Las fuerzas de seguridad de España y Francia han detenido a la cúpula de ETA. Es la novena vez que se da un golpe semenjante a la organización terrorista. En Bidart, en 1992, cayó el trío que dirigía la banda, el colectivo Artapalo formado pro Pakito, Txleis y Fiti, que en prisión se han manifestado a favor de abandonar la lucha armada. La cárcel invita al sentido común; es un motivo para la esperanza.

Por el contrario, la actuación del presidente del Gobierno vasco invita a la decepción. Si el asunto del terrorismo etarra no fuese tan patético, si no hubiese decenas de miles de tragedias de viudas, huérfanos, familiares, padres, madres o amigos de los 823 asesinados, la visita de Ibarretxe a Madrid sería una broma. Llega con un papel que pretende ser “la solución al problema de la violencia y la respuesta al conflicto de normalización política existente”. Y va encima el buen hombre y dice que ha visto a Zapatero “a la defensiva y enrocado”. Es como en ese chiste de Gila, en el que un paisano cuenta que en el pueblo son muy bromistas; le pusieron un cartucho de dinamita a un vecino en el oído, y lo destrozaron: “y va la madre, la muy guarra y se cabrea; es lo que le dijimos, si no sabes aguantar una broma, vete del pueblo”.

Traducido, lo que Ibarretxe ha dicho ayer en Madrid es que Zapatero carece de sentido del humor y que no sabe aguantar una broma como su plan para acabar con el “conflicto”. No hay en su documento ni una sola mención de la palabra terrorismo, sustituida por el eufemismo violencia. Una palabra que no describe realmente el miedo, la desesperación y la rabia que provocan la muerte, la extorsión o la amenaza. Es violento quien está fuera de su estado natural, quien obra bruscamente o se comporta fuera de la razón y la justicia. El terrorista es el autor de una serie de actos de violencia, con un añadido que falta en la sensibilidad de Ibarretxe: hace todo eso para infundir terror.

Con los terroristas en pie de guerra, el presidente del Gobierno regional vasco viene a la capital de España con un papel que considera la piedra filosofal para “el final dialogado de la violencia”. Tiene el humor de plantear que hay que negociar con todos los partidos políticos sin excepción, incluidos los que apoyan a los terroristas. Añade que lo pactado entre ellos debe ser ratificado sólo por un referéndum en el País Vasco y aceptado por las instituciones del Estado. Y propone el 25 de octubre como fecha del referéndum sobre el derecho a decidir de los vascos.

Entre los mayores sarcasmos del documento está que las decisiones se tomarán “en ausencia de cualquier tipo de violencia y coacción, respetando los derechos y libertades de la ciudadanía”. O sea, en una situación tan distinta de la actual de atentados con coches bomba o tiros en la nuca, de impuesto revolucionario a los empresarios o de amenaza contra quienes no piensan lo mismo que los mafiosos radicales, que a Ibarretxe debería caérsele la cara de vergüenza al plantear esta propuesta con el chantaje de un grupo terrorista detrás.

El lehendakari se encomienda al ordenamiento jurídico internacional para dibujar la secesión vasca y pretende que el eventual acuerdo se hará dentro del marco de la Unión Europea. Lo que significa que su nuevo Estado aspira a convertirse en miembro de la UE y socio de España. Un chiste.

El lunes pasado, en la presentación del Anuario Joly Andalucía 2008 en Huelva, el presidente de la Junta de Andalucía reiteró que no tiene inconveniente en que se publiquen las balanzas fiscales españolas, pero que ésta no puede ser la base de discusión del nuevo sistema de financiación de las comunidades autónomas. Se trata de los preámbulos de la batalla política más importante que hay que entablar en el inicio de esta Legislatura: una nueva advertencia de Manuel Chaves ante la insistencia catalana en que se publiquen las cuentas de contribuciones y retornos de los ciudadanos de los distintos territorios.

