“Un ramo de flores en su ataúd”, ha dicho el abogado de Carmen Fernández sobre la sentencia del Tribunal Constitucional que obliga a la Junta de Andalucía a pagarle 1,7 millones de euros. Era la “compensación” por no devolverle a sus hijos, como sentenció la Audiencia de Sevilla.

Desgraciadamente Carmen murió hace dos meses. De cáncer. Ha penado con su vida un pecado que cometió en 1996. La Junta le retiró a sus hijos, Iván y Sara, por alcohólica.  Pero se rehabilitó y cuando quiso recuperarlos una maraña de jueces, funcionarios y padres de acogida se lo impidió.

Ha estado doce años pidiendo justicia, y hasta once resoluciones le dieron la razón. Para nada. La Audiencia terminó por decretar que Iván y Sara volvieran con ella, pero, a la vez, decidió que la vuelta era imposible por el bien de los hijos, dado el tiempo transcurrido.

¿Qué clase de Justicia es ésta? ¿El error de una persona da derecho al Estado a destrozar su vida para siempre? ¿O es que los pobres pueden ser despojados de sus hijos y mientras más tiempo pase menos conviene que se los devuelvan?

E difícil no indignarse ante este caso.