La red de narcotraficantes que acaba de desarticular la Guardia Civil en Sanlúcar de Barrameda tenía como jefe a un veinteañero. No me extraña. Numerosos niños sanluqueños alimentan desde chicos el sueño de una vida regalada, con poco esfuerzo y cierto riesgo. Es la vida que ven en sus vecinos o familiares, la que lanzan bravuconamente a la cara a los profesores que tratan de disciplinarlos con más fe y moral que suerte. Los consideran -a sus profesores- unos funcionarios desgraciados y mal retribuidos, lo contrario de un ejemplo a emular.

Este capo de Sanlúcar, como digo, tiene menos de treinta años y, según la Guardia Civil, no dirigía la organización desde la sombra, ni mucho menos, ya que pilotaba él mismo las embarcaciones, dotadas de tres o cuatro motores fueraborda, con las que se introducían las partidas de tres toneladas de hachís por cada operación. De hecho, los once detenidos son menores de 42 años, lo que revela que el tráfico de drogas se ha constituido en los últimos en un poderoso yacimiento de empleo en una población de mucho paro y economía deprimida, o sumergida. Nativos y visitantes se ríen a mandíbula batiente cuando conocen el anuario de La Caixa, que sistemáticamente coloca a Sanlúcar como el municipio español más pobre. Año tras año se perpetúa el equívoco estadístico.

En los registros domiciliarios se han decomisado coches de alta gama, embarcaciones de lujo, motos acuáticas, televisores de plasma, joyas y algunas armas. Realmente, el primer indicio de delito de narcotráfico en pueblos pequeños y medianos se puede detectar con facilidad. Basta una vigilancia somera, incluso una observación no profesional, de los vehículos que manejan algunos individuos sin oficio conocido, los chalés en los que viven o el dinero que gastan para levantar la sospecha.

Claro que una cosa es sospechar y otra probar. Estos traficantes del medio rural no suelen dejar rastro en el sector bancario y en los registros de la propiedad, disfrutan de una cierta impunidad social en determinados sectores que llegan a justificarlos con la consabida apelación a la crisis y la falta de trabajo y disponen de una capacidad de soborno considerable, la que proporciona la droga -dura de verdad- del dinero abundante ganado sin doblarla. ¿Cuántas peonadas en la construcción se necesitan para meterse en el bolsillo lo que se mete uno en una sola noche de alijo?

El poder contaminante y corruptor del dinero de la droga alcanza a algunos policías y guardias civiles, que pueden duplicar o triplicar sus bajos salarios oficiales con tan sólo hacer la vista gorda durante una guardia al relente. En fin, es mucho más fácil saber con seguridad quién trafica que ponerlo a buen recaudo.

SE ve que Zapatero no es rencoroso. Al menos con los discrepantes que no pertenecen al PSOE. El martes, en Barcelona, saludó con especial efusividad al republicano-nacionalista Carod-Rovira, el aliado que más quebraderos de cabeza le causó en la anterior legislatura:

• No se te ve por Madrid.
• Es que no dais nada en Madrid.
• Pronto, pronto…

De José Luis a Josep Lluís. Zapatero no se quedó ahí. En su discurso inaugural de la Terminal 1 del aeropuerto de El Prat aseguró que el nuevo sistema de financiación autonómica estará listo en una o dos semanas y garantizó que con él Cataluña recibirá una aportación por encima de la media española. Teniendo en cuenta que ya en este ejercicio de 2008 la Generalitat está percibiendo más inversión para infraestructuras que el resto de las comunidades -en aplicación de su Estatuto de Autonomía, aun estando pendiente la decisión sobre su constitucionalidad-, se puede decir que Cataluña va a ver satisfecha su vieja reivindicación de reducir los niveles de solidaridad que como comunidad rica le corresponden. Interesante relectura de la ideología socialista, sin duda.

