He presenciado la manifestación de ayer en Sevilla contra el Espacio Europeo de Educación Superior. Bolonia, para los amigos. Dicen las agencias, que había 2.500 personas. A mí me parecieron más. En Granada y Málaga había unos mil, según la Policía. Los alumnos se quejan de muchas cosas: de que desaparecerán las carreras que no tengan suficientes alumnos, que las diplomaturas de cuatro años serán como cursos de formación profesional cualificados, que los master de posgrado serán muy caros, que se está privatizando la enseñanza universitaria.

Bolonia se crea para facilitar la libre circulación de personas dentro del mercado único europeo. Los diplomas serán válidos en todos los países y se establece una estructura de estudios similar en la toda la UE: grado, master y doctorado, como ya se hace en muchos sitios. Lo malo sería que la única regla que se aplique sea la del mercado. Un pueblo culto como el europeo debería desarrollar materias y disciplinas que no se venden bien. La milenaria cultura europea no la mantendrán escuelas profesionales, sino cultos investigadores universitarios. Tengo la impresión de que la Junta de Andalucía, con la creación de una macroconsejería de Innovación, Ciencia y Empresa, prima desde hace más de cuatro años las carreras técnicas y tecnológicas por encima de las humanidades o las ciencias, aunque las autoridades lo niegan.

También parece razonable cambiar la equivalencia de los créditos, que en España estaba en función de las horas de clase recibidas, por las horas de trabajo del alumno. Por cierto que el trato directo del profesor con los estudiantes sería una de las ventajas del nuevo sistema. Pero tengo serias dudas de que la implantación de Bolonia vaya a significar una revolución pedagógica. Los profesores universitarios tienen cierta aversión a dar clase. Porque la investigación y la publicación brindan más méritos para ascender. Y porque en los métodos de selección de personal docente no han primado virtudes como la oratoria, la comunicación o la vocación por la enseñanza.

Ya sabemos que la tarea principal de los profesores universitarios es crear cultura, no transmitir la creada por otros, pero Bolonia les ofrece una gran oportunidad para ejercer su magisterio, con la evaluación continuada de los alumnos. No soy optimista en este campo: ocurrirá que los grandes catedráticos se reservarán las clases de los master y habrá profesores junior al cargo de los alumnos de diplomatura. Los alumnos hacen bien en reclamar que el precio de los futuros master sea más asequible. Y, en fin, hay algo que me gustó especialmente de las manifestaciones de ayer. Algún líder estudiantil amenazó con medidas drásticas, como hacer huelgas a la japonesa. O sea, trabajar a destajo. Bienvenidos a la vida real.

Cada vez que se hace una encuesta sobre la calidad de vida de los españoles, el grado de satisfacción de los andaluces sale disparado. Es una de las variables que aducen las autoridades regionales para sostener que el PIB per cápita no es suficiente para medir el grado de bienestar. Los andaluces parecen tan contentos de su destino, y ha mejorado tanto su nivel de vida, que su percepción de la realidad es mejor que la de otros españoles. Fíjense, si no, en los catalanes que utilizan la expresión de català emprenyat (catalán cabreado), para retratar su desapego de un país que no les valora y es cicatero en sus inversiones. Se sienten maltratados. Nosotros, no. Estamos encantados de ser españoles y no tenemos reproches para la patria común. Aquí ese grado de indignación sólo funciona en el campo de los recelos interprovinciales.

Los piques entre Málaga y Sevilla son la máxima expresión, pero no la única. El último episodio de este culebrón se vive a propósito de las restricciones que la Junta de Andalucía le ha puesto al nuevo PGOU de Málaga. En el inconsciente colectivo, la Junta juega con la camiseta sevillana. Con lo que si la Junta limita el urbanismo malagueño, la culpa es de Sevilla, por definición. Salvo que la queja sea de la propia Sevilla, en cuyo caso la Junta juega sin camiseta. Desnuda. Así cogió el alcalde Alfredo Sánchez Monteseirín al presidente Chaves, allí presente, en el Club Siglo XXI de Madrid la noche del 18 de enero de 2001, cuando dijo que Sevilla estaba discriminada en las inversiones, que los esfuerzos de la Expo’92 estaban amortizados. Y pidió una carta de capitalidad y que la sede de la futura caja única debía ser Sevilla, madre de todas las capitales.

