Vejar, injuriar y mentir son los delitos por los que una juez de Madrid ha condenado a Federico Jiménez Losantos a pagar 36.000 euros al alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón. El informador estrella de la cadena de los obispos españoles ha injuriado gravemente a uno de los principales dirigentes del partido demócratacristiano español por excelencia, el PP. No es para escandalizarse; Losantos se permite llamar “masón” al nuncio de su Santidad el Papa, ¿por qué no iba a decir que al alcalde de la capital de España le daban igual los 200 muertos y 1.500 heridos del atentado del 11 de marzo de 2004?

La libertad de insultar ha sufrido un duro golpe en este país. Me alegro, aunque me parece poca multa, la verdad. Y al interesado también: Losantos considera que seis millones de pesetas es tan escaso castigo que por ese precio piensa seguir insultando al alcalde. El asunto ha trascendido las fronteras españolas: de la COPE y su peculiar estilo agresivo se ocupaba con preocupación hace pocas fechas el periódico oficial de la Santa Sede, L’Osservatore romano.

Me pregunto qué cuota parte de responsabilidad tiene el presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Rouco Varela, en los desafueros de la COPE. Y me pregunto sobre la complicidad de otros cardenales. Hasta ahora se conocían pocas manifestaciones de príncipes de la Iglesia a favor de un cambio de rumbo en la cadena. Pero en el plenario de obispos que se ha celebrado martes y miércoles ha habido una clara mayoría en contra del actual estilo faltón e injurioso de la cadena. La Vanguardia citaba ayer entre los principales valedores del cambio al obispo de Jerez, Juan del Río, que es presidente de la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación; al cardenal primado, Antonio Cañizares; al cardenal de Barcelona, Lluis Martínez Sistach; al obispo de Oviedo, Carlos Osoro, y al de Bilbao, Ricardo Blázquez.

Las desavenencias entre los antiguos aliados Rouco y Cañizares parece que están en el origen del nuevo destino que el primado tendrá en breve en la Curia de Roma, en espera de tiempos distintos en España. Por el contrario, el mismo periódico cita entre los aliados de Rouco a favor de la actual línea de la COPE, al cardenal arzobispo de Sevilla, Carlos Amigo. A Amigo se le conocían algunas ambiguas declaraciones sobre la emisora, como “la COPE es una bendición de Dios” o “la COPE es un dolor de cabeza”. Monseñor es muy libre de mantener las posiciones ideológicas y estrategias sociales que le plazca. Pero haría bien en dar explicaciones a los ciudadanos sobre este caso. Más que nada, porque vejar, injuriar y mentir, además de delitos, son pecados según la doctrina de la Iglesia. Aunque este aspecto de la cuestión no concierna a Federico, porque él es ateo y presume de serlo. Una bendición.

No es el efecto Ana Rosa Quintana. AR es el efecto Acebes en 2004 y el efecto Rouco en 2008. El empeño indisimulado del Gobierno Aznar de atribuirle a ETA el atentado del 11 de marzo de 2004, con condenas del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, llamadas del propio presidente a los directores de los diarios nacionales, alocuciones insistentes del ministro del Interior… movilizaron a los abstencionistas de izquierdas y a buena parte de los indecisos. Ahora ese papel lo ha cogido en esta convocatoria la Iglesia católica, con tanta energía e ímpetu como falta de tacto. Y le ha pasado lo mismo que al judoka que entra al ataque alocadamente. Una buena parte de la opinión pública no ha comprado los argumentos de la Conferencia Episcopal. Y aquí hay un punto que debe subrayarse: a nadie le parece mal que la Iglesia defienda sus ideas, que proponga las medidas legales que estime oportunas o que critique a los legisladores, si cree que están equivocados. Pero hay una ecuación que utilizan los obispos que hacer cojear su estrategia: no se puede decir que si no pueden imponer sus ideas al conjunto de los ciudadanos esto no es una democracia. Sería justo al revés: si pudiesen convertir sus dogmas y sus principios morales en normas legales de obligado cumplimiento para el conjunto de la sociedad, como pasó durante la dictadura de Franco, esto no sería una democracia. En este país legisla un Parlamento democrático, elegido libremente por los españoles. Acatar las leyes es una de las máximas democráticas. Tildar de antidemocrática, regresión de los derechos humanos, autoritarismo y corrupción a la actuación de las mayorías gobernantes es regresar en el tiempo a la época anterior al Concilio Vaticano II. ¿Quién gobernaba en España entonces y qué relación tenía con la Iglesia católica apostólica romana? Total, que el PSOE tiene mucho que agradecer a Acebes, por su actuación de hace cuatro años, y ahora a Rouco, cuyo empeño en la persecución de los infieles va a proporcionar a los socialistas una movilización de su electorado menos entusiasta. Ese es el efecto AR. 