Pero es que ayer le tocó turno a José Antonio Griñán, presidente de la Junta de Andalucía, que fue recibido en la Moncloa y que salió de la entrevista en estado de euforia. “Andalucía será la comunidad autónoma que recibirá más inversión del Estado en los próximos años. Así me lo ha dicho el presidente del Gobierno y así ha de ser”, dijo. Aunque una cosa son las inversiones públicas y otra los recursos derivados del sistema de financiación, lo que se deduce es que ZP tiene entre sus planes favorecer a Cataluña y Andalucía, curiosamente los dos graneros electorales de los socialistas en periodo de decrecimiento.

¿Cómo se lo van a tomar las demás autonomías? Algunas, mal. No olvidemos que meses atrás ZP recibió a los presidentes de Madrid y la Comunidad Valenciana, Aguirre y Camps, y ambos se declararon igualmente satisfechos de las promesas escuchadas. Da la impresión de que Zapatero le dice a cada uno aquello que quiere oír. Pero la cuadratura del círculo no puede ser, y lo que no puede ser no puede ser y, además, es imposible, según frase redonda que se atribuye a media docena de personajes: si unos ganan más que la media, otros han de ganar por debajo de la media (de lo contrario, no habría media, eso es de cajón).

No se puede engañar a todo el mundo todo el tiempo. Tampoco se puede contentar a todo el mundo. Con los antecedentes que hay y con las perspectivas que quedan apuntadas por ZP parece claro que el nuevo sistema de financiación autonómica no va a ser aceptado por todos. Y los descontentos no van a ser sólo los del PP.

DEL caso tremendo de José Antonio Santos, el albañil sevillano que ha pasado once meses en la cárcel y cuatro años de calvario judicial por ocho denuncias de maltrato conyugal que se han revelado falsas, no cabe deducir la maldad de la Ley de Violencia de Género, sino los efectos perversos de su aplicación en un clima social que abona el prejuicio contra el hombre en general.

Entendámonos. La Ley es justa y necesaria, ha ayudado a muchas mujeres a salir del infierno de un amor equivocado y ha puesto en su sitio a los cafres que las tratan como una propiedad particular. En general, ha hecho mucho por la igualdad esencial de nuestro tiempo y ha educado a una sociedad que llevaba siglos conviviendo con el maltrato con toda naturalidad. Por tanto, debe seguir vigente, sin duda.

Pero algo falla en su puesta en práctica. Porque el caso de Santos, aunque extremado (su esposa llegó a denunciar una agresión imposible, dado que él se hallaba en prisión, y una horrible paliza que milagrosamente le dejó intactas las uñas postizas), es paradigmático de una forma de actuar de la Policía y la Justicia en materia de violencia doméstica. Todos conocemos demasiados ejemplos en los que la presunción de inocencia del hombre ha sido literalmente destruida por una simple denuncia de su mujer, compañera o amante, que le hace, de momento, dormir en los calabozos, a la espera de que su presunta culpabilidad se demuestre. Cuando el juez concluye que los malos tratos denunciados fueron en realidad autolesiones han pasado meses de padecimientos, rechazo y deshonra pública.

Numerosos juristas han revelado, por otra parte, la excesiva frecuencia con que algunas mujeres utilizan bastardamente la legislación que las protege para su beneficio personal en un proceso de divorcio o en la disputa por la tutela de los hijos, a los que se enemista contra un padre al que se le ha colocado ya la etiqueta infame de maltratador. En ocasiones la retirada de las denuncias de agresiones de género obedece a la fragilidad emocional de la denunciante, a la dependencia o al miedo, que deben ser combatidos por las instituciones de defensa de la mujer, pero otras veces responde sencillamente a que eran falsas. Sucede así, aunque los adalides de la corrección política lo nieguen o lo desprecien alegando que se trata, dicen, de casos excepcionales. Ahora bien, ¿no bastaría un solo caso para hacernos pensar que algo va mal? ¿No vale aquí el lema que prefiere que haya culpables sin castigo a que un solo inocente sea inicuamente condenado?

