Zapatero contra Zapatero

José Aguilar | 13 de mayo de 2010 a las 16:58

A excepción del día en que ETA dinamitó la tregua en la T-4 de Barajas a las pocas horas de haber declarado Zapatero que la paz estaba más cerca, no creo que el presidente del Gobierno haya pasado por un trance más amargo que el de ayer en el Congreso de los Diputados. Fue la jornada en que Zapatero se negó a sí mismo.

No una vez, sino nueve veces: tantas como medidas de ajuste anunció para reducir el déficit público en la medida en que le han exigido la Unión Europea y, al final, incluso Obama. Es una de las lecciones de esta crisis. La interdependencia económica es tan estrecha e intensa que ningún país puede actuar -o dejar de hacerlo- por su cuenta. No se ayuda a Grecia porque los griegos nos caigan bien, sino porque nos interesa que no se arruinen más de lo que están. No se insta a España a hacer los deberes por capricho o injerencia, sino porque si no los hace perjudicará también a Alemania, Francia y demás socios.

Cada medida era un clavo más en el ataúd de su optimismo irredento, que ha fallecido una mañana de mayo de muerte natural. ¡Con lo que le disgusta a Zapatero dar malas noticias y pedir sacrificios! Hace sólo una semana rechazaba un recorte drástico del déficit por ser un obstáculo para el crecimiento económico. Ayer optó por retrasar el crecimiento para frenar el camino hacia la bancarrota. No parece una mala elección, dadas las circunstancias.

Éste ya no va a ser el Gobierno milagroso que saque a España de la recesión sin recortar los derechos sociales. Ojalá que la saque, pero en cualquier caso lo logrará imponiendo sacrificios, tomando decisiones impopulares y liberándose de tutelas sindicales. Bajar el sueldo, un 5% de media, a los funcionarios y empleados públicos (dos millones y medio de personas), vulnerando un pacto; congelar las pensiones, salvo las mínimas y las no contributivas; eliminar el cheque bebé de 2.500 euros por cada nacimiento, lo mismo en un palacio que en una chabola; eliminar la retroactividad en el cobro de la prestación por la ley de dependencia; bajar la ayuda oficial al desarrollo y la inversión pública estatal son, en efecto, medidas impopulares, que sacrifican las rentas de muchas personas y molestan profundamente a los sindicatos. (Paréntesis: no sé cómo va a obligar el Gobierno a ayuntamientos y autonomías a un ahorro adicional de 1.200 millones, que es la novena medida).

Ante un Zapatero arrepentido, Rajoy tendrá que cambiar el discurso. Ayer se limitó a decir que si ZP le hubiera hecho caso a tiempo no habría tenido que acometer un ajuste tan duro, lo cual es, desde ayer, irrelevante, y a esbozar una alternativa que él mismo sabe que no es tal. Tendrá que apoyar a este Zapatero, que ya no es el Zapatero de la semana pasada. Acierta cuando rectifica.

Por la amnistía

José Aguilar | 20 de abril de 2010 a las 13:00

HAY argumentos serios para defender que Baltasar Garzón no prevaricó cuando quiso quedarse para sí la investigación de los crímenes del franquismo. Y hay uno insostenible porque reescribe torticeramente la historia de la transición democrática y manipula la amnistía política que la consagró.

La tesis de algunos incondicionales de Garzón es ésta: la Ley de Amnistía de octubre de 1977 fue una especie de ley de punto final mediante la cual el franquismo se autoabsolvió de sus crímenes imponiéndosela a unos demócratas que tuvieron que aceptarla por falta de fuerza para lograr la ruptura democrática. Por lo tanto, hay que revisarla para alcanzar la verdadera democracia y terminar con los residuos franquistas.

