La presión no es igual para todos los seres humanos. Se hace insoportable en determinados sillones. En España, uno de los puestos que más presión soporta es el de director general de una televisión pública. Y esta semana el Parlamento de Andalucía ha nombrado a un nuevo jefe de la agencia pública empresarial RTVA. Pablo Carrasco llega con una mayoría simple, al no darle su apoyo el Partido Popular.

Es sorprendente que los mismos partidos, en el mismo país y en la misma época sean capaces de ponerse de acuerdo para enderezar la radiotelevisión pública nacional y no estén dispuestos a hacerlo con la autonómica andaluza. El PP se queja del permanente sectarismo que padece en la información que se difunde por Canal Sur. Y tiene razones: las mismas, por lo menos, que entre 1996 y 2004 tuvieron los socialistas con la información de RTVE, en manos sectarias populares.

Esta vieja cantinela de que el que gana las elecciones toma a la televisión pública como rehén a su servicio se ha resuelto de manera satisfactoria en Televisión Española. La incógnita es saber si la RTVA será capaz de emular a su hermana mayor. Pablo Carrasco merece un margen de confianza. Y el PP parece concedérselo con su voto en blanco. Izquierda Unida ha votado a favor, pero advierte que es un voto condicionado a resultados. Qué pase en la televisión y la radio públicas será un elemento estratégico esencial en esta legislatura. Zapatero presume de que sus ministros se quejan de que TVE ya no tira a favor del Gobierno. Ignoro si Chaves podrá decir de lo mismo antes de retirarse.

Las televisiones públicas fueron la columna vertebral de la propaganda gubernamental en toda Europa en los años 50, 60 o 70, pero hace tiempo que dejaron de serlo. En España, muerto el dictador y conseguida la democracia, se pusieron en marcha unas televisiones públicas regionales y locales que heredaron modos propagandísticos y sectarios de la vieja televisión franquista. En el último número de la revista The Economist dedicado a España y titulado La fiesta ha terminado hay un pasaje dedicado a este asunto: ‘Cada Ejecutivo autonómico tiene su propia televisión. Zapatero celebra conferencias de presidentes con sus homólogos regionales. La última atrajo a 600 periodistas. “Parecía la Asamblea General de la ONU, con seis o siete camiones-satélite en los alrededores”, subraya Enric Juliana, director adjunto de La Vanguardia’. Esta otra también debe terminarse.

El director general saliente de la RTVA, Rafael Camacho, que pasó en 2000, sin red ni luto alguno, de portavoz del presidente Chaves a jefe de su televisión, se va con un balance desigual. Si hubiese dirigido una televisión privada, tendría bazas para aplaudir su labor: el liderazgo regional, que entre las dos cadenas suma un 22%, y su ortodoxa defensa de la línea editorial de su patrón. Pero Canal Sur no es una empresa privada. Su función no es acumular oyentes o espectadores. De la misma manera que no se puede medir la calidad de un sistema sanitario público por el número de enfermos por hora que es capaz de atender su personal sanitario.

La televisión regional tiene una audiencia fiel, compuesta sobre todo de personas mayores, con poca formación, de zonas rurales. Un retrato robot reñido con las ambiciones de la Segunda Modernización. Y la línea editorial de una emisora pública tiene que ser plural e independiente. Estos son algunos de los desafíos del nuevo director general de la RTVA: la neutralidad del medio y que su programación no sólo busque audiencia, sino también convocar a un máximo de gente joven, preparada, comunicada. Ser un motor de cambio social. Y otra obligación, no menos importante, es dimensionar este gigante que tiene más personal que Antena 3 y Tele 5 juntas. Todo, desde un asiento a toda presión.

