Inmigrantes sin papeles

José Aguilar | 15 de enero de 2010 a las 13:42

LA decisión del Ayuntamiento de Vic, en la provincia de Barcelona, de rechazar el empadronamiento de los inmigrantes irregulares devuelve a la actualidad un problema irresuelto y refleja de modo abrupto nuestras contradicciones sobre el fenómeno migratorio, que son graves y con tendencia natural a crecer.

Durante los años de bonanza económica parecía que la integración sin estridencias de cientos de miles de inmigrantes no traería mayores dificultades: había empleo de sobra y los recién llegados se encargaban de los trabajos que los españoles no queríamos hacer, por incómodos, fatigosos o mal pagados. La euforia condujo incluso a teorizar que no importaba si la inmigración era controlada o irregular. Papeles para todos, se defendía.

Después se aprendió de las naciones de nuestro entorno que ya habían vivido el proceso con anterioridad y la política inmigratoria se fue haciendo más restrictiva, se cambió la Ley de Extranjería y se alzaron muros y controles fronterizos contra los indocumentados. Pero tampoco abrazamos la represión pura y dura ni queríamos que nos comparasen con la Italia de Berlusconi. Como si el Estado tuviera una mano derecha y una mano izquierda y la firme voluntad de que la una no supiera lo que hace la otra, la Ley de Extranjería ordena que todo inmigrante sin papeles sea repatriado tras un periodo de retención semicarcelaria, pero la misma norma establece que los ayuntamientos deben incorporar al padrón a los extranjeros con domicilio habitual en su municipio, sin especificar que hayan de estar regularizados.

Es importante, porque estando empadronados automáticamente se tiene derecho a la asistencia sanitaria y la escolarización, dos prestaciones esenciales que ayudan mucho al inmigrante a integrarse y querer permanecer en España. O sea, que se persigue al inmigrante irregular cuando intenta entrar y se le protege cuando ya está dentro tras haber burlado la ley. Y las dos políticas están justificadas: la primera, por el interés nacional de no convertir ciudades y pueblos en polvorines sociales en tiempos de crisis, y la segunda, por elementales motivaciones humanitarias. El orden y la solidaridad, el bienestar de los menos y la compasión de los más.

En éstas estábamos cuando el ayuntamiento nacionalista-izquierdista de Vic (el equipo de gobierno lo integran CiU, PSC y Esquerra Republicana) ha decidido frenar las ideas xenófobas del partido ultraderechista que tiene en su oposición… asumiendo parcialmente sus planteamientos. En febrero cerrará el empadronamiento a los irregulares. Vic dispone de una elevada población inmigrante y el trabajo ya escasea. Otros ayuntamientos en su misma situación actuarán igual. Nuestras contradicciones estallan.

Escándalo sexual en Irlanda

José Aguilar | 12 de enero de 2010 a las 17:58

EL primer ministro de Irlanda del Norte (Ulster), Peter Robinson, ha presentado la dimisión del cargo durante seis semanas -prorrogables- para mantenerse al margen de la investigación sobre el escándalo sexual que protagoniza su esposa, Iris, también diputada, que favoreció a su joven amante consiguiéndole 50.000 libras y la licencia para abrir un café.

No creo que seis semanas sean suficientes para que los irlandeses olviden un caso de película. Tiene todos los ingredientes para un buen filme: la señora fue amante de un vecino carnicero al que, en su lecho de muerte por cáncer, prometió cuidar de su hijo adolescente. Le cuidó con tanta dedicación y mimo que se convirtió en su amante, sin importarle que, por edad, podía ser su nieto. Un amor sin límites.

Lo malo, para ella, es que hubo algo más que sexo. Iris ayudó al hijo del carnicero utilizando sus cargos de diputada y concejala para allegar fondos de dos promotores inmobiliarios a fin de que pudiera montar su negocio de cafetería y para que se hiciera con la concesión municipal de explotación en un nuevo parque local. Ya no estamos, pues, ante la aventura privada de la mujer de un político relevante que les afectaría a ellos y a nadie más, sino ante el adulterio de una política en activo que, aparte de ponerle los cuernos a su poderoso marido, hace tráfico de influencias desde sus cargos públicos .

