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Menos códigos éticos y más voluntad

José Aguilar | 23 de diciembre de 2009 a las 12:23

¿CUÁNTOS códigos éticos hacen falta para que la ética resplandezca en el funcionamiento de los partidos políticos? ¿Cuántas normas se necesitan para que la corrupción sea extirpada de raíz cuando se produce, ya que evitarla de antemano parece incompatible con la frágil condición del hombre y con la perversa condición del poder?

Todas las leyes y todas las reglas de buena conducta del cargo público y del militante que se han aprobado ya o vayan a aprobarse en el futuro serán insuficientes si no existe la firme voluntad de aplicarlos a rajatabla. ¿Firme y a rajatabla? Eso quiere decir que nunca ni con nadie se harán excepciones, que sus compromisos y cláusulas serán de observancia general y que los incumplimientos tendrán consecuencias, caiga quien caiga.

Ya las leyes aprobadas en el Congreso y en los Parlamentos autonómicos contienen un importante arsenal de prohibiciones y cortapisas a los cargos públicos, aunque siempre se pueden mejorar (la ambición y la picaresca nunca descansan). También los partidos han ido completando los códigos anticorrupción, generalmente a golpe de escándalos. El PSOE tiene uno, también lo tiene Izquierda Unida y el PP ya se dotó de otro en 1993. Ahora, impelido por las consecuencias del caso Correa, Rajoy ha hecho aprobar a la dirección nacional del PP un Código de Buenas Prácticas que obliga a los militantes a rechazar según qué regalos y a adjudicar por contrato público la publicidad, los viajes y las campañas electorales del partido. Nunca está de más.

Ahora bien, como si la realidad se hubiese empeñado en darme la razón, el mismo día en que el PP lanzaba a bombo y platillo su código un militante popular se hacía con la Alcaldía de Arrecife, la capital de Lanzarote, mediante una moción de censura contra el alcalde socialista que respaldaron siete ediles del Partido de Independientes de Lanzarote. Entre ellos, dos en libertad provisional por su implicación en una trama corrupta de empresarios, concejales y funcionarios. El nuevo alcalde no es ningún quídam desconocido, sino Cándido Reguera, diputado nacional del Partido Popular, que se codea todas las semanas con Rajoy y demás compañeros impulsores del Código de Buenas Prácticas.

Y a eso iba yo. Por motivos sectarios y por ansia de acumular poder, las cúpulas de los partidos -no sólo el PP, naturalmente- siempre están dispuestas a hacer la vista gorda ante un incumplimiento de sus códigos éticos, e incluso de las leyes generales, si de ese incumplimiento se deriva la conquista o el mantenimiento de una Alcaldía o el logro de una mayoría parlamentaria. Con la corrupción hacen lo mismo que con el transfuguismo. No es cuestión de códigos.

Camps, un ‘amiguito’ en apuros

José Aguilar | 7 de julio de 2009 a las 11:33

TAMPOCO a los jueces se les otorga en este país la presunción de inocencia. En cuanto se supo que el instructor de la rama valenciana del caso Gürtel -de presunta corrupción de miembros del PP- iba a ser José Flors, a algunos les faltó tiempo para recordar que era amigo de Francisco Camps y había sido su consejero de Justicia. ¿Cómo iba Flors a empurar a su amigo y ex jefe?

Pues los malpensados, habituados a encasillar a los jueces por sus afinidades y a cuestionar su independencia de criterio, han pinchado esta vez en hueso. El magistrado del Tribunal Superior dictó ayer un auto mediante el cual ni archiva ni sobresee, sino que mantiene abierta la causa contra el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, su número dos en el PP regional, Ricardo Costa, y otros dos altos cargos, al encontrar “indicios racionales de delito” en su actuación. Las partes han sido citadas en el juzgado el próximo día 15.

De este modo, el amiguito del alma que enviaba mensajes telefónicos muy familiares a Álvaro Pérez, El Bigotes, el hombre de la trama corrupta en la Comunidad Valenciana (“Te quiero un huevo”), es ahora un amiguito en serios apuros. Ciertamente, de las diligencias judiciales han desaparecido todas las referencias a financiación ilegal del PP y tráfico de influencias, y el asunto ha quedado reducido a un presunto delito de cohecho (entre tres y seis meses de multa) definido en el artículo 426 del Código Penal: “La autoridad o funcionario público que admitiere dádiva o regalo que le fueren ofrecidos en consideración a su función o para la consecución de un acto no prohibido legalmente”.

A Camps se le investiga, pues, por un delito menor. Cada vez existen más indicios de que al presidente valenciano le regalaron varios trajes. Él los encargaba y se los probaba, pero los pagaban otros que, para su desgracia, eran directivos de empresas que obtenían contratos de su partido. Tal y como yo lo veo -y conste que puedo estar equivocado-, en estas prácticas no hay por parte de Camps un designio de aprovechamiento y delito, sino ese tipo de negligencia que comporta el poder para hacer más cómoda y agradable la vida de quien lo tiene. Quien manda tiende a instalarse en una burbuja en la que una corte de ayudantes y aduladores le resuelve los problemas de la cotidianeidad. No ha de preocuparse de los atascos del tráfico, ni de buscar aparcamiento, ni de llamar por teléfono, ni de guardar cola, ni de hacer la compra. Tampoco tiene que preguntarse el por qué de un regalo o la verdadera intención de alguna amistad sobrevenida o alguna insólita compañía que, al final, puede resultar mala compañía.

Así es fácil olvidar que el presidente de una comunidad debe ser su primer vigilante. Y pagarse sus trajes, siempre.