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A Marta la mataron

José Aguilar | 15 de febrero de 2009 a las 13:24

Esta vez las sospechas eran fundadas. El padre de Marta del Castillo, la joven sevillana de diecisiete años que desapareció de su casa hace tres semanas, siempre había sostenido, en estos veintiún días de sufrimiento y zozobra, que su hija no se había fugado y que su ex novio tenía algo que ver en su ausencia.

No se basaba sólo en un dolor de padre que necesita explicaciones y detalles para sustentar un hilo de esperanza en medio de la congoja arrasadora. Sospechaba de Miguel C. D. porque había mantenido hace un año con la chica una relación sentimental que la hacía llorar con frecuencia, de esas que padres y madres resumen en una frase que es a la vez súplica y exigencia: “No te conviene”. También, porque fue la última persona conocida, aparte de sus familiares, que la vio con vida, ya que la acompañó hasta su domicilio la noche del 24 de enero. Y porque, en las primeras horas de angustia tras la desaparición, él mismo llamó a sus amigos para preguntar qué sabían de ella y encontró un Miguel C. D. extrañamente frío y distante, como si aquello no le afectara.

Seguramente la Policía también albergó desde el principio las mismas dudas sobre el ex novio. Incluso ha sido criticada por haber tardado tanto tiempo en detenerlo. Injustamente: es más importante inculpar a alguien cuando se tengan indicios sólidos sobre su culpabilidad que precipitar una inculpación basada en simples sospechas insuficientes para desmontar coartadas y derrumbar al declarante. Lo primero es lo que han hecho los investigadores. Han esperado a que las contradicciones de Miguel acerca de sus actividades de la noche de autos y las pesquisas realizadas en su entorno llevaran a la conversión de la hipótesis en acusación y el interrogatorio en confesión. Las recientes manifestaciones del delegado del Gobierno dando fiabilidad a una llamada telefónica que situaba a Marta, viva, en una provincia limítrofe apuntan ahora a una maniobra de distracción, quizás encaminada a confiar al culpable.

Miguel C.D., un muchacho de veinte años, miembro de una familia desestructurada, ha confesado finalmente que mató a Marta golpeándola en el transcurso de una violenta discusión, la misma noche en que desapareció, y la arrojó desde un puente sobre el Guadalquivir con la ayuda de un amigo, también detenido. Cuando escribo es cuestión de horas o de días que aparezca el cuerpo de Marta, que no se fugó de su casa, sino que fue víctima de la agresión de alguien a quien quiso siendo una adolescente llena de vida y, como todos, desprevenida ante el acecho del mal y las turbulencias de los amores de la edad temprana.

Lo que queda es una familia destrozada, con el solo consuelo, escaso, de la solidaridad masiva y el conocimiento de lo que pasó.

Garzón y la guerra civil

José Aguilar | 19 de octubre de 2008 a las 12:52

Del sumario que instruye Baltasar Garzón sobre los desaparecidos en la guerra civil y la dictadura franquista hay algo que me parece bien: la investigación de las fosas comunes en muchos pueblos y ciudades para que los muertos anónimos puedan ser identificados y sepultados dignamente por sus familiares (normalmente, los nietos).

Ahora bien, eso debería impulsarlo el Gobierno, de acuerdo con la ley de memoria histórica, y no un juez. El juez está para juzgar delitos, no para revisar la historia. En este caso los delitos han prescrito, quedaron cubiertos por la ley de amnistía de 1977, aparte de que sus autores, en uno y otro bando, han muerto o están muriendo. Han pasado setenta años de aquella atrocidad y removerla no tiene ningún sentido, a excepción, como digo, del derecho de algunos españoles a encontrar los restos de sus antesapasados, víctimas del odio, la venganza, la crueldad y otras formas del mal que la guerra sacó a flote.