Hay otro elemento peliculero que le perjudica. Iris Robinson, protestante pentecostal de armas tomar, defensora de la tradición y el puritanismo, echaba mano de la Biblia con frecuencia, fuera para condenar a los homosexuales por abominables y repulsivos o para criticar a Hillary Clinton por haber perdonado las infidelidades de Bill, precisamente lo que ha hecho su esposo ahora con ella. Iris pregonaba una cosa y hacía la contraria. Si mal no recuerdo, eso se conoce como hipocresía. Suele ocurrir. Antonio Gala escribió hace años que el puritanismo y el desmadre son hermanos siameses unidos por la espalda. O por otro sitio.

Pero el asunto es de película incluso literalmente. Por uno de esos azares que la realidad busca para hacerse más sugestiva y fantástica, la ardiente consorte del primer ministro del Ulster toma el apellido de su esposo y se llama nada menos que Mrs. Robinson, exactamente igual que la protagonista de El graduado, una hastiada ama de casa norteamericana (Anne Bancroft) que seduce a un jovencito inexperto (Dustin Hoffman) mientras Simon y Garfunkel cantan “escóndelo en un sitio discreto, donde nadie lo encuentre, mételo en la despensa, con los bizcochos”.

Tampoco Mr. Robinson tiene medio pase. Escenificó que perdonaba a su esposa, pero solamente cuando se enteró que la BBC iba a hacer público el escándalo. Todo de cara a la galería.

Zapatero y los sabios

José Aguilar | 6 de enero de 2010 a las 20:14

EL mismo día en que se conocieron los datos escalofriantes del desempleo en España (casi cuatro millones de parados al acabar 2009, un millón creados durante el último año) Zapatero reunió al grupo de expertos que le asesorarán durante la presidencia española de la Unión Europea. Intercambiaron puntos de vista.

Está bien que lo haya hecho, aunque el sentido real del encuentro en La Moncloa invita a la melancolía. Después de anunciar solemnemente que el mandato español en la UE se centrará en impulsar la salida de la crisis (se supone que no con las recetas que ha aplicado a la economía nacional), ZP ha pedido consejo a los sabios. Habría sido más adecuado un asesoramiento con carácter previo, de modo que al llegar a presidir Europa ya hubiera digerido los dictámenes de los tres expertos y pudiese ponerlos en marcha de inmediato. Seis meses no dan para mucho, la verdad.

Por otra parte, es difícil sustraerse a la idea de que Zapatero le concede a su presidencia rotatoria más importancia de la que objetivamente le corresponde. Ello es así porque, tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, ya hay un presidente ejecutivo de la Unión Europea y una especie de ministro de Asuntos Exteriores de la UE, que querrán ocupar su sitio desplegando una intensa actividad. De hecho, el presidente Van Rompuy ha convocado una cumbre comunitaria acerca de la crisis. También funciona el presidente de la Comisión (Durao Barroso, apoyado por el Gobierno español). Entre uno y otro pueden lograr que la presidencia española se vea reducida a poco más que a coordinar reuniones y ejercer de anfitriona.

La composición del minigrupo da también para una conversación. No porque no sean valiosos sus componentes, que lo son, y mucho, sino por las circunstancias que concurren. Nada que objetar al octogenario Jacques Delors, una de las principales personalidades del europeísmo y paladín del euro. De Felipe González lo que se puede decir es que Zapatero ha rehuido siempre su compañía -salvo en las campañas electorales- y ha sido cortante con él cuando se han evidenciado discrepancias públicas. En cuanto a Pedro Solbes, ZP terminó aburriéndolo precisamente por no hacerle caso cuando llevaba la Vicepresidencia económica de su gobierno. De eso hace sólo unos meses. ¿No tendría que haberle escuchado más acerca de la política económica española que maneja personalmente en vez de llamarle ahora para que le aconseje sobre la economía europea, que no depende de él? Joaquín Almunia, también invitado y también disidente de Zapatero, no ha podido asistir.

