Elena Bosch y Francesc Calafell, investigadores de la Unidad de Biología Evolutiva del Departamento de Ciencias Experimentales y de la Salud de la Universidad Pompeu Fabra, coautores del estudio.

Resulta que el País Vasco y Cataluña son las regiones españolas más auténticas, desde el punto de vista genético. Hace un mes, la revista científica American Journal of Human Genetics publicó un estudio de las universidades de Leicester y Pompeu Fabra que establecía que la herencia de los españoles tiene un 69,6% del ADN de los íberos autóctonos, un 19,8% de los sefardíes y un 10,6% de los norteafricanos. Los investigadores han comparado los cromosomas Y de 1.140 habitantes de la península ibérica, con los de 361 norteafricanos, y 174 judíos descendientes de los sefarditas que habitaron la península hasta su expulsión en 1492. En el experimento han participado 73 andaluces de Cádiz, Sevilla, Huelva y Málaga, y 95 de Córdoba, Granada, Jaén, Almería y Murcia, asimilada por estos científicos a una peculiar Andalucía oriental.

El resultado por regiones es sorprendente. Los territorios con una más profunda raigambre ibérica de España son Cataluña y el País Vasco, muy por encima del 90%. Cataluña sólo tiene, según este estudio, un 2% de herencia genética de origen africano y un 6% judía. Vascos y navarros, aún menos. La aportación genética norteafricana más notable aparece en Galicia y en el noroeste de Castilla. El estudio lo atribuye a las deportaciones de moriscos realizadas por Felipe III a principios del XVII. Eran unos 200.000 que vivían sobre todo en el Este de Andalucía y Valencia. Muchos fueron enviados a Argelia. El resto se dispersó por el noroeste de la península y se mezcló con la población autóctona. Entre las regiones con menos ADN norteafricano está Andalucía Oriental, con un 2%, y un 18% sefardita. La parte occidental de la comunidad autónoma tiene índices mayores: llega al 16% en genética norteafricana y al 24% en la sefardita.

Nadie es lo que parece. Ni los catalanes son tan fenicios, ni los gallegos tan celtas, ni los granaínos tan moros. Este ejemplo también puede ponerse dentro de Andalucía para acabar con el mito de la rivalidad entre Sevilla y Málaga. El historiador José María Ruiz Povedano, en su libro Málaga, de musulmana a cristiana, relataba que más de un tercio de los nuevos habitantes de Málaga, en la repoblación ordenada por los Reyes Católicos tras la conquista de la ciudad en 1487, procedían del Reino de Sevilla. De la ciudad de Sevilla, de Écija y de las provincias de Cádiz y Huelva. Y los musulmanes que vivían en Málaga, fueron deportados a Sevilla, Carmona, Córdoba y Jerez.

Estamos más mezclados de lo que queremos ver. Pero Ibarretxe y los suyos no se sienten españoles. Y Carod, que es hijo de aragonés, tampoco. Además de la historia, la genética también nos dice que es ridículo. Ahora resulta que Cataluña y Euskadi son la España ibérica autóctona por antonomasia. Quién lo diría.

¿Cuántos votos en la elecciones del próximo 10 de febrero le reportarán al Gobierno israelí los 300 muertos contabilizados en la franja de Gaza el día de los Santos Inocentes? No sólo murieron militantes de Hamas en los ataques a sus cuarteles en Gaza, también todo tipo de inocentes. Las bombas alcanzaron un campo de juego de niños, un mercado, un hospital. Israel sigue empeñado en que el conflicto de Oriente Próximo tiene una solución militar. Se equivoca. Mi colega Xavier Batalla sostenía ayer en La Vanguardia que son repugnantes los actos terroristas de Hamas, el movimiento islamista que controla la franja de Gaza, aunque no son el origen del conflicto con Israel, sino su consecuencia. Lo mismo digo.

