La presión no es igual para todos los seres humanos. Se hace insoportable en determinados sillones. En España, uno de los puestos que más presión soporta es el de director general de una televisión pública. Y esta semana el Parlamento de Andalucía ha nombrado a un nuevo jefe de la agencia pública empresarial RTVA. Pablo Carrasco llega con una mayoría simple, al no darle su apoyo el Partido Popular.

Es sorprendente que los mismos partidos, en el mismo país y en la misma época sean capaces de ponerse de acuerdo para enderezar la radiotelevisión pública nacional y no estén dispuestos a hacerlo con la autonómica andaluza. El PP se queja del permanente sectarismo que padece en la información que se difunde por Canal Sur. Y tiene razones: las mismas, por lo menos, que entre 1996 y 2004 tuvieron los socialistas con la información de RTVE, en manos sectarias populares.

Esta vieja cantinela de que el que gana las elecciones toma a la televisión pública como rehén a su servicio se ha resuelto de manera satisfactoria en Televisión Española. La incógnita es saber si la RTVA será capaz de emular a su hermana mayor. Pablo Carrasco merece un margen de confianza. Y el PP parece concedérselo con su voto en blanco. Izquierda Unida ha votado a favor, pero advierte que es un voto condicionado a resultados. Qué pase en la televisión y la radio públicas será un elemento estratégico esencial en esta legislatura. Zapatero presume de que sus ministros se quejan de que TVE ya no tira a favor del Gobierno. Ignoro si Chaves podrá decir de lo mismo antes de retirarse.

Las televisiones públicas fueron la columna vertebral de la propaganda gubernamental en toda Europa en los años 50, 60 o 70, pero hace tiempo que dejaron de serlo. En España, muerto el dictador y conseguida la democracia, se pusieron en marcha unas televisiones públicas regionales y locales que heredaron modos propagandísticos y sectarios de la vieja televisión franquista. En el último número de la revista The Economist dedicado a España y titulado La fiesta ha terminado hay un pasaje dedicado a este asunto: ‘Cada Ejecutivo autonómico tiene su propia televisión. Zapatero celebra conferencias de presidentes con sus homólogos regionales. La última atrajo a 600 periodistas. “Parecía la Asamblea General de la ONU, con seis o siete camiones-satélite en los alrededores”, subraya Enric Juliana, director adjunto de La Vanguardia’. Esta otra también debe terminarse.

El director general saliente de la RTVA, Rafael Camacho, que pasó en 2000, sin red ni luto alguno, de portavoz del presidente Chaves a jefe de su televisión, se va con un balance desigual. Si hubiese dirigido una televisión privada, tendría bazas para aplaudir su labor: el liderazgo regional, que entre las dos cadenas suma un 22%, y su ortodoxa defensa de la línea editorial de su patrón. Pero Canal Sur no es una empresa privada. Su función no es acumular oyentes o espectadores. De la misma manera que no se puede medir la calidad de un sistema sanitario público por el número de enfermos por hora que es capaz de atender su personal sanitario.

La televisión regional tiene una audiencia fiel, compuesta sobre todo de personas mayores, con poca formación, de zonas rurales. Un retrato robot reñido con las ambiciones de la Segunda Modernización. Y la línea editorial de una emisora pública tiene que ser plural e independiente. Estos son algunos de los desafíos del nuevo director general de la RTVA: la neutralidad del medio y que su programación no sólo busque audiencia, sino también convocar a un máximo de gente joven, preparada, comunicada. Ser un motor de cambio social. Y otra obligación, no menos importante, es dimensionar este gigante que tiene más personal que Antena 3 y Tele 5 juntas. Todo, desde un asiento a toda presión.

Rosselló y Ordinas salen del juzgado para la cárcel, el 2 de octubre. Foto de Montserrat T. Díez (Efe)

Este país, tan aficionado a hacer leyes que todo lo curan y todo lo remedian, y tan aplicado en el incumplimiento de lo legislado, debería regular el enchufe y la recomendación. Más que nada, para que sea legal aquello que en la calle es normal, como diría Adolfo Suárez. Una tradición tan española como el enchufe no debe continuar desregulada, porque se corre el riesgo de que se pierdan los criterios morales sobre los que ha construido su acervo. Ahora, con la crisis galopante, que lleva al paro a tres mil personas al día, la tendencia natural de los españoles a la recomendación se puede disparar y los interpelados también necesitan un marco legal con el que defenderse.

Aquí no terminan las ironías. Tengo un amigo que a su vez tiene un amigo que tiene un problema. El protagonista de esta historia dirige una empresa pública y tiene un directivo que no va a trabajar. Obviamente, lo hace con un certificado médico, como solían hacer los toreros para no utilizar la espada de verdad durante la lidia. Con una baja por aquí, una pequeña incorporación y otra baja por allá, el directivolleva años sin dirigir nada y cobrando su sueldo íntegro. Le pregunto a mi amigo por qué su amigo no pone en la calle a ese sujeto. Y me responde que el interesado es un enchufado y que un conocido de su amigo despidió en otra empresa pública a otro enchufado y las pasó canutas para mantener el puesto. Ni a uno ni a otro enchufado hay que preguntar quién los recomendó. Pero les daré una pista: no fue ni la familia, ni el sindicato, ni el municipio.