Si este grupo de sabios no ha sido llamado para que Zapatero se fotografíe con ellos con cara de preocupación, lo parece mucho.

Tele sin anuncios

José Aguilar | 2 de enero de 2010 a las 13:46

EL anuncio de una tarjeta de crédito fue el último que emitió Televisión Española, inmediatamente antes de las dichosas doce campanadas. El último del año 2009 y el último de la historia de la televisión pública nacional (los barones territoriales aún dudan si seguir el ejemplo en sus respectivas cadenas autonómicas, como deberían).

¿Será el principio del fin de TVE? No tiene por qué. Cierto que se va a ver desposeída de unos 500 millones de euros de ingresos publicitarios al año, los mismos que vendrán muy bien a las emisoras privadas. Pero TVE no se queda en la miseria. Continuará recibiendo 550 millones anuales de los presupuestos del Estado, más lo que perciba por la comercialización de sus productos, más el porcentaje que obligadamente le aportarán las privadas, más las tasas por utilización del espacio radioléctrico, más las tasas de las empresas de telecomunicación. Un dinero.

Aunque he trabajado la mayor parte de mi vida profesional en medios de comunicación de propiedad particular, soy de los que piensan que una televisión pública es necesaria. También soy de los que piensan que para hacer posible esa necesidad la televisión pública tiene que reciclarse. No podía seguir ni un minuto más convertida en un pozo sin fondo (la deuda alcanzó el billón de pesetas), empeñada en ser una televisión generalista más, compitiendo en lo peor con las privadas y acudiendo a papá Estado -a los contribuyentes, en definitiva- para que la sacase de un atolladero financiero que siempre era más grave que ayer, pero menos que mañana.

La misión de los actuales directivos de TVE no es otra que la de transformar la penuria relativa en oportunidad de cambio. Tienen que repensar el modelo que ha venido aplicándose y redimensionar la empresa y sus funciones. Todo se resume -es más fácil explicarlo que practicarlo- en recobrar el espíritu con que en teoría nació TVE: un medio de servicio público. En él cabe una información plural sin comisariados políticos, el ámbito más propicio para el debate, la formación del espectador, el entretenimiento sin basura y la cultura sin compromisos comerciales. Hay seis canales en TVE para que la cadena justifique su existencia a un precio módico para el ciudadano (menos de catorce euros por año).

No hace ninguna falta que emita veinte horas al día, ni que puje por el deporte más caro, ni que tenga la plantilla más sobrecargada del dial ni que se obsesione si la audiencia baja del actual 16%. Su única obsesión ha de ser ofrecer a los españoles calidad, servicio y neutralidad. La amputación de una de sus fuentes de ingresos, lejos de anunciar su agonía, debería prologar un renacimiento como la cadena con la que los ciudadanos se sienten mejor representados.

Menos códigos éticos y más voluntad

José Aguilar | 23 de diciembre de 2009 a las 12:23

¿CUÁNTOS códigos éticos hacen falta para que la ética resplandezca en el funcionamiento de los partidos políticos? ¿Cuántas normas se necesitan para que la corrupción sea extirpada de raíz cuando se produce, ya que evitarla de antemano parece incompatible con la frágil condición del hombre y con la perversa condición del poder?

Todas las leyes y todas las reglas de buena conducta del cargo público y del militante que se han aprobado ya o vayan a aprobarse en el futuro serán insuficientes si no existe la firme voluntad de aplicarlos a rajatabla. ¿Firme y a rajatabla? Eso quiere decir que nunca ni con nadie se harán excepciones, que sus compromisos y cláusulas serán de observancia general y que los incumplimientos tendrán consecuencias, caiga quien caiga.