Rosselló y Ordinas salen del juzgado para la cárcel, el 2 de octubre. Foto de Montserrat T. Díez (Efe)

Este país, tan aficionado a hacer leyes que todo lo curan y todo lo remedian, y tan aplicado en el incumplimiento de lo legislado, debería regular el enchufe y la recomendación. Más que nada, para que sea legal aquello que en la calle es normal, como diría Adolfo Suárez. Una tradición tan española como el enchufe no debe continuar desregulada, porque se corre el riesgo de que se pierdan los criterios morales sobre los que ha construido su acervo. Ahora, con la crisis galopante, que lleva al paro a tres mil personas al día, la tendencia natural de los españoles a la recomendación se puede disparar y los interpelados también necesitan un marco legal con el que defenderse.

Aquí no terminan las ironías. Tengo un amigo que a su vez tiene un amigo que tiene un problema. El protagonista de esta historia dirige una empresa pública y tiene un directivo que no va a trabajar. Obviamente, lo hace con un certificado médico, como solían hacer los toreros para no utilizar la espada de verdad durante la lidia. Con una baja por aquí, una pequeña incorporación y otra baja por allá, el directivolleva años sin dirigir nada y cobrando su sueldo íntegro. Le pregunto a mi amigo por qué su amigo no pone en la calle a ese sujeto. Y me responde que el interesado es un enchufado y que un conocido de su amigo despidió en otra empresa pública a otro enchufado y las pasó canutas para mantener el puesto. Ni a uno ni a otro enchufado hay que preguntar quién los recomendó. Pero les daré una pista: no fue ni la familia, ni el sindicato, ni el municipio.

En vísperas del triunfo del PSOE en las elecciones generales de 1982, hubo un debate en TVE, en La clave que dirigía José Luis Balbín, en el que Alfonso Guerra repitió con frecuencia el eslogan de su partido. El cambio sonaba en su boca una y otra vez. Y casi al final del programa, Javier Arzallus, el presidente del PNV le preguntó con su habilidad jesuítica: “¿Señor Guerra, esto del cambio qué significa, que mañana ganan ustedes las elecciones y ya nadie pide un enchufe en este país?”. La pregunta, en directo, tenía su miga. ¿Ya nadie pide un enchufe en este país? Porque la clave del asunto no está en honrada moral del interpelado, sino de la presión social y la aceptación general que tiene costumbre tan castiza.

Poco tiempo después se conocieron las tareas de asesoramiento que desempeñó Juan Guerra, hermano del vicepresidente y vicesecretario general del PSOE, desde la torre sur de la Plaza de España de Sevilla, sede de la delegación del Gobierno en Andalucía. Esto hizo más premonitoria la intencionada pregunta de Arzallus. Un país no cambia porque un partido determinado llegue al Gobierno. Y, seamos claros, el enchufe es una institución nacional. Ahora ya no hay servicio militar, pero cuando lo había, todo el mundo iba a la mili con alguna recomendación. El mejor relacionado iría enchufado por un general y el que menos, con un soldado veterano de su pueblo. Eso sí, dentro de la tradición entraba que el padre del interesado le decía a su hijo “niño, ¡déjame bien!”. O sea, que el enchufado una vez beneficiado por un buen destino en la mili, o una buena colocación en la vida civil, solía ser persona afanosa. Una de las virtudes patrias que se han perdido en este campo es el de la buena disposición del enchufado de turno.

Digamos, rápidamente, que el enchufismo no es una mala práctica de algún partido preciso. Es un deporte nacional. No sé si han visto esta semana, esposada, a la gerente del Consorcio de Desarrollo Económico de Baleares con el Gobierno de Jaume Matas (PP), Antonia Ordinas. Es un caso de libro; contrató a su propia esposa, la historiadora y soprano Isabel Rosselló, y adjudicó sin concurso suministros de servicios millonarios a las dos empresas de su amigo Joan Rosselló, que editó los libros de la pareja. Y la semana pasada dimitió un concejal de Sevilla de Izquierda Unida, Francisco Manuel Silva, acusado por la oposición de haber beneficiado a familiares diversos.

