Rosselló y Ordinas salen del juzgado para la cárcel, el 2 de octubre. Foto de Montserrat T. Díez (Efe)

Este país, tan aficionado a hacer leyes que todo lo curan y todo lo remedian, y tan aplicado en el incumplimiento de lo legislado, debería regular el enchufe y la recomendación. Más que nada, para que sea legal aquello que en la calle es normal, como diría Adolfo Suárez. Una tradición tan española como el enchufe no debe continuar desregulada, porque se corre el riesgo de que se pierdan los criterios morales sobre los que ha construido su acervo. Ahora, con la crisis galopante, que lleva al paro a tres mil personas al día, la tendencia natural de los españoles a la recomendación se puede disparar y los interpelados también necesitan un marco legal con el que defenderse.

Aquí no terminan las ironías. Tengo un amigo que a su vez tiene un amigo que tiene un problema. El protagonista de esta historia dirige una empresa pública y tiene un directivo que no va a trabajar. Obviamente, lo hace con un certificado médico, como solían hacer los toreros para no utilizar la espada de verdad durante la lidia. Con una baja por aquí, una pequeña incorporación y otra baja por allá, el directivolleva años sin dirigir nada y cobrando su sueldo íntegro. Le pregunto a mi amigo por qué su amigo no pone en la calle a ese sujeto. Y me responde que el interesado es un enchufado y que un conocido de su amigo despidió en otra empresa pública a otro enchufado y las pasó canutas para mantener el puesto. Ni a uno ni a otro enchufado hay que preguntar quién los recomendó. Pero les daré una pista: no fue ni la familia, ni el sindicato, ni el municipio.

En vísperas del triunfo del PSOE en las elecciones generales de 1982, hubo un debate en TVE, en La clave que dirigía José Luis Balbín, en el que Alfonso Guerra repitió con frecuencia el eslogan de su partido. El cambio sonaba en su boca una y otra vez. Y casi al final del programa, Javier Arzallus, el presidente del PNV le preguntó con su habilidad jesuítica: “¿Señor Guerra, esto del cambio qué significa, que mañana ganan ustedes las elecciones y ya nadie pide un enchufe en este país?”. La pregunta, en directo, tenía su miga. ¿Ya nadie pide un enchufe en este país? Porque la clave del asunto no está en honrada moral del interpelado, sino de la presión social y la aceptación general que tiene costumbre tan castiza.

Poco tiempo después se conocieron las tareas de asesoramiento que desempeñó Juan Guerra, hermano del vicepresidente y vicesecretario general del PSOE, desde la torre sur de la Plaza de España de Sevilla, sede de la delegación del Gobierno en Andalucía. Esto hizo más premonitoria la intencionada pregunta de Arzallus. Un país no cambia porque un partido determinado llegue al Gobierno. Y, seamos claros, el enchufe es una institución nacional. Ahora ya no hay servicio militar, pero cuando lo había, todo el mundo iba a la mili con alguna recomendación. El mejor relacionado iría enchufado por un general y el que menos, con un soldado veterano de su pueblo. Eso sí, dentro de la tradición entraba que el padre del interesado le decía a su hijo “niño, ¡déjame bien!”. O sea, que el enchufado una vez beneficiado por un buen destino en la mili, o una buena colocación en la vida civil, solía ser persona afanosa. Una de las virtudes patrias que se han perdido en este campo es el de la buena disposición del enchufado de turno.

Digamos, rápidamente, que el enchufismo no es una mala práctica de algún partido preciso. Es un deporte nacional. No sé si han visto esta semana, esposada, a la gerente del Consorcio de Desarrollo Económico de Baleares con el Gobierno de Jaume Matas (PP), Antonia Ordinas. Es un caso de libro; contrató a su propia esposa, la historiadora y soprano Isabel Rosselló, y adjudicó sin concurso suministros de servicios millonarios a las dos empresas de su amigo Joan Rosselló, que editó los libros de la pareja. Y la semana pasada dimitió un concejal de Sevilla de Izquierda Unida, Francisco Manuel Silva, acusado por la oposición de haber beneficiado a familiares diversos.

Urge regular la materia. Garantizar la igualdad de oportunidades o el establecimiento de turnos. Y, desde luego, obligar a los recomendados a ser más diligentes que el común de los ciudadanos. Las tradiciones hay que conservarlas completas. Lo demás es una corrupción de las esencias.

