Hay que aprovechar la crisis para corregir algunas de las ancestrales costumbres nacionales. Las reformas estructurales de las que tanto se habla son asuntos complicados, pero hay cosas más fáciles que podrían abordarse de inmediato. Por ejemplo, los horarios laborales. En España trabajamos más horas que en el resto de Europa, con una falta de productividad que sólo superan Grecia y Portugal. Los empleados en el sector privado son los que más horas trabajan en la UE y están entre los que menos rinden, según un estudio encargado por la multinacional de recursos humanos Adecco. Y hay que añadir que los funcionarios públicos tienen la jornada laboral más corta de la Unión Europea.

Los horarios laborales tan largos están motivados por la castiza tradición española de parar a mediodía un par de horas para comer. Cada vez que viene un grupo de funcionarios de la Unión Europea en misión de trabajo comentan que cuando les llevan a comer a las tres de la tarde están muertos de hambre. Y, encima, el almuerzo es largo y ancho, se pierden dos o tres horas y no quedan ganas de volver a arrancar por la tarde. De hecho, suele ser tan difícil recuperar el ritmo de trabajo, que sólo se consigue prolongando la jornada más allá de lo razonable. Se calcula que los trabajadores españoles trabajan 240 horas más al año que la media de los europeos. Esos mismos funcionarios comunitarios que nos visitan, cuando están en Bruselas paran menos de una hora para almorzar y están de vuelta en el trabajo -después de una breve pausa- a las dos de la tarde, para echar tres horas más y marcharse a casa a las cinco.

La Cámara de Comercio Americana en España alerta de que este sistema laboral de nueve de la mañana a ocho de la tarde es un lastre para atraer a empresas extranjeras. Pero además, se puede añadir que dificulta la vida personal o familiar, produce insatisfacción e incluso estrés entre los trabajadores.

Cambiar estos hábitos tiene que ser bastante más barato y sencillo que hacer una reforma del mercado del trabajo, del sistema de pensiones, o de la presión fiscal. Empezar muy temprano y terminar muy pronto, con media hora para comer, no parece que sea un desafío inalcanzable. Se podría adelantar el telediario de referencia de la noche y que empiece a las ocho de la tarde, como en Francia. Y así terminar una hora antes la programación y conseguir meter en la cama a los españoles más temprano. En fin, a esto se le podrían añadir otros pequeños detalles sin importancia, como aprender a ser puntuales o acabar con el estereotipo español de que dejamos los asuntos para el día siguiente con demasiada facilidad. A lo mejor conseguimos trabajar menos, rendir más y ser más felices. Parece hasta asequible.

El nuevo secretario regional de los socialistas es persona letrada y una rara avis en el mundo político: tiene por costumbre escribir sus propios discursos. Pero en un momento tan delicado como el que vivimos sería bueno recordarle que no puede dirigirse sólo a los delegados del partido que le va a dar todo el poder en la organización y en la Junta, como pasó en 1984 con Borbolla, o con Chaves en 1994. En su discurso de hoy, Griñán también debería dirigirse a todos los ciudadanos, que están esperando algo más que desprecio al adversario político y autocomplacencia romántica. Tomo prestadas algunas ideas que podría utilizar, y que le vendrían estupendamente a su compañero de escenario de este mediodía, el presidente Zapatero.

“No se trata de decir lo que la gente quiere oír, sino lo que en este momento hay que decir: que tenemos una estructura de la administración creada para la época de bonanza, que ahora no la podemos pagar. Vamos a reducir un 30% los altos cargos de la Junta, un 30% los puestos de confianza, un 10% las jefaturas de servicio, un 60% el sector público empresarial, y congelar los sueldos de los altos cargos hasta 2013. Esto no es demagogia, es sencillamente reconocer que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, como país, como región, como familias, como empresas, como ciudadanos. España ha llegado a deber tres veces lo que vale; administración pública, empresas y familias se han endeudado hasta el triple del PIB nacional. Hemos sido ricos, pero con cargo a deuda y eso lo tenemos que ajustar. Estamos viviendo unos tiempos en los que se está pensando más en los votos que en el futuro. Eso nos puede pasar factura”.

