Benach ha pedido perdón por tunear su Audi A8 oficial y echarle encima 9.000 euros de escritorio, antena y aparato de televisión y reposapiés eléctrico: total 83.686 para mejor representar al pueblo catalán. Es una barbaridad aquí y en la China popular, que diría su correligionario Carod Rovira. Este nacionalista catalán se comporta como un buen español; porque este es un ‘mal español’. En este país hemos perdido el pedal en materia de transporte de autoridades. Con el argumento de la seguridad, cualquier concejal tiene a su disposición coches oficiales mejores que algunos primeros ministros europeos: he visto llegar a actos públicos a los jefes de Gobierno de Bélgica o Dinamarca al volante de su propio utilitario. Sevilla o Málaga tienen unos treinta coches oficiales para sus concejales. La ciudad inglesa de Leeds, con los mismos habitantes que Málaga, tiene tres vehículos para este menester. No tienen ni razón ni perdón.

Un concejal de la franquicia catalana de Izquierda Unida, candidato número uno al Congreso por Tarragona en las últimas elecciones generales, colocó un anuncio en su blog de corte independentista, para protestar por el déficit fiscal de su región. Luís Suñé considera, como los nacionalistas de CiU o los socialistas del PSC, que es un abuso la contribución de Cataluña a la solidaridad nacional. Y ha colgado en internet el anuncio de una campaña independentista, en inglés, para no mancharse con el castellano: El cartel, bajo el lema SOS Extremadura te necesita y la foto de dos niños harapientos y semidesnudos, tiene un letrero en catalán que invita a apadrinar a un niño extremeño por mil euros al mes, “porque no es suficiente con el 8,7% del PIB catalán”.

Esta historia da para varias moralejas. Para empezar, basta con unos pocos Suñé para animar al personal a disminuir el déficit fiscal catalán por la vía rápida: si se venden menos productos catalanes, disminuirán sus ingresos y su contribución fiscal. Pero estas bromas xenófobas son armas de doble filo. Extremadura tiene poco comercio con Cataluña, es su quinto proveedor y su quinto cliente en el mercado español. Pero la balanza comercial bilateral fue favorable a Cataluña, en más de 280 millones de euros en 2005, unos 47.000 millones de pesetas. Lo que significa que es Extremadura la que tiene apadrinados a cientos de empresarios catalanes, que emplean a miles de trabajadores. Y todos ellos pagan sus impuestos en Cataluña.

Otro argumento que nos brinda este dirigente de la IU catalana es que 160 años después del Manifiesto comunista, está muerto y enterrado el espíritu de su frase final: “Proletarios de todos los países, uníos”. Suñé se convierte en un acólito del principio nacionalista de que el dinero de la Cataluña rica es para ella misma. Pero si damos por buena la tesis de que tributan los territorios y no los ciudadanos, y somos coherentes hasta el final, entonces dentro de Cataluña, deberán realizarse más inversiones en la provincia de Barcelona, que es la que más tributa. A continuación, será la capital el que reclame la principal atención de las administraciones y acto seguido serán los barrios de la clase alta barcelonesa los que exijan que sus servicios públicos sean los mejores. Una vez que se abre la caja de Pandora, ¿dónde termina el privilegio del territorio que más paga?

Nos quejamos de la falta de democracia interna de los partidos, pero cuando las marcas políticas no tienen una organización uniforme detrás, es mucho peor. Esta es la última moraleja: la franquicia de Izquierda Unida en el País Vasco apoya al plan nacionalista de un estado libre asociado. Y en Iniciativa por Cataluña Los Verdes aparecen personajes como Suñé. Esta variopinta coalición de fuerzas de izquierda no necesita un padrino, sino más bien un hada madrina.

El Gobierno ha presentado las balanzas fiscales, que hasta ahora eran como el monstruo del Lago Ness: todo el mundo hablaba de ellas y nadie las había visto. El misterio no era para tanto. La primera conclusión es de Perogrullo: las regiones con más renta tienen déficit fiscal y las de menos renta, superávit. Es lo normal en un sistema fiscal progresivo, con una correcta redistribución de la riqueza. Baleares, Madrid y Cataluña son las tres más perjudicadas. Y Extremadura, Asturias y Galicia, las tres más beneficiadas. Andalucía está en el séptimo puesto de las de saldo positivo.