Un concejal de la franquicia catalana de Izquierda Unida, candidato número uno al Congreso por Tarragona en las últimas elecciones generales, colocó un anuncio en su blog de corte independentista, para protestar por el déficit fiscal de su región. Luís Suñé considera, como los nacionalistas de CiU o los socialistas del PSC, que es un abuso la contribución de Cataluña a la solidaridad nacional. Y ha colgado en internet el anuncio de una campaña independentista, en inglés, para no mancharse con el castellano: El cartel, bajo el lema SOS Extremadura te necesita y la foto de dos niños harapientos y semidesnudos, tiene un letrero en catalán que invita a apadrinar a un niño extremeño por mil euros al mes, “porque no es suficiente con el 8,7% del PIB catalán”.

Esta historia da para varias moralejas. Para empezar, basta con unos pocos Suñé para animar al personal a disminuir el déficit fiscal catalán por la vía rápida: si se venden menos productos catalanes, disminuirán sus ingresos y su contribución fiscal. Pero estas bromas xenófobas son armas de doble filo. Extremadura tiene poco comercio con Cataluña, es su quinto proveedor y su quinto cliente en el mercado español. Pero la balanza comercial bilateral fue favorable a Cataluña, en más de 280 millones de euros en 2005, unos 47.000 millones de pesetas. Lo que significa que es Extremadura la que tiene apadrinados a cientos de empresarios catalanes, que emplean a miles de trabajadores. Y todos ellos pagan sus impuestos en Cataluña.

Otro argumento que nos brinda este dirigente de la IU catalana es que 160 años después del Manifiesto comunista, está muerto y enterrado el espíritu de su frase final: “Proletarios de todos los países, uníos”. Suñé se convierte en un acólito del principio nacionalista de que el dinero de la Cataluña rica es para ella misma. Pero si damos por buena la tesis de que tributan los territorios y no los ciudadanos, y somos coherentes hasta el final, entonces dentro de Cataluña, deberán realizarse más inversiones en la provincia de Barcelona, que es la que más tributa. A continuación, será la capital el que reclame la principal atención de las administraciones y acto seguido serán los barrios de la clase alta barcelonesa los que exijan que sus servicios públicos sean los mejores. Una vez que se abre la caja de Pandora, ¿dónde termina el privilegio del territorio que más paga?

Nos quejamos de la falta de democracia interna de los partidos, pero cuando las marcas políticas no tienen una organización uniforme detrás, es mucho peor. Esta es la última moraleja: la franquicia de Izquierda Unida en el País Vasco apoya al plan nacionalista de un estado libre asociado. Y en Iniciativa por Cataluña Los Verdes aparecen personajes como Suñé. Esta variopinta coalición de fuerzas de izquierda no necesita un padrino, sino más bien un hada madrina.

Me pregunto qué hace Izquierda Unida (Ezker Batua) apoyando el Plan Ibarretxe II. No es una ingenuidad; la alcaldesa de Córdoba, Rosa Aguilar, y el coordinador regional de IU, Diego Valderas, nos deben una explicación. De la alcaldesa ya conocemos reiteradas descalificaciones de sus compañeros vascos. Por ejemplo, su espanto ante el apoyo de concejales de Ezker Batua a la alcaldesa de ANV en Mondragón. Pero ahora debe pronunciarse sobre la nueva actuación del camarada Madrazo. Y Valderas debería también definirse ante sus votantes onubenses y ante el conjunto de la opinión pública andaluza.

Javier Madrazo, un neocomunista nacido en Cantabria, educado en un seminario, se coloca al lado de los jefes nacionalistas del PNV y EA, tan campante, endosando un plan secesionista que busca y encuentra la complicidad explícita de ETA y sus brazos políticos. La propuesta del lehendakari evita condenar a la banda terrorista, para que su marca blanca PCTV la vote en el Parlamento vasco, como hicieron Otegi y dos de los suyos en diciembre de 2004 con el Plan Ibarretxe I.