Urge regular la materia. Garantizar la igualdad de oportunidades o el establecimiento de turnos. Y, desde luego, obligar a los recomendados a ser más diligentes que el común de los ciudadanos. Las tradiciones hay que conservarlas completas. Lo demás es una corrupción de las esencias.

Del congreso del PSOE de este fin de semana me quedo con tres cosas. 1. La marea ZP ha ganado las votaciones por un 99%. 2. Han colocado a Leire Pajín, una mujer joven e inteligente, de número tres. Y 3. Han quitado al secretario de Política Municipal Álvaro Cuesta. Es el primer relevo en el partido de alguien que tenga responsabilidad en el caso de corrupción de Estepona. Aunque parece un poco lejos.  

El sistema de delegación de voto para los congresos de los partidos tiene un efecto perverso. La votación a la búlgara. A la búlgara, de cuando los camaradas comunistas aclamaban con contumacia a Todor Zhivkov, al que eligieron secretario general durante 35 años. Si hacemos la proyección de la votación del congreso del PSOE, con un 98,92% a favor del líder, resulta que Zapatero sólo le disgusta a unos 500 militantes socialistas en toda España. No puede ser. Quizá 930 delegados son pocos y todos tienen un empleo, cargo o expectativa que les hace aclamar al jefe que les ha llevado a la victoria y a las poltronas. 

España no es aquella Bulgaria. En esta democracia el Partido Socialista una de las dos formaciones que deben dar estabilidad y seguridad al país. Zapatero prefirió en su discurso de ayer otros términos: sostuvo que su Gobierno ofrece “certidumbre, apoyo, confianza, determinación y responsabilidad”. Y dijo que hay quien “se regodea en la idea de crisis, porque esperan que eso les devuelva el poder”. Aludía a una presunta capacidad mágica del PP para convertir la idea de crisis en una realidad. Y a su propia incapacidad freudiana para reconocer que se ha acabado el modelo de crecimiento español de los últimos 15 años. 

La elección de Leire Pajín demuestra que el PSOE tiene mujeres jóvenes, inteligentes y preparadas con 31 años. Es una respuesta audaz a la unánime buena acogida que ha tenido la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal. Se premia el talento y el trabajo. Me pregunto por qué no tuvo el mismo rigor al nombrar a determinada ministra. 

En el congreso socialista no se ha hablado de la política municipal ni del control de los candidatos o sus alianzas. Pero han nombrado a un nuevo secretario de la cosa. Antonio Hernando, un abogado de 40 años, diputado, portavoz en la Comisión de Interior del Congreso y vocal en la de Justicia, sabe de policías y jueces. Pero sería mejor que fuese experto en ética y códigos de conducta. Eso es lo que ha fallado en Estepona a pesar de las evidencias que había. En este asunto el PSOE no se ha comportado ni con certidumbre ni con responsabilidad y desde luego no ha generado confianza. Y hasta ahora nadie ha dimitido, salvo Barrientos. Sus valedores en las ejecutivas provincial y regional siguen silbando.  

En el congreso socialista tampoco se ha hablado de la crisis. En la Bulgaria democrática actual el PIB crece por encima del 5 por ciento desde hace muchos años. Están sobrados estos búlgaros.

Lo más relevante de la detención de 26 personas vinculadas a una presunta trama de corrupción municipal en Estepona es la farisea sorpresa en la cúpula del PSOE. El socialista Antonio Barrientos gobernó entre 2003 y 2007 esta localidad de la Costa del Sol con José Ignacio Crespo como número dos. Casualmente, el mismo lugarteniente que tuvo Jesús Gil Marín en los cuatro años que estuvo en la Alcaldía entre 1995 y 1999. La Fiscalía dice que esta trama esteponera trabajaba según la escuela gilista de Marbella. Crespo es un tipo listo: consiguió ser vicealcalde de Gil y, después, del socialista. Es más, fue el número tres de aquel partido antisistema llamado GIL, detrás de los dos Jesús Gil, padre e hijo. Era el hombre de confianza de la familia, para entendernos.