En vísperas del triunfo del PSOE en las elecciones generales de 1982, hubo un debate en TVE, en La clave que dirigía José Luis Balbín, en el que Alfonso Guerra repitió con frecuencia el eslogan de su partido. El cambio sonaba en su boca una y otra vez. Y casi al final del programa, Javier Arzallus, el presidente del PNV le preguntó con su habilidad jesuítica: “¿Señor Guerra, esto del cambio qué significa, que mañana ganan ustedes las elecciones y ya nadie pide un enchufe en este país?”. La pregunta, en directo, tenía su miga. ¿Ya nadie pide un enchufe en este país? Porque la clave del asunto no está en honrada moral del interpelado, sino de la presión social y la aceptación general que tiene costumbre tan castiza.

Poco tiempo después se conocieron las tareas de asesoramiento que desempeñó Juan Guerra, hermano del vicepresidente y vicesecretario general del PSOE, desde la torre sur de la Plaza de España de Sevilla, sede de la delegación del Gobierno en Andalucía. Esto hizo más premonitoria la intencionada pregunta de Arzallus. Un país no cambia porque un partido determinado llegue al Gobierno. Y, seamos claros, el enchufe es una institución nacional. Ahora ya no hay servicio militar, pero cuando lo había, todo el mundo iba a la mili con alguna recomendación. El mejor relacionado iría enchufado por un general y el que menos, con un soldado veterano de su pueblo. Eso sí, dentro de la tradición entraba que el padre del interesado le decía a su hijo “niño, ¡déjame bien!”. O sea, que el enchufado una vez beneficiado por un buen destino en la mili, o una buena colocación en la vida civil, solía ser persona afanosa. Una de las virtudes patrias que se han perdido en este campo es el de la buena disposición del enchufado de turno.

Digamos, rápidamente, que el enchufismo no es una mala práctica de algún partido preciso. Es un deporte nacional. No sé si han visto esta semana, esposada, a la gerente del Consorcio de Desarrollo Económico de Baleares con el Gobierno de Jaume Matas (PP), Antonia Ordinas. Es un caso de libro; contrató a su propia esposa, la historiadora y soprano Isabel Rosselló, y adjudicó sin concurso suministros de servicios millonarios a las dos empresas de su amigo Joan Rosselló, que editó los libros de la pareja. Y la semana pasada dimitió un concejal de Sevilla de Izquierda Unida, Francisco Manuel Silva, acusado por la oposición de haber beneficiado a familiares diversos.

Urge regular la materia. Garantizar la igualdad de oportunidades o el establecimiento de turnos. Y, desde luego, obligar a los recomendados a ser más diligentes que el común de los ciudadanos. Las tradiciones hay que conservarlas completas. Lo demás es una corrupción de las esencias.

Hace una semana, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, en su infinita sabiduría, la que imprime el uso y disfrute del Boletín Oficial, decidió cesar al delegado de la Consejería de Medio Ambiente en Málaga. El tal delegado era un alto funcionario ejemplar en muchas cosas: preparado, eficaz, disponible. Eso sí, llevaba 12 años en el cargo, lo que invitaba a pensar que quizá sería bueno renovar el puesto. Una renovación que, ya que estamos, podría ser extensible a otros capitostes de la Junta con 12 años de esforzados desvelos a sus espaldas. Pero el delegado cesado, Ignacio Trillo, tenía alguna falta: ejercía desde su puesto oficial de la Junta, que debe ser un gobierno para todos, una oposición frontal al alcalde del PP, Francisco de la Torre. Y también ejercía de rebelde con la ejecutiva provincial del PSOE. Esto último lo ha llevado de cabeza hasta el BOJA.

El asunto no tendría más importancia, si no fuese porque quien ha cesado a Trillo no ha sido la consejera del ramo, sino el flamante nuevo secretario provincial de los socialistas malagueños en un gesto que suena a aviso para navegantes: “cuidadito con ser díscolos con la dirección del Partido porque os puede costar el puesto de trabajo”. Nótese que la palabra Partido debe escribirse en este caso con mayúsculas, porque como rezaba en aquel lema de los comunistas de la República Democrática Alemana, el partido siempre tiene la razón. Y fuera del Partido no hay más que sombras y desolación. Miguel Ángel Heredia, diputado en el Congreso y funcionario del PSOE desde sus años de dirigente de las Juventudes, acababa de actuar como el líder local que quiere hacerse respetar. Que se sepa: la Junta en las provincias nombra a los delegados que le dicta el Partido. Y el Partido aparta a los rebeldes. Esto es lo que hay.

Trillo tuvo un papel principalísimo en uno de los actos más notables de la Junta en la Costa del Sol desde su fundación: de él partió el informe ambiental que declaraba intocables once millones de metros cuadrados de alto valor ecológico, que Jesús Gil quería convertir en suelo urbano en su PGOU ilegal de finales de los 90. La prensa local lo ha sacado a hombros del campo. Javier Gómez, subdirector de Málaga hoy ha escrito: “Difícil lo tiene el secretario de los socialistas para que este relevo no sea visto como lo que es: una purga interna”. Y Teodoro León Gross, en el Sur, apuntaba que “en el PSOE de Andalucía, donde se confunde el partido y la administración, cada vez parece haber menos líderes territoriales y más jefes provinciales del Movimiento”. Como todo es posible, lo mismo ha habido alguien que ha felicitado a Heredia por su machada. (En el diccionario de la RAE, machada tiene una acepción interesante: necedad).

(Publiqué este reportaje el 29 de junio. Hay quien se ha interesado por él y no lo encuentra, aunque está en este web, en la entrada de RdA. En todo caso, para más comodidad, lo cuelgo en el blog).