El barullo que se armó tuvo un curioso efecto colateral; Francisco de la Torre, que llevaba pocos meses en la Alcaldía de Málaga, se descubrió como un personaje mediático. El argumento de De la Torre era simple: si Sevilla quiere cobrar por ser capital, nosotros lo hacemos gratis. De ese encono no hemos salido. Es probable que alguna de las recomendaciones de la Junta para el PGOU de Málaga sean razonables. Pero estoy seguro que hay impedimentos que no existirían si el alcalde fuese socialista, en vez de popular.

Ese camino no nos lleva muy lejos. El andaluz ya no es “el único pueblo de Occidente que permanece fiel a un ideal paradisíaco de la vida”, que decía Ortega en su Teoría de Andalucía. Ensimismados no estamos, pero cuesta trabajo saber si somos un pueblo optimista, o resignado, o simplemente conformista. En todo caso, dirigentes públicos y ciudadanos particulares deberíamos dedicar nuestras mejores habilidades a la cooperación y especialización de los distintos territorios. Aunque sólo sea por egoísmo: en caso contrario nuestra calidad de vida se va a ir deteriorando en los malos tiempos que vienen.

Los ciudadanos necesitan líderes políticos que les transmitan seguridad y confianza. La lección de Estados Unidos al mundo esta semana no se termina en el hecho histórico de elegir a un presidente negro, por primera vez en sus 232 años de existencia. Hay mucho más. Nadie conocía a Barack Obama hace dos años en todo el mundo. Nadie. Su aparición fulgurante, su carisma, los elementos de novedad y modernidad que aportaba su candidatura se han llevado por delante la larga hegemonía conservadora republicana de 20 años, desde 1980. Obama es un liberal, que en la terminología norteamericana equivaldría a un izquierdista europeo, aunque en el universo político español no pasaría en muchas facetas de ser un centrista. En el otro campo ideológico, en el Reino Unido también se produjo un vuelco similar en la opinión pública con la aparición de David Cameron, quien con 39 años se convirtió en el nuevo líder del Partido Conservador en 2005. De ascendencia aristocrática, Cameron estudió en el colegio de Eton y se licenció en Economía, Política y Filosofía por la Universidad de Oxford. Su brillante entrada en escena forzó el relevo de Tony Blair, gastado por sus años de permanencia en el poder. El nuevo jefe conservador ha tenido fuelle para mantenerse destacado en las encuestas, frente el actual primer ministro laborista Gordon Brown.

Entre las novedades que aportan estos nuevos líderes del siglo XXI hay una gran transversalidad, tolerancia, respeto por los adversarios. Como el presidente francés Sarkozy, que nombra a socialistas para puestos de tanta responsabilidad como ministro de Exteriores. Cameron llamó mucho la atención cuando dijo que en su gabinete habría más mujeres, más homosexuales y más diversidad racial. La pregunta que me hago es dónde están nuestros Obama, nuestros Cameron, en Andalucía. Manuel Chaves llegó a la presidencia de la Junta en 1990, un año después de la toma de posesión de George Bush padre en Estados Unidos. Después de su mandato, vinieron los ocho años de Clinton y los ocho de George Bush hijo. Y ahora ve llegar a Obama hasta 2012. Por bien que lo haya hecho el presidente andaluz, después de 22 años nos merecemos algo de variedad en la escena política andaluza y que los socialistas presenten otro candidato. La encuesta que publicó este diario el domingo 19 de octubre no dejaba lugar a dudas: eso es lo que piensa el 73% de los consultados, entre ellos el 64% de los votantes socialistas.

Pero pedirle al que gana que se vaya es más reprobable que pedírselo al que pierde. Casi un 58% de los encuestados hace tres semanas opinaba que Javier Arenas no debería ser el candidato del PP. En otros lugares no es normal que el perdedor repita. En Alemania, por ejemplo, Helmut Kohl se enfrentó a cinco líderes socialdemócratas. Y los Vogel, Rau, Lafontaine y Scharping, conforme iban perdiendo, dimitían. Arenas, por el contrario, despide a los presidentes provinciales que ganan elecciones, pero él se dispone a intentarlo por cuarta vez.