A nadie le pareció mal que apareciese más tarde a la vera de Barrientos. Ni a la secretaria provincial del PSOE, Marisa Bustinduy, ni al secretario regional, Manuel Chaves, ni al secretario general, José Luis Rodríguez Zapatero. Pero ayer, sin embargo, todo el mundo se rasgaba las vestiduras en el campo socialista. Le han abierto expedientes de expulsión a Barrientos y compañía. Hubo hasta quien sacó pecho: Álvaro Cuesta, secretario de Política Municipal, y Gaspar Zarrías, vicepresidente de la Junta, se preguntaron “por qué el PP no actúa con la misma contundencia contra los casos de corrupción surgidos en sus filas, como hace el PSOE”. Habría que pedirles compostura; más medicina preventiva y menos cirugía de salón.

Cuando en 1974 se descubrió que el secretario personal Willy Brandt, Günter Guillaume, era un espía de la Alemania comunista, el canciller dimitió. Se sintió responsable. Estoy seguro que ante la Estepona connection Bustinduy, Chaves y Zapatero no van a hacer otra cosa que indignarse. Y llueve sobre mojado: el PSOE gobernó en el mandato municipal que terminó el año pasado con viejos gilistas en Manilva hasta que metieron en la cárcel al alcalde Tirado. No son los únicos. El PP en Ronda, Izquierda Unida en Estepona y Manilva, y el PA en Ronda y Estepona han gobernado entre 2003 y 2007 en la Costa del Sol con significados gilistas. Hay una gran diferencia entre estas galanterías y el pacto republicano francés contra el ultraderechista Jean-Marie Le Pen. Javier Arenas ha dicho que hay que cambiar los controles de las políticas urbanísticas. De acuerdo. Pero antes hay que cambiar los controles de las políticas de partido: el PP gobernó con gilistas en Estepona antes de que lo hiciera Barrientos. Hay dirigentes del PSOE y el PP que son como el policía de Casablanca: cierra el local indignado, porque se ha enterado que se juega, pero coge su parte de la recaudación.

Después de lo de Estepona, Bustinduy, Chaves y Zapatero deberían dimitir, siguiendo la senda ética de Willy Brandt. Y si no quieren, al menos, que no nos tomen por tontos con el cuento de la “tolerancia cero”. En esa asignatura y en este caso han sacado precisamente eso, un cero.

Un amigo mío, que sabe de estas cosas, me explica lo que pasa en el Partido Popular de manera tan gráfica que no me resisto a compartir el descubrimiento: “Están matando a Rajoy a pellizcos”. Buena definición. Y más, si se añade que los pellizcos más famosos del refranero español son los de monja, tan agudos y pequeños que producen mucho dolor y no dejan señal. Aunque el diccionario evita estas miserias y dice que un pellizco de monja es un bocadito de masa con azúcar. Total, un dulce: que se lo digan a Rajoy.

Lo más sorprendente del acoso que está sufriendo el presidente del partido cristiano por excelencia en España es la participación como brazo armado de la artillería mediática de la Santa Madre Iglesia Católica Apostólica Romana. En la Cope, Federico Jiménez Losantos y Pedro J. Ramírez han calificado a Rajoy como tiranuelo, tonto contemporáneo, infecto y repugnante. ¡Loado sea Cristo! Y estos campeones de la nueva cruzada de la Iglesia han llamado a las huestes populares a la sublevación. Ojo con los términos, con sus destinatarios y las víctimas. En la pasada legislatura la emisora católica utilizó su táctica inquisitorial contra el presidente del Gobierno y contra el Rey. En ésta se renueva y le toca el turno a Rajoy: ya queda menos para que se vuelvan contra la propia jerarquía eclesiástica que los ha lanzado a la arena. Cuando ocurra y a los obispos no les llegue la sotana al cuerpo, que no se quejen.