Ibarretxe, con su voz meliflua, dice que los vascos tienen derecho a elegir en libertad. Con unos locos asesinos sueltos que matan, extorsionan, amedrentan, ¿qué condiciones de libertad hay para los ciudadanos? Su segundo plan es falaz de principio a fin. Como en el documento entregado hace pocos días al presidente del Gobierno, no se menciona al terrorismo por su nombre. Se vuelve a utilizar el eufemismo de la violencia de ETA. Violenta es una catástrofe natural, aquí estamos ante una banda que pretende aterrorizar a la población, a la sociedad española en su conjunto. Calificarla sólo de violenta es un acto de complicidad activa. Produce la misma desazón que todavía en la gran prensa europea ETA aparezca como una organización separatista. El objetivo secesionista es irrelevante ante la miseria moral de sus métodos mafiosos.

La muerte de Manuel Marulanda Tirofijo, el jefe de la guerrilla colombiana FARC, ha puesto de manifiesto que este viejo movimiento terrorista ha acabado siendo una organización profesional de delincuentes comunes, que secuestran niños para convertirlos a la fuerza en guerrilleros y aseguran su financiación con el narcotráfico. Este no es sólo el futuro, sino una buena parte del presente de la ETA que utiliza de coartada el presidente vasco en su nueva propuesta.

Estamos ante una banda de delincuentes comunes que cuentan con múltiples tapaderas políticas. No es posible que el tercer partido nacional (y andaluz) en número de votos sea un cómplice activo, pasivo o remoto de los asesinos terroristas. Izquierda Unida, ciertamente, nos debe una explicación a los andaluces.

Estos días andamos con resaca de las elecciones y quinielas gubernamentales. Los que han ganado no se cansan de decir que “el pueblo ha hablado”. Se les llena la boca con principios como un hombre/un voto y un gobierno que representa la voluntad soberana de los ciudadanos. Bonitos conceptos que se corresponden parcialmente con la realidad: el sistema electoral español tiene alguna consecuencia injusta. Ignoro si prosperará la iniciativa del ex diputado malagueño Antonio Romero, de IU, para que se declare anticonstitucional la Ley electoral. Pero esa iniciativa, además de jurídica, es también moral.

No puede considerarse muy ecuánime un sistema que permite al PNV sacar un diputado por cada 50.000 votos y que exige a IU 500.000 para darle un escaño. La regla de un hombre/un voto queda por los suelos. La norma electoral instaurada en el inicio de la Transición a la democracia ya está vieja. Pero de ella se aprovechan los dos grandes partidos, que son los que podrían, de común acuerdo, modificarla. Al PSOE y al PP le salen los diputados nacionales a 65.000/66.000 votos. A la UPyD de Rosa Díez, a más de 300.000. Este partido ha sacado más votos que el PNV y tiene un sólo diputado, pero los nacionalistas vascos tienen seis. Y ahora, quienes son cortejados por Zapatero para su investidura son los del PNV, que pasan el platillo con sus demandas territoriales. Mientras, el partido de Savater y Díez se queda de comparsa. Y en Andalucía el diputado le sale a PSOE o PP a 37.000 votos, a IU a 52.000 y al PA sus 123.000 no le dan un solo escaño. Pero, por el interés de las grandes partidos, tenemos un sistema de circunscripción provincial y ley D’Hondt para rato.

En esta misma página el profesor Ruiz Robledo abogaba hace unas semanas por el sistema italiano, proporcional, pero con una corrección que da una prima al ganador en votos. También hay partidarios, entre los que me encuentro, del sistema alemán, con circunscripciones territoriales y un colegio nacional. Todos los votos que no consiguieran escaño deberían de ir a un colegio nacional que asignase un cierto número de diputados. Dando por buena la frase de que “el pueblo ha hablado”,  habría que añadir que la manera de escucharlo es mejorable y claramente desfavorable para las minorías.

Pero, además, esas minorías tienen que enfrentarse a un mercado poco abierto, en el que funciona un régimen de duopolio en el que es difícil entrar. Las televisiones públicas aplican un criterio singular, que no tiene parangón en las democracias europeas: se le da a los partidos que ya tienen representación parlamentaria el privilegio de una notable información diaria en proporción a sus escaños. Resultaba ridículo ver en Canal Sur a un dirigente del Partido Andalucista decir, por todo discurso, y sin más explicación, frases del tipo “no estoy de acuerdo”. Era más propio de una película de los Hermanos Marx o de la Rusia de Putin, que de una cadena pública de una democracia europea. Algunas de las mejores televisiones públicas españolas, como TVE o TV3, están cambiando ya este modelo, heredado de la tradicional condición gubernamental de las públicas españolas.