Y en su entorno se producen episodios de fundamentalismo religioso. Ignoro si piensa dimitir el actual vicepresidente de Unicaja, Manuel Atencia, ex portavoz popular en el Parlamento Andaluz, ex diputado en el Congreso y supernumerario del Opus Dei. Pero en su calidad de miembro del movimiento objetor contra la asignatura de Educación para la Ciudadanía ha hecho gala esta semana de su triunfo contra un Estado “que pretende algo tan terrible como adoctrinar a nuestros hijos, inmiscuyéndose en los derechos que tenemos los padres”, según ha declarado a Europa Press. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha suspendido cautelarmente la obligación de cursar esta asignatura a los hijos del ex diputado. Atencia anima a otros padres a presentar sus reclamaciones. No sé si dirige este proselitismo a los 2,2 millones de clientes de Unicaja. O si con su activismo incumple la LORCA, que le obliga a abstenerse de actividades políticas partidistas una vez nombrado para un cargo en la primera caja de Andalucía, magníficamente remunerado, dicho sea de paso.

En todo caso, no acabo de entender la guerra del PP y la cúpula de la Iglesia Católica española contra esta asignatura que pretende enseñar a los alumnos “los principios democráticos de convivencia y los derechos y libertades fundamentales”, como recoge el artículo 27.2 de la Constitución. Hasta alguien nada sospechoso como Berlusconi acaba de poner una asignatura de Ciudadanía y Constitución en los trece cursos de la enseñanza obligatoria italiana. Educación cívica. Normal para la derecha italiana, insoportable para una parte de la derecha española. En Valencia, el Gobierno de Camps obliga a dar esta materia en inglés, a profesores que no saben el idioma para alumnos que no lo entienden. El resultado es un 99% de suspensos. Rajoy calificaría esto de broma si lo hubiese hecho un adversario político. Pero, bromas aparte, aquí el nudo gordiano del movimiento objetor, auspiciado por el PP y la Iglesia, es el matrimonio de los homosexuales y que pueda presentarse en esta asignatura como uno de los modelos normales de familia. Una actitud que está a años luz de Cameron o de Berlusconi. Es lo que tiene el fundamentalismo religioso, que lo extrema todo.

En fin, en las elecciones de 2012, los dos candidatos que disputen la presidencia de la Junta deberían ser líderes del siglo XXI. Modernos, no importa cual sea su ideología, como Obama o Cameron.

Hace sólo dos años, cuando no teníamos ni idea de que venía un tsunami económico financiero, que iba a arrasar el mundo, el sector inmobiliario andaluz estaba revuelto: todo dios la tenía tomada con la consejera de Obras Públicas, Concha Gutiérrez, porque había osado poner normas en la finca sin vallar que era el urbanismo regional. Tengo guardada en mi archivo una perla: una intervención del secretario general del PSOE andaluz, Manuel Chaves, ante el comité director de su partido. Se dirigía el presidente a los promotores y a las organizaciones empresariales que habían puesto el grito en el cielo por la limitaciones en la construcción previstas en el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía.

El POTA prohibía crecimientos municipales superiores al 40% en suelo urbanizable o del 30% en población durante un período de ocho años. Chaves decía que se aplicaría el Plan con flexibilidad, que ningún proyecto de interés general se iba a quedar sin suelo (y que el interés general incluía el interés razonable de los constructores, dentro del margen de la ley). Ahora nos podríamos dar con un canto en los dientes con estos límites. En esa misma reunión, de diciembre de 2006, el jefe de los socialistas andaluces admitió que sus gobiernos habían cometido errores, pero subrayó que las nuevas leyes andaluzas pretendían algo muy sencillo: que el desarrollo residencial se hiciera al mismo tiempo que se garantizara el agua, los equipamientos y los servicios.

Leído en la actualidad y con la que está cayendo, se le pueden poner pocos peros a esto. En los locos años 2000, en España se construían 700.000 viviendas al año, unas 200.000 en Andalucía. Menos mal que se paró la fiebre constructora desde la Administración; si no, en vez de un parque regional de más de medio millón de viviendas que buscan comprador, tendríamos un millón. O más. Otra cosa que hay que agradecerle a la ex consejera, a sumar al valor que supuso la directriz de ordenar un territorio desordenado. Valor, en el doble sentido de audacia y mérito.

