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¿Copago sanitario?

José Aguilar | 22 de junio de 2010 a las 16:58

PRONTO se empezarán a repartir en los centros sanitarios las llamadas facturas-sombra mediante las cuales la Administración informará a cada paciente del coste que ha supuesto para las arcas públicas la operación a las que ha sido sometido y, en general, cuánto se ha gastado en cualquiera de los actos realizados para asegurar su derecho a la salud gratuita.

¿Es el primer paso para instaurar el copago sanitario? ¿Se va a comenzar a cobrar a los usuarios una parte de lo que el sistema sanitario ha invertido en ellos? La ministra del ramo, Trinidad Jiménez, dijo ayer expresamente que el copago no está en la agenda del Gobierno. Sabiendo cómo se las gasta el Gobierno a la hora de desdecirse, haríamos bien en no descartar nada. Además, en política “nunca jamás” quiere decir solamente “a día de hoy, no”.

De modo que, por el momento, las facturas-sombra persiguen exclusivamente hacer pedagogía: concienciar a los ciudadanos de que el sistema de sanidad, gratis para cada uno de ellos, supone un coste importante para todos en su conjunto como contribuyentes al erario público que son. Se trata de que la gente se entere no de lo que vale un peine, sino exactamente de lo que valen las intervenciones quirúrgicas, los ingresos hospitalarios, las urgencias y las medicinas. Sobre todo las medicinas, que constituyen un porcentaje enorme del gasto sanitario y, además, del gasto menos justificado en muchas ocasiones, dada la cantidad de abusos que se producen en su consumo (no sólo por voluntad de los enfermos, también por defectos de la propia organización sanitaria).

No veo yo por qué en este tiempo de austeridad y rigor en los presupuestos no se pueda racionalizar también el déficit de la sanidad. En otros países de nuestro entorno se cobran cantidades simbólicas por cada acto médico, se obliga a pagar por cada visita a un paciente ingresado en el hospital y se suministran los fármacos en la cantidad exacta que necesita cada tratamiento. Nada más que con estos pequeños cambios nos ahorraríamos un montón de millones (quizás más por el efecto disuasorio que por los ingresos mismos). La injusticia derivada de que estos recortes perjudicarían los más pobres se puede conjurar estableciendo un tope de renta por debajo del cual la gratuidad seguiría siendo absoluta. Nadie que lo necesite debe tener dificultad alguna para acceder a todas las prestaciones del sistema.

La política del “gratis cueste lo que cueste” ha causado graves problemas a las cuentas del Estado, y el más grave ni siquiera es económico, sino psicológico y cívico: nadie valora lo que no le cuesta nada. Y siempre es mejor hacer que paguen algo los que pueden (nunca los que no pueden) que irnos todos a la mierda.