La segunda impresión entra en el capítulo de las sorpresas: tanto el País Vasco como Navarra tienen un saldo fiscal negativo; mínimo, pero negativo. Y en tercer lugar, algo que se daba como fijo en las quinielas: se ha producido una gran protesta de los partidos catalanes, que califican el resultado de expolio fiscal, escándalo e injusticia. Y piden que las balanzas fiscales sean la base de la modificación del sistema de financiación autonómica, a lo que se niega el Gobierno.

En contra de la doctrina catalana, Hacienda utiliza varios argumentos, pero me quedo con uno: “Las regiones de renta alta suelen presentar saldos positivos en su balanza comercial interior”. Esto significa, para que se entienda, que si Cataluña cotiza tanto al Fisco español, entre otras cosas, es porque extremeños, gallegos, asturianos, andaluces, y el resto de los españoles, compramos productos catalanes, que producen beneficios a las empresas, puestos de trabajo para los operarios y directivos de nuestro proveedor, negocio para transportistas, publicitarios, vendedores, etcétera. Y todos ellos pagan impuestos. Estoy completamente en contra de todo tipo de boicot. Pero si compramos productos catalanes estamos contribuyendo imprudentemente a aumentar el déficit fiscal catalán. Los nacionalistas lo ven como un expolio, en vez de verlo como un magnífico negocio, por el que tienen que compensar a sus clientes, entre el 6 y el 9%.

Pero las protestas catalanas no son completamente rechazables. La patronal Pimec acaba de publicar un estudio según el cual en Cataluña el empleo público es el 8% del empleo total y en Extremadura es el 22,7. La media española es de 12,6% y la andaluza del 15,3. Si piensan que ese ratio sale porque en Extremadura hay mucho menos empleo, se equivocan: en Cataluña hay 38 funcionarios por cada 1.000 habitantes y en Extremadura 82. Hay alguna cautela que poner: Cataluña dispone de una importante red de servicios educativos y sanitarios gestionados de forma privada, pero en algunos casos pagados por la Administración. Aun con todo, llama la atención el despilfarro administrativo de las regiones menos desarrolladas. Así que unas regiones y otras tienen motivos para la discreción en el debate financiero que se avecina.

Según una encuesta que acaba de publicar la fundación catalana Jaume Bofill, los cuatro millones de inmigrantes con papeles que hay en España no piensan irse. El objetivo del Gobierno de facilitar su retorno va a pinchar en hueso. Los inmigrantes tienen una visión del presente y del futuro más optimista que la de los autóctonos. Están tan satisfechos de la acogida que sólo desea volver a su país un 10 por ciento de los que llevan en Cataluña menos de cinco años, y un 2 por ciento de los que residen allí desde hace más de dos lustros. No creo que el medio millón de residentes extranjeros en Andalucía tenga otro punto de vista. Así que todos debemos ir pensando más en la integración que en la devolución de unos trabajadores con los mismos derechos que los españoles, excepto el voto. La crisis económica traerá alguna tentación racista. Tampoco hay que alarmarse, porque ya ha ocurrido en otras naciones europeas.

Un socialista, el presidente de la región mediterránea del Languedoc-Rosellón, la vecina francesa de Cataluña, protagonizó un escándalo en Francia hace año y medio. Georges Frêche dijo que en la selección francesa de fútbol había demasiados negros. “Hay nueve de once y lo normal sería que hubiese tres o cuatro”. En los blogs de internet acribillaron a Frêche, un pied noir originario de Túnez. Uno de los comentarios era muy ilustrativo: “Si cree que sólo debe haber un 30 por ciento de negros en la selección de fútbol, para reflejar la realidad del país, entonces propongamos un 30 por ciento de negros en la Asamblea Nacional, otro 30 en el Gobierno y otro 30 de presentadores en la cadenas públicas de televisión”.

