajoy llevaba en febrero tres meses sin comparecer, incumpliendo la práctica generalizada por Zapatero de acudir una vez al mes. Las preguntas que se formulan al Gobierno en el Senado tardan meses en contestarse. No puede ser tampoco una cámara de reflexión desde el punto de vista legislativo porque tiene sólo dos meses para pronunciarse sobre los proyectos de ley que le remite el Congreso. En dos meses no se puede reflexionar sobre nada. Pero es que casi el 40% de las normas que se tramitan en las Cortes se aprueban por procedimiento de urgencia, y eso reduce el plazo del senado a 20 días.

–¿Son partidarios de la democracia directa?

–E.S: El reto está en saber hasta qué punto vamos a introducir elementos de democracia directa en la democracia representativa. España, en comparación con otros países, tiene un déficit en este aspecto.
–C.G: Ha habido propuestas en los últimos meses sobre todo para fomentar las iniciativas legislativas populares ampliando el ámbito material sobre el que pueden versar y reduciendo los requisitos para que prosperen. En los 35 años de democracia constitucional que llevamos, tan sólo han prosperado tres iniciativas legislativas populares. El balance de esta fórmula es más bien pírrico.

España: renovarse o morir

Fede Durán | 15 de octubre de 2012 a las 19:25

Esta mañana viajaba en el aerobús que conecta Barcelona con la T-1 aún bajo las sombras de la madrugada y la plancha del sueño de acero. El chófer escuchaba Catalunya Ràdio. La palabra Cataluña sonó al menos veinte veces en menos de cinco minutos. De la Transición a esta parte, la identidad catalana se ha forjado desde la política (nacionalista), pero sobre todo desde los medios de comunicación.

Rajoy enfoca mal el problema. Es la silueta perfectamente definida por Dionisio Ridruejo en 1955: “El español lo espera todo de un milagro, lo que unido a su poca imaginación y a su falta de libertad interior nos da su incapacidad para la vida de convivencia”.

En el fondo, cree que Mas va de farol. Y se sabe arropado por el marco constitucional y comunitario. Su táctica: no, no, no (y perdonen si me acuerdo justo ahora de la Winehouse). Pero quizás haya llegado la hora de barajar opciones. La sangre no debería ser del siglo XXI ni de Europa o España, que ya vertieron suficiente en el XX. La simple negación tampoco: no deja de ser gasolina en la hoguera. Toca negociar, y ahí caben dos opciones. O se negocia el mapa de la independencia a lo british, civilizadamente, previa autorización de la consulta y siempre que ésta refleje un posicionamiento masivo; o se negocia un nuevo Estado.

Negociar un nuevo Estado es difícil. Requiere altura de miras, característica poco común en la política contemporánea. Y exige valentía para: A. Vertebrar un sistema de financiación donde las compensaciones interterritoriales no mermen la competitividad de las regiones más productivas (es lo que reclamaba al fin y al cabo CiU hasta cambiarse a la chaqueta, más radical, de la secesión). Ya es hora de que los más pobres (Extremadura, Andalucía, Canarias) se desprendan del jergón del victimismo (victimismo históricamente justificado en bastantes casos, cierto) y aprendan a pelear por sí solos, con generosa ambición y sujetos a una sociedad infinitamente más fiscalizadora de la gestión política. B. Tocar los párrafos de la Constitución necesarios para convertir el Senado en otra cosa; reformar el sistema electoral; jubilar la Monarquía; acabar con los fueros vascos y navarros; y garantizar un mínimo tronco común que dé sentido, aunque sea livianamente, a la siempre discutida idea de España.

La España federal, o más federal (el Estado autonómico ya ensaya esa fórmula), encierra peligros bien conocidos. El principal es la profundización en las miniestructuras de país, las duplicidades, la amenaza del mercado único, la segmentación al fin y al cabo irreversible e ineficaz. En Bélgica, flamencos y valones firmaron la sentencia del muerte del entendimiento cuando decidieron dejar de concurrir bajo las mismas siglas políticas (socialistas, conservadores) para diferenciarse por ideas pero también por idiomas.

El sábado almorcé en El Raval con un buen amigo catalán e independentista. Creo que el tono del debate fue modélico, una muestra de cómo podrían ser las cosas en esta España tan habitualmente vehemente y espumosa. Él, periodista como yo, admitía que Cataluña no necesita inexorablemente la independencia sino un marco más adaptado a sus aspiraciones. Incluso con independencia, me decía, España y Cataluña deberían caminar juntas. Una especie de asociación entre iguales. No sé si comparto el enunciado de la fórmula a lo Puerto Rico, pero me temo que no existen alternativas realistas: o Cataluña gana poder o Cataluña se marcha.

Otra cosa es que nos guste más o menos que se marche. Objetivamente no creo que existan dudas: en el corto plazo, las consecuencias serían pésimas para España, que perdería el 20% de su PIB y casi ocho millones de habitantes (importantes, por ejemplo, en la asignación de eurodiputados), y tampoco coserían y cantarían los catalanes, abocados de primeras a un aislamiento internacional y sometidos al imprevisible factor emocional de la economía en sus intercambios comerciales con sus ex compatriotas.

PP y PSOE tienen dos problemas casi irresolubles. No crearán una posición común (uno) porque sus dirigentes, sus bases y sus canteras son mediocres (dos). Rajoy transmitirá de Rubalcaba la imagen de un vendepatrias. Rubalcaba endosará a Rajoy el monigote de la parálisis. Y entretanto el problema se enquistará. Observen a Cameron y Salmond, cordialmente discrepantes pero a la vez suficientemente maduros como para pactar las condiciones de un referéndum y aceptar el consiguiente resultado sea cual sea.

Posiblemente Ortega tuviese razón. Posiblemente el caso catalán no sea solventable sino tan solo soportable. Si así fuera, convendría exhibir la misma madurez que ingleses y escoceses, compartir mesa, cerrar los términos del acuerdo y encarrilarlo lo menos lesivamente posible. Nadie quiere amar a quien no le ama. Eso se lo dejamos a los antiguos reyes.