Como si fuese Indiana Jones en su última película, El reino de la calavera de cristal, Rajoy ha caído en un banco de arenas movedizas. Y si sigue las instrucciones del famoso arqueólogo, mientras menos se mueva, menos se hundirá. En su ayuda acudieron el pasado viernes un grupo de notables del PP. Mientras doscientos fans de la Cope y Esperanza Aguirre bramaban en la calle contra el todavía líder de su partido, en el interior de la sede central de los populares se escenificó un acto de adhesión, con cámaras de televisión en directo. Parecía un exorcismo: tres círculos mágicos en torno a un cubo azul celeste, de medio metro de lado, que tenía dibujada en blanco, en cada cara, una gaviota encima de las siglas del PP. Y en el primer círculo virtuoso, de 10 personas, Rajoy estaba flanqueado a derecha por los alcaldes de Cádiz y Huelva, Teófila Martínez y Pedro Rodríguez, y a izquierda por el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón; la portavoz parlamentaria Soraya Saenz de Santamaría y el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre. Tres dirigentes andaluces entre los cinco más próximos al líder.

Los reunidos no vieron motivos para la sublevación reclamada desde fuera del partido, y propugnaron cohesión nacional y moderación. Uno de los asistentes me dice que Rajoy saldrá reforzado de este acoso. Que Dios le coja confesado.

[La foto de Kote Rodrigo (Efe) fue tomada el domingo 25 de mayo en Madrid, en una reunión de Nuevas Generaciones con el presidente del PP]

Estos días andamos con resaca de las elecciones y quinielas gubernamentales. Los que han ganado no se cansan de decir que “el pueblo ha hablado”. Se les llena la boca con principios como un hombre/un voto y un gobierno que representa la voluntad soberana de los ciudadanos. Bonitos conceptos que se corresponden parcialmente con la realidad: el sistema electoral español tiene alguna consecuencia injusta. Ignoro si prosperará la iniciativa del ex diputado malagueño Antonio Romero, de IU, para que se declare anticonstitucional la Ley electoral. Pero esa iniciativa, además de jurídica, es también moral.

No puede considerarse muy ecuánime un sistema que permite al PNV sacar un diputado por cada 50.000 votos y que exige a IU 500.000 para darle un escaño. La regla de un hombre/un voto queda por los suelos. La norma electoral instaurada en el inicio de la Transición a la democracia ya está vieja. Pero de ella se aprovechan los dos grandes partidos, que son los que podrían, de común acuerdo, modificarla. Al PSOE y al PP le salen los diputados nacionales a 65.000/66.000 votos. A la UPyD de Rosa Díez, a más de 300.000. Este partido ha sacado más votos que el PNV y tiene un sólo diputado, pero los nacionalistas vascos tienen seis. Y ahora, quienes son cortejados por Zapatero para su investidura son los del PNV, que pasan el platillo con sus demandas territoriales. Mientras, el partido de Savater y Díez se queda de comparsa. Y en Andalucía el diputado le sale a PSOE o PP a 37.000 votos, a IU a 52.000 y al PA sus 123.000 no le dan un solo escaño. Pero, por el interés de las grandes partidos, tenemos un sistema de circunscripción provincial y ley D’Hondt para rato.

En esta misma página el profesor Ruiz Robledo abogaba hace unas semanas por el sistema italiano, proporcional, pero con una corrección que da una prima al ganador en votos. También hay partidarios, entre los que me encuentro, del sistema alemán, con circunscripciones territoriales y un colegio nacional. Todos los votos que no consiguieran escaño deberían de ir a un colegio nacional que asignase un cierto número de diputados. Dando por buena la frase de que “el pueblo ha hablado”,  habría que añadir que la manera de escucharlo es mejorable y claramente desfavorable para las minorías.