Y no es sólo por los hombres. En realidad a quienes más perjudica esta aplicación deficiente de la ley es a miles de mujeres maltratadas que la necesitan y la merecen para ser libres.

Lo que va de ayer a hoy… Cuando empezó, la marcha a la base de Rota, hace un cuarto de siglo, era capaz de congregar cada año a 15.000 ó 20.000 personas, que se manifestaban desde El Puerto hasta la puerta de la instalación militar pidiendo su desmantelamiento y reclamando la paz mundial. La marcha se convirtió en un rito primaveral que aglutinaba a mucha gente de la izquierda, pacifistas, ecologistas y radicales, festoneada por poetas y cantantes de lustre.

La marcha de este domingo, que hacía la número veinticuatro, apenas logró reunir a doscientos militantes de IU. Teniendo en cuenta el número de afiliados a la coalición en Andalucía, nos sale aproximadamente este balance: Izquierda Unida, la auténtica organizadora de la marcha, sólo ha sido capaz de movilizar a uno de cada cien miembros de su propia organización. Vamos, que ni los jefes de IU se sienten atraídos por el evento. La manifestación más emblemática de la izquierda comunista, junto a la del Primero de Mayo, ha acabado siendo una sombra de sí misma.

No es extraño, porque es la coalición misma la que es ya la sombra de lo que llegó a ser. Nació, precisamente casi al mismo tiempo que la marcha a Rota, con el propósito de erigirse en alternativa al PSOE desde la izquierda, con un discurso alejado del dogmatismo comunista, abierto a los movimientos sociales, participativo en los métodos y radical en los fines. En fin, todo lo que se ha ido perdiendo en estos veinte años.

A IU la está llevando hacia la irrelevancia la acción combinada de los cambios sociales registrados en España, el conservadurismo creciente de la sociedad, la voracidad del PSOE… y la incapacidad de sus propios dirigentes. Cada retroceso electoral produce los mismos efectos: nunca dimiten los líderes que fracasan, la autocrítica ha desaparecido y la organización se cierra más sobre sí misma, en un ejercicio de endogamia obsesiva que va aburriendo a los que disienten de la cúpula y no necesitan vivir, o malvivir, de la política.

Desde hace tiempo Izquierda Unida no es noticia por sus propuestas programáticas o sus debates ideológicos, sino por sus disputas internas, deterioro de liderazgos y posturas extravagantes. Ha estado gobernando en el País Vasco con la derecha nacionalista más carca e insolidaria y ahora mismo, aquí abajo, no termina de desprenderse del chantaje del alcalde de Marinaleda, el simpar Sánchez Gordillo, que se ha prestado a avalar la candidatura de los proetarras disfrazados al Parlamento europeo. Se dirá que Sánchez Gordillo, con su CUT y su burbuja, cuenta con la mayoría en IU de Sevilla. Pero ése es justamente el problema: que el único diputado por Sevilla de la izquierda poscomunista sea Sánchez Gordillo. Así se comprende cómo marcha IU y cómo marcha la marcha a Rota.

