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Sobre la huelga

José Aguilar | 9 de junio de 2010 a las 11:22

NADA nuevo bajo el sol. Aquí pasó lo de siempre: los sindicatos convocantes de la huelga de funcionarios de ayer calcularon un seguimiento del 75% y el Gobierno lo dejó en apenas un 11% (excluidos los servicios mínimos). Una distancia abismal, la que media entre el éxito y el fracaso.

Más allá de la guerra de cifras, el triunfo de una convocatoria de huelga puede medirse por sus efectos en la vida cotidiana de los ciudadanos. Si la gente ve alterada su normalidad, sufre algún tipo de molestias e incomodidades o no recibe determinados servicios habituales, es que la huelga ha sido exitosa y quienes la convocan se han apuntado un tanto.

No ha sido el caso. Al no haberse registrado alteraciones sustanciales en centros sanitarios y colegios, no paralizarse el transporte público ni dejar de emitir las televisiones, los españoles han vivido una jornada como otra cualquiera, sin que el enorme malestar del funcionariado con el recorte salarial decretado por el Gobierno se haya traducido en una protesta generalizada con consecuencias para la población. Porque el malestar existe, y fuerte. Los funcionarios se sienten maltratados por una opinión pública que les ha endosado una pésima imagen colectiva y por unos gobernantes que han roto sus compromisos escritos con ellos y que los han utilizado como la carne de cañón más a mano para sus sobrevenidas necesidades de reducción del déficit.

La tónica del día en las oficinas de la Administración ha sido ésta: solamente han faltado al trabajo los sindicalistas y pocos más (las manifestaciones, por el contrario, han sido muy nutridas). ¿Por qué? Muchos han dicho explícitamente que, con sueldos que no son nada del otro mundo, no estaban dispuestos a pagar su protesta con los descuentos correspondientes a final de mes. Otro argumento esgrimido ha sido que las centrales sindicales les han defraudado con su idilio de los últimos tiempos con el Gobierno, sus subvenciones y su cohorte de liberados. Al fondo de estas quejas está la pérdida de credibilidad de los sindicatos, de los que se desconfía abiertamente.

Así las cosas, cabe preguntarse qué pasará si, finalmente, se llama a la huelga general a finales de mes, una vez que el Ejecutivo apruebe la reforma laboral que flexibilizará el despido. Da la impresión de que los sindicatos se van a ver abocados a convocar la huelga, que ellos mismos han vinculado a dicha reforma, a sabiendas de que el Gobierno ya no puede dar marcha atrás en el ajuste duro y conscientes del riesgo de cosechar un gran fracaso, después del cual ya no les quedará margen de maniobra alguno.

Mientras, se anuncia una subida de la luz del 4% (más IVA).

Zapatero contra Zapatero

José Aguilar | 13 de mayo de 2010 a las 16:58

A excepción del día en que ETA dinamitó la tregua en la T-4 de Barajas a las pocas horas de haber declarado Zapatero que la paz estaba más cerca, no creo que el presidente del Gobierno haya pasado por un trance más amargo que el de ayer en el Congreso de los Diputados. Fue la jornada en que Zapatero se negó a sí mismo.

No una vez, sino nueve veces: tantas como medidas de ajuste anunció para reducir el déficit público en la medida en que le han exigido la Unión Europea y, al final, incluso Obama. Es una de las lecciones de esta crisis. La interdependencia económica es tan estrecha e intensa que ningún país puede actuar -o dejar de hacerlo- por su cuenta. No se ayuda a Grecia porque los griegos nos caigan bien, sino porque nos interesa que no se arruinen más de lo que están. No se insta a España a hacer los deberes por capricho o injerencia, sino porque si no los hace perjudicará también a Alemania, Francia y demás socios.

Cada medida era un clavo más en el ataúd de su optimismo irredento, que ha fallecido una mañana de mayo de muerte natural. ¡Con lo que le disgusta a Zapatero dar malas noticias y pedir sacrificios! Hace sólo una semana rechazaba un recorte drástico del déficit por ser un obstáculo para el crecimiento económico. Ayer optó por retrasar el crecimiento para frenar el camino hacia la bancarrota. No parece una mala elección, dadas las circunstancias.

