Vivimos en la era de los grandes principios. Estamos todos a favor de la paz mundial, las energías limpias o la atención a los dependientes, y en contra del terrorismo, la violencia de género o la corrupción. El problema es cómo conseguir esos objetivos. Hacemos unas leyes monísimas, con unos reglamentos estupendos y resulta que después no hay medios para ponerlas en marcha. Le pasó a la Ley de Dependencia y le ha pasado a la Ley contra la violencia de género. Esta Ley, aprobada por unanimidad en el Congreso y el Senado, que debutó en enero de 2005, ha tenido serias dificultades de aplicación: a pesar de haber duplicado o triplicado los policías o guardias civiles asignados a la tarea, sigue habiendo un agente por cada quince mujeres con orden de protección, que son unas 30.000 en toda España.

Por eso es bienvenida toda noticia de mejora en el régimen de protección de mujeres amenazadas, como la presentada el miércoles por los ministros Aido, Rubalcaba y Caamaño: El Gobierno repartirá 3.000 pulseras con GPS para controlar a los maltratadores y saber al instante cuándo han quebrantado la orden de mantenerse a 500 metros de su víctima. Es una decisión de noviembre que ahora se pone en marcha.

Siempre me ha llamado la atención la escasa puntería de los asesinos de sus esposas, cuando intentan quitarse la vida a sí mismos. Su eficiencia homicida baja mucho en los suicidios. Debe ser por su falta de valor. Para evitar que estos cobardes se acerquen a sus víctimas se van a repartir por todas las comunidades autónomas unas pulseras para el tobillo o la muñeca, que determinarán en cada instante el lugar en donde se encuentra el maltratador. El Gobierno invertirá cinco millones en estos dispositivos, que servirán para vigilar de manera especial un 10% de los casos de maltrato. Número suficiente para responder a las situaciones de más riesgo.

Los jueces decidirán en cada caso y al presunto agresor se le colocará la pulsera de inmediato. Rubalcaba ha dicho que el objetivo de este moderno sistema de control es proteger mejor a las víctimas, disuadir a quien tenga la tentación de cometer una barbaridad y documentar que ha quebrantado una condena. En España hay 130.000 denuncias de maltrato doméstico al año. Es verdad que hay un porcentaje de falsas agresiones, que abogados sin escrúpulos simulan contra los maridos en casos de divorcio. Pero otro dato minimiza al anterior: sólo un 11% las denuncias las ponen directamente las víctimas, sin duda la parte más débil e indefensa de esta cadena. Esta sociedad tiene que hacer un esfuerzo por pasar de los principios a los objetivos. Hay que acabar con esta espiral de violencia: 71 muertas en 2007, 84 en 2008, y 31 en lo que va de año, ocho de ellas en Andalucía.