Ya las leyes aprobadas en el Congreso y en los Parlamentos autonómicos contienen un importante arsenal de prohibiciones y cortapisas a los cargos públicos, aunque siempre se pueden mejorar (la ambición y la picaresca nunca descansan). También los partidos han ido completando los códigos anticorrupción, generalmente a golpe de escándalos. El PSOE tiene uno, también lo tiene Izquierda Unida y el PP ya se dotó de otro en 1993. Ahora, impelido por las consecuencias del caso Correa, Rajoy ha hecho aprobar a la dirección nacional del PP un Código de Buenas Prácticas que obliga a los militantes a rechazar según qué regalos y a adjudicar por contrato público la publicidad, los viajes y las campañas electorales del partido. Nunca está de más.

Ahora bien, como si la realidad se hubiese empeñado en darme la razón, el mismo día en que el PP lanzaba a bombo y platillo su código un militante popular se hacía con la Alcaldía de Arrecife, la capital de Lanzarote, mediante una moción de censura contra el alcalde socialista que respaldaron siete ediles del Partido de Independientes de Lanzarote. Entre ellos, dos en libertad provisional por su implicación en una trama corrupta de empresarios, concejales y funcionarios. El nuevo alcalde no es ningún quídam desconocido, sino Cándido Reguera, diputado nacional del Partido Popular, que se codea todas las semanas con Rajoy y demás compañeros impulsores del Código de Buenas Prácticas.

Y a eso iba yo. Por motivos sectarios y por ansia de acumular poder, las cúpulas de los partidos -no sólo el PP, naturalmente- siempre están dispuestas a hacer la vista gorda ante un incumplimiento de sus códigos éticos, e incluso de las leyes generales, si de ese incumplimiento se deriva la conquista o el mantenimiento de una Alcaldía o el logro de una mayoría parlamentaria. Con la corrupción hacen lo mismo que con el transfuguismo. No es cuestión de códigos.

Contra los fumadores

José Aguilar | 16 de diciembre de 2009 a las 12:26

ESTOY totalmente de acuerdo con mi compañero Carlos Colón: aplaudo las medidas que se tomen para ayudar a los fumadores a desistir de su hábito y para garantizar la salud de los no fumadores. Disiento de él cuando afirma que “agradecería que existieran bares y restaurantes sólo para fumadores”. Yo más bien exigiría que existan estas reservas para tal especie en vías de extinción.

   Ya se veía venir que Trinidad Jiménez no iba a parar hasta quitarnos del tabaco, incluso a aquellos a los que un paquete nos puede durar una semana. No han pasado cuatro años desde que entró en vigor la ley antitabaco de Bernat Soria y la ministra de Sanidad ya ha confirmado que va a reformarla. Para endurecerla, claro. En 2010 se prohibirá fumar en todos los espacios públicos cerrados, locales de ocio y restaurantes (se podrá hacer en las terrazas y plazas de toros, menos mal). La ley seca en materia de nicotina, vía libre al consumo de alcohol.

   Esta revisión va a perjudicar a todos aquellos empresarios de la hostelería y el ocio que realizaron obras en sus locales para adaptarlos a la legislación vigente y dedicar una zona a los adictos al tabaco; van dados si tienen la esperanza de que el Gobierno les indemnice por cambiar la ley que él mismo impulsó. No es eso lo peor desde el punto de vista colectivo. Lo peor es que el afán prohibicionista de los gobernantes -que no merma para nada el afán recaudatorio: se mantienen, cuando no se aumentan, los impuestos sobre actividad tan nociva como fumar-, que se evidencia acumulativo e insaciable, supone en algunas circunstancias una intromisión insoportable en la vida y los derechos de las personas. Se insiste autoritariamente en salvar a quienes no desean ser salvados.