Pero, además, esas minorías tienen que enfrentarse a un mercado poco abierto, en el que funciona un régimen de duopolio en el que es difícil entrar. Las televisiones públicas aplican un criterio singular, que no tiene parangón en las democracias europeas: se le da a los partidos que ya tienen representación parlamentaria el privilegio de una notable información diaria en proporción a sus escaños. Resultaba ridículo ver en Canal Sur a un dirigente del Partido Andalucista decir, por todo discurso, y sin más explicación, frases del tipo “no estoy de acuerdo”. Era más propio de una película de los Hermanos Marx o de la Rusia de Putin, que de una cadena pública de una democracia europea. Algunas de las mejores televisiones públicas españolas, como TVE o TV3, están cambiando ya este modelo, heredado de la tradicional condición gubernamental de las públicas españolas.

Sobre la manera de escuchar al pueblo hay que hacer otras matizaciones. La compensación económica por voto la reciben quienes tienen escaño. ¿Por qué quienes han votado al PA al Parlamento andaluz no tienen derecho a que su voto genere la subvención de 0,76 euros que va a reportar a los partidos con diputados? Por otro lado, se oye decir a los dirigentes socialistas que el pueblo andaluz les ha dado un apoyo mayoritario. No es exacto. Tienen la mayoría absoluta en la Cámara, pero el porcentaje de votos al PSOE ha sido del 48,19. Lo que significa que una mayoría de los votantes ha elegido otra cosa. Si se tiene además en cuenta que la abstención ha sido del 26,35 por ciento, hay que convenir que un 36 por ciento del censo electoral ha votado a los socialistas. Los abstencionistas en pureza no deben pesar a la hora de hacer estas cuentas. Pero no estaría mal que se tuviese en cuenta este dato por quienes enfáticamente se entusiasman con “el apoyo mayoritario del pueblo andaluz” . Tras la dulce resaca llega la hora de trabajar con humildad.

El País ha hecho un reparto de los 350 escaños del Congreso proporcional a los votos del 9 de marzo. El resultado es ilustrativo: Izquierda Unida pasaría de 2 a 14 escaños y el partido de Savater y Rosa Díez (UPyD) sacaría 4 escaños en lugar de 1.

“El pueblo soberano ha hablado”, dicen los que han ganado. Y es verdad que el pueblo ha hablado, pero hay muy diversas maneras de escucharlo: por un sistema mayoritario injusto o por un sistema proporcional.

Resulta que a IU le sale el diputado a casi 500.000 votos y al PNV a 50.000. Esto no parece que sea “un hombre (o una mujer), un voto”.

A UPyD le ha salido el diputado a más de 300.000 votos y a PSOE o PP por 65.000. Feo.

En la proporcional de El País:

• el PSOE pierde 9 escaños sobre los que ha sacado realmente con el sistema vigente y se queda en 160;
• el PP pierde seis y logra 147;
• IU sube a 14, CiU se queda con 11;
• el PNV, 4 (bajaría 2);
• ERC, 4 (sube 1);
• UPyD, 4;
• BNG, 3 (uno más), y
• CC, dos (los mismos).

Con esta manera de escuchar lo que el pueblo ha hablado habría 18 diputados de dos partidos nacionales (IU y UPD) para garantizar la gobernabilidad del país sin necesidad de que los nacionalistas chantajeen al Gobierno.

Urge cambiar el sistema electoral. Se podría crear un colegio nacional para los restos de votos e incluso se podría ir a un modelo como el británico, en el que el diputado tiene que trabajar en su distrito y si es válido no lo puede quitar el aparato de su partido.

¿Qué fórmulas se les ocurren a ustedes? ¿Les gusta el sistema vigente?

