En la vida particular, como en la pública, hay que huir de las imitaciones. Personalmente, prefiero los originales. En la reivindicación abanderada por el nacionalismo socialista catalán prefería a Maragall. Lanzó su idea de una revisión del Estatut sobre la base de nación y financiación, fue a Euskadi y le reprochó a los empresarios vascos que no contribuyen a las arcas del Estado y calculó la reducción que quería para el déficit fiscal de Cataluña. El ‘cheque catalán’ de Maragall valía un billón de pesetas: 6.000 millones de euros es lo que debe reducirse la contribución de Cataluña al resto de España o aumentar los retornos en forma de inversiones estatales. Todo estaba muy claro.

Ahora, no. Montilla dice que Cataluña se asfixia, Mas dice que hay un expolio fiscal; y ambos reprochan a Solbes que no haya llegado a un acuerdo, sobre la base de sus exigencias, pero no sueltan prenda sobre cuánto quieren. Son buenos comerciantes y buenos negociadores del catalanes. Pero ahora están sobreactuando. Como malos jugadores de fútbol revolcándose por el césped para que el árbitro le saque tarjeta al adversario. Aquí el árbitro es la opinión pública. Espero que el Gobierno de la nación no esté haciendo el paripé, en un sainete previamente pactado. Por eso celebro que la vicepresidenta Fernández de la Vega haya manifestado su malestar por el “excesos verbales” de Montilla, y que el vicepresidente andaluz Zarrías haya calificado de “infantil” la postura de Montilla. Corto se queda. Y también que Luis Pizarro, el vicesecretario del PSOE andaluz, rechace el modelo catalán.

El sábado 9 de agosto, en un artículo en La Vanguardia, Artur Mas decía que hay que evitar que el que recibe la ’solidaridad’ acabe teniendo más que el que la paga. A este punto hemos llegado, a que se deslice que Extremadura acaba teniendo más PIB per cápita que Cataluña. Cuando Montilla le dice a Zapatero que le quieren [los socialistas catalanes] pero que quieren más a Cataluña, lo que está queriendo decir es que en el PSC quieren a España, pero quieren más a Cataluña. Mas no necesita disimulos: en el artículo de La Vanguardia decía que hay que reducir el déficit fiscal, asegurarse que Cataluña no pierde posiciones en el ranking de riqueza per cápita después de su aportación solidaria, que hay que evitar el ‘café para todos’ y por tanto la negociación debe ser bilateral con el Estado, que Cataluña debe tener autonomía para modificar sus impuestos sin pasar por las Cortes y gestionar lo que ingresa en pie de igualdad con el Gobierno central.

Hay que recordarle a Mas y a Montilla que en los estados de derecho los que más tienen pagan más impuestos y los que más necesitan se benefician. Que son las personas y no los territorios los que pagan impuestos. Y que el déficit fiscal catalán tiene su origen en el enorme superávit comercial de Cataluña respecto al resto de España. Eso significa que una mayoría de su economía regional depende de muy buenos clientes ‘españoles’ que asisten perplejos a este regateo insolidario. Y a toso esto, sobre cuánto vale eso, ni una palabra. Prefería a Maragall, que era más clarito. Y encima tenía el valor de reprochar a los vascos que no contribuían: asunto sobre el que ni el asfixiado Montilla ni el desahogado Mas han dicho esta boca es mía.

Un joven colega me explica una teoría según la cual en el inicio de la Transición pesaron mucho los expertos en leyes, después se pusieron de moda los economistas y ahora los periodistas están rifados. Alcaldes, presidentes de Diputación, consejeros o ministros buscan periodistas para la comunicación. Eso, al principio, porque después ejercen de jefes de gabinete móviles, porque viajan con su jefe y acaban de ayudante universal.

En el primer Parlamento andaluz hubo brillantes licenciados en Derecho. Por ejemplo, los abogados del Estado Hernández Mancha, Arias Cañete o José Ramón del Río, de AP; los notarios Antonio Ojeda (PSOE) y Luis Marín Sicilia (UCD), presidente y vicepresidente en aquella legislatura; o el catedrático de Derecho Civil Ángel López López (PSOE). Ahora no quedan abogados del Estado, notarios o catedráticos en el Parlamento, dicho sea sin ánimo de ofender.

Por entonces debutó un grupo de economistas en torno a Braulio Medel, director general de Planificación en el primer Gobierno Escuredo en 1982. Estos jóvenes que llegaron con el actual presidente de Unicaja han ido creciendo, en el más completo sentido de la palabra: Juan Antonio Cortecero es el número dos del vicepresidente Zarrías, Antonio Ávila es el número tres del vicepresidente Griñán, e Isabel de Haro es secretaria general en la Consejería de Innovación.

El auge administrativo de los periodistas es más reciente. Y también se han dedicado a la política: Juan Ojeda, que fue director del Córdoba, llegó a secretario general del PP andaluz, y uno de los valores emergentes del PSOE es el ya diputado Miguel Ángel Vázquez. No es una originalidad local. En Dinamarca en 1992, en el Gobierno que perdió el referéndum de Maastricht, estaba como ministro de Exteriores el carismático periodista Uffe Ellemann-Jensen. Y en Londres, acaba de ser elegido alcalde mi colega Boris Johnson, corresponsal del Daily Telegraph en Bruselas en los 90, a quien recuerdo tan ocurrente como amante de la juerga.