No puedo estar más en desacuerdo con este revisionismo que ya no sabe uno si viene del rencor o de la ignorancia. La amnistía de los presos políticos fue durante muchos años una reivindicación fundamental de los que militábamos contra la dictadura. Personalmente la viví como una liberación. Salieron a la calle muchos demócratas, sobre todo de izquierdas, que penaban con años de cárcel su oposición al franquismo (y numerosos etarras con delitos de sangre). No se hizo para consolidar al fascismo, sino para poner en libertad a los antifascistas. Todo lo contrario.

Lo definió bien Marcelino Camacho, el máximo dirigente de Comisiones Obreras: “La amnistía es una política nacional y democrática, la única consecuente que puede cerrar ese pasado de guerras civiles y cruzadas (…) Nosotros, los comunistas, que tantas heridas tenemos, que tanto hemos sufrido, hemos enterrado nuestros muertos y nuestros rencores (…) Pedimos amnistía para todos, sin exclusión del lugar en que hubiera estado nadie [en el 36, se entiende](…)”. También Antonio Carro, en nombre de Alianza Popular, dio su opinión: “Me temo que la amnistía que nos proponéis, en lugar de contribuir a la reconciliación nacional, se traduzca en un fermento de inseguridad social, en la institucionalización del desconocimiento del Estado de derecho y en una profunda erosión de la autoridad”.

Recordemos, también, para poner las cosas en su sitio, que Camacho y Carro no eran procuradores que hablaban en las Cortes franquistas, sino diputados elegidos en las primeras elecciones libres que se celebraban en España desde la República. La Ley de Amnistía fue respaldada por más del noventa por ciento del Congreso, con sólo dos votos en contra y 18 abstenciones: las de Alianza Popular, el grupo más íntimamente vinculado al franquismo. Y de este modo se abrió paso el periodo de paz, libertad y prosperidad más largo de la historia de España. A ver si no mienten más.

Garzón sí, Garzón no

José Aguilar | 15 de abril de 2010 a las 12:03

ECHEMOS el balón al suelo, que con tantos patadones corremos el peligro de perder de vista la sustancia del caso Garzón: si prevaricó o no cuando decidió investigar los crímenes cometidos durante el franquismo. La España actual no puede dividirse, como está sucediendo, entre garzonistas y antigarzonistas. Dos bandos irreconciliables que transitan por el odio.

Esta primera querella contra Baltasar Garzón ha sido desacreditada en base a criterios ajenos a su contenido. Por un lado, a la personalidad del querellante, que es Falange Española, un partido que no cuesta mucho definir como totalitario, pero legal. Por otro, a la personalidad del querellado, un juez controvertido -el que más-, que ha rendido servicios extraordinarios a la sociedad en sus procesos contra el narcotráfico, ETA, GAL y Pinochet, entre otros.

Pero, insisto, independientemente de la voluntad de sus enemigos, Garzón no está imputado por su inconmensurable vanidad, ni por su trayectoria zigzagueante entre la política y la judicatura ni por ser paladín de la democracia mundial. Claro que ha pisado muchos, e influyentes, callos, y hay quien se ha conjurado para ajustarle las cuentas y jubilarlo anticipadamente. Ahora bien, si va a sentarse en el banquillo es porque la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo lo ha decidido así por unanimidad de sus cinco miembros. Los cinco han creído ver indicios suficientes de prevaricación en la decisión del magistrado de Jaén de abrir una causa general contra el franquismo sin tener la competencia legal para ello y sin asumir que esos crímenes fueron saldados por la Ley de Amnistía de 1977, que liberó también a todos los presos políticos de la dictadura. A mí me parece que Garzón se equivocó, pero no prevaricó, aunque esta opinión carece de toda importancia.

Lo realmente importante es que lo juzgará el Supremo. Sus miembros son magistrados respetables (como los cinco que le han imputado en otra causa por presunto cohecho, como los cinco que le empuraron por una causa más, por presunta vulneración del secreto de las comunicaciones), que no han sido nombrados por Franco ni fueron cómplices de los torturadores del franquismo, como ha dicho un ex fiscal que se ha descalificado a sí mismo, porque él sí era ya fiscal cuando Franco. ¿Intocables, pues? No, qué va. Todas sus resoluciones pueden ser criticadas. Lo inaceptable es que se les pretenda intimidar con manifestaciones injuriosas e insultantes.

