Archivos para el tag ‘déficit’

¿Copago sanitario?

José Aguilar | 22 de junio de 2010 a las 16:58

PRONTO se empezarán a repartir en los centros sanitarios las llamadas facturas-sombra mediante las cuales la Administración informará a cada paciente del coste que ha supuesto para las arcas públicas la operación a las que ha sido sometido y, en general, cuánto se ha gastado en cualquiera de los actos realizados para asegurar su derecho a la salud gratuita.

¿Es el primer paso para instaurar el copago sanitario? ¿Se va a comenzar a cobrar a los usuarios una parte de lo que el sistema sanitario ha invertido en ellos? La ministra del ramo, Trinidad Jiménez, dijo ayer expresamente que el copago no está en la agenda del Gobierno. Sabiendo cómo se las gasta el Gobierno a la hora de desdecirse, haríamos bien en no descartar nada. Además, en política “nunca jamás” quiere decir solamente “a día de hoy, no”.

De modo que, por el momento, las facturas-sombra persiguen exclusivamente hacer pedagogía: concienciar a los ciudadanos de que el sistema de sanidad, gratis para cada uno de ellos, supone un coste importante para todos en su conjunto como contribuyentes al erario público que son. Se trata de que la gente se entere no de lo que vale un peine, sino exactamente de lo que valen las intervenciones quirúrgicas, los ingresos hospitalarios, las urgencias y las medicinas. Sobre todo las medicinas, que constituyen un porcentaje enorme del gasto sanitario y, además, del gasto menos justificado en muchas ocasiones, dada la cantidad de abusos que se producen en su consumo (no sólo por voluntad de los enfermos, también por defectos de la propia organización sanitaria).

No veo yo por qué en este tiempo de austeridad y rigor en los presupuestos no se pueda racionalizar también el déficit de la sanidad. En otros países de nuestro entorno se cobran cantidades simbólicas por cada acto médico, se obliga a pagar por cada visita a un paciente ingresado en el hospital y se suministran los fármacos en la cantidad exacta que necesita cada tratamiento. Nada más que con estos pequeños cambios nos ahorraríamos un montón de millones (quizás más por el efecto disuasorio que por los ingresos mismos). La injusticia derivada de que estos recortes perjudicarían los más pobres se puede conjurar estableciendo un tope de renta por debajo del cual la gratuidad seguiría siendo absoluta. Nadie que lo necesite debe tener dificultad alguna para acceder a todas las prestaciones del sistema.

La política del “gratis cueste lo que cueste” ha causado graves problemas a las cuentas del Estado, y el más grave ni siquiera es económico, sino psicológico y cívico: nadie valora lo que no le cuesta nada. Y siempre es mejor hacer que paguen algo los que pueden (nunca los que no pueden) que irnos todos a la mierda.

ZP y el hábito de errar

José Aguilar | 26 de mayo de 2010 a las 12:23

DE sabios es rectificar, vale. Pero cuando el error es continuado y la rectificación se convierte en hábito estamos en presencia de un problema mayor, llámese improvisación, imprudencia o desconcierto. Se llame como se llame, constituye la peor receta para dar confianza a un país que la precisa con urgencia.

Sin remontarnos al origen de la crisis y el empecinamiento en negarla, el Gobierno ha anunciado el recorte social más drástico que se recuerda una semana después de reafirmar que nunca lo haría. Y no dimite nadie. Por qué, se defiende, si no es el presidente el que ha cambiado, sino las circunstancias. Como si las circunstancias fueran un meteorito que ha caído sobre nuestras cabezas por sorpresa, como si los gobernantes no pudieran preverlas, modificarlas o hacerles frente.