“Estamos obligados a llegar a acuerdos entre las comunidades autónomas, con independencia del color político de cada una. El Gobierno central tiene que ceder para llegar a acuerdos con la oposición y tiene la obligación añadida de entenderse con las comunidades autónomas. Si no se producen esos acuerdos, los ciudadanos no lo entenderían y eso puede generar un desapego de la política. Que nadie piense que aunque este año salgamos de la recesión y tardemos algo más en salir de la crisis, esto es cuestión de un año o dos. Vienen tiempos duros, difíciles y no vale mirar para otro lado. La reducción de la administración será impopular para las organizaciones que estábamos acostumbradas a que la llegada al poder llevaba consigo el desembarco de una serie de personas. En los dos próximos años debe importarnos bastante poco el resultado de las elecciones. No está en juego la victoria electoral, sino el futuro del país”.

Este discurso no es mío. Es un resumen textual de lo que dijo el miércoles en Los desayunos de TVE el socialista Guillermo Fernández Vara, presidente de Extremadura. Discursos así son los que hacen falta y escasean. Está por ver cuál será el registro de Griñán. Y el de su compañero de escenario…

Aviso a la afición que el suplemento que hicimos para el Día de Andalucía en el Grupo Joly está colgado en nuestros diarios digitales. O, para más comodidad, puede visitarse El paciente andaluz aquí.

Actos terroristas como el salvaje atentado de Madrid de hace seis años o el secuestro de los tres cooperantes catalanes no deberían ser motivo de división de las víctimas, ni de exhibición para los políticos. Desgraciadamente, hemos tenido grandes dosis de ambas cosas estos días. Es reprobable el afán de los políticos por la foto; una afición que comparten socialistas y populares. El presidente de la Generalitat, José Montilla, y el alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, no pudieron el miércoles resistir la tentación de inmortalizarse con la cooperante Alicia Gámez, liberada por los terroristas de Al Qaeda del Magreb Islámico. Podrían haber cumplido perfectamente con su obligación institucional en privado. Ayer en Madrid tanto Esperanza Aguirre como Ruiz Gallardón organizaron sendos actos para mayor gloria de sus figuras. La ceremonia unitaria del Congreso por la tarde, con la lectura de la Declaración Universal de Derechos Humanos, es un formato idóneo, en lugar del festival de homenajes sin los protagonistas, que son las víctimas y sus familiares. Aunque desgraciadamente ayer no hayan estado a la altura.

Instalada en la teoría de la conspiración, Ángeles Domínguez, presidenta de la Asociación de ayuda a las víctimas del 11-M, se mostró esperanzada en que algún día se sepa la verdad. No se cree la versión oficial, confirmada por la sentencia judicial que condenó a los terroristas islámicos. Y se mostró esperanzada por encontrar la verdad en las últimas informaciones y el vídeo publicados por El Mundo. Contra el director de este periódico cargó Pilar Manjón, presidenta de la Asociación 11-M afectados por el terrorismo, diciendo que no tenía un vídeo, sino dos y en uno había un corsé. Y, de camino, descalificó a Esperanza Aguirre por compararse con las víctimas del 11-M tras el atentado de Bombay. Y también guardó palabras durísimas contra el ex presidente José María Aznar, a quien aludió como un señor de la guerra con las manos sucias de petróleo, avaras de oro negro y de poder, que ahora ante el grito de asesino responden con peinetas. Impropio del día y de la representación que ostenta.

Seis años después de la tragedia, hay demasiadas heridas abiertas y demasiado afán de protagonismo. Las víctimas no se merecen estos espectáculos.

José Ignacio Wert publicó ayer en El País un excelente artículo que recomiendo vivamente. Y que, en todo caso, cuelgo a continuación.

El Gobierno no explota sus propias fortalezas. No creo que existan muchos Gobiernos en el mundo que cuenten en sus filas con un catedrático de Filosofía que ha enseñado materias como metafísica, retórica y hasta teodicea. En todas esas cosas es experto Ángel Gabilondo, que, además, se explica con mucha eficacia. Por eso no se comprende, no ya que no se le haya asignado la portavocía del Gobierno -no es preciso ser Walter Cronkite para hacerlo mejor que la actual ocupante del cargo-, sino, y es a lo que voy, que no se le haya encargado una tutoría de urgencia sobre sus colegas de Gobierno (presidente incluido) para poder enfrentarse a la crisis desde las bases lógicas adecuadas.