De ese medio millón de viviendas que buscan comprador algo menos de la mitad está en manos de promotores. El resto es de propietarios privados que se metieron en los pisos para dar el pelotazo y se han quedado pillados, sin dinero para pagar las hipotecas, con depreciación del inmueble y sin cliente alguno que lo quiera comprar. Total, que hemos pasado del maldito POTA y maldita Administración al bendito POTA. El Gobierno regional, como reconocía su presidente hace dos años, ha cometido gruesos errores en este campo. En particular los antecesores de la consejera Gutiérrez, que evitaron arriesgarse. El primero que se atreviese a querer racionalizar el urbanismo se iba a ganar muchos palos. Pero ahora resulta que le ha ahorrado muchos quebraderos de cabeza a sus críticos. Esto es lo que hay.

Esta crisis mundial que tenemos ya encima, comparable al crack del 29, es una oportunidad para revisar todos los elementos del desarrollo andaluz. El objetivo debe ser que el nuevo modelo de crecimiento sea más eficiente. Las empresas privadas y las administraciones públicas tienen la oportunidad de mejorar sus organizaciones y su gestión patrimonial. Les pongo un ejemplo paradigmático: todos los presidentes de Cartuja 93, el Parque Tecnológico de Sevilla han intentado gestionar directamente el suelo de la Isla, el terreno en donde se celebró la Expo’92. No han podido los Montaner, Viera o el actual Pérez Saldaña, por citar algunos ejemplos. Todos han fracasado en el intento.

En la reciente celebración del 15 aniversario de este parque tecnológico descubro que el 75% del suelo de la Cartuja lo controla una empresa pública estatal, Agesa, calificada informalmente por algún asistente al acto como “la inmobiliaria más rentable de España en estos momentos”. El otro 25% del terreno es de la Junta de Andalucía, pero lo gestiona Patrimonio, dependiente de la Consejería de Economía y Hacienda. Lo que significa que la dirección del Parque no tiene la capacidad de gestionar su suelo. Una aberración.

Un parque así es un instrumento para el desarrollo económico de Andalucía utilizando la tecnología. Y éste en concreto tiene un gran valor estratégico. Se lo concede la propia administración: la mayor parte del I+D público andaluz está concentrado aquí. En total, hay 350 empresas que facturan 2.238 millones de euros al año. Lo natural, como ocurre con el pujante Parque Tecnológico de Málaga, es que sus activos fuesen administrados por sus gestores. No se trataría tanto de vender el metro cuadrado más caro o de instalar muchas consejerías, sino de atraer a los centros de investigación y desarrollo más competitivos del mundo o a las empresas tecnológicas más avanzadas. Pero en Sevilla los dueños del suelo están en otra cosa. La inmobiliaria estatal lo que quiere el sacar el máximo rendimiento a sus activos y hace muy bien, esa es su obligación. Y Patrimonio tiene que buscar sitio a las instituciones y empresas públicas de la Junta, nuevas o reubicadas. También cumple con su tarea oficial. Pero después están los políticos, que tienen que tomar decisiones más allá del corto plazo y los reglamentos. Si nada lo remedia, los gestores de Cartuja 93 tendrán en 2014 de patrimonio propio los 2.000 metros cuadrados de la tecnoincubadora Marie Curie; un 0,28% de lo que será el Parque entonces.

Hay quien opina sobre el caso que los activos de Agesa deberían de pasar a la Junta y después a la gestión del Parque. Debería haber sido así desde el año 93, pero el primer presidente de Cartuja, Rafael de la Cruz, prefirió que se crease una sociedad estatal, por miedo a las deudas y pleitos herencia de la Expo. La revalorización del terreno ha convertido en un error aquella estrategia ‘colonial’. En Málaga se hizo exactamente al revés. Los terrenos del PTA eran del IFA, la Junta y el Ayuntamiento, en régimen de proindiviso, pero se hizo una ampliación de capital y se cedieron los activos a la sociedad anónima que gestiona el Parque. El PTA es un modelo para muchas cosas. No en balde este Parque es sede de las asociaciones nacional e internacional de parques tecnológicos.

Ahora hay una oportunidad de solventar el error sevillano en el pago de la deuda histórica. El Gobierno central ofrece 900 millones de euros y la Junta reclama entre 1.100 y 1.700 millones. Algunas fuentes atribuyen a los activos de Agesa un valor de 300 millones de euros. La Junta ya ha dicho que admitiría el pago en especies. La cosa encaja tanto que hasta se hizo alguna gestión informal, aunque ha sido oficialmente desmentida a este diario por la Consejería de Economía. Arreglar este desajuste debería ser uno de los ingredientes del nuevo modelo de desarrollo.