Citaba Batalla un incidente que ocurrió aquí el 1 de junio de 2006, en presencia del presidente andaluz Manuel Chaves. En un encuentro organizado por la Fundación de las Tres Culturas en Sevilla, el ex presidente Felipe González mostró su desacuerdo con la política de la Unión Europea en Oriente Próximo, de condena y ruptura de relaciones con Hamas. El Movimiento de Resistencia Islámico ganó limpiamente en enero de ese año las elecciones legislativas palestinas, pero está considerado un grupo terrorista, con el que la UE sólo hablará si reconoce a Israel, renuncia a la violencia y respeta los acuerdos entre palestinos e israelíes. González defendió la idea de hablar clara y directamente con Hamas, en lugar de cortar el apoyo económico al pueblo palestino.

Ante el ministro de Exteriores español, Miguel Ángel Moratinos, y del embajador de Israel, Víctor Harel, el ex presidente señaló que la mayor parte de los militantes de Hamas no son islamistas. Subrayó que el 70% de los candidatos electos no tenían más convicciones religiosas que él, que afirmó no tener muchas, aunque no sea ateo. “Será más fácil que evolucionen hacia donde tienen que evolucionar si se habla con ellos”, sostuvo González. “La gente debería saber que Hamas fue, en parte, una iniciativa de Israel contra la Organización para la Liberación de Palestina, ¿o esto pertenece a secreto de sumario?” Esta última afirmación enfadó del embajador israelí: “Hamas es un grupo fundamentalista islámico. Decir que los israelíes lo creamos es una barbaridad. Nosotros apoyamos en determinados momentos a los palestinos, pero no a Hamas. Esto es darle la vuelta a la historia”.

Si en el debate civilizado de Sevilla no hubo acuerdo, en el campo de batalla tampoco. El empate infinito ha continuado sobre el terreno, en crueldad y en posiciones. Ahora se suman la igualdad en las encuestas entre los candidatos Livni y Netanyahu; la incertidumbre del presidente Obama, a quien se supone más comprensivo con los palestinos, y la cerrazón de Hamas. El resultado son estos cientos de muertos. Pero la solución sigue siendo el diálogo, no las armas.

Pechón (Cantabria)

En Pechón (Cantabria), de donde son oriundos muchos andaluces de Sevilla y Cádiz, hay un paisano que le tiene puesta a sus vacas la radio todo el día. Rodrigo, el ganadero, piensa que así se sienten acompañadas y dan mejor leche. Pasa uno por la vaquería y escucha siempre Radio Nacional. Un día le pregunté por qué no les cambiaba de emisora, y les ofrecía variedad con al Ser o la Cope. “La Cope, no, que me darán mala leche”, contestó.

Hay otras teorías al respecto, que no son autodidactas, sino perfectamente científicas. El lunes, en La Vanguardia, un investigador de la Ramón Llull hablaba sobre efectos y aplicaciones científicas del sonido. Jordi Jauset explicaba que está comprobado que las vacas de vaquerías próximas a aeropuertos, sometidas a niveles elevados de ruido, dan menos leche, y que las vacas de establecimientos amenizados con una selección de música clásica incrementan su producción. Por lo visto este no es el descubrimiento de la pólvora, sino que ya se sabía hace tiempo.

La música tiene también efectos beneficiosos sobre los seres humanos. Algunos inducidos. Estos días nos acompaña de manera permanente en las tiendas, durante la temporada previa a las Navidades. Tiendas que están llenas a rebosar. En las ciudades hay colas enormes para encontrar aparcamiento en el centro o en las zonas comerciales. Es como si todo el mundo hubiese oído el llamamiento al consumo que hizo hace una semana el vicepresidente Griñán en el Foro Joly. En los comercios piensan que con música agradable compramos más y mejor. Es una terapia magnífica. Una amiga mía, en los locos años de inicio de esta década, cuando nadábamos en la abundancia, cada vez que se deprimía cogía su tarjeta de crédito y se ponía a comprar hasta que se le pasaba la ansiedad. Ahora se mira más el dinero, pero se compra, se gasta y se consume como siempre en estas fechas. En el puente de la Constitución las pistas de Sierra Nevada estaban llenas de esquiadores.