Suelo quejarme de manera recurrente de los tics gubernamentales de Canal Sur. Hoy sábado, en el telediario de mediodía han dado una información de la ampliación del Parque de la Ciencia en Granada, ¡que se inaugurará en mayo!, en la que casualmente salía, como presidenta de su patronato la ex consejera de Educación, Cándida Martínez, que casualmente, encabeza la lista del PSOE al Congreso por esa provincia. La ex consejera sólo decía lo contenta que está porque Granada vaya a tener una cosa tan estupenda. Pura y simple propaganda.

Pero veo en YouTube una pieza que no me resisto a compartir con ustedes. Es de la televisión valenciana, Canal 9. He visto cosas tremendas, pero un editorial tan rastreramente partidario como este, creo que no. La presentadora del programa da un mitin de dos minutos y medio a favor del PP y en contra del PSOE. Pura y simplemente vergonzoso. Se lo recomiendo a Javier Arenas. Y ya sabe el líder de los populares andaluces dónde tendría que poner el listón de las quejas a sus adversarios. Ni Urdaci caería tan bajo.

Es la historia de una muerte anunciada: el 9 de marzo habrá elecciones generales, con lo que cualquier otra convocatoria a las urnas quedará solapada. Dicen que también habrá andaluzas. No me lo creo. No hay andaluzas desde que Chaves ganó, por primera vez en 1990. Si acaso sí que las hubo en 1994, con motivo de unas europeas, en las que se votó también al Parlamento de Andalucía y los socialistas estuvieron en un tris de perder (45 PSOE, 41 PP, 20 IU, 3 PA). Esos riesgos se han evitado en 1996, 2000, 2004 y 2008, escondiendo las elecciones andaluzas debajo de las generales. La pareja Zapatero Chaves repite la jugada de 2004. Ellos ganan votos en las generales y participación en las autonómicas. Y los demás nos quedamos sin debate andaluz y sin saber a cuánta gente, de verdad, le interesa tanto la autonomía como para ir a votar en unos comicios regionales puros y duros. ¿Llegaría al 40 por ciento la participación? Pues a pesar de todo, deberían ser en solitario, como en el País Vasco, en Cataluña o en Galicia, las otras comunidades del 151. ¿Hace bien Chaves? Claro, que la unión hace la fuerza: en Cataluña les puede ir de cine…

Javier Arenas estuvo cercano, moderado y optimista anoche en el programa de TVE ‘Tengo una pregunta para usted’. La verdad es que empezó brillante, en el primer tercio de la emisión, fue de más a menos y acabó con signos de cansancio. Al final, en la retransmisión de Radio Nacional, explicó que tenía un fuerte dolor de espalda, para el que no había querido tomar ninguna medicina que le impidiera estar en plena forma mental. Se mostró muy familiar, habló de su madre, de su esposa, de sus tres hijos, de sus dos hipotecas, de la muerte de su hermano, del accidente de uno de sus hijos, de la afición de otro por la pesca, de las recomendaciones que le hace su hija, de su condición de usuario de podólogos… Se mostró muy centrista, tanto que recordaba mucho sus tiempos de la UCD, y poco la imagen del PP en estos últimos cuatro años. Propuso consensos en materia de pensiones, educación, sanidad y vivienda. Y lanzó los cinco grandes ejes de su programa. Uno me gusta: limitación del ejercicio de la Presidencia de la Junta a dos mandatos y no coincidencia de elecciones generales y autonómicas. Otro me inquieta: dijo que quiere “restablecer la disciplina urbanística”. Justamente uno de los principales logros de este Gobierno regional que ahora termina mandato es que ha establecido un orden en este sector y aplicado un sentido común del que escribo en mi artículo   de hoy. No quiero pensar que este restablecer sea volver a la barra libre, anterior a que la consejera Concha Gutiérrez decidiera, por primera vez en la historia de la Junta, de que además de titular de la cartera de Obras Públicas y Transportes, lo era también de Urbanismo. Los tiempos de Gil no deben volver. Y los de sus imitadores tienen que acabar.