Echemos el balón al suelo. Movilícense con estruendo los que crean que Garzón es la medida de la calidad de la democracia española y que la Ley de la Memoria Histórica no vale si no la aplica Garzón. En su derecho están. Y respeten el trabajo del Tribunal Supremo.

Seseña: el crimen temprano

José Aguilar | 6 de abril de 2010 a las 11:44

EL juez ha ordenado el internamiento cautelar (entre seis y nueve meses) en un centro de menores de la adolescente de 14 años acusada de la muerte de Cristina Martín, de 13, en la localidad toledana de Seseña, “dada la gravedad de los hechos y los indicios racionales y contundentes de su participación en los mismos”.

El fiscal disponía ayer de un diagnóstico: no hubo accidente, sino asesinato. La inculpada ha confesado que se citó con la víctima para “saldar cuentas” no especificadas, le dio una paliza, le rajó la muñeca con un objeto cortante -murió desangrada- y la arrojó al pozo de una fábrica abandonada.
El suceso es horrible, se mire por donde se mire, y lo empeora aún más lo que se deduce de los testimonios que proporcionan quienes lo están investigando: dos casi niñas que se citan en un lugar apartado para dirimir sus rivalidades infantiles, una muerte que no es fortuita sino buscada, la frialdad deliberada de la homicida de dejar a la otra en el pozo sin avisar durante cuatro o cinco días y, lo más impresionante, la absoluta ausencia de sentimiento de culpa que describen los psicólogos que la han examinado.

Más allá del debate inconcluso sobre la responsabilidad penal de los menores y las carencias de la ley que se les aplica, este episodio y otros que hemos vivido en los últimos tiempos apuntan a la extensión de una insoportable precocidad en el crimen. Pero no en el crimen de poca monta, el hurto o la travesura propia de ciertos sectores juveniles, sino en el designio criminal materializado por chicos y chicas no marginales en plena adolescencia: la agresión sexual, la violencia gratuita, el acoso pandillero… Los adultos están cada vez más infantilizados, y los niños cada vez tienen menos infancia.

Está fallando estrepitosamente la socialización de los menores. Con la escuela en grave dificultad para garantizar siquiera la instrucción académica de los alumnos y los padres impotentes para transmitir los valores elementales de la convivencia y el respeto, la educación de los hijos ha quedado en manos de la calle, la televisión, los videojuegos y otros artilugios tecnológicos usables para el mal: precisamente los ámbitos en los que se banaliza la violencia, se premia el descaro y el desahogo, se exalta lo grosero y lo zafio, se entroniza el yo superegoísta por encima de todas las cosas y se enseña a los muchachos a no convivir con las frustraciones de la vida.

De siempre los chavales han crecido rodeados de tentaciones seductoras para estropearse en su trayecto hacia la edad adulta. Lo que pasa ahora es que los instrumentos colectivos que les ayudaban a sustraerse a la tentación (familia, escuela, presión social, medios) han dejado de funcionar. El problema es de todos.