Hay más dinero en circulación del que se piensa. El Instituto de la Juventud, que ahora depende del Ministerio de Igualdad, hizo pública ayer una encuesta que hace cada cuatro años con españoles de 15 a 29 años. Un 60% vive tan ricamente en casa de sus padres y no tiene pensamiento de irse. Pero resulta que entre el 86 y el 89% de los varones y entre el 70 y el 85% de las mujeres puede vivir de sus ingresos, de manera exclusiva o principal. O sea, que tienen una buena capacidad de consumir. Sus gastos no parecen orientarse hacia la cultura: un 40% no leyó el año pasado ni un libro. Pero para la música están más dispuestos. Un 87,5% dispone de equipo de sonido. Lo más relevante de la encuesta, sin embargo, no tiene buena melodía; uno de cada tres jóvenes apoya la pena de muerte. Mala sombra.

La gloriosa conquista estatutaria de un Guadalquivir andaluz, que se materializa el 1 de enero, puede tener un triunfo aparejado: los traslados de las cuencas mediterránea y atlántica andaluzas de Málaga y Jerez a Sevilla. Los estatutos de la Agencia Andaluza del Agua prevén este nuevo éxito del centralismo andaluz, que pretende convertir a Sevilla en la madre de todas las capitales. Una madrastra tipo Bernarda Alba, alentada por políticos (y políticas) de escaso vuelo. En compensación, la Junta pensaba poner en Málaga un Observatorio del Agua. Es un buen paradigma de por qué no ha avanzado la cohesión regional en 26 años de autonomía. En Sevilla se planifica, se dirige y se ejecuta, y desde el resto de Andalucía se observa.

Es curioso que la Confederación Hidrográfica del Sur pudiese estar casi medio siglo en Málaga, mientras era competencia estatal, gobernando los intereses de casi toda Almería, el litoral ganadino, la casi totalidad de Málaga, la parte sur de Cádiz, incluido el Campo de Gibraltar, Ceuta y Melilla. Y que, por el contrario, su heredera la Cuenca Mediterránea Andaluza, resulte arrastrada por los principios de centralización del poder cuando pasa a ser competencia regional. La cosa es tan flagrante que hasta el PSOE malagueño se ha sumado a populares e IU para oponerse. Sebastián Sánchez y Raquel Garrido informan en Málaga hoy que en el próximo pleno municipal el portavoz socialista presentará una moción en la que se “insta a la Junta de Andalucía a que las competencias, patrimonio y empleos que actualmente tiene la Cuenca Mediterránea en Málaga, continúen en nuestra ciudad”.

Técnicamente el asunto sería discutible, si no fuera porque la directiva marco europea sobre el agua establece un modelo autosuficiente de gestión de cuencas, muy similar al tradicional español de las confederaciones. Por el contrario, el borrador de estatutos de la Agencia Andaluza del Agua prevé la creación de direcciones provinciales para administrar en algunos casos, como en la provincia de Cádiz, tres cuencas distintas. Y al mismo tiempo, hay acuíferos que afectan a dos provincias.

Pero el problema es político. La capitalidad de Sevilla, consagrada en el Estatuto de 2007, no se puede ejercer concentrando todos los organismos e instituciones. El liderazgo no se gana en un papel, sino repartiendo juego. Y tampoco se consolida con la queja de la pesada carga del alcalde Monteseirín. Recuerda a los reiterados lamentos que hace algún dirigente belga, sobre el coste que tiene para Bruselas la capital europea. Uno de los negocios más saneados que vieron los tiempos, dicho sea de paso. Y que perdieron en su momento Luxemburgo o Niza. Sólo Ganada, como capital jurídica ha conseguido un estatus de relieve en la nueva administración regional. Desde Almería, Cádiz, Córdoba, Huelva, Jaén o Málaga, observan. Mirones.