Porque lo que sucede en el tratamiento de la crisis es que el Gobierno se niega a hacer un pacto -siquiera sea un pacto de mínimos- con la realidad. Ese pacto es previo a cualquier otro que se pretenda abordar con interlocutores políticos, sociales, económicos y, sobre todo, con la ciudadanía.

¿En qué consiste ese pacto con la realidad? Muy sencillo. Comienza por ofrecer un relato de la crisis en los términos en los que aquélla cursa y no, como lo está haciendo, bajo la forma de un cuento moral, que ni siquiera es como los de Eric Rohmer, elíptico y elegante, sino más bien tosco y maniqueo.

La cuestión decisiva no es quiénes sean los culpables de la crisis y quiénes tengan que pagarla. La cuestión es cómo se ponen las condiciones para superarla, y a partir de una narrativa precisa de esas condiciones se puede entrar a discutir el trade-off social para repartir los costes.

El Gobierno, en cambio, se ha instalado en el cuento de que los más débiles no deben pagar las consecuencias de una crisis de la que no son responsables, pues aquélla se debe únicamente a la codicia de banqueros y especuladores. En consecuencia, prohibido hablar de temas que se perciben socialmente como costosos para las capas menos favorecidas de la sociedad: no a una reforma laboral exigente, no a la congelación de los sueldos en el sector público, mucha cobertura social (mientras aguante) y nada de decretazos.

Al margen de la simpleza del argumento sobre los responsables -la sociedad es más madura que sus dirigentes: la gente entiende perfectamente que ha vivido por encima de sus posibilidades y sabe que las consecuencias de la resaca le afectan-, lo fundamental es que ese relato no lleva a parte alguna. En la medida en que la cláusula de salvaguarda social enerva la toma de decisiones imprescindibles (tales como una reforma laboral en serio o como un pacto de rentas sensible en el sector público), que servirían para contener, entre otras cosas, la sangría del desempleo, produce resultados literalmente opuestosa los que dice pretender. Esa cláusula funciona en los mítines pero no en la realidad, puesto que nada hay más destructivo para quien la sufre que una espiral de desempleo como la que se ha creado.

La fantasía no da más de sí. Ya, a trancas y barrancas, se empieza a hablar de iniciativas como el aumento de la edad de jubilación o la ampliación de los años que sirven para el cómputo de la pensión o la congelación del sueldo de los funcionarios. Iniciativas, como los corazones de Jardiel, con freno y marcha atrás.

Pero aunque, por exigencias del guión, se cambie algo la letra, se sigue tocando la melodía equivocada. El Gobierno, ha abordado así el Acuerdo Político para la Recuperación del Crecimiento Económico y la Creación de Empleo, o sea, lo que los medios han llamado el Pacto de Estado, aunque esté a años luz de merecer tal denominación, sin haber abordado antes el imprescindible pacto con la realidad.

El pacto con la realidad hubiera supuesto de entrada reconocer la condición castiza de nuestra crisis y dejar ya el discurso exculpatorio de la crisis ajena. Por inverosímil que parezca, todavía el Gobierno sigue hablando en su documento de las “características y consecuencias de la crisis económica internacional y de su impacto singular en la economía española”, es decir, que lo que pasa en España es la consecuencia de los vientos que vienen de fuera. Equivocando el mal es imposible acertar el remedio. La crisis financiera internacional no ha venido más que a agravar nuestra propia crisis económica (burbuja inmobiliaria y pérdida de competitividad) y financiera (sobreendeudamiento de familias y empresas). Por eso, por lo que tiene de castiza, nuestra crisis es más costosa socialmente (la tasa de paro dobla la media de la UE) y de peor pronóstico temporal (única de las grandes economías con retroceso del PIB en este año) que la de quienes nos rodean.

La segunda exigencia del pacto con la realidad es tan importante como la anterior y atañe a la condición socialmente onerosa de las soluciones.

De nuevo, el documento del Gobierno, la supuesta base para un acuerdo político, elude cualquier medida concreta que suponga sacrificios para los destinatarios: reformas del marco laboral, pactos de rentas a la baja, costes fiscales de la consolidación, posibles recortes en la gratuidad universal de las prestaciones sociales.

