Del sumario que instruye Baltasar Garzón sobre los desaparecidos en la guerra civil y la dictadura franquista hay algo que me parece bien: la investigación de las fosas comunes en muchos pueblos y ciudades para que los muertos anónimos puedan ser identificados y sepultados dignamente por sus familiares (normalmente, los nietos).

Ahora bien, eso debería impulsarlo el Gobierno, de acuerdo con la ley de memoria histórica, y no un juez. El juez está para juzgar delitos, no para revisar la historia. En este caso los delitos han prescrito, quedaron cubiertos por la ley de amnistía de 1977, aparte de que sus autores, en uno y otro bando, han muerto o están muriendo. Han pasado setenta años de aquella atrocidad y removerla no tiene ningún sentido, a excepción, como digo, del derecho de algunos españoles a encontrar los restos de sus antesapasados, víctimas del odio, la venganza, la crueldad y otras formas del mal que la guerra sacó a flote.