Izquierda contra Castro

José Aguilar | 18 de marzo de 2010 a las 12:41

EL laureado director de cine Pedro Almodóvar, la cantante y actriz Ana Belén y el cantante y compositor Víctor Manuel se han sumado a la campaña contra el régimen castrista surgida hace menos de una semana y que ya ha recibido varios miles de adhesiones de ciudadanos anónimos, y no tan anónimos. Irá a más.
   Este gesto tiene su importancia. Al juntar sus firmas a las de tradicionales opositores al castrismo como Mario Vargas Llosa y disidentes en la propia Cuba movilizados tras la muerte de Orlando Zapata, Almodóvar y la pareja de artistas emblemática de la izquierda han cruzado el rubicón de la actitud tradicional del progresismo español en relación con los Castro. Otros, como Muñoz Molina o Savater, ya habían atravesado la línea roja.
   ¿En qué consiste esta línea? Hasta ahora muchos intelectuales y artistas, aun progresivamente desencantados, se han negado a condenar a La Habana asumiendo todos los tópicos alimentados por la Guerra Fría, como si ésta aún estuviera en vigor: el embargo norteamericano explica las dificultades de la economía cubana, quienes se oponen al régimen son los gusanos que se exiliaron a Miami o delincuentes comunes dentro de la isla a sueldo de Washington, Cuba era un burdel bajo Batista y con los Castro supera en sanidad y educación a toda América Latina…
   Excusas para aplicar una doble moral que permitía distinguir entre dictaduras malas (Franco, Pinochet) y dictaduras aceptables por su vocación nominalmente social, anticapitalista y antiimperialista… Aceptables vistas desde la distancia, porque ninguno de sus defensores aceptaría vivir en ellas pasando penurias y privado de los derechos básicos y las comodidades materiales de las democracias burguesas (con una excepción, que yo sepa: Antonio Gades).
   Al final, por la fuerza obstinada de los hechos, se impone la verdad de que todas las dictaduras son una sola, a saber, un sistema totalitario de partido único, y los antiguos abajo firmantes de todos los manifiestos proclives al castrismo firman ahora “por la excarcelación inmediata e incondicional de todos los presos políticos en las cárceles cubanas” y “por el decoro y el valor de Orlando Zapata, injustamente encarcelado y brutalmente torturado en las prisiones castristas, muerto en huelga de hambre denunciando estos crímenes y la falta de derechos y democracia en su país”. Bienvenidos.
   Alguna vez me he referido a las enseñanzas de Popper sobre el falso dilema entre libertad e igualdad: si se sacrifica la primera en aras de la segunda, el resultado es que los hombres dejarán de ser libres y, a la vez, tampoco serán iguales. En Cuba no son tratados igualitariamente los adictos al régimen y los demás.

Monteseirín, el pato cojo

José Aguilar | 6 de marzo de 2010 a las 13:43

EL PSOE ha tenido la mala ocurrencia de hacer de la necesidad vicio en vez de virtud. De un partido tan experimentado y diestro en el manejo de los tiempos políticos no podía esperarse una gestión tan pésima de la operación de relevo de su principal alcalde en Andalucía (y el segundo en España, tras Barcelona).

Me refiero, claro es, al caso del Ayuntamiento de Sevilla. Decidido desde hace meses que Alfredo Sánchez Monteseirín no volvería a ser candidato en 2011, la lógica aconsejaba a los socialistas materializar el relevo con dos asuntos ya resueltos, a saber, el futuro del propio Monteseirín y la designación de su sustituto. Ninguno de los dos está despejado, sino todo lo contrario.

Para colmo de males, la noticia de la no renovación de su candidatura se oficializa al día siguiente de hacerse pública la condena de dos socialistas colaboradores del alcalde por un caso de facturas falsas, uno de los episodios de corrupción que salpican su mandato. De modo que el panorama socialista en Sevilla se presenta tal que así: frente a un Partido Popular crecido, que ya ganó en votos las elecciones de 2007, tenemos un PSOE deteriorado, sin candidato claro –bueno, ni claro ni oscuro: sin candidato– y con un alcalde cabreado por la forma en que tiene que salir del cargo y al que se le pide, además, que permanezca quince meses al frente de un Ayuntamiento sin presupuesto y embarcado en operaciones muy polémicas.

Los norteamericanos inventaron la terminología. El pato cojo (lame duck) es el político que se encuentra en el tramo final de su mandato, con el sucesor ya elegido y sólo a la espera de que éste tome posesión. Sánchez Monteseirín lo es en cierto modo. No tiene aún sucesor, pero es consciente de su caducidad a fecha fija y esclavo de su provisionalidad. Será alcalde legítimo hasta el final, pero sabe que nadie, ni propios ni extraños, va a hacerle caso. Administrar esta derrota durante más de un año debe ser muy complicado, especialmente cuando parece haberse frustrado su idea inicial de nombrar él mismo a alguien de su equipo como heredero y convivir ambos en una transición sin traumas. No va a poder ser.