Estas polémicas xenófobo-futbolísticas no son nuevas en Francia. El líder ultraderechista francés Jean-Marie Le Pen en vísperas del Mundial del 98 también se quejó de que los blancos de pura raza francesa no fuesen mayoría en la selección. Para su desgracia, aquel equipo capitaneado por Zidane y Thuram se proclamó campeón del mundo y provocó un fenómeno social de integración sin precedentes en la historia gala: el eslogan multirracial fue black, blanc, beur, que traducido sería algo así como negro, blanco, árabe. En España no será tan fácil, porque la selección de Luis está lejos de poder ganar la Eurocopa y además no tiene extranjeros, ni negros, ni árabes, ni sudamericanos de raíces indias. Y, sin embargo, ese es el futuro, no del equipo nacional de fútbol, sino de los componentes del Congreso o el Gobierno, como reclamaba el internauta francés.

Esta sociedad debe ejercer su capacidad de integración social con una población joven y emprendedora que puede aportar mucho a su economía y a la propia identidad nacional. Los marroquíes, rumanos o ecuatorianos de ahora no son una novedad; ya pasó antes con iberos, celtas, cartagineses, romanos, visigodos, judíos, árabes y todas las razas y civilizaciones que han dado lugar al español actual.

En su primer debate sobre el nuevo Estatut, el Tribunal Constitucional acepta que Cataluña se defina como una nación, sin efectos jurídicos. Así lo publicaba ayer José María Brunet en La Vanguardia. “Sin efectos jurídicos” es una cautela que añadir a “el Parlamento de Cataluña ha definido de forma ampliamente mayoritaria a Cataluña como nación”, frase textual entresacada del preámbulo del Estatut. Si la votación se produce en estos términos, el Constitucional se acogería a su doctrina tradicional sobre la falta de valor normativo de los preámbulos de las leyes. Por el contrario, la ponente de la resolución, la magistrada granadina Elisa Pérez Vera, ex presidenta del Consejo Consultivo de Andalucía, parece partidaria de excluir el concepto de bilateralidad en las relaciones entre el Estado y la Generalitat. Esto abortaría todo riesgo de una relación privilegiada para Cataluña en la negociación del nuevo sistema de financiación de las comunidades autónomas, como pretende el consejero de Economía catalán, el socialista Antoni Castells.

Tanto han insistido los catalanes en que su nuevo Estatuto se redactaba bajo el imperio de dos necesidades históricas, nación y financiación, que ahora que llegamos a la hora de la verdad parece que se les quedan en poca cosa estos dos principios sacrosantos: la nación no tiene efectos jurídicos y en la financiación serán uno como los demás. No me molesta que los catalanes se definan como nación, aunque siempre he preferido el más neutral y geográfico término de región. En el mundo global es absurda la pretensión de dividir a los pueblos con conceptos tan obtusos como realidad nacional. Europa será una primera potencia del siglo XXI si actúa unida. Y sería más propio decir que Europa es una nación; por cierto, con efectos jurídicos. Los países miembros le han cedido importantes parcelas de soberanía en moneda, mercado único y política económica, agraria o medioambiental. España sería una región de Europa, en la que Cataluña sería una muy distinguida comarca.

Distinguida, aunque con un sentimiento profundo de estar emprenyat; o sea, con perdón, jodida. En ocasiones, sin razón. Las autopistas de peaje de las que ahora se queja el Gobierno catalán se construyeron con la garantía del Estado y contribuyeron hace décadas al notable desarrollo catalán por encima de la media española. Igual que la autarquía benefició a las regiones más desarrolladas, porque les garantizaba un mercado cautivo. Nadie pone en duda el admirable espíritu emprendedor de los catalanes. Pero, por ejemplo, la Dictadura decidió instalar hace medio siglo la Seat en Barcelona y no en Córdoba o en Almería. Andalucía, en esa época, carecía de los empresarios que tiene ahora. Y ponía los trabajadores, que emigraron a donde había trabajo, y un mercado de consumidores. Ahora, después de las trubulencias de los últimos tres años, está bien que las cosas vuelvan a su cauce.

