La sonrisa magistral de Zapatero y el gesto cometido de su anfitrión ponen de manifiesto quién de los dos estaba más contento de esta cita de ayer en la Casa Blanca, forzada por el presidente francés Sarkozy. El diario Le Figaro ha publicado que cuando Sarkozy consiguió convenció a Bush de que invitara a ZP a la cumbre para reformar el sistema financiero mundial, el presidente español estaba encantado. “Le ha dicho: Te daré todo lo que me pidas”, aseguró a Le Figaro un próximo colaborador del presidente francés. Este extremo ha sido desmentido categóricamente por el Gobierno español. Pero ahí se queda. Si tienen la ocasión de repasar las otras fotos de la llegada a la Casa Blanca, en todas hay un George W. Bush con una sonrisa franca, menos en la de Zapatero. Lo tiene indigestado, sin la menor duda. Además de Estados Unidos, al final, participan en la cumbre de Washington, Alemania, Canadá, Francia, Italia, Japón y Reino Unido, que integran el G-7. Argentina, Australia, Brasil, China, India, Indonesia, México, Rusia, Arabia Saudí, Suráfrica, Corea del Sur, Turquía y la Comisión Europea, que completan el G-20. Y, fuera de concurso, España y Holanda, nuevos en estas lides. Los reunidos ya hablan de una nueva cumbre en abril, con Obama de presidente, quizá en Londres.

Un militante anti-Lisboa acosa al ministro de Hacienda, Brian Lenihan, en la foto de Eric Luke.

Con la crisis creciendo y los precios subiendo, lo único que nos faltaba era un fracaso en el referéndum sobre el Tratado de Lisboa en Irlanda. Los irlandeses han dicho que no al Tratado de Lisboa, en el único referéndum que se iba a celebrar en toda Europa. Esta vez ni británicos, ni daneses, ni franceses, ni holandeses. Nadie se ha atrevido a preguntarle a la gente.

Lo más grave del rechazo de Irlanda es que la participación ha superado la mitad del electorado. El triunfo del ‘no’, auspiciado por una derecha fundamentalista católica, la izquierda verde o el movimiento republicano Sinn Fein va a paralizar las instituciones. Aunque ya lo han hecho 19 países, no puede entrar en vigor el nuevo Tratado si uno solo de los socios no lo ha ratificado. El Tratado de Lisboa, que prevé un presidente del Consejo por dos años y medio, un ministro de Exteriores, una Comisión más reducida, un Parlamento con mayores poderes, un sistema de voto más democrático y la posibilidad de refrendos por iniciativa popular, ha perdido la única votación ciudadana prevista y no podrá entrar en vigor. Los jefes de Estado y de Gobierno que se reúnen jueves y viernes en Bruselas tienen más trabajo y una nueva preocupación.

Como en la República Francesa hace tres años, el público irlandés ha votado con el egoísmo nacional en la mano, en clave local: grupos antiabortistas, empresarios que se resisten a renunciar a privilegios fiscales, emprendedores que miran más a Boston que a Berlín, agricultores que están en contra de la liberalización del comercio mundial, pacifistas contrarios a todo alineamiento, o trabajadores temerosos de perder su empleo por el dumping social en los países del Este, han votado contra la globalización, no contra el Tratado de Lisboa. Un texto que decía desconocer hasta el nuevo primer ministro, Brian Cowen.

Hay un precedente irlandés: en 2001, en el referéndum sobre el Tratado de Niza sólo votó el 34% de la población y salió que no. Hubo que hacer algunos retoques y esperar hasta octubre del 2002 para que otra consulta popular le diera la vuelta a la situación. Con el Tratado de Maastricht pasó lo mismo en Dinamarca: en el 92 fue rechazado y, tras dejar fuera del euro a la corona danesa, fue aprobado en el 93. En todos los casos el ‘no’ ha supuesto una contrariedad.