La frase del titular no es mía. Sino de este señor que tienen en la imagen, el eminente catedrático de Derecho Internacional Público de la Facultad de Derecho de Málaga, Alejandro Rodríguez Carrión, dilecto discípulo del prestigioso profesor Carrillo Salcedo, con quien trabajó en las universidades de Granada, Autónoma de Madrid y Sevilla. “El nuevo orden mundial será tan injusto, al menos, como el anterior”, sostiene Rodríguez Carrión en una entrevista publicada el sábado en la edición de papel del Grupo Joly, pero no en la edición digital. Su explicación es que llevamos décadas de crisis de valores, normas o comportamientos, con más de un tercio de la humanidad viviendo por debajo del umbral de la pobreza y es un poco cínico hablar de crisis profunda cuando algo no va bien para el tercio rico.

El profesor afirma que es difícil encontrar en los últimos dos siglos un comportamiento tan arrogante por parte de una gran potencia como el del Gobierno del presidente Bush en Guantánamo. Hasta ahora, como en las dictaduras militares del Cono Sur o en la Puerta del Sol de antaño, las violaciones de los derechos humanos eran cosa de dirigentes con escaso compromiso con la civilización. Nunca se podía esperar de una potencia que pretende ser líder del mundo democrático civilizado. Y recuerda que el Comité Internacional de la Cruz Roja ha denunciado la violación de la Convención de Ginebra por parte de Estados Unidos en su base militar en Cuba.

El proceso iniciado en Washington la semana pasada se parece muy poco, en opinión de R. Carrión, al ultimado en Bretton Woods en los años 40. Entonces estaba en macha la Segunda Guerra Mundial y se convocó a todos los países del mundo excepto a los del Eje enemigo y ahora hay una guerra de finanzas y se reúne a un “grupito nada democrático”. Habría sido mejor una conferencia abierta con la participación de todos los estados interesados.

Cree que la política exterior de Obama será distinta de la anterior en una cosa: quiere renunciar al ciego unilateralismo de Bush y cerrará Guantánamo. Pero habrá pocos cambios en ayuda a los países subdesarrollados; no se limitará la capacidad contaminante de Estados Unidos, que supone la cuarta parte de las emisiones mundiales de CO2; no será parte de la Corte Penal Internacional; es dudoso su avance en derechos humanos, porque sigue siendo partidario de la pena de muerte y no parece dispuesto a forzar a la parte más intransigente en Oriente Medio a un compromiso de paz duradera. R. Carrión tiene la impresión de que África también es prescindible para Obama. “¿Qué le está importando, de verdad, a nuestro mundo la carnicería del Congo?”, se pregunta.

Sobre los paraísos fiscales, está convencido de que no interesa eliminarlos a quien sitúa allí la sede de sus empresas para evitar la imposición fiscal, ni a los que buscan opacidad en sus movimientos de capital. Y a la pregunta de si no estará en esos paraísos buena parte del dinero que se ha ‘perdido’ en esta crisis, responde: “El dinero, salvo para la gente modesta, no existe. Lo que existe, a esa escala, son movimientos contables”.

He presenciado la manifestación de ayer en Sevilla contra el Espacio Europeo de Educación Superior. Bolonia, para los amigos. Dicen las agencias, que había 2.500 personas. A mí me parecieron más. En Granada y Málaga había unos mil, según la Policía. Los alumnos se quejan de muchas cosas: de que desaparecerán las carreras que no tengan suficientes alumnos, que las diplomaturas de cuatro años serán como cursos de formación profesional cualificados, que los master de posgrado serán muy caros, que se está privatizando la enseñanza universitaria.

Bolonia se crea para facilitar la libre circulación de personas dentro del mercado único europeo. Los diplomas serán válidos en todos los países y se establece una estructura de estudios similar en la toda la UE: grado, master y doctorado, como ya se hace en muchos sitios. Lo malo sería que la única regla que se aplique sea la del mercado. Un pueblo culto como el europeo debería desarrollar materias y disciplinas que no se venden bien. La milenaria cultura europea no la mantendrán escuelas profesionales, sino cultos investigadores universitarios. Tengo la impresión de que la Junta de Andalucía, con la creación de una macroconsejería de Innovación, Ciencia y Empresa, prima desde hace más de cuatro años las carreras técnicas y tecnológicas por encima de las humanidades o las ciencias, aunque las autoridades lo niegan.

