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La Junta tendrá que ajustar su presupuesto en 2.500 millones

Ignacio Martínez | 8 de abril de 2012 a las 12:19

El ajuste llega a las cuentas regionales. Andalucía debe recortar su presupuesto para el año en curso en unos 2.500 millones de euros. Y tiene que hacerlo por tres motivos. Porque la previsión de crecimiento del 1% del PIB, con la que se redactó el presupuesto de la comunidad autónoma para 2012, era un voluntarismo que a día de hoy es imposible de cumplir. Porque el déficit del ejercicio anterior fue del 3,22% del PIB y éste no puede rebasar el 1,5%. Y porque las transferencias del Estado se van a reducir drásticamente.

Los recortes supondrán una recaudación menor de los tributos cedidos, un descenso notable en las transferencias corrientes y de capital desde la Administración General del Estado, y un menor techo de gasto. Esos elementos suman alrededor de 2.500 millones, según los cálculos efectuados por este periódico, con la ayuda de varios especialistas. El presupuesto autonómico sería similar al de 2007, año en el que empezó la crisis económica y financiera mundial en Estados Unidos. Entonces alcanzó un montante de 29.187,7 millones de euros. Y el aprobado en diciembre pasado fue de 32.020 millones.

Tras la primera reunión de las delegaciones del PSOE e Izquierda Unida para la formación del nuevo Gobierno, José Luis Centella, secretario general del PCE, declaró que las prioridades de su organización son el empleo, el cambio de modelo productivo, la regeneración de la vida pública andaluza, y el freno a la política de recortes. Pero la última de esas cuatro premisas no depende de los socios parlamentarios.

Queda mucho hilo por hilvanar en estas conversaciones, pero inevitablemente la mayoría de izquierdas tendrá que abordar dos elementos capitales: con qué dinero se cuenta y de dónde se recorta. Porque no le quedará más remedio que ajustar. El producto regional bruto en el año en curso decrecerá al menos un 2% según todos los expertos consultados. Una cifra asumida o al menos no negada por las autoridades regionales. Pero los Presupuestos de 2012 se redactaron con el horizonte de un imaginario crecimiento del 1%.

Es cierto que hasta el verano el ritmo de la economía mundial fue distinto al del segundo semestre de 2011. Y que algunos servicios de estudios bancarios, como el de Unicaja, Analistas Económicos de Andalucía, preveían un leve incremento del PIB regional este año. Pero todos esos expertos coinciden ya en que habrá una depresión del producto bruto. Y que estará tres puntos por debajo de las expectativas del presupuesto aprobado por el Parlamento en diciembre. Si se calcula sobre 145.451 millones de euros [PIB de 2011], suponen 4.363,5 millones menos de actividad económica en Andalucía.

Hay economistas, como el profesor Francisco Ferraro, que sitúan como mínimo en la mitad de esa cantidad el ajuste necesario en el presupuesto andaluz, lo que equivaldría a unos 2.200 millones. Una cifra similar, por cierto, sale de la limitación del techo de gasto con una simple operación. El déficit en 2011 fue de 3,22% del PIB y este año no puede rebasar el 1,5. La diferencia porcentual, de 1,72, supone 2.502 millones de euros.

Un cálculo más preciso sale de la reducción en cinco capítulos. Tres impuestos, IRPF, IVA y Especiales, según una estimación realizada por el profesor José Manuel Domínguez. Y dos fondos, el de Garantía y el de Suficiencia, con los que el nuevo sistema de financiación ampara la población ajustada y las competencias de las comunidades autónomas. La suma de estos cinco capítulos podría situarse en torno a 1.700 millones de euros.  

