Una semana después de estallar el caso Estepona no ha dimitido nadie. Ni siquiera Antonio Barrientos ha dejado de ser concejal; sólo ha renunciado a la Alcaldía. En el PSOE se ha abierto el paraguas para aguantar el chaparrón informativo, en la convicción de que la prensa se cansará y otros temas harán olvidar el fiasco de su gestión en el Ayuntamiento de Estepona. Estos ocho días nos han aportado mucha noticia de lo que pasaba en este municipio. La juez considera que Barrientos era el cabecilla de una red dedicada a obtener fondos de promotores y empresarios para financiar actividades públicas y privadas, y para enriquecerse personalmente. Entre las actividades privadas estaría financiar a su propio partido. Esta semana hemos sabido de cajas de seguridad en los bancos con dinero B, de billetes de 500 euros con los que se atendía a asociaciones en campaña electoral, de concejales socialistas que advirtieron a la dirección provincial sobre lo que estaba pasando.

Y en este punto, encontramos uno de los nudos gordianos del problema. La secretaria provincial, Marisa Bustinduy, y el secretario regional de Organización han entonado al unísono la misma canción: “A mí, que me registren”. La semana pasada ponía como ejemplo que Willy Brandt dimitió como canciller de Alemania Federal porque se descubrió que su secretario personal, Günter Guillaume, era un espía de la RDA. No había ningún indicio de que este sujeto y su mujer eran infiltrados de la Alemania comunista, pero un político de la categoría de Brandt se sintió responsable. Aquí no hay responsables políticos, porque no hay dirección política. Luis Pizarro, el número dos del PSOE andaluz, afirma que ha fallado la condición humana. No. Han fallado los controles políticos. La burocratización de los partidos trae estas cosas: un funcionario reclama al concejal que señala irregularidades que “la denuncia sea probatoria”, igual que el empleado de una ventanilla pública exige que una solicitud sea por duplicado y con una póliza de 20 céntimos.

Una dirección política es otra cosa: supone una autoridad y una responsabilidad. La Junta de Andalucía, para cubrirse, señala que ha abierto 1.300 expedientes por presuntas irregularidades urbanísticas en Estepona. ¿No lo sabía el Partido Socialista? Pizarro y Bustinduy tenían miles de indicios sobre irregularidades en este municipio. Por tanto, tienen miles de razones más de Brandt para asumir su responsabilidad. ¿Saben ustedes que Barrientos es delegado al congreso regional del PSOE en el número 9 de la lista de Bustinduy?

Ahora no se puede venir a decir a la opinión pública que ha habido un fallo humano, como si el maquinista de un tren se salta una señal. Aquí hay un problema de código, de valores, de ética. De control político. Y muchos responsables. Pero no dimite ni dios.

Lo más relevante de la detención de 26 personas vinculadas a una presunta trama de corrupción municipal en Estepona es la farisea sorpresa en la cúpula del PSOE. El socialista Antonio Barrientos gobernó entre 2003 y 2007 esta localidad de la Costa del Sol con José Ignacio Crespo como número dos. Casualmente, el mismo lugarteniente que tuvo Jesús Gil Marín en los cuatro años que estuvo en la Alcaldía entre 1995 y 1999. La Fiscalía dice que esta trama esteponera trabajaba según la escuela gilista de Marbella. Crespo es un tipo listo: consiguió ser vicealcalde de Gil y, después, del socialista. Es más, fue el número tres de aquel partido antisistema llamado GIL, detrás de los dos Jesús Gil, padre e hijo. Era el hombre de confianza de la familia, para entendernos.

A nadie le pareció mal que apareciese más tarde a la vera de Barrientos. Ni a la secretaria provincial del PSOE, Marisa Bustinduy, ni al secretario regional, Manuel Chaves, ni al secretario general, José Luis Rodríguez Zapatero. Pero ayer, sin embargo, todo el mundo se rasgaba las vestiduras en el campo socialista. Le han abierto expedientes de expulsión a Barrientos y compañía. Hubo hasta quien sacó pecho: Álvaro Cuesta, secretario de Política Municipal, y Gaspar Zarrías, vicepresidente de la Junta, se preguntaron “por qué el PP no actúa con la misma contundencia contra los casos de corrupción surgidos en sus filas, como hace el PSOE”. Habría que pedirles compostura; más medicina preventiva y menos cirugía de salón.

Cuando en 1974 se descubrió que el secretario personal Willy Brandt, Günter Guillaume, era un espía de la Alemania comunista, el canciller dimitió. Se sintió responsable. Estoy seguro que ante la Estepona connection Bustinduy, Chaves y Zapatero no van a hacer otra cosa que indignarse. Y llueve sobre mojado: el PSOE gobernó en el mandato municipal que terminó el año pasado con viejos gilistas en Manilva hasta que metieron en la cárcel al alcalde Tirado. No son los únicos. El PP en Ronda, Izquierda Unida en Estepona y Manilva, y el PA en Ronda y Estepona han gobernado entre 2003 y 2007 en la Costa del Sol con significados gilistas. Hay una gran diferencia entre estas galanterías y el pacto republicano francés contra el ultraderechista Jean-Marie Le Pen. Javier Arenas ha dicho que hay que cambiar los controles de las políticas urbanísticas. De acuerdo. Pero antes hay que cambiar los controles de las políticas de partido: el PP gobernó con gilistas en Estepona antes de que lo hiciera Barrientos. Hay dirigentes del PSOE y el PP que son como el policía de Casablanca: cierra el local indignado, porque se ha enterado que se juega, pero coge su parte de la recaudación.

Después de lo de Estepona, Bustinduy, Chaves y Zapatero deberían dimitir, siguiendo la senda ética de Willy Brandt. Y si no quieren, al menos, que no nos tomen por tontos con el cuento de la “tolerancia cero”. En esa asignatura y en este caso han sacado precisamente eso, un cero.