1. SIN escándalo. La píldora del día después es un método anticonceptivo normal. Francia, el Reino Unido, Estados Unidos y cuarenta países más la suministran sin prescripción médica. La Organización Mundial de la Salud considera que cualquier mujer puede necesitar una anticoncepción de emergencia para evitar un embarazo no deseado.
2. Beneficiadas. Más de 6.000 españolas menores de 18 años abortaron voluntariamente en 2008. Muchas de ellas se habrían librado del aborto de haber dispuesto de la píldora poscoital que impide la fecundación. Podemos tal vez estar de acuerdo en que el condón es preferible a la píldora, y la píldora preferible al aborto. Ahorrar a las muchachas una maternidad imprevista, indeseada y lesiva para ellas y para sus posibles hijos debería ser un objetivo social.
3. Sin receta. La decisión del Gobierno es que dentro de tres meses la píldora pueda comprarse libremente en las farmacias, sin receta. Mal asunto. Llevamos años, y euros, tratando de convencer a la población de que es malo automedicarse. Todos los fármacos presentan efectos secundarios y reacciones adversas (ya lo avisan, con profusión de detalles, los prospectos). También la píldora. A partir de agosto ninguna mujer podrá llevarse de la botica una caja de Nolotil para el dolor de cabeza sin que el médico se la haya prescrito, pero sí podrá sacar Norlevo o Postinor a discreción después de un coito de fin de semana con consecuencias no queridas. Un ataque directo a la política de educación sanitaria.
4. Menores. La píldora será accesible a las menores de edad, por 18 a 20 euros. Una adolescente de quince años va a poder comprarla por su cuenta para “curarse” de un desliz. La misma adolescente no puede, por ley, comprar un paquete de tabaco ni tomarse una caña. Comprar la píldora poscoital, sí. Todas las veces que quiera y sin que ningún facultativo vigile su historial por si el consumo continuado daña su salud. A espaldas de sus padres, que no van a enterarse de nada.
5. Mensaje errado. Erradísimo. Se les subraya aún más a los jóvenes que los actos de las personas no tienen consecuencias, que no pasa nada, que no se preocupen. Las campañas de educación sexual saltan por los aires: ¿para qué utilizar preservativos si la píldora está al alcance de cualquiera, sin médico ni familia que pregunten, incordien y reflexionen? Dicho sea de paso, la posibilidad de contraer enfermedades venéreas se multiplica cuando no se usa condón. Es lo que han proclamado los gobernantes, de antes y de ahora, en divertidas campañas. Ya no vale, al parecer. Como el aborto mismo: también las menores de edad lo decidirán a solas, sin los molestos adultos. Así piensa el Gobierno que hará a las chicas más libres. Las hará más irresponsables. Más infantiles.

AÚN es pronto para saber si las palabras del presidente Griñán en su debate de investidura se ven acompañadas por los hechos en su práctica de gobernante. Demasiado pronto para deducir si comprende y asume la diferencia entre la continuidad con Chaves -inevitable- y el continuismo, evitable si la dosis de firmeza y personalidad pesa más que los obstáculos de los intereses creados.

En materia de reclutamiento y composición del alto funcionariado, José Antonio Griñán se propuso tres cosas: adelgazar una Administración realmente bulímica e ineficiente, primar el mérito y la capacidad a la hora de designar a los altos cargos, y despolitizar la función pública reservando ciertos puestos a funcionarios de carrera. Tres cosas que se resumen en una; a saber: restar importancia al carné del PSOE -o la adhesión manifiesta e interesada, que es como el carné de los oportunistas y de los cobardes- como criterio decisivo en los nombramientos.

Se trata de un programa a medio plazo, claro, pero, dado que Griñán lleva unos cuantos años en la Junta y conoce su problemática al dedillo, cabría esperar que sus primeros pasos en la presidencia emitieran algunas señales de por dónde pretende caminar. No está siendo así. Había algo que estaba en su mano de manera directa e inmediata: reducir el número de consejerías, algunas de las cuales se sustentan sobre competencias menores, perfectamente asumibles por otras, y cambiar los métodos selección de sus titulares, sin tanto equilibrio provincial ni tanta consulta al partido. Lo primero no lo ha hecho; lo segundo lo ha reducido al fichaje de Rosa Aguilar, su gran apuesta personal en un Gabinete de equilibrismos y compensaciones variopintas.