También parece razonable cambiar la equivalencia de los créditos, que en España estaba en función de las horas de clase recibidas, por las horas de trabajo del alumno. Por cierto que el trato directo del profesor con los estudiantes sería una de las ventajas del nuevo sistema. Pero tengo serias dudas de que la implantación de Bolonia vaya a significar una revolución pedagógica. Los profesores universitarios tienen cierta aversión a dar clase. Porque la investigación y la publicación brindan más méritos para ascender. Y porque en los métodos de selección de personal docente no han primado virtudes como la oratoria, la comunicación o la vocación por la enseñanza.

Ya sabemos que la tarea principal de los profesores universitarios es crear cultura, no transmitir la creada por otros, pero Bolonia les ofrece una gran oportunidad para ejercer su magisterio, con la evaluación continuada de los alumnos. No soy optimista en este campo: ocurrirá que los grandes catedráticos se reservarán las clases de los master y habrá profesores junior al cargo de los alumnos de diplomatura. Los alumnos hacen bien en reclamar que el precio de los futuros master sea más asequible. Y, en fin, hay algo que me gustó especialmente de las manifestaciones de ayer. Algún líder estudiantil amenazó con medidas drásticas, como hacer huelgas a la japonesa. O sea, trabajar a destajo. Bienvenidos a la vida real.

Cada vez que se hace una encuesta sobre la calidad de vida de los españoles, el grado de satisfacción de los andaluces sale disparado. Es una de las variables que aducen las autoridades regionales para sostener que el PIB per cápita no es suficiente para medir el grado de bienestar. Los andaluces parecen tan contentos de su destino, y ha mejorado tanto su nivel de vida, que su percepción de la realidad es mejor que la de otros españoles. Fíjense, si no, en los catalanes que utilizan la expresión de català emprenyat (catalán cabreado), para retratar su desapego de un país que no les valora y es cicatero en sus inversiones. Se sienten maltratados. Nosotros, no. Estamos encantados de ser españoles y no tenemos reproches para la patria común. Aquí ese grado de indignación sólo funciona en el campo de los recelos interprovinciales.

Los piques entre Málaga y Sevilla son la máxima expresión, pero no la única. El último episodio de este culebrón se vive a propósito de las restricciones que la Junta de Andalucía le ha puesto al nuevo PGOU de Málaga. En el inconsciente colectivo, la Junta juega con la camiseta sevillana. Con lo que si la Junta limita el urbanismo malagueño, la culpa es de Sevilla, por definición. Salvo que la queja sea de la propia Sevilla, en cuyo caso la Junta juega sin camiseta. Desnuda. Así cogió el alcalde Alfredo Sánchez Monteseirín al presidente Chaves, allí presente, en el Club Siglo XXI de Madrid la noche del 18 de enero de 2001, cuando dijo que Sevilla estaba discriminada en las inversiones, que los esfuerzos de la Expo’92 estaban amortizados. Y pidió una carta de capitalidad y que la sede de la futura caja única debía ser Sevilla, madre de todas las capitales.

El barullo que se armó tuvo un curioso efecto colateral; Francisco de la Torre, que llevaba pocos meses en la Alcaldía de Málaga, se descubrió como un personaje mediático. El argumento de De la Torre era simple: si Sevilla quiere cobrar por ser capital, nosotros lo hacemos gratis. De ese encono no hemos salido. Es probable que alguna de las recomendaciones de la Junta para el PGOU de Málaga sean razonables. Pero estoy seguro que hay impedimentos que no existirían si el alcalde fuese socialista, en vez de popular.