A la tesis andaluza se están sumando argumentos de peso. Ese mismo lunes, en su blog, el ex presidente de la Comunidad de Madrid Joaquín Leguina, que se acaba de retirar de la política activa, defendía un planteamiento similar:

“este asunto resulta, desde su propio planteamiento, mentiroso e insolidario, porque entre los contribuyentes controlados por la Agencia Tributaria no está doña Cataluña, tampoco el señor Aragón, ni la señorita Andalucía. Los territorios no pagan a Hacienda. Quienes sí pagan son los ciudadanos y pagan más los que más tienen. Lo dice la Constitución y es lo justo y razonable. Al contribuyente de verdad no se le ocurre contabilizar lo que recibe del Estado y lo que paga en impuestos para ver cómo le ha ido su particular balanza fiscal. Imaginemos, sin embargo, que existe un Juan Gómez, insolidario y algo tarado, que hace esas cuentas y resulta que la balanza personal le sale negativa. ¿Alguien le haría caso si este señor se presentara con una pancarta protestona ante el Ministerio de Hacienda, pidiendo que le equilibren su balanza fiscal? ¿Por qué se atiende –¡y de qué modo!– al señor Castells (consejero de Hacienda de Cataluña, que dice ser socialista) cuando plantea su impúdica y antisocialista cantinela de la balanza fiscal?”.

Este tipo de balances presupuestarios son poco transparentes. Hay no menos de veinte fórmulas para calcular una balanza fiscal, que arrojan resultados muy dispares. El vicepresidente Solbes encargó en la pasada legislatura a un comité de expertos (profesores de universidad y altos funcionarios del Ministerio de Hacienda) establecer un método objetivo de cálculo. Entre los autores de la mágica fórmula estaba el catedrático de la Universidad de Málaga José Sánchez Maldonado. El resultado de casi dos años de trabajo verá la luz en las próximas semanas. Por utilizar un trazo grueso en la explicación, estos sabios no han incluido los fondos europeos ni las cuentas de la Seguridad Social en sus criterios contables.

Tampoco lo hicieron los profesores Ramón Barberán y Ezequiel Uriel en las últimas balanzas fiscales conocidas, con la media desde 1991 a 2005, publicadas por el BBVA en noviembre pasado. Lo más llamativo de ese estudio es que Madrid es la comunidad autónoma con mayor saldo negativo, con 12.304 millones de euros. Le siguen Cataluña, con –6.934 millones, Baleares (–770 millones) y la Comunidad Valenciana (–228 millones).

Los autores de este trabajo destacan la anomalía del País Vasco y Navarra, que pese a ser regiones ricas presentan una balanza fiscal positiva de 1.653 millones y 315,5 millones, respectivamente. Entre las que tuvieron un saldo positivo , destaca en términos absolutos Andalucía, con +10.237 millones de euros; seguida de Galicia (3.849 millones), Castilla León (3.535 millones), Castilla La Mancha (2.633 millones), Canarias (2.556 millones) y Extremadura (2.523 millones). Si se hace el cálculo per capita, está en cabeza Melilla, Ceuta, Extremadura y Asturias .

Cataluña inició hace cuatro años una revisión de su Estatut con el objetivo de reducir drásticamente su contribución a las arcas nacionales. La Generalitat reclama un sistema similar al cupo vasco, por el que Álava, Guipúzcoa y Vizcaya recaudan los impuestos y liquidan al Estado un tanto alzado anual. Hasta el año pasado el cupo ha sido de 1.300 millones de euros y ahora ha pasado a 1.500. La insolidaridad vasca ha terminado de contaminar a otras regiones ricas de España. Esta es la parte de su reflexión que el presidente Chaves no dice en público, pero imagino que se le pasa por la cabeza cada vez que este asunto aparece en la agenda política.