   Vayamos a esas circunstancias. Si el Estado protege con todos los medios a su alcance la salud de los no fumadores frente a la agresión de los fumadores, no hay nada que objetar. Es decir, volver a la situación anterior de que el vicio de unos pocos dañe la salud de muchos sería intolerable, regresivo e injusto. Pero, ¿por qué el Estado tiene que impedir coactivamente que unos individuos adultos acudan de manera libre y voluntaria a unos locales, a fumar como descosidos en unión de otros con la misma adicción, y sabiendo todos que se están envenenando? ¿A quién perjudican más que a sí mismos? Que dejen a los dueños de bares, tabernas, cafeterías y restaurantes elegir si abren establecimientos donde se pueda fumar o donde no se pueda fumar, y que sea la clientela respectiva, mayor o menor, la que decida en última instancia si hacen más o menos negocio. Descuiden: si no son rentables, los que permitan fumar irán cerrando solos.

   Dice Trini Jiménez que hay un amplio consenso sobre las nuevas prohibiciones tabáquicas. Una vez más estoy en minoría.

Cataluña y la independencia

José Aguilar | 15 de diciembre de 2009 a las 12:20

LOS mal llamados referendos sobre el derecho a decidir que se celebraron en 166 poblaciones catalanas el domingo pasado consiguieron el objetivo más preciado por sus organizadores: la propaganda del independentismo.

   Les daba igual estar incapacitados jurídicamente para convocar la consulta, dejar votar a los inmigrantes y a los adolescentes de dieciséis años, carecer de interventores independientes para controlar que el voto fuera individual (y por una sola vez) y constatar que la participación no pasó del 30%, por debajo de la del Estatut que les parece tan insuficiente. Lo que les importaba era estar en los periódicos y telediarios de Europa con un simulacro de referéndum para un simulacro de autodeterminación de un simulacro de pueblo oprimido. Eso lo consiguieron de sobra.

   El éxito les animará a plantear nuevos desafíos, extender las consultas al resto de las ciudades y pueblos y, ante la actitud de displicencia pasiva del principal partido de gobierno (el Partido de los Socialistas de Cataluña), configurar una amplia minoría chillona a favor de la independencia, que ya está sopesando en qué momento propondrá un referéndum general que pase por encima de la legalidad constitucional. Creo que el error de los no independentistas es centrarnos sólo en la pura defensa de la Constitución como dique. Si el Tribunal Constitucional echa para atrás las bases identitarias del Estatut, la cúpula de CiU y, por supuesto, ERC se saldrán de la vía constitucional por inservible, y el referéndum será convocado para que la desafección de la que hablan hoy pueda transformarse en ruptura.

   Antes de que esto ocurra lo que conviene no es negarse a ver la dimensión exacta de lo que se prepara, sino ir explicando a los ciudadanos catalanes las consecuencias de la alegre fiesta de la independencia. Hay que hablar, ya mismo, de las dificultades de Cataluña para incorporarse a una Europa poco partidaria de alterar las fronteras, los efectos negativos de la hostilidad inevitable de una España desairada por Cataluña, la escasa proyección internacional de un pequeño país de siete millones de habitantes -por desarrollado que sea-, los obstáculos para vender en un mercado español tentado de boicots y con muchas alternativas para su consumo… Me gustaría conocer qué piensan de estas cosas los empresarios de Cataluña más emprendedores, las cámaras de comercio, los sindicatos y todos aquellos que han construido una sociedad rica por abierta, cosmopolita, con inmigración abundante y trabajadora, orgullosa de que su identidad sea respetada en España sin necesidad de que la diferencia sirva para el aislamiento y la separación.

   Este debate no debe ocultarse ni postergarse. Vayamos al fondo.

El aborto de las menores

José Aguilar | 11 de diciembre de 2009 a las 12:44

EL próximo jueves el pleno del Congreso de los Diputados aprobará la reforma de la ley del aborto. Como ya indiqué, las útimas dudas sobre el futuro de esta norma se despejaron el día en que el PNV decidió, rompiendo su tradición, que no dejaría libertad de voto a sus diputados, sino que todos ellos aceptarían la ley de plazos con determinadas condiciones.