Ese camino no nos lleva muy lejos. El andaluz ya no es “el único pueblo de Occidente que permanece fiel a un ideal paradisíaco de la vida”, que decía Ortega en su Teoría de Andalucía. Ensimismados no estamos, pero cuesta trabajo saber si somos un pueblo optimista, o resignado, o simplemente conformista. En todo caso, dirigentes públicos y ciudadanos particulares deberíamos dedicar nuestras mejores habilidades a la cooperación y especialización de los distintos territorios. Aunque sólo sea por egoísmo: en caso contrario nuestra calidad de vida se va a ir deteriorando en los malos tiempos que vienen.

Benach ha pedido perdón por tunear su Audi A8 oficial y echarle encima 9.000 euros de escritorio, antena y aparato de televisión y reposapiés eléctrico: total 83.686 para mejor representar al pueblo catalán. Es una barbaridad aquí y en la China popular, que diría su correligionario Carod Rovira. Este nacionalista catalán se comporta como un buen español; porque este es un ‘mal español’. En este país hemos perdido el pedal en materia de transporte de autoridades. Con el argumento de la seguridad, cualquier concejal tiene a su disposición coches oficiales mejores que algunos primeros ministros europeos: he visto llegar a actos públicos a los jefes de Gobierno de Bélgica o Dinamarca al volante de su propio utilitario. Sevilla o Málaga tienen unos treinta coches oficiales para sus concejales. La ciudad inglesa de Leeds, con los mismos habitantes que Málaga, tiene tres vehículos para este menester. No tienen ni razón ni perdón.

Esta crisis mundial que tenemos ya encima, comparable al crack del 29, es una oportunidad para revisar todos los elementos del desarrollo andaluz. El objetivo debe ser que el nuevo modelo de crecimiento sea más eficiente. Las empresas privadas y las administraciones públicas tienen la oportunidad de mejorar sus organizaciones y su gestión patrimonial. Les pongo un ejemplo paradigmático: todos los presidentes de Cartuja 93, el Parque Tecnológico de Sevilla han intentado gestionar directamente el suelo de la Isla, el terreno en donde se celebró la Expo’92. No han podido los Montaner, Viera o el actual Pérez Saldaña, por citar algunos ejemplos. Todos han fracasado en el intento.

En la reciente celebración del 15 aniversario de este parque tecnológico descubro que el 75% del suelo de la Cartuja lo controla una empresa pública estatal, Agesa, calificada informalmente por algún asistente al acto como “la inmobiliaria más rentable de España en estos momentos”. El otro 25% del terreno es de la Junta de Andalucía, pero lo gestiona Patrimonio, dependiente de la Consejería de Economía y Hacienda. Lo que significa que la dirección del Parque no tiene la capacidad de gestionar su suelo. Una aberración.

Un parque así es un instrumento para el desarrollo económico de Andalucía utilizando la tecnología. Y éste en concreto tiene un gran valor estratégico. Se lo concede la propia administración: la mayor parte del I+D público andaluz está concentrado aquí. En total, hay 350 empresas que facturan 2.238 millones de euros al año. Lo natural, como ocurre con el pujante Parque Tecnológico de Málaga, es que sus activos fuesen administrados por sus gestores. No se trataría tanto de vender el metro cuadrado más caro o de instalar muchas consejerías, sino de atraer a los centros de investigación y desarrollo más competitivos del mundo o a las empresas tecnológicas más avanzadas. Pero en Sevilla los dueños del suelo están en otra cosa. La inmobiliaria estatal lo que quiere el sacar el máximo rendimiento a sus activos y hace muy bien, esa es su obligación. Y Patrimonio tiene que buscar sitio a las instituciones y empresas públicas de la Junta, nuevas o reubicadas. También cumple con su tarea oficial. Pero después están los políticos, que tienen que tomar decisiones más allá del corto plazo y los reglamentos. Si nada lo remedia, los gestores de Cartuja 93 tendrán en 2014 de patrimonio propio los 2.000 metros cuadrados de la tecnoincubadora Marie Curie; un 0,28% de lo que será el Parque entonces.