El fiscal del caso Astapa sostiene que el Ayuntamiento de Estepona funcionaba según el patrón de Marbella. El modelo de gestión del maestro Jesús Gil ha hecho escuela, porque ha situado los resultados aparentes e inmediatos de los municipios de la Costa del Sol en un horizonte inalcanzable con la legislación, las reglas de juego democráticas y los métodos tradicionales de la Administración. En los últimos veinte años no sólo ha dado un cambio copernicano la economía local a lomos del caballo desbocado de la construcción, sino que también ha calado hondo la idea de Gil de que los ayuntamientos hay que gestionarlos con criterios de empresa privada. El beneficio, el dinero, se han convertido en la pieza angular de un patrón de gobierno. Los medios no importan tanto como los resultados. El modelo marbellero tiene su punto de partida en una exagerada voracidad financiera del ayuntamiento. Lo cuentan distintos interlocutores en la Costa.

–Ser honrado es muy fácil o muy difícil. Eso es así en Estepona y en todas las marbellas de España.
–En Estepona se ha llegado a pedir 3.000 millones de pesetas por una recalificación.
–Yo he visto pedir más.
–¿En Estepona?
–No. En Marbella.

Insuficiencia financiera

“En una situación de bonanza, el dinero no hay quien lo pare”. La frase es de un observador de los cambios sociales ocurridos en la Costa del Sol desde que Jesús Gil consiguió 19 de los 25 concejales de Marbella en 1991. “El dinero es incontenible, le puede al político, le rebasa”. La debilidad económica de los ayuntamientos, denunciada por alcaldes de todos los signos políticos, inequívocamente democráticos, es el envés de la moneda. Es urgente un pacto local de ámbito nacional y regional. Pero no acaba de llegar. Y, mientras, está tan arraigada la idea de extrema necesidad de los ayuntamientos en el inconsciente colectivo, que toda maniobra para hacer dinero, aunque no se ajuste a la ley, es considerada legítima y tiene el beneplácito de la opinión pública y hasta de la oposición en muchos casos. En Estepona, algún reconocimiento de deuda, de obras ejecutadas sin contrato y sin concurso en el mandato de coalición entre socialistas y gilistas de 2003 a 2007, ha contado con la comprensión de la oposición.

Los operadores de la Costa tienen acuñado el término corrupción institucional para definir las irregularidades blancas, aquéllas en las que no hay blanqueo, ni dinero para el bolsillo del munícipe, ni financiación de partidos. Sólo el bien común, o dicho con un eslogan simplista, “lo mejor para el pueblo”. Éste es el inicio de todos los problemas. Y eso es posible porque la mayor parte de las decisiones de planeamiento dependen de la discrecionalidad del responsable municipal, mientras que la disciplina urbanística, las licencias de obra son procesos reglados, que deben atenerse a unos determinados criterios.

–Se habían creído que el problema estaba sólo en Marbella, después se encontraron con lo de Manilva.
–Y ahora, Estepona también.
–Se veía venir.
–Pero hay más.
–Hay mucho más, hay un modelo de gestión que escapa al Estado de Derecho.
–Ahí los tienes. Malaya en Marbella, con alcaldes gilistas como Julián Muñoz y Marisol Yagüe implicados, y la socialista Isabel García Marcos; Hidalgo entre Marbella y Estepona; Astapa en Estepona, con el alcalde socialista Barrientos imputado; Ballena Blanca entre Marbella y Manilva, con el alcalde gilista Tirado procesado.
–Y, además, está el caso Troya en Alhaurín el Grande, con el alcalde popular Juan Martín Serón empapelado.
–Astapa se parece a Troya.
–Más bien, está entre Troya y Malaya.
–Pero aquí no hay un Roca.
–No. Hay varios.

Un prestigioso profesor de Derecho administrativo de la Universidad de Málaga lamenta este nuevo escándalo, porque va a terminar de echar de la política local a la gente de valía, que va a salir huyendo de todo lo público. Este mismo testigo privilegiado de lo que ocurre hace una advertencia: “Estamos en un Estado de Derecho, no en un Estado policial. Cuando la Policía o la Guardia Civil intervienen, ya el daño está hecho. Hay que establecer controles previos, con sutileza y cirugía. Si no, vamos a estar al nivel de los países del África subsahariana, ni siquiera como los del Magreb”.

–Los aprendices de Gil se han animado, porque han visto mucha impunidad.
–Gil ha hecho mucho daño a la autonomía local y la ha puesto en entredicho.

Isabel Conejo, la juez que instruye el caso Estepona, sostiene que Antonio Barrientos era el cabecilla de una red dedicada a obtener fondos de promotores y empresarios para financiar actividades tanto públicas como privadas y para enriquecerse personalmente. Entre las actividades privadas se incluía la financiación del propio Partido Socialista, no se especifica en qué grado. La existencia de unas cajas de seguridad en los bancos para guardar dinero B recaudado a las promotoras fue denunciada en 2004 en Estepona por el concejal del PP Ignacio Mena. Y negada entonces por el alcalde socialista Antonio Barrientos y por su lugarteniente gilista José Ignacio Crespo, ambos imputados. Aunque Mena y su informante se ratificaron ante la Fiscalía, la existencia de estas cajas también ha sido desmentida ahora ante la juez por Francisco Zamorano (PSOE), concejal de Hacienda también imputado. Crespo fue primer teniente de alcalde durante la Alcaldía de Jesús Gil Marín entre 1995 y 1999 e hizo el mismo papel con Barrientos entre 2003 y 2007.
La entrada en vigor en 2003 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía obligó a los operadores en la Costa a innovar los procedimientos. La LOUA estableció que los ingresos por convenios urbanísticos debían dedicarse a patrimonio municipal de suelo y no podían utilizarse hasta que se aprobase la modificación pactada. Sin ánimo de señalar a ningún ayuntamiento en concreto, el modelo de gestión estableció dos métodos de recaudación. El primero, satisfacer necesidades municipales en seguridad, limpieza, ambulancias o bomberos.

