Confesionario en la Moncloa. Zapatero en estado puro, encantador de serpientes. Hasta Esperanza Aguirre ha salido encantada de La Moncloa. El lema es todos ganamos y nadie pierde. Es mentira, pero en estas fechas queda muy bonito. Hay un problema catalán. Claro que lo hay. Es una comunidad rica, emprendedora y paga lo que debe al conjunto del Estado. Que, dicho sea de paso, es su principal cliente. La cuestión es saber si paga demasiado como dicen los catalanes o paga lo justo. Eso depende. Depende de con quién la comparamos. Si el catalán se mira en el espejo vasco paga muchísimo.

Los vascos y navarros tiene un estatuto fiscal especial basado en una disposición de la Constitución a la que se ha ido poniendo letra y números en la medida que los gobiernos centrales en minoría han necesitado unos votos en el Congreso. La última vez la semana pasada en el debate sobre los Presupuestos para 2009. Como tantas otras veces, Zapatero y Rajoy tenían razón: ZP se ha bajado los pantalones y ha transferido al País Vasco una partida de I+D de 86,8 millones para siempre. Con lo que el cupo vasco, que esos presupuestos fijaban en 1.350 millones de euros, se queda en 1.263,2. O sea, por debajo de lo que se lo encontró el PSOE cuando volvió al Gobierno en 2004. Y ZP tenía razón cuando dijo que el PP había hecho lo mismo, cuando gobernó en minoría. Por cierto, que el cupo navarro es de 611 millones en 2009. Lo que quiere decir que ellos recaudan sus impuestos hacen lo que les da la gana con ellos y le mandan a la caja común del Estado 611 millones pelados y mondados. Ahí empieza el problema catalán.

Y termina por el exceso de gasto de las comunidades menos desarrolladas, por ejemplo en funcionarios y en televisiones públicas pensadas para loor y gloria de los gobernantes locales. No sé si pagan mucho los catalanes. A lo mejor no. Habría que acabar con los privilegios de País Vasco y Cataluña y los despilfarros de Andalucía y Extremadura antes de saberlo.

Es falso lo de que todas las regiones ganan, sencillamente porque es imposible. Hay una caja central, en la que se queda un dinero para gastos comunes, y se reparte la otra parte. Si los fondos que se reparten aumentan, los gastos comunes disminuyen y la atención del Estado a los distintos territorios se reducirá. Si hay quien obtenga más dinero y nadie ve sus transferencias mermar, es que el que ha perdido es el conjunto del Estado. Antes de establecer si esto es bueno o malo, hay que decir con énfasis que es pernicioso anunciar que todo el mundo va a salir ganando. Porque es mentira.

El lunes pasado, en la presentación del Anuario Joly Andalucía 2008 en Huelva, el presidente de la Junta de Andalucía reiteró que no tiene inconveniente en que se publiquen las balanzas fiscales españolas, pero que ésta no puede ser la base de discusión del nuevo sistema de financiación de las comunidades autónomas. Se trata de los preámbulos de la batalla política más importante que hay que entablar en el inicio de esta Legislatura: una nueva advertencia de Manuel Chaves ante la insistencia catalana en que se publiquen las cuentas de contribuciones y retornos de los ciudadanos de los distintos territorios.

A la tesis andaluza se están sumando argumentos de peso. Ese mismo lunes, en su blog, el ex presidente de la Comunidad de Madrid Joaquín Leguina, que se acaba de retirar de la política activa, defendía un planteamiento similar:

“este asunto resulta, desde su propio planteamiento, mentiroso e insolidario, porque entre los contribuyentes controlados por la Agencia Tributaria no está doña Cataluña, tampoco el señor Aragón, ni la señorita Andalucía. Los territorios no pagan a Hacienda. Quienes sí pagan son los ciudadanos y pagan más los que más tienen. Lo dice la Constitución y es lo justo y razonable. Al contribuyente de verdad no se le ocurre contabilizar lo que recibe del Estado y lo que paga en impuestos para ver cómo le ha ido su particular balanza fiscal. Imaginemos, sin embargo, que existe un Juan Gómez, insolidario y algo tarado, que hace esas cuentas y resulta que la balanza personal le sale negativa. ¿Alguien le haría caso si este señor se presentara con una pancarta protestona ante el Ministerio de Hacienda, pidiendo que le equilibren su balanza fiscal? ¿Por qué se atiende –¡y de qué modo!– al señor Castells (consejero de Hacienda de Cataluña, que dice ser socialista) cuando plantea su impúdica y antisocialista cantinela de la balanza fiscal?”.

Este tipo de balances presupuestarios son poco transparentes. Hay no menos de veinte fórmulas para calcular una balanza fiscal, que arrojan resultados muy dispares. El vicepresidente Solbes encargó en la pasada legislatura a un comité de expertos (profesores de universidad y altos funcionarios del Ministerio de Hacienda) establecer un método objetivo de cálculo. Entre los autores de la mágica fórmula estaba el catedrático de la Universidad de Málaga José Sánchez Maldonado. El resultado de casi dos años de trabajo verá la luz en las próximas semanas. Por utilizar un trazo grueso en la explicación, estos sabios no han incluido los fondos europeos ni las cuentas de la Seguridad Social en sus criterios contables.

Tampoco lo hicieron los profesores Ramón Barberán y Ezequiel Uriel en las últimas balanzas fiscales conocidas, con la media desde 1991 a 2005, publicadas por el BBVA en noviembre pasado. Lo más llamativo de ese estudio es que Madrid es la comunidad autónoma con mayor saldo negativo, con 12.304 millones de euros. Le siguen Cataluña, con –6.934 millones, Baleares (–770 millones) y la Comunidad Valenciana (–228 millones).

Los autores de este trabajo destacan la anomalía del País Vasco y Navarra, que pese a ser regiones ricas presentan una balanza fiscal positiva de 1.653 millones y 315,5 millones, respectivamente. Entre las que tuvieron un saldo positivo , destaca en términos absolutos Andalucía, con +10.237 millones de euros; seguida de Galicia (3.849 millones), Castilla León (3.535 millones), Castilla La Mancha (2.633 millones), Canarias (2.556 millones) y Extremadura (2.523 millones). Si se hace el cálculo per capita, está en cabeza Melilla, Ceuta, Extremadura y Asturias .

Cataluña inició hace cuatro años una revisión de su Estatut con el objetivo de reducir drásticamente su contribución a las arcas nacionales. La Generalitat reclama un sistema similar al cupo vasco, por el que Álava, Guipúzcoa y Vizcaya recaudan los impuestos y liquidan al Estado un tanto alzado anual. Hasta el año pasado el cupo ha sido de 1.300 millones de euros y ahora ha pasado a 1.500. La insolidaridad vasca ha terminado de contaminar a otras regiones ricas de España. Esta es la parte de su reflexión que el presidente Chaves no dice en público, pero imagino que se le pasa por la cabeza cada vez que este asunto aparece en la agenda política.