  El asesinato del concejal socialista ha provocado un gesto que reconforta a la ciudadanía; un comunicado conjunto contra los terroristas.  “Todos estamos dispuestos a responder a esta agresión de forma firme y unitaria, a defender la libertad y a derrotar a ETA”. La nota añade que a los terroristas “sólo les espera la aplicación de la ley, la acción de la policía y el ejercicio de la justicia”, y concluye diciendo que “al terrorismo sólo se le puede combatir y derrotar con la unidad de los demócratas y con la fuerza del Estado de derecho”. ¿Todos de acuerdo? No. En las ruedas de prensa posteriores, el PP subrayó dos discrepancias: habían intentado, sin éxito, incluir en el texto el compromiso de que “nunca se negociará con ETA para pagarle un precio político” y derogar la resolución parlamentaria que autorizó en 2005 el diálogo con la banda. Esta legítima discrepancia, no impidió que firmaran el comunicado conjunto.Mikel Buen, secretario general del Partido Socialista en Guipúzcoa, no pudo terminar el viernes de explicar su deseo de que los españoles vayan a votar masivamente. Votar contra ETA, que pide la abstención. Votar lo que quieran, a partidos democráticos. “A mi el resultado…” Me da igual, iba a decir, pero rompió a llorar. Tienen que matar a uno de los nuestros, para que todos los partidos estén en su sitio. Nadie desentonó anteayer en el campo de los demócratas, ni Rajoy, ni Rubalcaba, ni Ibarretxe, ni Zapatero.  Esta es la lección para la próxima Legislatura, sin necesidad de que haya sangre en la calzada, unas gafas por el suelo, cinco impactos de bala sobre un parabrisas, una familia rota y una vida menos, los partidos tienen la obligación de no utilizar el terrorismo como arma política, como chantaje, como coartada. Todavía la semana pasada el presidente de la Asociación de Victimas del Terrorismo, decía que votar al PSOE era votar al terror, y un ex presidente aseguraba que el Gobierno seguía negociando con los terroristas. Esto ya no es una legítima discrepancia. En fin, que vayan a Mondragón y se lo expliquen a la familia del socialista Isaías Carrasco.  El lehendakari estuvo bien: “esto es una salvajada, una barbarie inhumana”. Pero puede estar mucho mejor retirando su amenaza de referéndum sobre el derecho a decidir de los vascos mientras siga activa esta banda de criminales. La determinación del presidente y el ministro del Interior contrasta con ingenuidades pasadas. Bienvenido todo el mundo a la cordura y al consenso antiterrorista. Ojalá nadie diga nunca que si no hay bombas es porque se ha cedido. Ojalá se mantenga este espíritu y todos los demócratas estén unidos sin necesidad de que haya sangre en alguna calle de España.  

Es la historia de una muerte anunciada: el 9 de marzo habrá elecciones generales, con lo que cualquier otra convocatoria a las urnas quedará solapada. Dicen que también habrá andaluzas. No me lo creo. No hay andaluzas desde que Chaves ganó, por primera vez en 1990. Si acaso sí que las hubo en 1994, con motivo de unas europeas, en las que se votó también al Parlamento de Andalucía y los socialistas estuvieron en un tris de perder (45 PSOE, 41 PP, 20 IU, 3 PA). Esos riesgos se han evitado en 1996, 2000, 2004 y 2008, escondiendo las elecciones andaluzas debajo de las generales. La pareja Zapatero Chaves repite la jugada de 2004. Ellos ganan votos en las generales y participación en las autonómicas. Y los demás nos quedamos sin debate andaluz y sin saber a cuánta gente, de verdad, le interesa tanto la autonomía como para ir a votar en unos comicios regionales puros y duros. ¿Llegaría al 40 por ciento la participación? Pues a pesar de todo, deberían ser en solitario, como en el País Vasco, en Cataluña o en Galicia, las otras comunidades del 151. ¿Hace bien Chaves? Claro, que la unión hace la fuerza: en Cataluña les puede ir de cine…