En la vida particular, como en la pública, hay que huir de las imitaciones. Personalmente, prefiero los originales. En la reivindicación abanderada por el nacionalismo socialista catalán prefería a Maragall. Lanzó su idea de una revisión del Estatut sobre la base de nación y financiación, fue a Euskadi y le reprochó a los empresarios vascos que no contribuyen a las arcas del Estado y calculó la reducción que quería para el déficit fiscal de Cataluña. El ‘cheque catalán’ de Maragall valía un billón de pesetas: 6.000 millones de euros es lo que debe reducirse la contribución de Cataluña al resto de España o aumentar los retornos en forma de inversiones estatales. Todo estaba muy claro.

Ahora, no. Montilla dice que Cataluña se asfixia, Mas dice que hay un expolio fiscal; y ambos reprochan a Solbes que no haya llegado a un acuerdo, sobre la base de sus exigencias, pero no sueltan prenda sobre cuánto quieren. Son buenos comerciantes y buenos negociadores del catalanes. Pero ahora están sobreactuando. Como malos jugadores de fútbol revolcándose por el césped para que el árbitro le saque tarjeta al adversario. Aquí el árbitro es la opinión pública. Espero que el Gobierno de la nación no esté haciendo el paripé, en un sainete previamente pactado. Por eso celebro que la vicepresidenta Fernández de la Vega haya manifestado su malestar por el “excesos verbales” de Montilla, y que el vicepresidente andaluz Zarrías haya calificado de “infantil” la postura de Montilla. Corto se queda. Y también que Luis Pizarro, el vicesecretario del PSOE andaluz, rechace el modelo catalán.

El sábado 9 de agosto, en un artículo en La Vanguardia, Artur Mas decía que hay que evitar que el que recibe la ’solidaridad’ acabe teniendo más que el que la paga. A este punto hemos llegado, a que se deslice que Extremadura acaba teniendo más PIB per cápita que Cataluña. Cuando Montilla le dice a Zapatero que le quieren [los socialistas catalanes] pero que quieren más a Cataluña, lo que está queriendo decir es que en el PSC quieren a España, pero quieren más a Cataluña. Mas no necesita disimulos: en el artículo de La Vanguardia decía que hay que reducir el déficit fiscal, asegurarse que Cataluña no pierde posiciones en el ranking de riqueza per cápita después de su aportación solidaria, que hay que evitar el ‘café para todos’ y por tanto la negociación debe ser bilateral con el Estado, que Cataluña debe tener autonomía para modificar sus impuestos sin pasar por las Cortes y gestionar lo que ingresa en pie de igualdad con el Gobierno central.

Hay que recordarle a Mas y a Montilla que en los estados de derecho los que más tienen pagan más impuestos y los que más necesitan se benefician. Que son las personas y no los territorios los que pagan impuestos. Y que el déficit fiscal catalán tiene su origen en el enorme superávit comercial de Cataluña respecto al resto de España. Eso significa que una mayoría de su economía regional depende de muy buenos clientes ‘españoles’ que asisten perplejos a este regateo insolidario. Y a toso esto, sobre cuánto vale eso, ni una palabra. Prefería a Maragall, que era más clarito. Y encima tenía el valor de reprochar a los vascos que no contribuían: asunto sobre el que ni el asfixiado Montilla ni el desahogado Mas han dicho esta boca es mía.

José Blanco quiere a Manuel Chaves al frente de la Junta en 2012, 2014 y después; es decir, hasta que tenga más de 70 años. Se adivina morriña por el modelo Fraga. Luis Pizarro advierte que quieren estar en el poder 26 años más. Se supone que sin Chaves. Caso contrario, van a seguir poniendo de candidato al actual presidente hasta los 87, si antes el interesado, la providencia o el pueblo soberano no disponen lo contrario. No se preocupen, no van en serio, son excesos verbales propios de la euforia congresual.

Precisamente, Blanco y Pizarro son los secretarios de Organización del PSOE nacional y regional que han permitido que munícipes socialistas se acostaran con el gilismo latente en la Costa del Sol, protagonista de escándalos en Marbella, Manilva y Estepona. Ajeno a este despropósito, el partido les acaba de ascender a vicesecretarios generales. Lo de acostarse viene del viejo dicho británico politics makes strange bedfellows: la política hace extraños compañeros de cama, que es adaptación de una frase de Shakespeare, que atribuía el mérito de las extrañas alianzas al sufrimiento. Claro está, ni Blanco ni Pizarro admiten responsabilidad alguna, ni piden disculpas: se saldrían del guión y el espectáculo debe continuar. Como dice la canción, the show must go on.