Europa se calienta más que la media del planeta. Y el sur del Mediterráneo más que la media europea. Durante este siglo Andalucía tendrá más consumo de electricidad y aumentarán los costes energéticos, descenderán las lluvias y el caudal de los ríos, los riesgos de incendios serán mayores, bajará la producción agrícola, habrá menos turismo en verano y más muertes por las olas de calor. Todo esto y mucho más dice el informe que la Agencia Europea de Medio Ambiente publicó el lunes. Se puede consultar aquí. No se trata de una proclama apocalíptica de cuatro aventureros, sino de un detallado estudio de la agencia oficial de la Unión Europea en la materia. Pinta mal. Peor que la crisis económica, porque sus consecuencias son más duraderas y el panorama más sombrío.

En un siglo, puede desaparecer entre el 10 y el 15 por ciento de las plantas del sur de España. Esta pérdida de biodiversidad no es un problema paisajístico, sino que provocará un grave riesgo de desertización. Mientras que en el norte de Europa pueden aumentar las precipitaciones hasta un 40 por ciento, en el sur las lluvias podrían descender en un 20. Aquí no cabe el consuelo del mal de muchos. Para el norte de Europa los datos de la agencia son, aparentemente, más buenos. Menos nieve, más caudal de los ríos, alta producción forestal, elevadas cosechas, desplazamiento hacia el norte de las especies animales y vegetales, menor consumo energético en calefacción, más energía hidroeléctrica y más turismo en verano.

En todo caso, desde principios de los 90 Groenlandia se derrite: está perdiendo 100.000 millones de toneladas de hielo al año. También se deshiela el oeste de la Antártida. Todo ese hielo se convierte en agua dulce que hace disminuir la salinidad de los mares, lo que afecta a la formación de aguas profundas, que son las que empujan la circulación oceánica. Ese agua suplementaria también hace subir el nivel del mar, de manera ostensible. Durante el siglo XX, el nivel del mar subió una media de 1,7 milímetros al año. Pero en los últimos 15, la subida ha sido casi del doble.

Es evidente que el progreso industrial ha deteriorado la calidad del medio ambiente. El cambio climático no es un eslogan ecologista, sino una realidad científica: en el último siglo ha subido la temperatura media del planeta algo más de un grado; en los próximos cien años puede subir dos, cuatro y hasta seis grados en España, en particular aquí en Andalucía. Todo depende de que se limite la emisión de gases de efecto invernadero, responsables del calentamiento de la tierra. Si después de esta crisis económica ya nada volverá a ser como antes en el mundo, esperemos que algunas cosas cambien para mejor.

El Gobierno ha encontrado un buen remedio contra los efectos de la crisis sobre los ciudadanos. La tinta de calamar. Es muy completo; tiene energía, proteínas, hidratos de carbono, fibra, calcio y vitamina A. También sirve para distraer la atención y camuflar defectos propios o del paisaje. La crisis gana terreno: el PIB de la Eurozona ha bajado en el segundo trimestre. Zapatero tiene razón cuando dice que España es la que va mejor de los cinco grandes. En Alemania ha bajado el producto bruto nacional en medio punto, en Francia e Italia un 0,3 y el Reino Unido se ha quedado como estaba. El famélico +0,1 del PIB español resulta ser un récord de Europa.

Pero todos los días hay malas noticias en España. En agosto, la venta de coches ha caído un 41%. La producción industrial ha bajado 4,4 puntos en el último año. Y Andalucía es la región con peor evolución en este campo. A pesar de éstos y otros datos, la Administración española encabeza la competición de estados de ánimo. El presidente del Gobierno sostiene algo indiscutible, que el pesimismo no crea puestos de trabajo. A esto hay que añadir que España también ostenta el liderazgo continental en producción de tinta de calamar: por orden alfabético, los ministros van soltando ideas, ocurrencias y debates polémicos para evitar que la opinión pública piense en la crisis. Con lo que la tinta de calamar adquiere virtudes psicotrópicas.