Ha vuelto a la palestra monseñor Martínez Camino, flamante obispo auxiliar de Madrid y jesuita, aunque no precisamente de la línea del nuevo Superior de su orden, el también español Adolfo Nicolás. El nuevo prelado ha entrado en campaña electoral. Sostiene que “en España, en estos momentos, hay varias leyes que son gravísimamente injustas y deben ser cambiadas porque lesionan derechos fundamentales”. Y aquí se adentra en terrenos de filosofía y moral: mantiene que esas leyes se alejan de la “recta razón” y “degeneran sin remedio en dictadura, discriminación y desorden”, y conducen a una sociedad “desvertebrada, literalmente desorientada, fácil víctima de la manipulación, de la corrupción y del autoritarismo”.

La Iglesia católica tiene todo el derecho del mundo a criticar al Gobierno de turno. Pero también ella es criticable, con el mismo argumento de la libertad de expresión. Me sorprende que un destacado miembro de su jerarquía insista en poner en tela de juicio a la democracia española. Autoritarismo y corrupción hubo a manos llenas durante una dictadura de cuarenta años, con la que cohabitó esta misma Iglesia que ahora se escandaliza. Y por eso perdió el favor de sus fieles. Esos argumentos de cohabitación y la pérdida del favor de los ciudadanos, no son míos, sino del desaparecido cardenal Tarancón, presidente de una Conferencia episcopal heredera del Concilio Vaticano II, que tuvo una ejemplar actuación en los años de la Transición. Tarancón clamó en aquellos tiempos por “una España de todos”. La jerarquía actual, de signo abiertamente preconciliar, propugna otras cosas. Y está en guerra política contra el Gobierno socialista.

Es curioso que el nuevo Superior de los jesuitas se aleje expresamente de las maniobras de poder y Martínez Camino tenga la afición contraria. El auxiliar de Rouco descalificó ayer los contactos del Gobierno con ETA, autorizados por el Congreso de los Diputados. Una posición que la Iglesia no tuvo en 1999, cuando el presidente Aznar ordenó una iniciativa similar.

En fin, ayer la Iglesia ha lanzado su programa electoral, en el que insiste en criticar “las dificultades para incorporar el estudio libre de la religión católica en los currículos de la escuela pública” y se muestra abiertamente contraria a la nueva asignatura de Educación para la Ciudadanía que “lesiona el derecho de los padres a formar a sus hijos de acuerdo a sus convicciones religiosas y morales”. Aquí no sé si hay ignorancia o mala fe. Se reivindica el artículo 27 de la Constitución para reclamar el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban formación religiosa. Pero ese mismo artículo obliga al Estado a formar a los ciudadanos “en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales”. Lo contrario sería una teocracia muy del gusto de ayatolás.

Antes de irse de vacaciones a Egipto con su novia, el presidente de la República Francesa fue recibido como canónigo de honor de la basílica de San Juan de Letrán, en Roma. Francia, como se sabe, es el Estado laico por excelencia, con una separación radical de la Iglesia. Aun así, Nicolas Sarkozy hizo un discurso deferente, en el que estableció un nuevo concepto, la laicidad positiva, que es la que no considera a las religiones un peligro. Añado que habría que establecer el principio complementario, la religiosidad positiva, aquella que no considera a los Estados democráticos un peligro. Un pensamiento ajeno a los oradores de la manifestación del domingo en Madrid, de apoyo a la familia cristiana, en la que dicen que había dos millones de personas. Lo más fundamentalista de la jerarquía católica sostuvo allí que el laicismo conduce a la disolución de la democracia, que en España se persigue a la familia y hay una regresión de los derechos humanos. Varios príncipes de la Iglesia española, García-Gasco, Cañizares y Rouco, atacaron al Gobierno con un discurso apocalíptico contra la ley de matrimonio de los homosexuales, la pretensión de aumentar los supuestos despenalizados del aborto, el divorcio rápido o la asignatura de Educación para la ciudadanía. No importa que la financiación, el Concordato o la escuela religiosa concertada no corran riesgo alguno.  Esta no es la Iglesia que suma en su pensamiento fe y razón, principios defendidos por el Papa en Ratisbona. Es un grupo que pretende que no haya “ninguna constricción en las cosas de la fe”: justo lo que se reprochaba a los musulmanes en aquel discurso. Rouco y compañía también defienden un poder terrenal. Así se entiende que la radio de la Iglesia reclame la abdicación del Rey y la jerarquía pida oraciones contra los ataques al Monarca. O que una institución que anula matrimonios canónicos no tolere que el Estado democrático divorcie. Cuando la democracia estableció el matrimonio civil en España, los obispos dijeron que era un inmoral concubinato. Ignoro la calificación que les merecerá la relación de Carla Bruni con Sarkozy, recién salido de la basílica romana.

Predicar la objeción de conciencia contra el Estado, con el argumento de que la Constitución establece el derecho de los padres a educar a sus hijos de acuerdo con sus propias convicciones, nos llevaría a admitir el mismo principio para los integristas musulmanes. En 1975, monseñor Tarancón clamó por una España de todos. Era una ruptura con los purpurados de brazo en alto, escaño en las Cortes franquistas y palio a disposición del dictador. Sus sucesores han dado marcha atrás: prefieren la agitación política y la confrontación. El del domingo no fue un acto religioso. Hubo unas 200.000 personas, pero al contar manifestantes políticos, el octavo mandamiento no obliga.