Veremos cómo se comporta este pato. Conociendo su trayectoria no lo veo yo, sinceramente, alborotando el estanque y poniendo chinitas a quien va a sustituirle como alcaldable y a quienes tienen la ardua tarea de designarlo, ni creo que vaya a dar motivos para que le fuercen a trabajar de inspector médico del Servicio Andaluz de Salud (por cierto, dicen que no hay plaza vacante en la provincia de Sevilla). Lo que sí veo es que probablemente los socialistas, con esta impericia, pueden haber dilapidado sus escasas opciones de resistir en la capital andaluza. Depende.

Griñán y los funcionarios

José Aguilar | 16 de febrero de 2010 a las 12:32

A dos meses de cumplir su primer aniversario como presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán sigue escribiendo una sinfonía incompleta. La música suena bien y es armoniosa, pero la letra no le acompaña.

Apunta maneras de cambio y modernidad, pero de momento no ha rematado nada.

Nos ilusionó cuando dijo que hacía falta una Administración más descentralizada, con menos órganos y más eficiencia, pero continuamos en las mismas. Del comité de expertos que prometió para analizar la cuestión y proponer la consiguiente dieta de adelgazamiento nunca más se supo. Ahora ha vuelto a la cuestión con una frase rotunda: la Junta no necesita más funcionarios porque no es posible mantener ese gasto.

Vuelve a levantar expectativas esperanzadoras entre los ciudadanos, salvo entre los que son funcionarios (ahí lo que levanta es malestar) y aquellos otros que aspiran a serlo y preparan oposiciones (ahí, incertidumbre). Veremos en qué queda una reforma que se ha anunciado una y otra vez desde los albores de la autonomía y nunca ha pasado del papel o de las buenas intenciones. El empleo público se va a recortar este año y las retribuciones de los funcionarios están hace tiempo congeladas en la práctica. No es suficiente. Como cualquier empresa, la Junta de Andalucía, que es la única superempresa de esta región, tiene que ganar en eficiencia y productividad. Evaluar su rendimiento debería ser práctica común, como hizo Finlandia hace más de treinta años (gracias al lector Juan López-Bonet, por recordármelo) y como hoy plantea Cataluña.

Creo que hay un equívoco en torno a la burocracia pública. La profesionalización y fijeza del funcionariado fue un avance: para evitar que cada cambio de gobierno provocase un terremoto en la Administración Pública -paralizada hasta que los nuevos enchufados por el partido triunfante sustituyeran a los cesantes del turno anterior-, se decidió hacer inamovibles a los altos funcionarios, cualificados y especializados, que velarían por el interés público sin depender de los vaivenes políticos. El problema fue, y es, que esta continuidad necesaria se ha acabado extendiendo a casi cualquier colectivo que contrate la Administración, cualquiera que sea el cometido que se le encomienda, su rol dentro de la estructura burocrática y su cualificación.

Con razón las madres suspiran por que sus hijos metan la cabeza en alguno de los engranajes laborales del Estado: saben que puede ser para siempre. Ganarán menos dinero que en el sector privado, pero no corren el riesgo de ser despedidos. En términos de coste social, y más en tiempo de déficit grave, muchos empleos públicos no deberían ser para siempre, esa es la verdad.

El desconcierto del Gobierno

José Aguilar | 4 de febrero de 2010 a las 13:54

NO ganamos para sustos. Nos asustan los datos del paro, que desafían una y otra vez los augurios de brotes verdes, la idea de que lo peor ha pasado y otros optimismos de la voluntad. Nos asusta la fama que estamos adquiriendo de país poco fiable, con dificultades para pagar su deuda exterior porque no ingresa lo que debe ni ahorra lo que necesita para saldar la misma.