Y todos esos costes son ineludibles. Ni los créditos del ICO, ni el IVA reducido de la rehabilitación de viviendas (entre paréntesis: no estoy yo muy seguro de la eficacia de ese incentivo, toda vez que muchos aplicaban ya por su cuenta un “tipo superreducido” del 0%, bajo el socorrido expediente de no emitir ni requerir facturas), ni el coche eléctrico, ni la Ley de Organizaciones Profesionales Agroalimentarias (por poner un ejemplo entre tantos de parecido nivel como hay en el documento del Gobierno) nos los van a ahorrar.

En la mayor parte de las cosas que el Gobierno propone lo difícil no es llegar a un acuerdo, sino discrepar de él. Pero no es ése el problema. El problema es la irrelevancia o, en el mejor de los casos, la poquedad de esas medidas para enfrentar el reto que tenemos. El problema es que se propone un acuerdo sobre lo que no es problemático ni, en la mayor parte de los casos, lo requiere, y, en cambio, se soslayan aquellas cuestiones en que el acuerdo político sería imprescindible. Las que cuestan de verdad. Las que suponen repartir sacrificios y no caramelos.

En lo más recóndito de sus corazones, estoy seguro de que los responsables de los dos principales partidos saben cuáles son aquellas cuestiones. Pero, dado lo antipáticas que aquéllas son, están como los butroneros del chiste (”Pasa tú que a mí me da la risa”). Pero a cada uno le toca lo que le toca. Y, en esta situación, al Gobierno le toca justamente dar la cara primero, aun a riesgo de que, como en el chiste, se la puedan partir.

La cosa está clara: o le hablamos a la gente como a personas mayores que entienden que conseguir mejores bases para el bienestar de sus hijos exige que sacrifiquen ellos la parte menos sostenible de su propio bienestar, o seguimos enredados en el cuento moral que no nos lleva a ser felices ni, desde luego, a comer perdices, sino que nos puede dejar más bien como a la Bella Durmiente. Esto sólo lo arreglamos entre todos, sí, pero dando el callo, sacrificándonos, y llamando a las cosas por su nombre.

La entrevista al presidente del Gobierno durante 47 minutos, la noche del lunes en TVE, fue el programa de televisión más visto del día. Lo que puede significar cosas buenas y malas para el interesado. Buena es que siga teniendo tirón para el público: casi cuatro millones de espectadores estuvieron pendientes de las palabras de Zapatero. La mala es que haya tanta inquietud, que el personal se asome masivamente a la pequeña pantalla para buscar algo de esperanza. Consciente de la necesidad de infundir seguridad y confianza al país, el presidente se esmeró en sus explicaciones. Tanto, que fue demasiado largo en todas las respuestas. Estuvo didáctico, humilde y cercano. También evasivo, difuso y previsible. Así que su actuación puede ser calificada de buena, mala y regular, según el ánimo y las simpatías de cada receptor. En mi opinión, las preguntas fueron más interesantes que las respuestas.

Cuando se le pidió que reconociera que tardó en detectar que venía una crisis y que tenía una enorme profundidad, la contestación fue más evasiva que humilde. Dijo que sí, pero que a casi todos los dirigentes mundiales les pasó lo mismo. Creo que ninguno presumió en septiembre de 2007 de que su país jugaba la Champions de la economía mundial y que era el que más partidos ganaba. Una imprudencia temeraria. Cuando Zapatero repite que nadie se podía imaginar una crisis así, me recuerda a Aznar cuando dice que tampoco nadie sabía que en Iraq no había armas de destrucción masiva. Bastaba que se hubiese dejado aconsejar por Mohamed el-Baradei, director de la Agencia Internacional de Energía Atómica. En fin, nuestros dirigentes suelen pecar de imprudentes en momentos decisivos. Es nuestro sino.

El lunes, el presidente evitó una respuesta directa y corta sobre dos preguntas precisas acerca de su fama de improvisador y su pérdida de credibilidad. Y lanzó una cortina de humo, por no decir un embuste de categoría, cuando dijo que no está entre sus previsiones cambiar el Gobierno. Aunque en este caso hay que disculparle de antemano: ¿cómo va a seguir gobernando estos meses si reconoce que va a cambiar a los ministros tras la presidencia europea? No dijo nada nuevo, en absoluto, pero estuvo más convincente cuando se refirió a temas sociales, que cuando se adentró por las 137 medidas contra la-crisis-más-grave-en-80-años.