Todavía son pocas las decisiones organizativas y los nombramientos de segundo nivel en el nuevo Gobierno, pero los indicios apuntan a que los consejeros tampoco van a reorganizar sus organigramas para insuflarles más austeridad y más racionalidad y que van a designar sus altos cargos siguiendo los procedimientos y baremos habituales: lealtad partidaria, ajuste de cuentas interno y nada de funcionarios. Lo que se contaba aquí abajo ayer acerca de la profesora de danza encumbrada a número tres de la Consejería de Agricultura resulta inquietante. Habrá que aguardar el cierre del carrusel de nombramientos y ver cómo funcionan los nuevos, y las nuevas.

Aún es pronto, ciertamente, para juzgar una andadura que acaba de iniciarse. Lo que pasa es que estas primeras medidas suelen reflejar un talante sobre la forma de gobernar y, además, tienen efectos mucho más inmediatos y visibles que, por ejemplo, los planes anti crisis. Aún es pronto, pero…

La Fiscalía ha enviado a los juzgados correspondientes una denuncia sobre una decena de presuntas facturas falsas pagadas por el Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda durante el mandato del Partido Popular. El equipo de gobierno actual, comandado por el PSOE, ha querido echar más leña al fuego aportando los gastos en comidas y viajes del mismo período.

El fuego se ha avivado, ciertamente. Dos concejales populares se han revelado especialmente activos a la hora de engrosar la partida presupuestaria municipal de “gastos diversos”. Almuerzos y cenas, copas y viajes jalonaban con indesmayable perseverancia las actividades y gestiones de los dos ediles, todas ellas encaminadas a incrementar el bienestar general, naturalmente.

Lo curioso es que los demás concejales del PP se veían en condiciones de ejercer su labor sin necesidad de tanto y tan buen yantar, tan preciado complemento etílico y tanto viaje en AVE, clase preferente. Cuestión de gustos o de conciencia. Según contaba F. Javier Franco en este periódico, la partida de gastos diversos superó en un dos años los 80.000 euros. Claro. Viviendo en Sanlúcar, ¿dónde iban a celebrar las comidas de trabajo sino en Bajo de Guía? ¿Qué iban a comer sino langostinos? ¿A fumar sino Montecristo? ¿Con qué brindar sino con Möet Chandon? ¿Las facturas nada aclaran sobre la marca de los whiskies ni el ron o la ginebra de los cubatas? En las visitas a Madrid lo suyo eran los más acreditados asadores y mesones. No pudieron comprar un mueble de caoba para el Palacio Municipal en ningún establecimiento del pueblo, tuvieron que ir a comprarlo a Torremolinos, donde, por supuesto, hubo que almorzar (203 euros fue el importe).

Fieles al lema que se ha hecho habitual entre los advenedizos de “ahora nos toca a nosotros”, los concejales del PP, que llegaron al poder tras una etapa de abusos y mala gestión de los socialistas, ocuparon sus departamentos desde la premisa irrenunciable de que las telarañas de las arcas municipales no les estropearan su nueva condición de mandamases. Se ha hecho un cálculo aritmético fácil, una suma seguida de división: se comieron una media de quinientos gramos de langostinos -esos bichitos de ojos azules, tan apetitosos en sus modalidades de cocidos, a la plancha o en guiso- a la semana, todas las semanas del año.

No sé cómo se estará comportando la nueva alcaldesa, Irene García, y su equipo, pero difícilmente podrán batir esa marca: medio kilo de langostinos a la semana. Debería aceptarse como unidad de medida del usufructo desahogado del cargo para ediles de poblaciones costeras de 60.000 habitantes. Todo lo que quede por debajo del medio kilo sería señal de un uso racional de los dineros de todos y de una consideración morigerada y austera del cargo público. Una excepción en los tiempos que corren.

EL Cagalera y su hijo -El Diarrea, naturalmente- acaban de ser absueltos de un delito de narcotráfico porque las escuchas telefónicas realizadas durante la investigación policial fueron autorizadas irregularmente. Los dos narcos gastroenteríticos irán, no obstante, a la cárcel porque el Supremo ha ratificado otra sentencia que los condenó por liderar una organización que vivía de traficar con hachís desde su base en Sanlúcar de Barrameda.