   Lo que el PNV pedía -y el PSOE ha aceptado, lo que hizo posible que la Comisión de Igualdad del Congreso diera ayer luz verde al dictamen de la ley- se refiere a la regulación de la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios, el respeto a las competencias autonómicas y, sobre todo, la obligación de que las menores de edad, entre 16 y 18 años, informen de su decisión de abortar a al menos uno de sus padres, tutores u ostentadores de la patria potestad sobre las mismas. La decisión, en todo caso, seguirá siendo de las menores embarazadas, dentro de las primeras 14 semanas de gestación.

   No obstante, según pactaron también socialistas y nacionalistas vascos, este deber de comunicar a sus mayores la voluntad de abortar tendrá una excepción: no tendrán que hacerlo cuando aleguen fundadamente que hablarlo con ellos supondría “un peligro cierto de violencia intrafamiliar, amenazas, coacciones o malos tratos, o se produzca una situación de desarraigo o desamparo”. Estos motivos de excepcionalidad son tan variados y genéricos que no hace falta ser adivino para deducir en qué se van a convertir: en un coladero. Será parecido a lo que con la ley vigente es el supuesto del daño a la salud psíquica de la madre, cuyos efectos indeseados se dice querer evitar.

   Yo, que me declaro partidario de la ley de plazos para el aborto (de las adultas), no albergaba ninguna esperanza de que esta aparente concesión del Gobierno en la cuestión de las menores fuera a servir para restaurar la lógica y la racionalidad. ¿Que por qué? Por el pensamiento dominante. Con el sistema de valores que se inculca a los jóvenes y con la formación que se recibe en los institutos, está claro que todo lo que sea azuzar el sentido de la responsabilidad de los adolescentes está contraindicado. Se trata de todo lo contrario, de extender derechos sin deberes, de que nadie se haga cargo de las consecuencias de sus actos, de que ninguno/a pague por sus errores (por ejemplo, el de no usar conscientemente anticonceptivos, que pueden ser un incordio), de que ninguna frustración empañe la marcha triunfante de la juventud hacia una madurez que se promete, falsariamente, ajena a los problemas y conflictos.

   ¿Alguien pensaba que nuestros gobernantes iban a admitir que la muchacha embarazada tenga que pasar la vergüenza de decirle la verdad a sus padres? Que no sufran las criaturas, por Dios.

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Saharaui en huelga de hambre

José Aguilar | 9 de diciembre de 2009 a las 11:15

EL caso de la activista de los derechos humanos y la independencia del Sahara Aminatu Haidar se complica por momentos. Se complica, sobre todo, para ella misma, que es quien, tras más de tres semanas de huelga de hambre, está poniendo en grave peligro su vida, y quien se muestra firmemente dispuesta a inmolarse por la causa en la que cree.

   Ha expresado ante notario su voluntad de no ser alimentada a la fuerza cuando pierda la consciencia, e inmediatamente se ha abierto el debate sobre si el Estado está legitimado para mantener con vida a alguien que no quiere vivir (salvo que le concedan su reivindicación de volver al Sahara como saharaui). Médicos, juristas y políticos están divididos al respecto, aunque me parecen mayoritarios los que piensan que contra la voluntad individual libremente manifestada por una persona adulta, aun en situación extrema, no cabe intervención pública que la desoiga. Ningún testigo de Jehová puede recibir una transfusión de sangre forzosa ni aunque ésta sea imprescindible para salvarlo, y el caso de los presos no es comparable, por el deber de tutela y protección que la Administración penitenciaria ha contraído objetivamente con ellos.