Alguna respuesta fue de Perogrullo: por ejemplo que saldremos de esto cuando en vez de un crecimiento negativo del PIB, lo tengamos positivo y en vez de destruir empleo, nuestra economía cree puestos de trabajo. Sostuvo el presidente que se siente con fuerzas para sacar al país del atolladero y que España tiene buenos cimientos, en patentes, en innovación o en internacionalización. Cuesta creerlo. Si ambas cosas fuesen ciertas, no estaríamos donde estamos.

Más de 40 días o 40 noches. Un diluvio universal a plazos; con breves días de pausa, no para de llover en Andalucía desde el mes de diciembre. Existe la sensación entre los profanos de que estamos ante lo nunca visto, como consecuencia del cambio climático. Una teoría que, en general, desmienten los técnicos, científicos y políticos consultados para este reportaje. Miguel Ángel Losada, director del Centro Andaluz de Medio Ambiente (Ceama), opina que la volatilidad climática de Andalucía, con años secos y otros muy lluviosos, no ha cambiado sustancialmente en los últimos 9.000 años. Losada sostiene que el clima andaluz sigue el patrón del siglo XX, en el que una temporada de precipitaciones abundantes no fue excepcional.

La consecuencia, en todo caso, es que ha habido inundaciones por todas partes y el suelo de todo el territorio andaluz es calificado por la Agencia Estatal de Meteorología como saturado de agua, menos una pequeña franja del levante almeriense, que está húmeda o muy húmeda. Salvo cuatro, los 83 grandes embalses de la región están prácticamente llenos. En conjunto, está ocupado un 84,3% de los 11.377 hectómetros cúbicos de capacidad de estos pantanos. (Un hectómetro cúbico son mil millones de litros)

El diluvio, además de inundaciones, pantanos a rebosar y múltiples teorías sobre el cambio climático, también ha acentuado la vieja disputa entre agricultores y administración sobre la política hidráulica del Gobierno andaluz. Desde el sector agrario, se reclama con insistencia que se hagan nuevos embalses y en particular que se facilite la construcción de pequeñas balsas en los márgenes del Guadalquivir, que hasta ahora han sido perseguidas. Margarita Bustamante, la presidenta de Feragua, la Asociación de regantes de Andalucía, sostiene que la región no tiene embalses suficientes para evitar sequías o inundaciones. Y da un dato como prueba: desde el 20 de diciembre se han vertido al mar 7.500 hectómetros cúbicos; el doble de lo que se ha embalsado. Esta asociación reclama inversiones en nuevas infraestructuras, y señala parones en obras como el azud de El Portal (Jerez) o en la defensa de Andújar (Jaén), dos lugares en los que ha habido inundaciones. Obras que cree podrían haber evitado los desbordamientos.

El director de la Agencia Andaluza del Agua, Juan Paniagua, responde que se están haciendo inversiones. Y cita como ejemplos, de los últimos cuatro años, la terminación de La Breña II y Arenoso en Córdoba, o Melonares en Sevilla. Y añade que se están construyendo o se van a construir de inmediato la presa de Siles en Jaén, el Chanza o Alcolea en Huelva y las conducciones de Rules en Granada. Este último embalse está terminado, por cierto, desde hace tres años. En total, los nuevos embalses suponen algo más del 10% de la capacidad de regulación anterior, según el director de la Agencia del Agua. Sobre las balsas, reclamadas por Asaja o Feragua, Paniagua no se muestra contrario, lo que abre un portillo al entendimiento. En relación a una mayor regulación de la cuenca, recuerda que el año pasado hubo un congreso nacional en Córdoba en el que se localizaron cuarenta puntos en donde se podrían hacer nuevas presas en los ríos españoles, pero ninguno de esos emplazamientos estaba en Andalucía.