Las transferencias corrientes y de capital que no vendrán a Andalucía por los recortes en los Presupuestos Generales del Estado significarán otra merma en las cuentas de la Junta. Un somero repaso de lo que se ve supera los 600 millones de euros. Se han producido rebajas en numerosos programas concretos, no territorializados. El más notable en las políticas de Empleo, que puede suponer una pérdida para los presupuestos andaluces de 350 millones. En  Dependencia, la eliminación del fondo nacional de 283 millones, significará un recorte de 70 millones para la región, que absorbía una cuarta parte del total.
Hay, además, cantidades diversas de menos cuantía en desarrollo sostenible, educación, salud pública, guarderías, becas y otras que suman más de 100 millones de transferencias que desaparecen. Y también se rebaja el Fondo de Compensación Interterritorial en unos 100 millones para toda España: la parte de Andalucía eran 38. Como mínimo de momento la Junta cuenta con dos rebajas importantes en los ingresos que preveía en diciembre: 1.700 millones por una parte y más de 600 por otra. Lo que supondría un ajuste por encima de los 2.300 millones.

El tijeretazo definitivo puede ser aún mayor. El Gobierno se ha reservado en los PGE una cantidad de 4.495 millones para usarla más adelante si se le dispara el déficit. Técnicamente ha provisionado una ‘inejecución presupuestaria’ por esa cifra, que a lo largo del año puede costarle mucho dinero a las cuentas andaluzas. Quedan otras zonas de sombra que generarán nuevos contenciosos entre Junta y Gobierno, que se sumarán a los tres ya interpuestos durante el mandato del anterior Gobierno. 

Habrá pleito, por ejemplo, con un capítulo no transferible al presupuestario autonómico: la inversión regionalizable del Estado del 17,8% incumple el Estatuto en 400 millones.  Con estos elementos tendrá que lidiar el nuevo Gobierno andaluz, que más allá de sus ambiciones tendrá que hacer frente al mayor recorte en las cuentas públicas en 30 años de autonomía. Junto a la prioridad para las políticas sociales, la consejera Martínez Aguayo o su sustituto tendrá como principal desafío la austeridad.

Huelga de balón

Ignacio Martínez | 6 de noviembre de 2009 a las 2:00

Seguro que no saben quién es José Luis Astiazarán. Resulta ser un abogado donostierra de 46 años, que fue presidente de la Real Sociedad cuatro temporadas y dejó su club en la ruina. No obstante lo cual, 39 de los 42 clubes de Primera y Segunda lo promovieron a presidente de la Liga de Fútbol profesional en 2005; puesto en el que ha sido reelegido una vez. El buen hombre ha amenazado a este país con una huelga del fútbol, si se pone en marcha la nueva ley fiscal que obligará a los futbolistas extranjeros a pagar impuestos como todo hijo de vecino. Resulta que los Cristiano Ronaldo, Kaká o Ibrahimovic pagan como tope un 24% de impuesto de la renta, mientras los Raúl, Casillas o Villa tributan con un IRPF del 43%.

Con cara de póquer, Astiazarán dejó caer ante las cámaras de televisión que si esto no se arreglaba se podía parar el fútbol, porque la broma le iba a costar a los clubes unos 100 millones de euros. Es curioso el lenguaje de los abogados: en realidad a quien le costaba 16.638,6 millones de pesetas al año era a la Hacienda pública. Resulta increíble que no paguen impuestos como los demás unos multimillonarios privilegiados, que trabajan algunos días a la semana y sólo un par de horas. En estas situaciones, la gente se retrata. El demagogo presidente del Barcelona, Laporta, ha dicho que si se aplica esta medida el fútbol español perderá competitividad. Falso. El fútbol inglés de clubes está en la cúspide continental y sus estrellas pagan un 40% de IRPF, aunque el gobierno británico está pensando subirlo al 50%. En Alemania la cuota es del 45% y en Italia, del 43%. Raúl, el sensato jugador del Real Madrid, ha dicho que todos los jugadores deberían pagar lo mismo.

La ley por la que los futbolistas mejor pagados del mundo tenían privilegios fiscales en España fue promovida en tiempos del Gobierno Aznar y puesta en marcha por el Gobierno Zapatero. Su intención era servir de reclamo para que profesionales y científicos de primer nivel mundial vinieran a trabajar a este país, pero en realidad ha ayudado a los clubes españoles a fichar más barato que sus competidores. Los jugadores hacen contratos con cifras en neto y son los clubes los que tienen que pagar sus impuestos. Por cierto, que es una clara competencia desleal dentro del mercado único europeo, que extrañamente no ha sido recurrida por ningún otro socio comunitario.