Éste ya no va a ser el Gobierno milagroso que saque a España de la recesión sin recortar los derechos sociales. Ojalá que la saque, pero en cualquier caso lo logrará imponiendo sacrificios, tomando decisiones impopulares y liberándose de tutelas sindicales. Bajar el sueldo, un 5% de media, a los funcionarios y empleados públicos (dos millones y medio de personas), vulnerando un pacto; congelar las pensiones, salvo las mínimas y las no contributivas; eliminar el cheque bebé de 2.500 euros por cada nacimiento, lo mismo en un palacio que en una chabola; eliminar la retroactividad en el cobro de la prestación por la ley de dependencia; bajar la ayuda oficial al desarrollo y la inversión pública estatal son, en efecto, medidas impopulares, que sacrifican las rentas de muchas personas y molestan profundamente a los sindicatos. (Paréntesis: no sé cómo va a obligar el Gobierno a ayuntamientos y autonomías a un ahorro adicional de 1.200 millones, que es la novena medida).

Ante un Zapatero arrepentido, Rajoy tendrá que cambiar el discurso. Ayer se limitó a decir que si ZP le hubiera hecho caso a tiempo no habría tenido que acometer un ajuste tan duro, lo cual es, desde ayer, irrelevante, y a esbozar una alternativa que él mismo sabe que no es tal. Tendrá que apoyar a este Zapatero, que ya no es el Zapatero de la semana pasada. Acierta cuando rectifica.

Griñán y los funcionarios

José Aguilar | 16 de febrero de 2010 a las 12:32

A dos meses de cumplir su primer aniversario como presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán sigue escribiendo una sinfonía incompleta. La música suena bien y es armoniosa, pero la letra no le acompaña.

Apunta maneras de cambio y modernidad, pero de momento no ha rematado nada.

Nos ilusionó cuando dijo que hacía falta una Administración más descentralizada, con menos órganos y más eficiencia, pero continuamos en las mismas. Del comité de expertos que prometió para analizar la cuestión y proponer la consiguiente dieta de adelgazamiento nunca más se supo. Ahora ha vuelto a la cuestión con una frase rotunda: la Junta no necesita más funcionarios porque no es posible mantener ese gasto.

Vuelve a levantar expectativas esperanzadoras entre los ciudadanos, salvo entre los que son funcionarios (ahí lo que levanta es malestar) y aquellos otros que aspiran a serlo y preparan oposiciones (ahí, incertidumbre). Veremos en qué queda una reforma que se ha anunciado una y otra vez desde los albores de la autonomía y nunca ha pasado del papel o de las buenas intenciones. El empleo público se va a recortar este año y las retribuciones de los funcionarios están hace tiempo congeladas en la práctica. No es suficiente. Como cualquier empresa, la Junta de Andalucía, que es la única superempresa de esta región, tiene que ganar en eficiencia y productividad. Evaluar su rendimiento debería ser práctica común, como hizo Finlandia hace más de treinta años (gracias al lector Juan López-Bonet, por recordármelo) y como hoy plantea Cataluña.

Creo que hay un equívoco en torno a la burocracia pública. La profesionalización y fijeza del funcionariado fue un avance: para evitar que cada cambio de gobierno provocase un terremoto en la Administración Pública -paralizada hasta que los nuevos enchufados por el partido triunfante sustituyeran a los cesantes del turno anterior-, se decidió hacer inamovibles a los altos funcionarios, cualificados y especializados, que velarían por el interés público sin depender de los vaivenes políticos. El problema fue, y es, que esta continuidad necesaria se ha acabado extendiendo a casi cualquier colectivo que contrate la Administración, cualquiera que sea el cometido que se le encomienda, su rol dentro de la estructura burocrática y su cualificación.

Con razón las madres suspiran por que sus hijos metan la cabeza en alguno de los engranajes laborales del Estado: saben que puede ser para siempre. Ganarán menos dinero que en el sector privado, pero no corren el riesgo de ser despedidos. En términos de coste social, y más en tiempo de déficit grave, muchos empleos públicos no deberían ser para siempre, esa es la verdad.