–Me compras una UVI móvil y te firmo este convenio.

Desde que Jesús Gil Marín llegó a la Alcaldía de Estepona en 1995 hasta que terminó la coalición roja/colchonera de Barrientos y Crespo en 2007 se firmaron en la ciudad convenios para realizar 120 modificaciones de elementos en el plan general, por una cantidad de metros cuadrados incuantificable. Millones de metros. Alguna de esas modificaciones, como la de la zona Este, equivale a uno o dos nuevos PGOU. Barrientos llevó a pleno 20 convenios el día antes de la entrada en vigor de la LOUA, para poder disponer del dinero sin las nuevas restricciones legales. Esta medida levantó la irritación de la secretaria provincial, Marisa Bustinduy. Todo el mundo dice en Estepona que “Barrientos presumía de tener valedores en Sevilla”. Motivo por el cual, hay dirigentes del PP que hasta exoneran de responsabilidad a la jefa socialista de la provincia de Málaga. Aunque también puede ser que lo hagan para cobrarse una pieza mayor, en la dirección regional del PSOE o en el Gobierno andaluz. En todo caso, la presencia de una hija del presidente del Senado, la abogada Patricia Rojo, como gerente de Urbanismo era frecuentemente invocada por el alcalde para despejar las críticas del partido.

–Hubo un momento, en 2004 en que Marisa le dijo a Barrientos que se habían acabado los convenios.
–Pero cuando el alcalde se lo dijo a Crespo, el líder del PES le invitó a comer y le explicó que ya tenía una moción de censura preparada.
–Y Barrientos recondujo la situación.

Desarticulación institucional

La presencia de Rojo en el Ayuntamiento también alienta una conexión vasca. La caja de ahorros de Guipúzcoa, Kutxa, es actualmente la propietaria del 100% de la empresa Valle Romano, una de las más dinámicas en la localidad, y cuyo ex consejero delegado está imputado. Pero aquí han operado otras empresas nacionales como la cordobesa Prasa, cuyo presidente también está imputado. En la lista de implicados por la juez figuran los patrones de las empresas locales Agrojardín y Codelsa.

El tren de vida de Estepona y los cuantiosos ingresos municipales vía urbanismo no han impedido que el Ayuntamiento tenga una deuda acumulada de unos 100 millones de euros. No es mucho, si se considera que un buen año el municipio podría ingresar esa cantidad por los convenios. Pero en pesetas suena muy fuerte: 16.638,6 millones. La deuda acumulada en Marbella durante los 16 años de reinado gilista multiplica esa cantidad por más de cinco. Estos déficits están ligados a plantillas claramente sobredimensionadas, de más de 3.000 personas en Marbella y de 1.300 a 1.600 en el caso de Estepona. La cifra precisa es difícil de saber. Hay concejales esteponeros que dicen que son 1.600, pero fuentes sindicales concretan que son 800 en las empresas municipales y 500 funcionarios. En ninguna de las dos localidades hay una relación de los puestos de trabajo, una plantilla orgánica articulada con sus jefaturas de servicio y negociado, como ocurre en la Administración general del Estado. El modelo reinante ha acabado con ese esquema. Roca adelgazó la administración oficial en Marbella y creó una paralela.

Éste esquema forma parte del modelo: los ayuntamientos son las principales empresas locales y si dan mucho empleo se convierten en un bien social por sí mismos, con independencia del resultado de su gestión. Gil demostró que esto genera un clientelismo muy rentable. Sus imitadores siguen su senda: los empleados municipales pueden convertirse en afiliados del partido del alcalde y éste controla el territorio. Desde 1995 el Ayuntamiento de Estepona ha multiplicado casi por cinco su plantilla, pero en los sistemas de contratación casi siempre ha estado ausente un procedimiento de verificación de mérito y capacidad. Esta es una de las vertientes de la investigación policial y judicial. La juez del caso en auto por el que envió a prisión incondicional al alcalde Barrientos decía que se ha contratado a numerosas personas “por razones de afinidad política, sin seguir los cauces legalmente establecidos”.

La mafia es uno de las leyendas de la Costa del Sol. Sin embargo, los investigadores, políticos, abogados, concejales y operadores consultados para este reportaje opinan que en esta operación de Estepona no se ha detectado blanqueo de dinero susceptible de ser identificado como procedente del crimen organizado.