Estamos en un año hidrológico de fuertes lluvias, pero Pedro Parias, secretario general de Feragua, recalca que estadísticamente en estas latitudes hay un año de sequía por cada cuatro normales o abundantes en precipitaciones. Feragua agrupa a más de 50.000 usuarios, agrupados en unas 80 comunidades de regantes, que atienden unas de 260.000 hectáreas, más de la cuarta parte del total de riegos de Andalucía. Parias reconoce que en el Pacto andaluz por el agua ya se establecía que había pocas posibilidades de hacer grandes presas, por los inconvenientes económicos y medioambientales. Pero insiste en la conveniencia de que el Gobierno andaluz cambie de criterio sobre las balsas promovidas por la iniciativa privada: se están haciendo muchas, desde Jaén a Sevilla, pero no se legalizan y hasta las multan.

Hay quien opina que lo que habría que hacer es cambiar la agricultura andaluza a otra menos intensiva en el uso de agua. Los agricultores contestan que la que tenemos es la consecuencia de políticas productivistas alentadas por el primer Gobierno andaluz, que hizo una ley de Reforma Agraria confiscatoria y por la Unión Europea, que pagaba subvenciones en función de la producción. Los regadíos del Guadalquivir necesitan al año unos 1.500 hectómetros cúbicos al año.

Joan Corominas, ex director de la Agencia del Agua y hoy asesor de la Consejería de Agricultura en la materia, es uno de los principales expertos nacionales en la materia. Opina que un año o incluso diez no son suficientes para establecer teorías sobre el cambio climático. Pero admite como posible la hipótesis de que el clima mediterráneo con extremos de sequía o lluvias abundantes puede ir aumentando a lo largo del siglo. No hace falta que el incremento de precipitaciones sea muy alto, para que tenga incidencia sobre el medio ambiente: con una subida de las lluvias de un dos, tres o cuatro por ciento, el caudal de los ríos subiría entre un 15 y un 20%. “Podemos encontrarnos con una mayor irregularidad, con años de muchas lluvias y años muy secos, pero no tenemos un modelo fiable para establecer una nueva teoría”. Parecida opinión tiene Miguel Ángel Losada, director del Ceama, instituto de investigación dependiente de la Universidad de Granada y la Junta: “Este año está dentro de la estabilidad climática de Andalucía, es similar a 1961/62 o a los años 96,97 y 98, en los que no hubo tantas borrascas seguidas, pero cayó mayor cantidad de agua”. Su punto de vista es que mientras más tiempo pase de un fenómeno excepcional, mayor probabilidad hay de que se pueda repetir. Es una aseveración estadística. En 1755, con motivo del terremoto de Lisboa hubo un maremoto, con lo que no es descartable que se produzca otro 250 años después… Para ilustrar su afirmación, el director del Ceama apunta que Baelo Claudia (Bolonia, en Tarifa) fue arrasada dos veces en los siglos I y III por sendos maremotos.

Losada no cree en las teorías del cambio climático, sino en la repetición cíclica de fenómenos extremos. Y alerta sobre la necesidad de evitar las asentamientos en zonas inundables, la mayor parte de ellas con muchos años de antigüedad, en Jerez, Sevilla, Málaga y numerosas otras localidades. El encauzamiento artificial de los arroyos no evita por completo el riesgo de correntías, como han demostrado las inundaciones de las últimas semanas. La entrada de borrascas por el Golfo de Cádiz cada 11 o 13 años la atribuye a las manchas solares, provocadas por la actividad interna del sol. De donde deduce que no hay que exagerar; no estamos ante el diluvio universal.

La relación de los políticos con la prensa nunca es fácil; salvo cuando los periodistas son muy partidarios de unas siglas, que los hay. En el resto de los casos, el político siempre cree merecer más gentileza. Esta manera de pensar no tiene fronteras; funciona en Andalucía, en España y en la humanidad. Kapuscinski sostenía que un periodista no debe ser nunca tendencioso ni indiferente, cosa que tampoco es fácil. La ministra europea de Asuntos Exteriores y vicepresidenta de la Comisión, Catherine Ashton, cree ser objeto de una campaña de acoso por parte de la prensa internacional con base en Bruselas. No se aprecian mucho su relajada afición al trabajo y las permanentes escapadas al norte de Londres, en donde está su casa familiar. Catherine no se entiende con los periodistas, aunque por cierto esta casada con uno, director de una importante empresa de sondeos del Reino Unido en la actualidad.