Es curioso que algunas de las razones por las que votaron en contra de estos tratados daneses e irlandeses sean completamente contrarias. Dinamarca es de los países que más cómodos se sienten con el protectorado militar que ejerce Estados Unidos sobre Europa desde la II Guerra Mundial. “Cualquier cosa menos ver otra vez los tanques alemanes por las calles de Copenhague”. Maastricht le sonó a los daneses a ejército europeo, por la “identidad europea de defensa” recogida en sus artículos. Y los daneses preferían la OTAN tutelada por el Tío Sam. A los irlandeses, neutralistas como los suecos o los austríacos, no les gustó el viraje de los tratados siguientes, Amsterdam y Niza, y rechazaron éste último, entre otras cosas, por la mención expresa a la OTAN.

Hay otras razones para que recele un país que hoy es el segundo con más renta per cápita de la UE. El síndrome del nuevo rico. Cuando se aprobó Maastricht, en diciembre de 1991, Irlanda entró a formar parte del club de países que recibirían miles de millones de euros de un fondo cohesión, para la convergencia hacia la moneda única. Despectivamente a los cuatro pobres se les llamó los cerdos, por la gracia de sus iniciales en inglés, PIGS, Portugal, Ireland, Greece y Spain. Hoy hemos conocido el veredicto irlandés y tenemos un motivo más de inquietud. La presidencia francesa, que empieza el 1 de julio y aspiraba a lanzar debates imprescindibles en Europa sobre inmigración o energía, deberá desgastarse ahora para buscar una salida al embrollo irlandés. Mala cosa. Hay una enorme distancia entre las preocupaciones a corto plazo de los ciudadanos europeos y la estrategia a medio plazo de sus líderes políticos.

La muerte del presidente Calvo Sotelo nos hace más viejos a algunos. También, en cierta manera, es como si este régimen constitucional, llegara a la mayoría de edad. Es el primer presidente de la democracia que muere y no había protocolos anteriores. El único entierro de Estado que recuerdo fue el del alcalde de Madrid Enrique Tierno Galván. Tampoco hay costumbre en la democracia española de un trato oficial y deferente hacia los ex primeros ministros. En Estados Unidos se les llama presidentes durante toda su vida. Y se les tiene un respeto que aquí escasea. También es verdad que intervienen poco o nada en política interna. Al menos hasta que hemos visto a Clinton en ese tándem con su mujer que se ha dado en llamar Billary.

Cuando Calvo Sotelo fue elegido presidente por el Congreso tenía 54 años. Y nos parecía muy mayor. En este capítulo hay una cierta costumbre: los españoles hemos elegido siempre a cuarentones para primeros ministros. Suárez, Aznar y Zapateto llegaron al poder con los mismos años, 43. Y Felipe González no había cumplido aún los 40. En Andalucía la tendencia ha sido similar: Chaves fue presidente a los 45, Borbolla a los 37 y Escuredo, con 38. Así que Calvo Sotelo fue, con diferencia, el más mayor. Aunque cuando uno ve a Hillary con 60 y McCain con 71 presentándose a la presidencia de los Estados Unidos resulta que don Leopoldo era un chiquillo a sus 54. Recuerdo que era un joven periodista cuando cubrí la información para ABC de la visita del presidente Calvo Sotelo a Sevilla en una Semana Santa. Y era ya un veterano cuando un jurado presidido por él me otorgó el Premio Madariaga en 1997. Era un señor tímido, educado y atento. Ha sido definido con acierto como un burgués ilustrado.

Estuvo menos de dos años en el puesto, pero su gestión fue decisiva para abrir la puerta de España hacia Europa. Era ministro para las Relaciones con la Comunidad Económica Europea de Adolfo Suárez, cuando España solicitó oficialmente iniciar las negociaciones para su adhesión a la CEE, en 1979. Y era presidente del Gobierno cuando el 29 de octubre de 1981 España se integró en la OTAN. Calvo Sotelo pertenece a un grupo de personas imprescindible para el tránsito de la dictadura a la democracia. Tuvo distintos cargos en los últimos años del Régimen, pero creyó vivamente en la Monarquía constitucional. Es famosa una frase de Franco, que calificaba a la España forjada por los liberales como “bastarda, afrancesada y europeizante”. Pues bien, un hijo de la burguesía liberal española fue uno de los líderes de la integración de la España moderna en Europa, su territorio natural. Descanse en paz.