Con la A, la ministra Aído propone revisar la ley del aborto, que no estaba en el programa electoral del PSOE. Con la B, Bernat Soria planea regular el suicidio asistido esta legislatura. Con la C, Corbacho comunica que se han terminado los contratos en origen para los inmigrantes. Propongo que se sigan deletreando propuestas, que además de distraer, modernicen nuestra economía. Con la D, la desaparición de las Diputaciones y el adelgazamiento de la burocracia administrativa. Alguien nos debería explicar por qué en Cataluña hay 38 funcionarios por cada mil habitantes, el Andalucía 60 y en Extremadura 85. Con la E, la ministra Elena Espinosa podría proponer condicionar el sistema de ayudas agrícolas a la industrialización y comercialización. ¿Cuánto dinero pierde Andalucía por vender el 80% de su aceite de oliva a granel, para que los italianos lo envasen con el letrero Made in Italy?

Con la F, la vicepresidenta Fernández de la Vega explicaría por qué España es el segundo país de Europa que más energía gasta para producir una unidad de PIB. Con la G, la ministra Garmendia dedicaría ayudas a las empresas más competitivas, para que mejoren su innovación, creen más empleo y aumenten su mercado internacional, en vez de enterrar dinero en compañías sin futuro. Y así sucesivamente. Sin trampas. Sin tinta de cefalópodo, que también se utiliza para tatuajes temporales: pero ese camuflaje, como el de los calamares, es efímero.

El crecimiento andaluz se verá seriamente afectado por el parón en construcción e inmobiliario, que superaban el 20% del PIB andaluz y más del 25% en el caso de Málaga. La reconversión de estos sectores, con una altísima mano de obra, va a suponer un reto para los dirigentes políticos y empresariales. Este ajuste se produce al mismo tiempo en que se negocia un nuevo sistema de financiación autonómica, en el que las regiones ricas quieren disminuir su contribución a la solidaridad nacional. Coinciden tiempos de crisis y tensiones territoriales.

 El desajuste institucional de Bélgica es el saldo del desentendimiento entre flamencos y valones, dos comunidades muy distintas en cultura, lengua y raza, que comparten la religión católica y una historia común de menos de dos siglos, bajo una monarquía constitucional. En España tenemos la ventaja de contar con 17 comunidades autónomas, lo que diluye las tensiones regionales. Las peleas son mucho peores cuando se dan entre dos mitades de la sociedad.

En este país acabamos de conocer las balanzas fiscales el martes y el jueves la nueva propuesta de financiación autonómica. Los saldos fiscales son elementales: las regiones más ricas tienen déficit y las menos desarrolladas, superávit. Andalucía, con un saldo positivo de entre un 3,05 y un 4,65% de su PIB, se sitúa en el séptimo puesto de la clasificación. Un puesto discreto, que coloca a Andalucía lejos del estereotipo de la región subsidiada. Las cuentas que hace el profesor Ferraro hoy domingo en su Tribuna en los periódicos del Grupo Joly son sencillas: el superávit andaluz en 2005 fue de 5.054 millones de euros, de los cuales 3.642 fueron fondos europeos.

Aunque el Gobierno diga que no tiene nada que ver una cosa con la otra, balanzas y financiación autonómica parecen sospechosamente unidas. En Cataluña, región en torno a la que giran las reclamaciones en este campo, han recibido las balanzas al grito de ¡expolio fiscal! y la propuesta de financiación con una queja profunda del socialista  Antoni Castells, consejero de Economía de la Generalitat: el sistema presentado por Solbes le parece “decepcionante, insuficiente y preocupante”. Cataluña tiene el tercer puesto por la cola de la lista, con un saldo negativo de entre un 6,38 y un 8,70% del PIB. El presidente Montilla ha amenazado con graves disgustos al presidente Zapatero en el congreso del PSC de este fin de semana. Debe ser el único que le chista a ZP en las filas socialistas españolas.

Esta confrontación es incómoda para Zapatero en particular, dado que dos de las tres regiones más perjudicadas por los saldos fiscales están gobernadas por los compañeros Montilla y Antich en Cataluña y Baleares, que están dispuestos a dar la batalla para pagar mucho menos a las arcas nacionales. Solbes promete que ninguna región va a salir perjudicada, lo que significa que la atropellada será la Administración general del Estado. Con  la que está cayendo sobre la economía española no parece que sea el mejor momento de entablar esta pelea financiera.

