Vejar, injuriar y mentir son los delitos por los que una juez de Madrid ha condenado a Federico Jiménez Losantos a pagar 36.000 euros al alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón. El informador estrella de la cadena de los obispos españoles ha injuriado gravemente a uno de los principales dirigentes del partido demócratacristiano español por excelencia, el PP. No es para escandalizarse; Losantos se permite llamar “masón” al nuncio de su Santidad el Papa, ¿por qué no iba a decir que al alcalde de la capital de España le daban igual los 200 muertos y 1.500 heridos del atentado del 11 de marzo de 2004?

La libertad de insultar ha sufrido un duro golpe en este país. Me alegro, aunque me parece poca multa, la verdad. Y al interesado también: Losantos considera que seis millones de pesetas es tan escaso castigo que por ese precio piensa seguir insultando al alcalde. El asunto ha trascendido las fronteras españolas: de la COPE y su peculiar estilo agresivo se ocupaba con preocupación hace pocas fechas el periódico oficial de la Santa Sede, L’Osservatore romano.

Me pregunto qué cuota parte de responsabilidad tiene el presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Rouco Varela, en los desafueros de la COPE. Y me pregunto sobre la complicidad de otros cardenales. Hasta ahora se conocían pocas manifestaciones de príncipes de la Iglesia a favor de un cambio de rumbo en la cadena. Pero en el plenario de obispos que se ha celebrado martes y miércoles ha habido una clara mayoría en contra del actual estilo faltón e injurioso de la cadena. La Vanguardia citaba ayer entre los principales valedores del cambio al obispo de Jerez, Juan del Río, que es presidente de la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación; al cardenal primado, Antonio Cañizares; al cardenal de Barcelona, Lluis Martínez Sistach; al obispo de Oviedo, Carlos Osoro, y al de Bilbao, Ricardo Blázquez.

Las desavenencias entre los antiguos aliados Rouco y Cañizares parece que están en el origen del nuevo destino que el primado tendrá en breve en la Curia de Roma, en espera de tiempos distintos en España. Por el contrario, el mismo periódico cita entre los aliados de Rouco a favor de la actual línea de la COPE, al cardenal arzobispo de Sevilla, Carlos Amigo. A Amigo se le conocían algunas ambiguas declaraciones sobre la emisora, como “la COPE es una bendición de Dios” o “la COPE es un dolor de cabeza”. Monseñor es muy libre de mantener las posiciones ideológicas y estrategias sociales que le plazca. Pero haría bien en dar explicaciones a los ciudadanos sobre este caso. Más que nada, porque vejar, injuriar y mentir, además de delitos, son pecados según la doctrina de la Iglesia. Aunque este aspecto de la cuestión no concierna a Federico, porque él es ateo y presume de serlo. Una bendición.

Uno de los dogmas de la Iglesia católica es la infalibilidad pontificia. Dogma establecido en el Concilio Vaticano I, en 1870: El Papa no puede cometer un error cuando se pronuncia en cuestiones de fe y moral. O sea, que el propio Santo Padre puede errar cuando no promulgue doctrina moral, y los obispos no están a salvo del error. Sin embargo, en su homilía de ayer en la catedral de Toledo, monseñor Cañizares dijo que la declaración de la semana pasada de la Conferencia Episcopal “no procedía de error o de motivos turbios, ni usaba engaños”.

Hay algo que decir de los engaños. En la manifestación del 30 de diciembre en Madrid hubo menos de 200.000 personas (¡que ya es gente!), pero los organizadores contaron dos millones. Un engaño manifiesto, contrario al octavo mandamiento. Pero lo que más llama la atención de la homilía del vicepresidente de los obispos españoles es que diga que “no procedía de error” la declaración del jueves, que tanta polémica ha desatado. Según el propio dogma, ni siquiera Benedicto XVI sería infalible a la hora de determinar que hubo negociación política con los terroristas de ETA en esta legislatura y no la hubo en 1999, con un obispo español sentado a la mesa, con etarras y representantes del Gobierno de Aznar.