Hay quien opina sobre el caso que los activos de Agesa deberían de pasar a la Junta y después a la gestión del Parque. Debería haber sido así desde el año 93, pero el primer presidente de Cartuja, Rafael de la Cruz, prefirió que se crease una sociedad estatal, por miedo a las deudas y pleitos herencia de la Expo. La revalorización del terreno ha convertido en un error aquella estrategia ‘colonial’. En Málaga se hizo exactamente al revés. Los terrenos del PTA eran del IFA, la Junta y el Ayuntamiento, en régimen de proindiviso, pero se hizo una ampliación de capital y se cedieron los activos a la sociedad anónima que gestiona el Parque. El PTA es un modelo para muchas cosas. No en balde este Parque es sede de las asociaciones nacional e internacional de parques tecnológicos.

Ahora hay una oportunidad de solventar el error sevillano en el pago de la deuda histórica. El Gobierno central ofrece 900 millones de euros y la Junta reclama entre 1.100 y 1.700 millones. Algunas fuentes atribuyen a los activos de Agesa un valor de 300 millones de euros. La Junta ya ha dicho que admitiría el pago en especies. La cosa encaja tanto que hasta se hizo alguna gestión informal, aunque ha sido oficialmente desmentida a este diario por la Consejería de Economía. Arreglar este desajuste debería ser uno de los ingredientes del nuevo modelo de desarrollo.

Jueces y secretarios de juzgado han demostrado ayer que pueden parar este país. No tiene mucho mérito: los camioneros lo hacen con más frecuencia y causan más molestias. Pero es la primera vez que altos funcionarios de la administración de justicia dejan de trabajar para denunciar “la carencia de medios para afrontar la abrumadora carga de trabajo que soportan los juzgados”. Es de agradecer que trasladen estas cosas a la opinión pública. El problema es que la protesta no es desinteresada, aunque sus protagonistas afirmen que no era corporativista. Lamento estar en desacuerdo. No se habría producido un paro semejante de no haber mediado una sanción de dos años de empleo y sueldo a una secretaria de juzgado de Sevilla, por no ejecutar una sentencia de cárcel para el presunto asesino de Mari Luz Cortés, la niña de cinco años, muerta en enero en Huelva. Tampoco el seguimiento de esta huelga de togas caídas habría sido tan intenso de no arriesgarse el titular del mismo juzgado a una sanción similar. Pero estaría bien que este espíritu del 21 de octubre siguiera vivo: responde a un mal profundo y ha sido iniciado por jueces de a pie, de los pueblos, completamente desasistidos.

Los manifestantes se han empleado a fondo contra el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, que no es juez de carrera, sino fiscal. Este matiz podría dar otro sesgo corporativista a la protesta, pero no. Tampoco se lo añade que Bermejo sea poco grato a la derecha española y la judicatura es una carrera tradicionalmente conservadora. Los miembros de la organización progresista Jueces para la Democracia han participado con la misma intensidad que los de la Asociación Profesional de la Magistratura en esta protesta. A la mayoritaria (y conservadora) APM pertenece el juez Rafael Tirado. Los jueces se quejan de las injerencias del Gobierno: en particular de Bermejo y la vicepresidenta Fernández de la Vega, juez aunque no por oposición, sino por el cuarto turno. La número dos del Gobierno español ha pedido una sanción de tres años para el juez Tirado, lo que suena a presión sobre el Consejo General del Poder Judicial, que tiene que decidir en pocas semanas.

Tampoco es mala presión la ejercida ayer sobre el CGPJ por los huelguistas. Me habría gustado este mismo espíritu cuando en 1993 la juez Blanca Esther Díez denunció una mafia judicial en Marbella. Aquello le costó un acoso corporativo, expedientes y sanciones. Con el tiempo hemos sabido lo que era aquella Marbella en la que reinaba Jesús Gil, en la que se agasajaba un año tras otro a los máximos responsables de la judicatura española y a sus señoras esposas, a todo plan. Entonces, nadie hizo ascos a las lisonjas de Gil. Las cúpulas de la JpD y la APM estaban a lo suyo, a colocarse en el CGPJ. Si las cosas cambian, algo habremos ganado con este espíritu del 21 de octubre.