Sin ir más lejos, lady Ashton no ha perdonado su weekend británico este sábado y domingo, y ha pasado olímpicamente de la cumbre en Granada entre Europa y Marruecos. Con la reunión informal de ministros de Exteriores en Córdoba, previa al fin de semana, se dio por cumplida la baronesa. Y ya hizo lo mismo hace dos semanas, con la reunión de los ministros de Defensa de la UE en Mallorca: se trata de un encuentro semestral y vino el secretario general de la OTAN, pero a ella no le cabía en su agenda. Tantas son las críticas de la prensa, que los jefes de la diplomacia europea han salido en tropel en defensa de la jefa del servicio de acción exterior de la Unión Europea. Empezando por el ministro español, que aludió en Córdoba a su esfuerzo sin descanso, y siguiendo por el británico, el finlandés o el luxemburgués. El alemán, Westerwelle, ha sido más malvado: ha dicho que la mayor parte de las críticas son malintencionadas. Lo que significa que en parte son acertadas.

En fin, éste también es un mal nacional. El presidente de la Generalitat y del PP valenciano, Francisco Camps, ha impedido que se expusieran unas fotos que no le agradaban en el Museo de la Ilustración y la Modernidad de Valencia, que depende de la Diputación Provincial, controlada por su partido. Era una muestra de fotoperiodismo con las mejores imágenes de 2009 y en alguna se veía al presidente saliendo del Tribunal Superior de Justicia, tras declarar sobre su implicación en el caso Gürtel. Muchas fueron portada en la prensa nacional. Camps ya se preocupó de que este caso de corrupción no existiese en su televisión regional. Y ahora quiere borrar toda huella del asunto.

Su colega andaluz, José Antonio Griñán, cuando llegó al cargo hace un año escaso hizo magníficos discursos sobre el papel de la crítica periodística en una sociedad democrática. Sin embargo, el sábado, en el congreso del PSOE de Sevilla ha dicho que ya no se comunica con artículos en los periódicos, que casi nadie los lee. No quiero pensar que el presidente de la Junta pueda ser víctima del mismo síndrome que lady Ashton y el honorable Camps…

Me confieso taurino y por tanto parcial en mi opinión sobre la prohibición de la fiesta de los toros. Y también, alérgico a los populismos; ya sean los futbolísticos de los giles, loperas o laportas, ya sean los del calzado o el capote taurino de la señora presidenta de la Comunidad de Madrid. En Cataluña 150.000 ciudadanos han aprovechado una capacidad legislativa que les concede el Estatuto de Autonomía para promover una legítima iniciativa, con la que estoy en desacuerdo: prohibir las corridas de toros en la región. Desde hace casi 20 años están prohibidas por una ley canaria y a nadie le ha llamado la atención. Pero, no nos engañemos, en España, Cataluña tiene más peso que Canarias. Y, si me apuran, más peso que ninguna otra autonomía, incluidas Andalucía o Madrid.

Hay que acostumbrarse a las iniciativas populares, porque el Tratado de Lisboa prevé que un millón de firmas puedan promover leyes europeas. Un millón entre los 500 millones de habitantes de la UE son diez veces más fáciles de conseguir que las 150.000 entre los siete millones de catalanes. Hay una cierta inquietud al respecto, por la ambigüedad del artículo: hay que establecer de cuántos países distintos deben ser los firmantes y unificar la edad para hacerlo, porque en Austria se puede votar (y firmar, por ende) desde los 16. Un portillo abierto a euroescépticos, fundamentalistas religiosos y populistas de todas clases.

El debate en el Parlamento catalán sobre la ley antitaurina no tiene desperdicio. Buenas intervenciones a favor y en contra de los toros. Con conservacionistas por ambas partes: los de las dehesas y una raza mantenida durante siglos porque existe la fiesta, y los que están en contra de infringir daño alguno a los animales. Entra dentro de lo posible que se decida no matar a los toros en la plaza, al estilo portugués o que se prohíban las corridas por completo. En todo caso no veo motivo para una campaña anticatalana. Más turistas vendrán a las plazas andaluzas en el futuro. El oportunismo de Esperanza Aguirre envolviéndose en el capote taurino busca directamente la confrontación y el aplauso fácil. La rival de Rajoy no puede evitar su necesidad de llamar la atención, esta vez montera en mano. Una actitud frentista en país necesitado de calma y sentido común.