Cañizares se muestra muy dolido y añade que la Iglesia “no callará”, aunque esto le traiga “juicios falsos e injustos”. Pero la propia Conferencia Episcopal no ahorra desprecios hacia la democracia española a la que tilda de autoritaria y corrupta. El sábado, un obispo con fama de moderado, el de Sigüenza José Sánchez, también se quejó: “Han dicho de nosotros cosas terribles”. No es posible que los obispos estén sorprendidos de la reacción. La Iglesia tiene una experiencia de poder de veinte siglos y su diplomacia está entre las mejores del mundo. Por eso ha habido sotanas en la mediación de muchos conflictos, por ejemplo en Irlanda del Norte.

Otra cosa es su escasa perspicacia en los debates científicos. En 1633 el Santo Oficio condenó a prisión de por vida a Galileo Galilei por corroborar la teoría de Copérnico de que el sol era el centro del universo. Los preclaros hombres de la Inquisición se ratificaron en su teoría de que la tierra era inmóvil. Tres siglos y medio después, el Papa Juan Pablo II reconoció que Galileo fue condenado injustamente. Peor le fue al filósofo, médico y geógrafo español Miguel Server, que estableció la circulación de la sangre, en contra del criterio moral imperante de que lo que circulaba por las venas era el alma. La Inquisición católica lo condenó en 1551 y dos años después los calvinistas lo quemaron vivo en Ginebra. Afortunadamente, el debate español no está en el campo científico. En todo caso, la jerarquía eclesiástica no debería remediar la frustración por una influencia social limitada con descalificaciones al sistema democrático español.

Antes de irse de vacaciones a Egipto con su novia, el presidente de la República Francesa fue recibido como canónigo de honor de la basílica de San Juan de Letrán, en Roma. Francia, como se sabe, es el Estado laico por excelencia, con una separación radical de la Iglesia. Aun así, Nicolas Sarkozy hizo un discurso deferente, en el que estableció un nuevo concepto, la laicidad positiva, que es la que no considera a las religiones un peligro. Añado que habría que establecer el principio complementario, la religiosidad positiva, aquella que no considera a los Estados democráticos un peligro. Un pensamiento ajeno a los oradores de la manifestación del domingo en Madrid, de apoyo a la familia cristiana, en la que dicen que había dos millones de personas. Lo más fundamentalista de la jerarquía católica sostuvo allí que el laicismo conduce a la disolución de la democracia, que en España se persigue a la familia y hay una regresión de los derechos humanos. Varios príncipes de la Iglesia española, García-Gasco, Cañizares y Rouco, atacaron al Gobierno con un discurso apocalíptico contra la ley de matrimonio de los homosexuales, la pretensión de aumentar los supuestos despenalizados del aborto, el divorcio rápido o la asignatura de Educación para la ciudadanía. No importa que la financiación, el Concordato o la escuela religiosa concertada no corran riesgo alguno.  Esta no es la Iglesia que suma en su pensamiento fe y razón, principios defendidos por el Papa en Ratisbona. Es un grupo que pretende que no haya “ninguna constricción en las cosas de la fe”: justo lo que se reprochaba a los musulmanes en aquel discurso. Rouco y compañía también defienden un poder terrenal. Así se entiende que la radio de la Iglesia reclame la abdicación del Rey y la jerarquía pida oraciones contra los ataques al Monarca. O que una institución que anula matrimonios canónicos no tolere que el Estado democrático divorcie. Cuando la democracia estableció el matrimonio civil en España, los obispos dijeron que era un inmoral concubinato. Ignoro la calificación que les merecerá la relación de Carla Bruni con Sarkozy, recién salido de la basílica romana.

Predicar la objeción de conciencia contra el Estado, con el argumento de que la Constitución establece el derecho de los padres a educar a sus hijos de acuerdo con sus propias convicciones, nos llevaría a admitir el mismo principio para los integristas musulmanes. En 1975, monseñor Tarancón clamó por una España de todos. Era una ruptura con los purpurados de brazo en alto, escaño en las Cortes franquistas y palio a disposición del dictador. Sus sucesores han dado marcha atrás: prefieren la agitación política y la confrontación. El del domingo no fue un acto religioso. Hubo unas 200.000 personas, pero al contar manifestantes políticos, el octavo mandamiento no obliga.