Poco después del tijeretazo, el domingo pasado, Zapatero se hace aclamar por alcaldes socialistas de toda España y el muy pillín les oculta la noticia que más les puede afectar en su gestión cotidiana: que el decreto antidéficit cierra el grifo financiero a los ayuntamientos, prohibiéndoles que soliciten créditos para sus inversiones desde este momento y hasta 2012. Está en el Boletín Oficial del Estado publicado el día siguiente. Bueno, estaba, porque la indignación de muchos alcaldes -y la presión de Convergencia i Uniò- le hizo comprender la barbaridad de abortar las obras públicas previstas incluso para el presente ejercicio. De hecho, varios ayuntamientos y diputaciones convocaron plenos urgentes en la misma noche del lunes para autorizar préstamos bancarios a toda prisa. Al final, el decreto que imponía la limitación crediticia “desde la entrada en vigor de la presente norma” se corrigió para que rigiese “a partir del 1 de enero de 2011 y hasta el 31 de diciembre de 2011″. Siete meses de prórroga.

Un simple error, dice Elena Salgado desde Bruselas. ¿Quién la puede creer? Si la creemos es aún peor. Significaría que el Gobierno es tan chapucero que no piensa en las consecuencias de sus decisiones en una materia tan sensible como el funcionamiento de las corporaciones locales. Sabiendo cómo andan los ayuntamientos, esta equivocación delimita la diferencia entre seguir medio tirando hasta agotar los agujeros del cinturón presupuestario o entregarle las llaves de los consistorios directamente a Zapatero. Con un lacito y una dedicatoria: hazte cargo tú, José Luis, que presumes de tener la suerte de cara desde tiempos inmemoriales.

Ni Felipe ni Aznar llegaron al final de sus hegemonías en estas condiciones. Cayeron víctimas de sus errores, pero sin ofrecer nunca este espectáculo de caos, desorientación y desbordamiento. Carecían de talante, sí, pero no de solidez y firmeza.

Griñán y los funcionarios

José Aguilar | 16 de febrero de 2010 a las 12:32

A dos meses de cumplir su primer aniversario como presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán sigue escribiendo una sinfonía incompleta. La música suena bien y es armoniosa, pero la letra no le acompaña.

Apunta maneras de cambio y modernidad, pero de momento no ha rematado nada.

Nos ilusionó cuando dijo que hacía falta una Administración más descentralizada, con menos órganos y más eficiencia, pero continuamos en las mismas. Del comité de expertos que prometió para analizar la cuestión y proponer la consiguiente dieta de adelgazamiento nunca más se supo. Ahora ha vuelto a la cuestión con una frase rotunda: la Junta no necesita más funcionarios porque no es posible mantener ese gasto.

Vuelve a levantar expectativas esperanzadoras entre los ciudadanos, salvo entre los que son funcionarios (ahí lo que levanta es malestar) y aquellos otros que aspiran a serlo y preparan oposiciones (ahí, incertidumbre). Veremos en qué queda una reforma que se ha anunciado una y otra vez desde los albores de la autonomía y nunca ha pasado del papel o de las buenas intenciones. El empleo público se va a recortar este año y las retribuciones de los funcionarios están hace tiempo congeladas en la práctica. No es suficiente. Como cualquier empresa, la Junta de Andalucía, que es la única superempresa de esta región, tiene que ganar en eficiencia y productividad. Evaluar su rendimiento debería ser práctica común, como hizo Finlandia hace más de treinta años (gracias al lector Juan López-Bonet, por recordármelo) y como hoy plantea Cataluña.

Creo que hay un equívoco en torno a la burocracia pública. La profesionalización y fijeza del funcionariado fue un avance: para evitar que cada cambio de gobierno provocase un terremoto en la Administración Pública -paralizada hasta que los nuevos enchufados por el partido triunfante sustituyeran a los cesantes del turno anterior-, se decidió hacer inamovibles a los altos funcionarios, cualificados y especializados, que velarían por el interés público sin depender de los vaivenes políticos. El problema fue, y es, que esta continuidad necesaria se ha acabado extendiendo a casi cualquier colectivo que contrate la Administración, cualquiera que sea el cometido que se le encomienda, su rol dentro de la estructura burocrática y su cualificación.

Con razón las madres suspiran por que sus hijos metan la cabeza en alguno de los engranajes laborales del Estado: saben que puede ser para siempre. Ganarán menos dinero que en el sector privado, pero no corren el riesgo de ser despedidos. En términos de coste social, y más en tiempo de déficit grave, muchos empleos públicos no deberían ser para siempre, esa es la verdad.