Nos asusta, sobremanera, el desconcierto en que parece estar sumido el Gobierno. Dan ganas de preguntarse a voces que quién maneja la barca que a la deriva nos lleva, como aquella canción aflamencada con la que nos estrellamos en Eurovisión. Los manijeros no dan una a derechas (ni a izquierdas, porque lo mismo amagan en una dirección que en la contraria, pero no concretan nada). Ya han asumido que estaban completamente equivocados en su diagnóstico sobre la crisis, pero de ahí no pasan. Las medidas que proponen y rechazan en cuestión de horas reflejan que tal vez no saben de verdad lo que quieren hacer. ¿Se puede tener a un país sumido en esta confusión?

La propuesta de retrasar progresivamente la edad de jubilación de los 65 a los 67 años, respaldada prácticamente por unanimidad por el comité federal del PSOE, ha durado unos días. Bastaron el amago de movilización de los sindicatos y el malestar ciudadano detectado -¿y qué esperaban, que aplaudiéramos con las orejas que nos recortasen el derecho a la pensión?- para que el Ejecutivo reculase con matizaciones y apelaciones al consenso. Ayer fue peor. Ayer nos desayunamos con otra medida de ajuste duro encaminada a reducir el insostenible gasto público: la elevación, desde los 15 años actuales a 25, del tiempo de cotización que se computa para calcular la cuantía de la pensión a percibir al final de la vida laboral. Favorece a una mayoría de trabajadores, que llegan a la edad de jubilación con salarios más elevados y cotizaciones igualmente más altas y regulares.

Ha durado horas. La iniciativa formaba parte del documento enviado a Bruselas, a la Comisión Europea, conteniendo un programa de estabilidad de la economía nacional para cumplir las exigencias de la UE en materia de reducción del déficit. Pues el párrafo ha sido eliminado nada más hacerse público, “dado que dicha simulación ha podido interpretarse como una propuesta concreta”, ha explicado el Gobierno. De modo que el Gobierno manda documentos oficiales con meras hipótesis de trabajo, simulaciones y ejemplos teóricos. Da la impresión de que quiere quedar bien con Europa, como paladín del ajuste, la solvencia y la seriedad, y quedar bien en España, negándose a recortar nada. Simulando.

Hay una acepción de la palabra desconcierto que viene al pelo: “Falta de gobierno y economía”. Está en el Diccionario.

Aguirre y el ‘hijoputa’

José Aguilar | 3 de febrero de 2010 a las 13:56

NOS fijamos en lo secundario y no en lo fundamental. La cáscara llamativa de las cosas no nos deja ver su esencia. Somos superficiales: nos parece escandaloso que una dirigente política, Esperanza Aguirre, llame hijoputa a un correligionario que no le agrada ni mucho ni poco, pero eso, realmente, ¿qué importancia tiene? Con un micrófono traicionero abierto cualquiera puede ser sorprendido en el uso de expresiones semejantes.

Todos procuramos distinguir el lenguaje íntimo o coloquial del lenguaje que se utiliza en público o en las relaciones sociales convencionales. Que levante la mano quien no haya llamado hijoputa o cabronazo a un tercero, e incluso al propio interlocutor, y a veces más como admiración que como insulto. Lo grave no es lo que dice Aguirre en el ámbito de una conversación privada con un amigo. Lo grave es lo que Aguirre hace en su actividad pública. Lo que viene haciendo desde hace mucho tiempo.

Fijémonos en el resto de la frase, no en el zafio sustantivo que ha servido para tapar lo sustancial: “Hemos tenido una inmensa suerte de poder darle un puesto a IU quitándoselo al hijoputa”. Lo que la lideresa madrileña reconoce, y así está grabado contra su voluntad, es que en las negociaciones para la renovación de cargos en Caja Madrid ha maniobrado con éxito para entregarle un cargo relevante a Izquierda Unida, que se encuentra en sus antípodas ideológicas, a costa de otro candidato de su propio partido, pero, ay, del sector hijoputa, que viene a ser el que está enfrentado a Aguirre y encabeza Alberto Ruiz-Gallardón.