Esto no es nuevo. Al revés, se produce con frecuencia. De hecho, padre e hijo sanluqueños habían sido capturados en el marco de una publicitada Operación Semilla, con la que se pretendió haber dado un auténtico mazazo al narcotráfico en Andalucía. Luego, cuando llegó la hora de condenar a los que se sentaron en el banquillo, los jueces, que han de atenerse a pruebas consistentes contra los sospechosos, la operación se desinfló: de los 39 procesados en aquel caso, 32 han sido absueltos.

En los asuntos de corrupción política pasa tres cuartos de lo mismo. Esta semana la Guardia Civil ha dado el que puede ser el golpe de gracia al caso Camas, un escándalo de presunta compra de votos para sacar adelante proyectos urbanísticos en Camas con alcalde de IU y concejales de PP y PA de por medio. La grabación clave del supuesto soborno ha sido desestimada por el informe pericial del Instituto Armado por falta de trapío. “No es posible realizar un cotejo de voz sobre las evidencias recibidas al no cumplir las condiciones mínimas de calidad”, dice el informe. Hace un año, la Audiencia de Sevilla anuló también la escuchas telefónicas que se hicieron a los implicados. ¿Resultado final? El caso se desinfla. Los cuatro imputados respiran.

Nada puede extrañarnos en este país en el que uno de los mayores escándalos de financiación ilegal de un partido (el PP), el caso Naseiro, tuvo que ser archivado porque su detección se produjo por casualidad, gracias a un pinchazo telefónico dedicado a perseguir el tráfico de drogas, y a los investigadores se les olvidó que necesitaban el permiso de un juez para espiar la tesorería política irregular que habían descubierto. Lo que sí extraña es que no se aprenda de la experiencia y que los autores de las diligencias policiales sigan cayendo una y otra vez en los mismos errores.

Probablemente, muchos de los implicados en estos casos eran realmente culpables, pero ¿de qué sirve saberlo? Tenemos unas normas elementales: todo el mundo es inocente mientras no se demuestre lo contrario. La misión de las fuerzas de seguridad es encontrar pruebas sólidas de la culpabilidad de los delincuentes, seguir los procedimientos establecidos escrupulosamente y llegar a juicio sin cometer los errores que hacen posible que los malhechores se vayan de rositas. Sin malas prácticas.

Después de diecinueve años mandando en Andalucía, Manuel Chaves regresa al sitio de donde vino: a la política nacional, ahora como vicepresidente del Gobierno. Zapatero ha querido darle peso político a un gobierno anoréxico, devorado por la crisis y por su propia inconsistencia. Al mismo tiempo, se empieza a solventar la sucesión de Chaves en la Junta, que era un conflicto pendiente entre ambos. El sucesor aquí será José Antonio Griñán, amigo íntimo de Chaves y político solvente, aunque no supone precisamente una renovación (tiene unos meses menos que Manuel Chaves). De eso trata mi columna de hoy.

Preguntas. ¿Servirá de algo que Chaves acuda al Gobierno? ¿Se va Chaves porque sabía que iba a perder las elecciones en Andalucía? ¿Griñán es mejor para la Junta que María del Mar Moreno?

Los grupos Provida, movilizados contra el aborto, la han tomado con el Partido Popular. Les disgusta que el PP no haya secundado con entusiasmo su manifiesto y sus manifestaciones de este fin de semana. La verdad es que los populares rechazan el proyecto de Bibiana de hacer más permisivo el aborto, pero no quieren significarse como si fueran un partido confesional. De hecho, no quitaron la ley de aborto vigente durante los ocho años de Aznar. La derecha más recalcitrante, incluso dentro de sus filas, no le perdona a Rajoy esta tibieza. Yo creo, sin embargo, que Rajoy hace bien. De eso trata mi columna de hoy. Seguro que hay lectores en contra, y, quizás, también a favor.