–Aquí mafia, poca. Aunque hubo un famoso juicio en la Audiencia Nacional contra un turco afincado en Estepona, acusado de ser lugarteniente del más importante narcotraficante de heroína de Europa, que puso en evidencia cómo trabajan algunos bancos. Usted va al banco, da las órdenes verbales, ingresa, transfiere y se lleva el dinero que quiera. Y después la sucursal manda los papeles para su firma a un fiduciario gibraltareño, que administra unas sociedades pantalla.
–Y la Hacienda española no tiene la menor noticia de quién es el dueño.
–Pero vamos, este peculiar ‘modelo’ de financiación municipal en la Costa es doméstico.
–Hay una gran confusión de lo público con lo privado.
–Hay funcionarios que pueden informar una licencia de un señor para el que trabajan.
–Los empleados municipales no declaran su segunda actividad.
Se ha perdido el sentido del servicio público. “No se trata de mangantes, ni chorizos, salvo excepciones flagrantes. Sino de gente con otra ética, en la que existe el bien general, pero no está por encima de los intereses particulares”. Es la opinión de un operador en la Costa. A esto se añade la feroz competencia entre los partidos tradicionales y el afán por captar a los independientes, sean del origen que sean. Hay que sacar más concejales, traer artistas más famosos en la campaña, pegar más carteles… Y las direcciones de los partidos les dicen a los del pueblo: “Buscaros la vida”. Y se la buscan.

Falta de control social

Otra de las características de lo que el fiscal llama el patrón de Marbella es la relajación social que hay en la Costa en torno a la gestión municipal. Hay una pérdida casi absoluta de control social. Los ecologistas y las asociaciones de vecinos, muy organizadas en Marbella, no consiguieron parar a Gil. En Estepona hay grupos tan voluntariosos como minoritarios, con escasa base social.
La segunda cosa que ha propiciado la LOUA en la Costa es la financiación bajo cuerda, el dinero B, del que no hay constancia escrita alguna. El modelo ha adaptado varios métodos para capar dinero negro. Uno es vender los excesos de aprovechamiento a un precio inferior a la mitad de lo que valdría en el mercado, que luego es compensado con lo que la juez del caso Estepona llama “contrapartidas”. Otro camino es cobrar por dar la licencia de primera ocupación, aunque el trámite administrativo no exige ningún documento nuevo.

–Una tarifa de primera ocupación puede estar en 500.000 pesetas.
–Y en algunos sitios pueden llegar a los tres millones.

De hecho, tampoco hay un control transparente de las donaciones en especie, que no se atribuyen a un convenio determinado y de las que el pleno no siempre tiene noticia. Un concejal de la oposición en Estepona, recuerda algún caso en que se ha agradecido al donante su generosidad para con el pueblo, sin más.

La profesionalización de la política es otro de los elementos que ha envenenado el modelo. Una buena parte de la clase dirigente, que vive bien de la política en la Costa, no tiene medios de vida alternativos y ya no compite por sus ideas, sino por tener más medios, por no abandonar el poder. Buena parte de la estructura del modelo patentado por Jesús Gil se basa en la inoperatividad de la jurisdicción contencioso administrativa. El profesor consultado considera escandalosa la falta de implicación de la judicatura y su ineficacia. El retraso de los casos puede ser de cinco, seis o siete años, pero no se toman medidas cautelares. Este mismo experto propone medidas drásticas, como retirar las competencias urbanísticas a los ayuntamientos y definir de manera precisa las competencias municipales en una nueva Ley de Régimen Local.

En el auto de prisión contra Barrientos le imputa los delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación y blanqueo de capitales. Ahora parece un sarcasmo, pero el alcalde le puso en 2003 una querella al concejal del PP Ignacio Mena, por decir que “había convertido el Ayuntamiento en un chiringuito financiero”.

–Le ganó la querella en 2005, en Estepona y en la Audiencia Provincial.
–Eso sí, el honor del alcalde y del Ayuntamiento fue tasado por el juez en 30 euros.
–Ahora Mena va a pedir una revisión de la sentencia.
Hay muchos hilos en la madeja de Astapa de los que tira aun la instructora del caso. Los investigadores siguen preguntando, examinando papeles, encontrando datos sorprendentes.
–Una empresa implicada en el caso Malaya cerró un acuerdo en Estepona en febrero de 2007 con una modificación del plan que suponía hacer 150 viviendas más. Y no aparece el convenio por ningún lado.

Los imitadores de Gil han seguido sus pasos por caminos peligrosos. Han transitado por la misma senda. Y a alguno de ellos esa senda le ha llevado a la prisión de Alhaurín de la Torre. En Estepona, también.

En política no se estila pedir perdón. Pero no hay que ser injustos, tampoco en otros muchos ámbitos de la vida. Termina la serie de congresos socialistas, nacional regional y provincial, y en Málaga se ha hablado de Estepona. Pero Marisa Bustinduy, la secretaria saliente, no ha pedido disculpas a la ciudadanía por los escándalos de corrupción de algunos socialistas en la Costa. Al contrario. Ha mostrado su “dolor” por la responsabilidad que se le atribuye.

¿Cómo iba ella a saber lo que a una unidad de la Policía le ha costado dos años desenmarañar?, preguntó el sábado en el congreso malagueño. La respuesta es sencilla. Ella y su partido, el PSOE provincial regional y nacional, tenían la responsabilidad de que nada se enmarañara. ¿Cómo? De nuevo es fácil la contestación: prohibiendo en 2003 a sus concejales de Estepona y Manilva echarse en brazos del posgilismo. Impidiendo a su candidata por Marbella que colocase a un imputado por corrupción al frente de la fundación que llevaría su campaña. Eso estaba al alcance de cualquier talento. Hacían falta ética y control político, pero no hubo ninguna de las dos cosas.