Los periodistas triunfan en otros cometidos. Acaba de dimitir como director del Teatro Cervantes y del Festival de Cine de Málaga Salomón Castiel, que ha hecho en ambos cometidos una labor destacadísima. Aunque en Málaga lo de profeta en su tierra resulte aún más difícil que en la media española. Castiel es uno de los fundadores de Canal Sur, lo que me trae a la memoria al alcalde de Huelva, Pedro Rodríguez, que fue corresponsal de TVE en los primeros 80. Aunque la de alcalde es una especialidad muy de médicos: Pedro Aparicio (Málaga), Esperanza Oña (Fuengirola), José Moratalla (Granada), Alfredo Sánchez Monteseirín (Sevilla). Al final va a resultar que ni los reglamentos, ni las cuentas, ni la información, que a los ciudadanos quienes les seducen de verdad son los expertos en salud.

Las consejerías no deberían ser embajadas de las distintas provincias en la corte de Sevilla. Pero en ocasiones lo son. Toda la prensa local andaluza, sin excepción, ha valorado el nuevo Gobierno de la Junta en clave provincial. Tantos consejeros tenemos, tanto valemos o tanto influimos. Es un sentimiento generalizado entre la población. Pero esta catetería no es privativa de los andaluces. Cuando en julio del año pasado Zapatero nombró ministra a Carme Chacón, el entonces ministro Industria y ex alcalde de Barcelona Joan Clos confesó paladinamente: “Tener dos ministros catalanes es muy positivo desde el punto de vista de la defensa de los intereses de Cataluña. Ahora tenemos más capacidad de influencia”. Y cuando España entró en la Comunidad Europea en 1986 los comisarios Marín y Matutes tenían unos gabinetes casi exclusivamente de españoles, como eran los usos y costumbres comunitarios en aquella época.

Pues bien, aunque ajenos a toda originalidad, en la galaxia andaluza practicamos una endogamia de grupo feroz al componer los equipos de las consejerías: viceconsejeros, secretarios generales técnicos y directores generales, en masculino y femenino plural. Ya conocen las variables de la matriz gubernamental: cuatro consejeros de Jaén, tres de Sevilla, dos de Málaga y Granada, uno por cada una de las demás provincias. Ocho mujeres y siete hombres. Edad media, 49 años.

Nada que objetar, salvo que en 26 años de autonomía no hemos avanzado mucho en la construcción regional, en la especialización y cooperación entre provincias, en la comprensión y el aprecio al vecino. Y una manera de hacerlo sería componer equipos mixtos en los que la procedencia geográfica fuese una anécdota. Los consejeros y sus colaboradores trabajan desde el minuto uno para los andaluces de todos los territorios, hayan votado o no al Partido Socialista. Y eso se debería de visualizar. Las consejerías no son grupos de presión ante el poder, ni oficinas de empleo para compañeros del PSOE en la provincia de los consejeros. En este campo se nota que los más veteranos, como Zarrías o Griñán, tienen visiones más horizontales. De hecho, también ocurre en las instituciones europeas: hoy día el comisario Almunia sólo tiene dos españoles entre los siete miembros de su gabinete y su portavoz es portuguesa; y el presidente Barroso tiene en su equipo a un alemán, un francés y un inglés. No es un chiste; en la Comisión se ha acabado con los reductos nacionales que eran los gabinetes de hace 20 años.

Otra ley no escrita en la UE es que nunca una gran potencia de un sector ostenta esa cartera. Por ejemplo, Francia jamás tiene al comisario de Agricultura. Aunque, trasladado a Andalucía, supondría que Málaga no debería tener Turismo, y sin embargo el designado es un profundo conocedor del sector. Toda regla tiene su excepción.

¿Son buenas las mayorías absolutas? Depende para qué. Todo el mundo está de acuerdo en que José María Aznar fue mejor gobernante los primeros cuatro años de su mandato, y se volvió autoritario y altanero en los cuatro siguientes, cuando ya tenía la mayoría absoluta en el Congreso. Al PSOE le pasa lo mismo, pero en simultáneo: Zapatero, con mayoría relativa, pactó con la oposición la nueva ley de la televisión pública en el Congreso (fue uno de los pocos consensos con el Partido Popular en leyes básicas para la democracia) y ahora sus colaboradores se han puesto de acuerdo con el PP para organizar dos debates de televisión. En la misma legislatura, el mismo partido y en el mismo país, en Andalucía el comportamiento no es el mismo. Chaves, con mayoría absoluta en el Parlamento andaluz no pactó con ningún grupo la nueva ley de la televisión pública regional, cuyo máximo responsable se puede nombrar con un porcentaje de la Cámara mucho menor que en la ley nacional y no exige titulación superior para poder entrar en su consejo de administración. Una ley peor, vamos. Y ahora la mayoría socialista, con ventaja en las encuestas, no quiere pactar un debate en la televisión con el PP.