El lunes pasado, en la presentación del Anuario Joly Andalucía 2008 en Huelva, el presidente de la Junta de Andalucía reiteró que no tiene inconveniente en que se publiquen las balanzas fiscales españolas, pero que ésta no puede ser la base de discusión del nuevo sistema de financiación de las comunidades autónomas. Se trata de los preámbulos de la batalla política más importante que hay que entablar en el inicio de esta Legislatura: una nueva advertencia de Manuel Chaves ante la insistencia catalana en que se publiquen las cuentas de contribuciones y retornos de los ciudadanos de los distintos territorios.

A la tesis andaluza se están sumando argumentos de peso. Ese mismo lunes, en su blog, el ex presidente de la Comunidad de Madrid Joaquín Leguina, que se acaba de retirar de la política activa, defendía un planteamiento similar:

“este asunto resulta, desde su propio planteamiento, mentiroso e insolidario, porque entre los contribuyentes controlados por la Agencia Tributaria no está doña Cataluña, tampoco el señor Aragón, ni la señorita Andalucía. Los territorios no pagan a Hacienda. Quienes sí pagan son los ciudadanos y pagan más los que más tienen. Lo dice la Constitución y es lo justo y razonable. Al contribuyente de verdad no se le ocurre contabilizar lo que recibe del Estado y lo que paga en impuestos para ver cómo le ha ido su particular balanza fiscal. Imaginemos, sin embargo, que existe un Juan Gómez, insolidario y algo tarado, que hace esas cuentas y resulta que la balanza personal le sale negativa. ¿Alguien le haría caso si este señor se presentara con una pancarta protestona ante el Ministerio de Hacienda, pidiendo que le equilibren su balanza fiscal? ¿Por qué se atiende –¡y de qué modo!– al señor Castells (consejero de Hacienda de Cataluña, que dice ser socialista) cuando plantea su impúdica y antisocialista cantinela de la balanza fiscal?”.

Este tipo de balances presupuestarios son poco transparentes. Hay no menos de veinte fórmulas para calcular una balanza fiscal, que arrojan resultados muy dispares. El vicepresidente Solbes encargó en la pasada legislatura a un comité de expertos (profesores de universidad y altos funcionarios del Ministerio de Hacienda) establecer un método objetivo de cálculo. Entre los autores de la mágica fórmula estaba el catedrático de la Universidad de Málaga José Sánchez Maldonado. El resultado de casi dos años de trabajo verá la luz en las próximas semanas. Por utilizar un trazo grueso en la explicación, estos sabios no han incluido los fondos europeos ni las cuentas de la Seguridad Social en sus criterios contables.

Tampoco lo hicieron los profesores Ramón Barberán y Ezequiel Uriel en las últimas balanzas fiscales conocidas, con la media desde 1991 a 2005, publicadas por el BBVA en noviembre pasado. Lo más llamativo de ese estudio es que Madrid es la comunidad autónoma con mayor saldo negativo, con 12.304 millones de euros. Le siguen Cataluña, con –6.934 millones, Baleares (–770 millones) y la Comunidad Valenciana (–228 millones).

Los autores de este trabajo destacan la anomalía del País Vasco y Navarra, que pese a ser regiones ricas presentan una balanza fiscal positiva de 1.653 millones y 315,5 millones, respectivamente. Entre las que tuvieron un saldo positivo , destaca en términos absolutos Andalucía, con +10.237 millones de euros; seguida de Galicia (3.849 millones), Castilla León (3.535 millones), Castilla La Mancha (2.633 millones), Canarias (2.556 millones) y Extremadura (2.523 millones). Si se hace el cálculo per capita, está en cabeza Melilla, Ceuta, Extremadura y Asturias .

Cataluña inició hace cuatro años una revisión de su Estatut con el objetivo de reducir drásticamente su contribución a las arcas nacionales. La Generalitat reclama un sistema similar al cupo vasco, por el que Álava, Guipúzcoa y Vizcaya recaudan los impuestos y liquidan al Estado un tanto alzado anual. Hasta el año pasado el cupo ha sido de 1.300 millones de euros y ahora ha pasado a 1.500. La insolidaridad vasca ha terminado de contaminar a otras regiones ricas de España. Esta es la parte de su reflexión que el presidente Chaves no dice en público, pero imagino que se le pasa por la cabeza cada vez que este asunto aparece en la agenda política.