El incidente revela como pocas veces ha sido revelada la gran verdad de que en la vida existen amigos íntimos, amigos, conocidos, adversarios, enemigos y… compañeros de partido, ubicándose estos últimos, obviamente, en el máximo grado de animadversión y odio posibles. No hay peor contrincante que el que se sienta en tu mismo pupitre, comparte tu misma ideología y milita en el mismo partido. Hasta prefiere favorecer a un rival político antes de que pueda salir ganando el compañero que le disputa el poder interno. Que es lo que enfrenta a Aguirre y Gallardón. Con razón se habla del cainismo de los partidos.

Una segunda reflexión: lo de Caja Madrid es sólo una muestra más de cómo las cajas de ahorros se encuentran perfectamente politizadas. Se han convertido en un botín más de la lucha partidista que se reparte entre los prohombres de los partidos -y de las distintas facciones de cada partido, ya se ve- y un instrumento más de control del sistema financiero y de la sociedad civil por parte de la política. Así se entiende que sus gestores sean tan reacios a las fusiones necesarias. Con ellas se pierden puestos, prebendas y poder.

Los derechos del copión

José Aguilar | 20 de enero de 2010 a las 12:38

SE ha armado una buena a cuenta de la Normativa Reguladora de la Evaluación y Calificación de las Asignaturas aprobada por la Universidad de Sevilla, concretamente del artículo que impide a los profesores expulsar del aula, y firmar el consecuente suspenso, al alumno que sea pillado in fraganti copiando en un examen.

Algunos colegas, asaz dispuestos a que la realidad no les arruine un buen titular, han traducido el reglamento con muy mala leche: la Universidad hispalense consagra el derecho a copiar en los exámenes, y procedido a la lapidación en tertulias y comentarios. No hay tal. Lo que la Normativa Reguladora etcétera -el nombrecito es enrevesado de cojones- establece es que la decisión del profesor que sorprende al estudiante copiando no sea ejecutiva, sino que tenga que informar del caso a una comisión paritaria profesores-alumnos, que decidirá sobre el caso tras oír a las partes y estudiar las posibles pruebas. Mientras, el estudiante gozará de la presunción de inocencia y podrá terminar el examen.

¿Ha acertado la Hispalense? Rotundamente no. Su reglamento ahonda en la línea de la inflación de derechos, sobre todo juveniles, a la que asistimos desde hace años, y merma la autoridad del docente. Creo, en efecto, que el profesor que vigila un examen está en ese momento investido de una autoridad moral y social que debería acarrear un plus de veracidad a sus manifestaciones (por ejemplo, a su denuncia de que ha cogido a un alumno haciendo trampas). Que tenga que ser él quien demuestre que el estudiante copia y el que aporte las pruebas y los testigos resulta un exceso. Hoy en día apenas se copia mediante la clásica chuleta. Se usan el móvil, el walkie talkie y otros artilugios modernos que no dejan huellas materiales que se puedan requisar y llevar a la comisión paritaria. Que el examen supuestamente fraudulento continúe como si no hubiera pasado nada, a la espera del dictamen de la comisión, suaviza objetivamente la gravedad de la falta cometida y favorece su normalización.

Sólo hay un aspecto en el que el reglamento tiene un pase: como mecanismo de protección de los alumnos ante posibles arbitrariedades e injusticias de sus examinantes. Se producen en determinadas ocasiones, porcentualmente escasas, pero suficientes para arbitrar una norma garantista. Ahora bien, esta eventualidad podría cubrirse manteniendo la potestad del profesor para suspender la prueba y expulsar al estudiante del aula y estipulando la reunión en breve plazo de la comisión citada en cuyas manos estaría la decisión definitiva. No se hace porque de lo que se trata es de universalizar derechos e inventarse otros nuevos, después de siglos de sometimiento, hasta el abuso, del estudiante al profesor.