En su primer debate sobre el nuevo Estatut, el Tribunal Constitucional acepta que Cataluña se defina como una nación, sin efectos jurídicos. Así lo publicaba ayer José María Brunet en La Vanguardia. “Sin efectos jurídicos” es una cautela que añadir a “el Parlamento de Cataluña ha definido de forma ampliamente mayoritaria a Cataluña como nación”, frase textual entresacada del preámbulo del Estatut. Si la votación se produce en estos términos, el Constitucional se acogería a su doctrina tradicional sobre la falta de valor normativo de los preámbulos de las leyes. Por el contrario, la ponente de la resolución, la magistrada granadina Elisa Pérez Vera, ex presidenta del Consejo Consultivo de Andalucía, parece partidaria de excluir el concepto de bilateralidad en las relaciones entre el Estado y la Generalitat. Esto abortaría todo riesgo de una relación privilegiada para Cataluña en la negociación del nuevo sistema de financiación de las comunidades autónomas, como pretende el consejero de Economía catalán, el socialista Antoni Castells.

Tanto han insistido los catalanes en que su nuevo Estatuto se redactaba bajo el imperio de dos necesidades históricas, nación y financiación, que ahora que llegamos a la hora de la verdad parece que se les quedan en poca cosa estos dos principios sacrosantos: la nación no tiene efectos jurídicos y en la financiación serán uno como los demás. No me molesta que los catalanes se definan como nación, aunque siempre he preferido el más neutral y geográfico término de región. En el mundo global es absurda la pretensión de dividir a los pueblos con conceptos tan obtusos como realidad nacional. Europa será una primera potencia del siglo XXI si actúa unida. Y sería más propio decir que Europa es una nación; por cierto, con efectos jurídicos. Los países miembros le han cedido importantes parcelas de soberanía en moneda, mercado único y política económica, agraria o medioambiental. España sería una región de Europa, en la que Cataluña sería una muy distinguida comarca.

Distinguida, aunque con un sentimiento profundo de estar emprenyat; o sea, con perdón, jodida. En ocasiones, sin razón. Las autopistas de peaje de las que ahora se queja el Gobierno catalán se construyeron con la garantía del Estado y contribuyeron hace décadas al notable desarrollo catalán por encima de la media española. Igual que la autarquía benefició a las regiones más desarrolladas, porque les garantizaba un mercado cautivo. Nadie pone en duda el admirable espíritu emprendedor de los catalanes. Pero, por ejemplo, la Dictadura decidió instalar hace medio siglo la Seat en Barcelona y no en Córdoba o en Almería. Andalucía, en esa época, carecía de los empresarios que tiene ahora. Y ponía los trabajadores, que emigraron a donde había trabajo, y un mercado de consumidores. Ahora, después de las trubulencias de los últimos tres años, está bien que las cosas vuelvan a su cauce.

El sistema electoral está anticuado. En esta campaña no se ha hablado de Europa, ni de política exterior, ni de financiación municipal, ni del nuevo sistema de financiación de las comunidades autónomas. Tampoco de reformar la Constitución para hacer algo práctico: o la Cámara de las regiones o la disolución, porque tal y como está no aporta ninguna utilidad al Estado. No se ha hablado de la necesaria desaparición de instituciones tan obsoletas como las diputaciones, que cuestan muchos miles de millones de pesetas todos los años. Y tampoco de cambiar el sistema electoral. Habría que ir a una nueva fórmula de adjudicación de escaños, con dos tipos de colegios: el provincial actual, más uno nacional que pueda recoger los restos, lo que a partidos como Izquierda Unida o UPyD les reportaría unos diputados más. Sería bueno que hubiese bisagras nacionales y no partidos nacionalistas que sangran al Estado a cambiar de dar el poder a una mayoría en precario. La intervención de la candidata de Coalición Canaria el miércoles en el debate a siete en TVE fue de vergüenza ajena. Y otra cosa que cambiaría del sistema actual es la prohibición de publicar encuestas. Con internet de ha quedado en un juego de niños. El Periódico de Andorra publica una diaria que usted puede consultar con sólo un clic. Que le aproveche.