Zapatero, por cierto, ha ganado el congreso socialista de Málaga por goleada. Un diputado en el Congreso, Miguel Ángel Heredia, se ha quedado en traspaso con la secretaría de Bustinduy. El nuevo líder del PSOE malagueño, en un exceso de celo, ha puesto a la ministra Magdalena Álvarez de presidenta y al secretario general de la Presidencia del Gobierno, Bernardino León, de vicesecretario general. Dos personas de escasa o nula actividad militante. El nombramiento del brillante diplomático invita a la perplejidad. Frente al modelo federal y andaluz en el que el vicesecretario es quien lleva el día a día del partido, en Málaga se ensaya como puesto honorífico.

Además, Heredia ha hecho una innovación. Inventadas ya todas las cuotas posibles para la dirección socialista, de mujeres, de jóvenes, de inmigrantes, de gays, ha creado la de los altos cargos del Gobierno. Sugiero que se podría implantar otra nueva: la cuota del militante de base. ¿Hay muchos militantes de base en los comités provinciales del PSOE elegidos en los congresos del sábado en Andalucía? Gente que no tenga cargo/empleo/prebenda o que no esté peleando por conseguirlos, que tenga la vida profesional resuelta y se acerque a la política sin un interés, con altruismo y pasión.

El comité saliente de Málaga es responsable de haber permitido coaliciones rojo-colchoneras que emparentaron a socialistas y gilistas en la Costa del Sol. Todo por conseguir algunas alcaldías más, para que esos oportunistas no se fueran con el PP, para asegurar la Diputación… Bustinduy perdió la oportunidad el sábado de pedir disculpas por eso. Habría sido un detalle de lucidez. Pero en política, como en la vida, a veces no nos damos cuenta de nuestros propios errores.

Del congreso del PSOE de este fin de semana me quedo con tres cosas. 1. La marea ZP ha ganado las votaciones por un 99%. 2. Han colocado a Leire Pajín, una mujer joven e inteligente, de número tres. Y 3. Han quitado al secretario de Política Municipal Álvaro Cuesta. Es el primer relevo en el partido de alguien que tenga responsabilidad en el caso de corrupción de Estepona. Aunque parece un poco lejos.  

El sistema de delegación de voto para los congresos de los partidos tiene un efecto perverso. La votación a la búlgara. A la búlgara, de cuando los camaradas comunistas aclamaban con contumacia a Todor Zhivkov, al que eligieron secretario general durante 35 años. Si hacemos la proyección de la votación del congreso del PSOE, con un 98,92% a favor del líder, resulta que Zapatero sólo le disgusta a unos 500 militantes socialistas en toda España. No puede ser. Quizá 930 delegados son pocos y todos tienen un empleo, cargo o expectativa que les hace aclamar al jefe que les ha llevado a la victoria y a las poltronas. 

España no es aquella Bulgaria. En esta democracia el Partido Socialista una de las dos formaciones que deben dar estabilidad y seguridad al país. Zapatero prefirió en su discurso de ayer otros términos: sostuvo que su Gobierno ofrece “certidumbre, apoyo, confianza, determinación y responsabilidad”. Y dijo que hay quien “se regodea en la idea de crisis, porque esperan que eso les devuelva el poder”. Aludía a una presunta capacidad mágica del PP para convertir la idea de crisis en una realidad. Y a su propia incapacidad freudiana para reconocer que se ha acabado el modelo de crecimiento español de los últimos 15 años. 

La elección de Leire Pajín demuestra que el PSOE tiene mujeres jóvenes, inteligentes y preparadas con 31 años. Es una respuesta audaz a la unánime buena acogida que ha tenido la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal. Se premia el talento y el trabajo. Me pregunto por qué no tuvo el mismo rigor al nombrar a determinada ministra. 

En el congreso socialista no se ha hablado de la política municipal ni del control de los candidatos o sus alianzas. Pero han nombrado a un nuevo secretario de la cosa. Antonio Hernando, un abogado de 40 años, diputado, portavoz en la Comisión de Interior del Congreso y vocal en la de Justicia, sabe de policías y jueces. Pero sería mejor que fuese experto en ética y códigos de conducta. Eso es lo que ha fallado en Estepona a pesar de las evidencias que había. En este asunto el PSOE no se ha comportado ni con certidumbre ni con responsabilidad y desde luego no ha generado confianza. Y hasta ahora nadie ha dimitido, salvo Barrientos. Sus valedores en las ejecutivas provincial y regional siguen silbando.  

En el congreso socialista tampoco se ha hablado de la crisis. En la Bulgaria democrática actual el PIB crece por encima del 5 por ciento desde hace muchos años. Están sobrados estos búlgaros.

Lo más relevante de la detención de 26 personas vinculadas a una presunta trama de corrupción municipal en Estepona es la farisea sorpresa en la cúpula del PSOE. El socialista Antonio Barrientos gobernó entre 2003 y 2007 esta localidad de la Costa del Sol con José Ignacio Crespo como número dos. Casualmente, el mismo lugarteniente que tuvo Jesús Gil Marín en los cuatro años que estuvo en la Alcaldía entre 1995 y 1999. La Fiscalía dice que esta trama esteponera trabajaba según la escuela gilista de Marbella. Crespo es un tipo listo: consiguió ser vicealcalde de Gil y, después, del socialista. Es más, fue el número tres de aquel partido antisistema llamado GIL, detrás de los dos Jesús Gil, padre e hijo. Era el hombre de confianza de la familia, para entendernos.