Por el contrario, el jefe del control político regional, Luis Pizarro, se ha permitido en el discurso de apertura del cónclave de Granada una declaración entre el cinismo y el humor negro: exigió tolerancia cero frente a la corrupción, advirtió que en su partido “no caben ni aprovechados, ni arribistas”, y añadió que la respuesta será “drástica, implacable y sin contemplaciones”. Me enternece este furor ético. Cuando la socialista Isabel García Marcos presentó su plataforma para las municipales de 2003 en Marbella, con una fundación cuyo director había sido imputado en un caso de corrupción, ¿dónde estaba Pizarro? Y cuando, ese año, un concejal socialista de Manilva votó para alcalde a un destacado gilista, ¿dónde estaba Pizarro? Y cuándo, en esa fecha, Antonio Barrientos se coaligó con el que había sido lugarteniente de Jesús Gil Marín en Estepona, ¿dónde estaba Pizarro? No estaba en la inopia, estaba en el aparato.

La resolución del congreso socialista para que los cargos municipales hagan una declaración de bienes, es loable. Pero el dinero negro no aparecería en ninguna declaración. Y para haber previsto los casos de Marbella, Manilva y Estepona no hacía falta registro alguno. La presentación de la fundación de García Marcos y las alianzas con destacados gilistas se hicieron a plena luz y con publicidad. Ahora sólo cabía un silencio discreto o una asunción de responsabilidad.

El otro exceso de Pizarro pertenece al género del humor. Ha dicho que así, 26 años más. Pero esto también tiene su canción en inglés: There’s no business like show business.  

Una semana después de estallar el caso Estepona no ha dimitido nadie. Ni siquiera Antonio Barrientos ha dejado de ser concejal; sólo ha renunciado a la Alcaldía. En el PSOE se ha abierto el paraguas para aguantar el chaparrón informativo, en la convicción de que la prensa se cansará y otros temas harán olvidar el fiasco de su gestión en el Ayuntamiento de Estepona. Estos ocho días nos han aportado mucha noticia de lo que pasaba en este municipio. La juez considera que Barrientos era el cabecilla de una red dedicada a obtener fondos de promotores y empresarios para financiar actividades públicas y privadas, y para enriquecerse personalmente. Entre las actividades privadas estaría financiar a su propio partido. Esta semana hemos sabido de cajas de seguridad en los bancos con dinero B, de billetes de 500 euros con los que se atendía a asociaciones en campaña electoral, de concejales socialistas que advirtieron a la dirección provincial sobre lo que estaba pasando.

Y en este punto, encontramos uno de los nudos gordianos del problema. La secretaria provincial, Marisa Bustinduy, y el secretario regional de Organización han entonado al unísono la misma canción: “A mí, que me registren”. La semana pasada ponía como ejemplo que Willy Brandt dimitió como canciller de Alemania Federal porque se descubrió que su secretario personal, Günter Guillaume, era un espía de la RDA. No había ningún indicio de que este sujeto y su mujer eran infiltrados de la Alemania comunista, pero un político de la categoría de Brandt se sintió responsable. Aquí no hay responsables políticos, porque no hay dirección política. Luis Pizarro, el número dos del PSOE andaluz, afirma que ha fallado la condición humana. No. Han fallado los controles políticos. La burocratización de los partidos trae estas cosas: un funcionario reclama al concejal que señala irregularidades que “la denuncia sea probatoria”, igual que el empleado de una ventanilla pública exige que una solicitud sea por duplicado y con una póliza de 20 céntimos.

Una dirección política es otra cosa: supone una autoridad y una responsabilidad. La Junta de Andalucía, para cubrirse, señala que ha abierto 1.300 expedientes por presuntas irregularidades urbanísticas en Estepona. ¿No lo sabía el Partido Socialista? Pizarro y Bustinduy tenían miles de indicios sobre irregularidades en este municipio. Por tanto, tienen miles de razones más de Brandt para asumir su responsabilidad. ¿Saben ustedes que Barrientos es delegado al congreso regional del PSOE en el número 9 de la lista de Bustinduy?

Ahora no se puede venir a decir a la opinión pública que ha habido un fallo humano, como si el maquinista de un tren se salta una señal. Aquí hay un problema de código, de valores, de ética. De control político. Y muchos responsables. Pero no dimite ni dios.