Es decepcionante que los partidos nacionales se empeñen en jugar la liga regional. En el PP se puede estar a favor y en contra del trasvase del Ebro, según el territorio que se represente. Y en el PSOE se puede sostener que los impuestos los pagan los ciudadanos o las empresas y no los territorios, y lo contrario. Son los daños colaterales de la España plural. El padre de la criatura, Pascual Maragall, pide ahora voto en blanco. A la ministra Carme Chacón las cámaras de televisión la han cogido in fraganti con una chuleta escrita en la mano. Ha explicado que era para no olvidarse nada. Por el contrario, hay cosas que ella dice que no se nos deben olvidar a los demás. Esta amiga del presidente ha hecho unas propuestas fiscales para Cataluña típicamente nacionalistas, que está convencida que “sólo se pueden conseguir con el PSOE en el poder, porque con el PP sería imposible”. Toda una invitación para no votar a Zapatero en la España pobre.

Los socialistas catalanes quieren un cupo como el vasco para liquidar sus impuestos estatales. En algunas balanzas fiscales el saldo final le sale positivo al País Vasco. O sea, que reciben más del Estado en servicios varios de lo que contribuyen a las arcas nacionales. Es un cheque anual de 1.300 millones que mandan a Madrid, que se acaba de subir a 1.500. El cupo vasco es una herencia de los antiguos fueros, salvados en la Constitución de 1978 como precio por el voto favorable del PNV. Pero los nacionalistas se abstuvieron. Lo que significa que se puso de gratis. Si Cataluña consigue lo mismo que los vascos, Andalucía quedaría perjudicada.

La ejecutiva de los socialistas catalanes (el PSC) aprobó el lunes su manifiesto electoral, en el que reclaman un nuevo sistema de financiación que consiga “la equiparación progresiva entre los ingresos de la Generalitat y los que proporciona el sistema de concierto en el País Vasco”. El PSC insiste en que se publiquen las balanzas fiscales. Nada hablan del amplio superávit de la balanza comercial de Cataluña con el resto de España. De la ventaja que tuvieron en el pasado, en la economía intervenida de la dictadura, de tener un mercado cautivo que les enriqueció. O en la actualidad, en un mercado único, en el que pueden vender mercancías en Andalucía sin pagar arancel.

Hace unos días el conseller catalán de Economía, Antoni Castells, hablaba de la negociación que “en los próximos meses tienen que entablar el Gobierno y la Generalitat para reformar el sistema de financiación y resolver el desequilibrio entre regiones ricas y pobres”. Parte de un error: Cataluña y España no pueden negociar bilateralmente un sistema de financiación: debe hacerse entre todas las autonomías. Pero la cuestión de fondo es que el PSOE tiene una oferta fiscal para los catalanes que perjudica gravemente a Andalucía. Montilla y Chaves juegan cada uno su liga regional. Así, hay motivos para dudar…

Es la historia de una muerte anunciada: el 9 de marzo habrá elecciones generales, con lo que cualquier otra convocatoria a las urnas quedará solapada. Dicen que también habrá andaluzas. No me lo creo. No hay andaluzas desde que Chaves ganó, por primera vez en 1990. Si acaso sí que las hubo en 1994, con motivo de unas europeas, en las que se votó también al Parlamento de Andalucía y los socialistas estuvieron en un tris de perder (45 PSOE, 41 PP, 20 IU, 3 PA). Esos riesgos se han evitado en 1996, 2000, 2004 y 2008, escondiendo las elecciones andaluzas debajo de las generales. La pareja Zapatero Chaves repite la jugada de 2004. Ellos ganan votos en las generales y participación en las autonómicas. Y los demás nos quedamos sin debate andaluz y sin saber a cuánta gente, de verdad, le interesa tanto la autonomía como para ir a votar en unos comicios regionales puros y duros. ¿Llegaría al 40 por ciento la participación? Pues a pesar de todo, deberían ser en solitario, como en el País Vasco, en Cataluña o en Galicia, las otras comunidades del 151. ¿Hace bien Chaves? Claro, que la unión hace la fuerza: en Cataluña les puede ir de cine…