 El caso belga viene también a cuento del cambio copernicano que va a dar la economía nacional y el modelo de crecimiento. Antes de la reconversión industrial en Bélgica, el sur valón era la región rica con una importante siderurgia y unas prósperas minas de carbón a las que emigraron –por cierto– muchos andaluces, por ejemplo del norte de Córdoba. Los francófonos dominaban todos los resortes de poder, en los negocios, en la banca, hasta en la ópera. El norte flamenco era pobre, con una economía de minifundio agrícola. La reconversión industrial transformó a los valones en parados o jubilados anticipados, subsidiados por la seguridad social. Mientras que en el norte no hubo que hacer reconversión y los flamencos pasaron de la vaca lechera a las nuevas tecnologías. Desde Eindhoven, la patria de la Philips, al sur de Holanda, hasta Amberes, en la costa belga, hay un Silicon Valley centroeuropeo de enorme potencia innovadora. Hoy los flamencos controlan las finanzas, los resortes empresariales y hasta la ópera.

Una ventaja de que en Andalucía no hubiese una potente industria pesada es que aquí no habría que hacer la reconversión más que en el sector naval. Se podía pasar de una sociedad agraria a una de modernas tecnologías sin disparar las clases pasivas. Pero ahora resulta que la construcción se ha convertido en nuestra particular siderurgia. Sin contar el sector inmobiliario, sólo la construcción representaba en 2006 el 13,7% del PIB andaluz y el 17 en Málaga, según los datos de Funcas. Un año antes, el INE daba un 12,5% para Andalucía y el 18,4% para Málaga. Se ha gripado el gran motor del crecimiento andaluz, la financiación autonómica está discutida y la europea tiene fecha de caducidad. Entramos en una situación preocupante.

El Gobierno ha presentado las balanzas fiscales, que hasta ahora eran como el monstruo del Lago Ness: todo el mundo hablaba de ellas y nadie las había visto. El misterio no era para tanto. La primera conclusión es de Perogrullo: las regiones con más renta tienen déficit fiscal y las de menos renta, superávit. Es lo normal en un sistema fiscal progresivo, con una correcta redistribución de la riqueza. Baleares, Madrid y Cataluña son las tres más perjudicadas. Y Extremadura, Asturias y Galicia, las tres más beneficiadas. Andalucía está en el séptimo puesto de las de saldo positivo.

La segunda impresión entra en el capítulo de las sorpresas: tanto el País Vasco como Navarra tienen un saldo fiscal negativo; mínimo, pero negativo. Y en tercer lugar, algo que se daba como fijo en las quinielas: se ha producido una gran protesta de los partidos catalanes, que califican el resultado de expolio fiscal, escándalo e injusticia. Y piden que las balanzas fiscales sean la base de la modificación del sistema de financiación autonómica, a lo que se niega el Gobierno.

En contra de la doctrina catalana, Hacienda utiliza varios argumentos, pero me quedo con uno: “Las regiones de renta alta suelen presentar saldos positivos en su balanza comercial interior”. Esto significa, para que se entienda, que si Cataluña cotiza tanto al Fisco español, entre otras cosas, es porque extremeños, gallegos, asturianos, andaluces, y el resto de los españoles, compramos productos catalanes, que producen beneficios a las empresas, puestos de trabajo para los operarios y directivos de nuestro proveedor, negocio para transportistas, publicitarios, vendedores, etcétera. Y todos ellos pagan impuestos. Estoy completamente en contra de todo tipo de boicot. Pero si compramos productos catalanes estamos contribuyendo imprudentemente a aumentar el déficit fiscal catalán. Los nacionalistas lo ven como un expolio, en vez de verlo como un magnífico negocio, por el que tienen que compensar a sus clientes, entre el 6 y el 9%.

Pero las protestas catalanas no son completamente rechazables. La patronal Pimec acaba de publicar un estudio según el cual en Cataluña el empleo público es el 8% del empleo total y en Extremadura es el 22,7. La media española es de 12,6% y la andaluza del 15,3. Si piensan que ese ratio sale porque en Extremadura hay mucho menos empleo, se equivocan: en Cataluña hay 38 funcionarios por cada 1.000 habitantes y en Extremadura 82. Hay alguna cautela que poner: Cataluña dispone de una importante red de servicios educativos y sanitarios gestionados de forma privada, pero en algunos casos pagados por la Administración. Aun con todo, llama la atención el despilfarro administrativo de las regiones menos desarrolladas. Así que unas regiones y otras tienen motivos para la discreción en el debate financiero que se avecina.