A nadie le pareció mal que apareciese más tarde a la vera de Barrientos. Ni a la secretaria provincial del PSOE, Marisa Bustinduy, ni al secretario regional, Manuel Chaves, ni al secretario general, José Luis Rodríguez Zapatero. Pero ayer, sin embargo, todo el mundo se rasgaba las vestiduras en el campo socialista. Le han abierto expedientes de expulsión a Barrientos y compañía. Hubo hasta quien sacó pecho: Álvaro Cuesta, secretario de Política Municipal, y Gaspar Zarrías, vicepresidente de la Junta, se preguntaron “por qué el PP no actúa con la misma contundencia contra los casos de corrupción surgidos en sus filas, como hace el PSOE”. Habría que pedirles compostura; más medicina preventiva y menos cirugía de salón.

Cuando en 1974 se descubrió que el secretario personal Willy Brandt, Günter Guillaume, era un espía de la Alemania comunista, el canciller dimitió. Se sintió responsable. Estoy seguro que ante la Estepona connection Bustinduy, Chaves y Zapatero no van a hacer otra cosa que indignarse. Y llueve sobre mojado: el PSOE gobernó en el mandato municipal que terminó el año pasado con viejos gilistas en Manilva hasta que metieron en la cárcel al alcalde Tirado. No son los únicos. El PP en Ronda, Izquierda Unida en Estepona y Manilva, y el PA en Ronda y Estepona han gobernado entre 2003 y 2007 en la Costa del Sol con significados gilistas. Hay una gran diferencia entre estas galanterías y el pacto republicano francés contra el ultraderechista Jean-Marie Le Pen. Javier Arenas ha dicho que hay que cambiar los controles de las políticas urbanísticas. De acuerdo. Pero antes hay que cambiar los controles de las políticas de partido: el PP gobernó con gilistas en Estepona antes de que lo hiciera Barrientos. Hay dirigentes del PSOE y el PP que son como el policía de Casablanca: cierra el local indignado, porque se ha enterado que se juega, pero coge su parte de la recaudación.

Después de lo de Estepona, Bustinduy, Chaves y Zapatero deberían dimitir, siguiendo la senda ética de Willy Brandt. Y si no quieren, al menos, que no nos tomen por tontos con el cuento de la “tolerancia cero”. En esa asignatura y en este caso han sacado precisamente eso, un cero.

Los días de corrida goyesca, Antonio Ordóñez asistía temprano a misa en la Iglesia de Los Descalzos de Ronda. Y después se quedaba sentado en la plaza, meditabundo, acompañado por un viejo conocido.

–Qué bien se está hablando poco, le decía al rato el paisano.

–Mejor se está hablando ná, le contestaba el maestro.

Un militante rondeño contaba el sábado esta anécdota, a la salida del acto de proclamación de Fernando Arcas como candidato, alternativo al oficialista Miguel Ángel Heredia, para suceder a Marisa Bustinduy en la secretaría general del PSOE malagueño. El argumento del aficionado taurino era que allí había estado reunido “el grupo de los que no se juegan ná”, mientras que el día anterior “los que van en coche oficial” habían presentado a su candidato. Que no se jueguen nada los críticos es una manera de hablar. Y más en un negocio como el de la política en el que decenas de miles de puestos de trabajo dependen en España de la voluntad de unos pocos jefes de aparato.

Sin ir más lejos, en Málaga van a reinventar el cargo de presidente del Parque Tecnológico para aparcar al delegado de Gobierno de la Junta saliente, José Luis Marcos, un buen funcionario del partido a quien se procura un sueldo oficial para agradecerle los servicios prestados con dinero público. Curioso puesto éste. Primero el presidente del PTA era el alcalde Aparicio. Cuando el PSOE perdió la Alcaldía, la Junta dispuso que lo ocuparía el consejero de Industria (ahora Innovación), y así quedara en manos amigas. Finalmente, la oficina de colocaciones lo convierte en un cargo remunerado.

Las diferencias en el PSOE de Málaga se van a dirimir entre dos candidatos. Y también los congresos de Sevilla y Almería, como contaba ayer este diario. Es una buena noticia para la sociedad, necesitada de que los partidos salgan del pensamiento único y el culto a la personalidad del jefe de turno. En Málaga al diputado Miguel Ángel Heredia le apoyan la consejera y el viceconsejero de Cultura, el presidente de la Diputación y varios alcaldes, la ministra de Fomento y la secretaria provincial saliente. Y el historiador Fernando Arcas tiene el apoyo de notables como el consejero de Turismo, el secretario general de Universidades, el portavoz socialista en la Diputación, algún alcalde y la plana mayor del antiguo guerrismo, como Sanjuán, Ballesteros y Linde.

He leído estos días un comentario injusto sobre Heredia. Le calificaban de blando. Hombre, según se mire. En el Gobierno de Aznar no tenían por blandito a este correoso diputado, recordman en preguntas y placaje al contrario. Si fuese futbolista sería Gattuso, el mediocampista italiano del Milan. Arcas, colaborador y amigo de Paul Preston, es más artista y si fuese pelotero se parecería a Zidane. Y, ojo, proteger la portería propia o encarar la contraria, no es sólo una cuestión de táctica.

Estos días andamos con resaca de las elecciones y quinielas gubernamentales. Los que han ganado no se cansan de decir que “el pueblo ha hablado”. Se les llena la boca con principios como un hombre/un voto y un gobierno que representa la voluntad soberana de los ciudadanos. Bonitos conceptos que se corresponden parcialmente con la realidad: el sistema electoral español tiene alguna consecuencia injusta. Ignoro si prosperará la iniciativa del ex diputado malagueño Antonio Romero, de IU, para que se declare anticonstitucional la Ley electoral. Pero esa iniciativa, además de jurídica, es también moral.

