Es escandaloso el fallo del Estado en el caso de Mari Luz. Con todo su aparato judicial y policial no ha impedido que el presunto agresor estuviera en la calle, a pesar de sus dos condenas pendientes por abuso de menores, incluyendo su propia hija.

De esto escribo en mi columna de hoy. Si los servidores públicos hubieran cumplido con su deber, quizás Mari Luz seguiría con vida.

Hay otro asunto aún no debatido: ¿qué se hace con este tipo de delincuentes especialmente dañinos y reincidentes? ¿Acaso la sociedad debe resignarse a su presencia cotidiana, como si fueran presos normales que ya han pagado su castigo y pueden reinsertarse?