Sobre la manera de escuchar al pueblo hay que hacer otras matizaciones. La compensación económica por voto la reciben quienes tienen escaño. ¿Por qué quienes han votado al PA al Parlamento andaluz no tienen derecho a que su voto genere la subvención de 0,76 euros que va a reportar a los partidos con diputados? Por otro lado, se oye decir a los dirigentes socialistas que el pueblo andaluz les ha dado un apoyo mayoritario. No es exacto. Tienen la mayoría absoluta en la Cámara, pero el porcentaje de votos al PSOE ha sido del 48,19. Lo que significa que una mayoría de los votantes ha elegido otra cosa. Si se tiene además en cuenta que la abstención ha sido del 26,35 por ciento, hay que convenir que un 36 por ciento del censo electoral ha votado a los socialistas. Los abstencionistas en pureza no deben pesar a la hora de hacer estas cuentas. Pero no estaría mal que se tuviese en cuenta este dato por quienes enfáticamente se entusiasman con “el apoyo mayoritario del pueblo andaluz” . Tras la dulce resaca llega la hora de trabajar con humildad.

El País ha hecho un reparto de los 350 escaños del Congreso proporcional a los votos del 9 de marzo. El resultado es ilustrativo: Izquierda Unida pasaría de 2 a 14 escaños y el partido de Savater y Rosa Díez (UPyD) sacaría 4 escaños en lugar de 1.

“El pueblo soberano ha hablado”, dicen los que han ganado. Y es verdad que el pueblo ha hablado, pero hay muy diversas maneras de escucharlo: por un sistema mayoritario injusto o por un sistema proporcional.

Resulta que a IU le sale el diputado a casi 500.000 votos y al PNV a 50.000. Esto no parece que sea “un hombre (o una mujer), un voto”.

A UPyD le ha salido el diputado a más de 300.000 votos y a PSOE o PP por 65.000. Feo.

En la proporcional de El País:

• el PSOE pierde 9 escaños sobre los que ha sacado realmente con el sistema vigente y se queda en 160;
• el PP pierde seis y logra 147;
• IU sube a 14, CiU se queda con 11;
• el PNV, 4 (bajaría 2);
• ERC, 4 (sube 1);
• UPyD, 4;
• BNG, 3 (uno más), y
• CC, dos (los mismos).

Con esta manera de escuchar lo que el pueblo ha hablado habría 18 diputados de dos partidos nacionales (IU y UPD) para garantizar la gobernabilidad del país sin necesidad de que los nacionalistas chantajeen al Gobierno.

Urge cambiar el sistema electoral. Se podría crear un colegio nacional para los restos de votos e incluso se podría ir a un modelo como el británico, en el que el diputado tiene que trabajar en su distrito y si es válido no lo puede quitar el aparato de su partido.

¿Qué fórmulas se les ocurren a ustedes? ¿Les gusta el sistema vigente?

Es la historia de una muerte anunciada: el 9 de marzo habrá elecciones generales, con lo que cualquier otra convocatoria a las urnas quedará solapada. Dicen que también habrá andaluzas. No me lo creo. No hay andaluzas desde que Chaves ganó, por primera vez en 1990. Si acaso sí que las hubo en 1994, con motivo de unas europeas, en las que se votó también al Parlamento de Andalucía y los socialistas estuvieron en un tris de perder (45 PSOE, 41 PP, 20 IU, 3 PA). Esos riesgos se han evitado en 1996, 2000, 2004 y 2008, escondiendo las elecciones andaluzas debajo de las generales. La pareja Zapatero Chaves repite la jugada de 2004. Ellos ganan votos en las generales y participación en las autonómicas. Y los demás nos quedamos sin debate andaluz y sin saber a cuánta gente, de verdad, le interesa tanto la autonomía como para ir a votar en unos comicios regionales puros y duros. ¿Llegaría al 40 por ciento la participación? Pues a pesar de todo, deberían ser en solitario, como en el País Vasco, en Cataluña o en Galicia, las otras comunidades del 151. ¿Hace bien Chaves? Claro, que la unión hace la fuerza: en Cataluña les puede ir de cine…