No puede considerarse muy ecuánime un sistema que permite al PNV sacar un diputado por cada 50.000 votos y que exige a IU 500.000 para darle un escaño. La regla de un hombre/un voto queda por los suelos. La norma electoral instaurada en el inicio de la Transición a la democracia ya está vieja. Pero de ella se aprovechan los dos grandes partidos, que son los que podrían, de común acuerdo, modificarla. Al PSOE y al PP le salen los diputados nacionales a 65.000/66.000 votos. A la UPyD de Rosa Díez, a más de 300.000. Este partido ha sacado más votos que el PNV y tiene un sólo diputado, pero los nacionalistas vascos tienen seis. Y ahora, quienes son cortejados por Zapatero para su investidura son los del PNV, que pasan el platillo con sus demandas territoriales. Mientras, el partido de Savater y Díez se queda de comparsa. Y en Andalucía el diputado le sale a PSOE o PP a 37.000 votos, a IU a 52.000 y al PA sus 123.000 no le dan un solo escaño. Pero, por el interés de las grandes partidos, tenemos un sistema de circunscripción provincial y ley D’Hondt para rato.

En esta misma página el profesor Ruiz Robledo abogaba hace unas semanas por el sistema italiano, proporcional, pero con una corrección que da una prima al ganador en votos. También hay partidarios, entre los que me encuentro, del sistema alemán, con circunscripciones territoriales y un colegio nacional. Todos los votos que no consiguieran escaño deberían de ir a un colegio nacional que asignase un cierto número de diputados. Dando por buena la frase de que “el pueblo ha hablado”,  habría que añadir que la manera de escucharlo es mejorable y claramente desfavorable para las minorías.

Pero, además, esas minorías tienen que enfrentarse a un mercado poco abierto, en el que funciona un régimen de duopolio en el que es difícil entrar. Las televisiones públicas aplican un criterio singular, que no tiene parangón en las democracias europeas: se le da a los partidos que ya tienen representación parlamentaria el privilegio de una notable información diaria en proporción a sus escaños. Resultaba ridículo ver en Canal Sur a un dirigente del Partido Andalucista decir, por todo discurso, y sin más explicación, frases del tipo “no estoy de acuerdo”. Era más propio de una película de los Hermanos Marx o de la Rusia de Putin, que de una cadena pública de una democracia europea. Algunas de las mejores televisiones públicas españolas, como TVE o TV3, están cambiando ya este modelo, heredado de la tradicional condición gubernamental de las públicas españolas.

Sobre la manera de escuchar al pueblo hay que hacer otras matizaciones. La compensación económica por voto la reciben quienes tienen escaño. ¿Por qué quienes han votado al PA al Parlamento andaluz no tienen derecho a que su voto genere la subvención de 0,76 euros que va a reportar a los partidos con diputados? Por otro lado, se oye decir a los dirigentes socialistas que el pueblo andaluz les ha dado un apoyo mayoritario. No es exacto. Tienen la mayoría absoluta en la Cámara, pero el porcentaje de votos al PSOE ha sido del 48,19. Lo que significa que una mayoría de los votantes ha elegido otra cosa. Si se tiene además en cuenta que la abstención ha sido del 26,35 por ciento, hay que convenir que un 36 por ciento del censo electoral ha votado a los socialistas. Los abstencionistas en pureza no deben pesar a la hora de hacer estas cuentas. Pero no estaría mal que se tuviese en cuenta este dato por quienes enfáticamente se entusiasman con “el apoyo mayoritario del pueblo andaluz” . Tras la dulce resaca llega la hora de trabajar con humildad.

El País ha hecho un reparto de los 350 escaños del Congreso proporcional a los votos del 9 de marzo. El resultado es ilustrativo: Izquierda Unida pasaría de 2 a 14 escaños y el partido de Savater y Rosa Díez (UPyD) sacaría 4 escaños en lugar de 1.

“El pueblo soberano ha hablado”, dicen los que han ganado. Y es verdad que el pueblo ha hablado, pero hay muy diversas maneras de escucharlo: por un sistema mayoritario injusto o por un sistema proporcional.

Resulta que a IU le sale el diputado a casi 500.000 votos y al PNV a 50.000. Esto no parece que sea “un hombre (o una mujer), un voto”.

A UPyD le ha salido el diputado a más de 300.000 votos y a PSOE o PP por 65.000. Feo.

En la proporcional de El País:

• el PSOE pierde 9 escaños sobre los que ha sacado realmente con el sistema vigente y se queda en 160;
• el PP pierde seis y logra 147;
• IU sube a 14, CiU se queda con 11;
• el PNV, 4 (bajaría 2);
• ERC, 4 (sube 1);
• UPyD, 4;
• BNG, 3 (uno más), y
• CC, dos (los mismos).

Con esta manera de escuchar lo que el pueblo ha hablado habría 18 diputados de dos partidos nacionales (IU y UPD) para garantizar la gobernabilidad del país sin necesidad de que los nacionalistas chantajeen al Gobierno.

Urge cambiar el sistema electoral. Se podría crear un colegio nacional para los restos de votos e incluso se podría ir a un modelo como el británico, en el que el diputado tiene que trabajar en su distrito y si es válido no lo puede quitar el aparato de su partido.

¿Qué fórmulas se les ocurren a ustedes? ¿Les gusta el sistema vigente?