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Menores y delitos

José Aguilar | 22 de julio de 2009 a las 11:31

PODEMOS estar de acuerdo en que no es bueno legislar a golpe de noticia. Sucesos tan aberrantes como las violaciones de Baena e Isla Cristina, cometidas por unos menores sobre unas menores, generan una lógica alarma social que, de forma automática, impulsa a cambiar la legislación y promover reformas penales. Es preferible que los cambios, si proceden, se hagan tras un debate serio, profundo y en frío.
   Pero a condición de que el enfriamiento no suponga la espera del olvido. Entre otras cosas, porque los delitos violentos de menores, y aun de menores de la edad penal vigente (14 años), crecen sin cesar, como ha declarado el fiscal jefe de Córdoba y atestiguan otros colegas suyos. De seguir la tendencia, nunca habrá un tiempo sin que la sociedad reciba el impacto de un crimen tan detestable y se perciba indefensa o escasamente defendida. De modo que el debate se impone como imprescindible para que la falta de debate no acabe traduciéndose en indiferencia.
   También podemos coincidir en que la finalidad de la pena, además de punitiva, ha de ser la rehabilitación y reinserción del delincuente. Lo dice la Constitución. Más aún cuando el delincuente es un menor, en trance de formación de su personalidad y proclive a cometer errores todavía reversibles. Este principio, sin embargo, debe tener límites. El principal, según creo yo, que no ha ser pretexto para la impunidad. La protección del menor se ha estado malversando continuamente en este país. Todo el mundo -y la Policía, más- conoce casos en los que una banda de malhechores se confabula para asignar la máxima responsabilidad de sus delitos a un menor, a sabiendas del poco castigo que le aguarda.
   Tiene que haber, seguro que la hay, una posición intermedia, jurídicamente objetivable, entre meter varios años en la cárcel a un chaval por un error de juventud para que se estropee del todo y dejarle libre y que la impunidad le dé alas para reincidir, y con más gravedad. Esto ha de valer también para aquellos menores de 14 años convertidos en delincuentes precoces y autores de, por ejemplo, violaciones o asesinatos. Es monstruoso pensar que pueda haberlos, pero el caso es que los hay (por eso estamos hablando de Isla Cristina y Baena), y si los hay es un error colectivo mandarlos a sus casas, con unos padres que no han sabido o podido educarles para que no hagan lo que han hecho o, simplemente, para que sean conscientes de que aquello estuvo mal. ¿Qué futuro les espera si no reciben un reproche social, el que sea, por su conducta? ¿Y qué futuro espera a sus víctimas, que de eso hablamos poco?
   De acuerdo que esta enfermedad tiene su origen en una educación deficiente o errónea desde la familia y desde la infancia, pero supongo que nadie pretenderá que esperemos a la solución de la crisis educativa para afrontar este horror que se repite.

Mari Luz quedó indefensa

José Aguilar | 28 de marzo de 2008 a las 12:07

Es escandaloso el fallo del Estado en el caso de Mari Luz. Con todo su aparato judicial y policial no ha impedido que el presunto agresor estuviera en la calle, a pesar de sus dos condenas pendientes por abuso de menores, incluyendo su propia hija.

De esto escribo en mi columna de hoy. Si los servidores públicos hubieran cumplido con su deber, quizás Mari Luz seguiría con vida.

Hay otro asunto aún no debatido: ¿qué se hace con este tipo de delincuentes especialmente dañinos y reincidentes? ¿Acaso la sociedad debe resignarse a su presencia cotidiana, como si fueran presos normales que ya han pagado su castigo y pueden reinsertarse?