   Se complica también para Marruecos, el origen último de este incidente. Privar a una persona de su pasaporte y del derecho elemental a viajar a su hogar y reunirse con los suyos pretextando una provocación (escribir “saharaui” en la casilla correspondiente a “nacionalidad” de un formulario aduanero) dice mucho de un régimen formalmente democrático, pero materialmente dominado por un monarca semiabsoluto. Aunque no parece que les preocupe mucho, la imagen internacional de los gobernantes marroquíes se consolida como pésima: la de unos déspotas que no respetan nada en su objetivo de anexionarse el Sahara como una provincia más. Ayer la ONU les señaló con el dedo como los únicos responsables de lo que está pasando.

   Y se complica para España, aprisionada por su mala conciencia ante el destino fatal de los saharauis y su pragmatismo con un vecino peligroso al que se le permite amenazar sin recato (inmigración, drogas, terrorismo). Estamos pagando el pecado original de haber colaborado con Marruecos en la deportación de Haidar -nunca debió entrar en territorio español indocumentada- y, encima, los sucesivos pagos ideados de buena fe y con lógica por el Gobierno, como el asilo político o la nacionalidad española, han sido rechazados por su beneficiaria, que ha optado por un numantinismo que quizás le conduzca a la muerte.

   No queda más que buscar aliados que presionen a Marruecos con más fuerza y capacidad que España. Ya con el reloj en contra.

Menores que pegan a sus padres

José Aguilar | 22 de septiembre de 2009 a las 19:07

EL fiscal general del Estado alerta: cada vez son más los adolescentes que pegan a sus padres. El año pasado 4.200 padres denunciaron a sus hijos menores de edad ante los tribunales. Parecen pocos, ya que hay en España más de tres millones de chicos y chicas entre 12 y 18 años.

En cualquier caso, los 4.200 suponen un 56% más que en el año anterior. Demasiados, y más porque no resulta gratuito pensar que son muchas más las agresiones que los padres no llegan a denunciar por vergüenza, por pudor o por temor. Se guardan para sí la humillación antes que judicializar el horror que viven dentro de sus hogares.

Lo sufren en silencio, como buena parte de las mujeres víctimas de la forma de violencia doméstica que la sociedad sí ha interiorizado ya, por fortuna, como mal a combatir colectiva e institucionalmente. También como la violencia de género, ésta de hijos e hijas contra padres y madres se ha revelado transversal: se producen casos en todas las clases sociales, de modo que no se trata de un fenómeno que tenga que ver con los niveles de renta y educación. No se puede atribuir a la desestructuración familiar.

Dejando aparte los episodios ocasionales, este tipo de agresiones proceden obviamente de muchachos malcriados. Malcriados por los padres, por la escuela, por la sociedad, y reveladores de un gran fracaso colectivo. Probablemente los padres que ahora sufren el maltrato se arrepienten de no haber sabido decir no a sus hijos cuando eran niños (he oído a José Antonio Marina que a las criaturitas hay que empezar a prohibirles cosas ¡a partir de los ocho meses!), de excederse en permisividad y de pasarse los primeros y decisivos años del hijo vulnerando el delicado sistema de recompensas y castigos –a favor de los primeros, claro– que está en la base de una buena educación.

Cuando padres y madres vienen a darse cuenta de lo equivocados que han estado, es demasiado tarde: los niños ya no son tan niños. Por no dar un cachete a tiempo son ellos los que reciben algo más que cachetes, y de las personas que más quieren, que duele mucho más. Todo padre debe esperar que su hijo, al crecer, se ponga Edipo y reniegue de él para afianzar su propia personalidad, pero éste es un problema puramente psicológico que el tiempo resuelve en la mayoría de los casos. En cambio, ninguno está preparado para que su hijo adolescente le torture anímicamente o le levante la mano de manera cotidiana.

Escuela y sociedad, por su parte, colaboran lo suyo en que la malcrianza juvenil se consolide, una por impotencia y la otra por la asunción de valores que son la negación del respeto, la autoridad y la consideración. Qué tiempos aquéllos en los que decíamos “eres más feo que pegarle a un padre”…