En su reunión de hoy, los presidentes de la Liga no se atreverán a parar el balón. En los tiempos que corren no son de recibo este tipo de privilegios y la huelga no sería popular. Pero no hay mal que por bien no venga: aquí tenemos otra prueba de que es falso el aserto del presidente del Real Madrid de que él contrata jugadores tan caros, porque puede pagarlos. En realidad no puede sin leyes-trampa como ésta, con la que le metía la mano en la cartera a los españoles.

Se acabó el verano

Ignacio Martínez | 23 de agosto de 2009 a las 12:03

El Gobierno tiene lo que Boris Izaguirre llamaría un momento progresista. El jueves el vicesecretario general del PSOE anunció una subida de impuestos. La filosofía de la medida es impecable: de los que más tienen para los que más necesitan. Pero esto significa, en la práctica, que los que tienen nóminas más altas van a pagar más a Hacienda, para compensar un déficit público galopante, que este año rondará el 10% del PIB nacional. Un gasto excesivo provocado por el aumento del paro, pero también por administraciones públicas sobredimensionadas, alguna de las cuales ha dejado de tener sentido hace tiempo, aunque no para de crecer en personal y presupuesto. Un ejemplo fácil, las ocho diputaciones andaluzas le cuestan todos los años a los contribuyentes unos 1.700 millones de euros, diez veces más que hace 20 años.

El dinero que ahora el Gobierno pedirá a la clase media y media alta, unos 9.000 millones de euros, lo tendría ya en las arcas del Estado con creces si no hubiese arbitrado medidas oportunistas en momentos liberales: como un cheque bebé de 2.500 euros para todos los hijos, tanto los de familias muy pudientes como los de las muy necesitadas, o la devolución de 400 euros a todos los contribuyentes, ya fueran ricos o pobres. Dos frivolidades que disgustaron al entonces vicepresidente Solbes y salieron de la chistera electoral, en aquella época feliz en la que la crisis era un invento de una oposición antipatriota. ¿Se acuerdan? Parece que fue ayer.

El lado bueno de la declaración de José Blanco es que ha acabado con el culebrón del verano, lanzado y alimentado por los juniors del PP: ya saben, la tontuna de que España es un estado policial. Junior no sólo es un concepto generacional o una categoría orgánica, también es un signo de escasa autoridad. Ana Mato tendrá muchos trienios, pero cuando dice que “toda España” sabe que hay escuchas telefónicas ilegales se le nota demasiado que no se lo cree ni ella misma. Ahora Blanco ha situado el debate político en la cruda realidad de la crisis, al poner sobre la mesa un asunto serio de verdad para el conjunto de la nación. Los casos de corrupción que le llueven al PP también son preocupantes, pero no se resuelven con la cortina de humo de que España está en el mismo club de estados policiales como Cuba, Venezuela, China, Irán, Corea del Norte o Birmania. Nos quejamos de la bisoñez de Aido o Pajín, pero Cospedal, Mato o González Pons, con más edad, juegan la misma liga.

El fondo de la declaración de Blanco es largo y ancho. Para empezar, los ricos no tributan por el impuesto de la renta de las personas físicas. Tienen sociedades de cartera con privilegios fiscales y equipos de asesores para que la rentabilidad de su patrimonio sea afectada lo menos posible por el Fisco. A quienes el Gobierno les va a meter un mordisco en su renta no es a esos ricos, ni a los profesionales liberales que declaran sólo una parte de sus ingresos, o tienen sociedades unipersonales para tributar a un tipo muy inferior al del IRPF, sino a la clase media que tiene una nómina con más de 60.000 euros de ingresos; un 4% de los contribuyentes. Como todas las medidas son electorales, digamos el Gobierno corre pocos riesgos con esta medida, cuya aparición en escena ha acabado con las vacaciones políticas.