De todas formas, el cara a cara entre Chaves y Arenas del 2 de marzo se celebrará, porque es uno de los pocas bazas que le quedan por jugar al aspirante, que va por detrás en las encuestas. Por eso los socialistas hacen abuso de su posición dominante y lanzan sus arietes a castigar a los populares. Zarrías, Pizarro y Camacho han dejado claro que si Arenas quiere un debate tendrá que ser en Canal Sur. Lo toma o lo deja. Si no estuvieran tan seguros de ganar, no actuarían con tanta arrogancia. ¿Tiene razones Arenas para desconfiar de Canal Sur? Creo que sí. Recuerdo un debate electoral en el que le pusieron un fondo a Teófila Martínez rojizo y varios elementos que hacían el efecto de un ruido visual, mientras Chaves disfrutaba de un confortable y cálido fondo azul. En fin, estos días llueve sobre mojado. Son los inconvenientes de las mayorías absolutas.

A cinco semanas de las elecciones, hay media docena de cosas claras. La primera es que lo que se ventila el 9 de marzo es si Zapatero estuvo bien elegido hace cuatro años, o si fue un accidente motivado por el choque emocional del atentado de Al Qaeda y la pésima gestión del Gobierno de Aznar ante aquella tragedia. En este campo quien lleva ventaja es el PSOE y todas las encuestas coinciden, más allá del manoseado empate técnico. Rajoy parece haber perdido la oportunidad de mostrar su verdadero perfil, moderado y conciliador, tras una legislatura a cara de perro, en la que la guardia pretoriana del ex presidente ha tenido la tentación de blanquear su nefasta actuación entre el 11 y el 14 de marzo de 2004.

La segunda cuestión es saber qué camino va a emprender el PP en caso de una nueva derrota. Aunque la prensa recoge el deseo de victoria “de todo corazón” que le han dedicado esta semana en París la canciller alemana Angela Merkel y el presidente de la República francesa, esto no significa nada. En 1993 pude ver a Helmut Kohl desear suertea Aznar en una cita forzada en Bruselas, profundamente contrariado. Y fue premonitorio: Aznar perdió. Si Rajoy corre la misma suerte el 9 de marzo, una eventual sucesión debería dilucidarse por la vía democrática, que tan buen resultado le ha dado a los socialistas, y no por otro dedazode Aznar, como se saldó el nombramiento de hace cuatro años. Hasta que no se haga así, quedará la duda sobre quién manda en el PP y de dónde le viene su autoridad. Aznar vive, por el contrario, días de gloria. Gianfranco Fini, le acaba de proponer para presidente permanente de la Unión Europea. El que Fini provenga de las filas neofascistas no le descalifica; es uno de los más válidos dirigentes de la derecha italiana. Pero no está acertado al proponer para este puesto a un dirigente poco europeísta. No es el único, también Sarkozy postula a Blair. El mejor es, sin embargo, el luxemburgués Jean Claude Juncker.

La subasta electoral española nos llevaría a una tercera conclusión: aparentemente todos ofrecen lo mismo, con más acento en lo social el PSOE y medidas más liberales el PP. Así que debería primar a la hora de decidir la capacidad de liderazgo de los candidatos. En este campo, ninguno de los dos contendientes lleva ventaja: estamos ante la pareja de presidente del Gobierno/jefe de la oposición de menor peso específico de toda la moderna democracia española. Así que en vez de un líder habrá que elegir a alguien que administre como un buen padre de familia los intereses del país. Y en el capítulo de familia, Zapatero no tiene un mal balance. La ley de dependencia es una de esas normas legales típicamente españolas que son tan buenas que merecerían ser aplicadas. Las promesas de plazas de guardería o ayudas a la vivienda para jóvenes estarían en ese paquete.

Una cuarta conclusión es que la elección principal del 9 de marzo, o sea la de presidente del Gobierno, la decidirán los abstencionistas y no los indecisos que cambien del campo socialista al popular. A diferencia de Estados Unidos, en donde un 40 por ciento de los electores pueden votar tanto a demócratas como a republicanos, en España ese porcentaje es mínimo. Eso sí, los desencantados podrían quedarse en casa. Y en este capítulo el PP le lleva ventaja al PSOE, porque tiene más movilizados a sus votantes.Quinta reflexión, el PSOE prepara algo para la elección menor del 9 de marzo, la del Parlamento de Andalucía. No se explica que un político de la agudeza y experiencia de Gaspar Zarrías diga que si no sacan mayoría absoluta, no les fue tan mal en el pasado con el PA. ¿Aceptación de pérdida de la mayoría? No. Simplemente, un gesto para meterle el miedo en el cuerpo a los suyos para que acudan a las urnas dentro de cinco semanas.

La última consideración está derivada de lo anterior: las minorías (IU y andalucistas) estarán en el próximo Parlamento regional. Es una buena noticia. Estamos mejor con cuatro que con dos partidos.