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Ley justa, efecto perverso

José Aguilar | 2 de junio de 2009 a las 19:11

DEL caso tremendo de José Antonio Santos, el albañil sevillano que ha pasado once meses en la cárcel y cuatro años de calvario judicial por ocho denuncias de maltrato conyugal que se han revelado falsas, no cabe deducir la maldad de la Ley de Violencia de Género, sino los efectos perversos de su aplicación en un clima social que abona el prejuicio contra el hombre en general.

Entendámonos. La Ley es justa y necesaria, ha ayudado a muchas mujeres a salir del infierno de un amor equivocado y ha puesto en su sitio a los cafres que las tratan como una propiedad particular. En general, ha hecho mucho por la igualdad esencial de nuestro tiempo y ha educado a una sociedad que llevaba siglos conviviendo con el maltrato con toda naturalidad. Por tanto, debe seguir vigente, sin duda.

Pero algo falla en su puesta en práctica. Porque el caso de Santos, aunque extremado (su esposa llegó a denunciar una agresión imposible, dado que él se hallaba en prisión, y una horrible paliza que milagrosamente le dejó intactas las uñas postizas), es paradigmático de una forma de actuar de la Policía y la Justicia en materia de violencia doméstica. Todos conocemos demasiados ejemplos en los que la presunción de inocencia del hombre ha sido literalmente destruida por una simple denuncia de su mujer, compañera o amante, que le hace, de momento, dormir en los calabozos, a la espera de que su presunta culpabilidad se demuestre. Cuando el juez concluye que los malos tratos denunciados fueron en realidad autolesiones han pasado meses de padecimientos, rechazo y deshonra pública.

Numerosos juristas han revelado, por otra parte, la excesiva frecuencia con que algunas mujeres utilizan bastardamente la legislación que las protege para su beneficio personal en un proceso de divorcio o en la disputa por la tutela de los hijos, a los que se enemista contra un padre al que se le ha colocado ya la etiqueta infame de maltratador. En ocasiones la retirada de las denuncias de agresiones de género obedece a la fragilidad emocional de la denunciante, a la dependencia o al miedo, que deben ser combatidos por las instituciones de defensa de la mujer, pero otras veces responde sencillamente a que eran falsas. Sucede así, aunque los adalides de la corrección política lo nieguen o lo desprecien alegando que se trata, dicen, de casos excepcionales. Ahora bien, ¿no bastaría un solo caso para hacernos pensar que algo va mal? ¿No vale aquí el lema que prefiere que haya culpables sin castigo a que un solo inocente sea inicuamente condenado?

Y no es sólo por los hombres. En realidad a quienes más perjudica esta aplicación deficiente de la ley es a miles de mujeres maltratadas que la necesitan y la merecen para ser libres.

La multa al juez Tirado

José Aguilar | 23 de diciembre de 2008 a las 20:48

HA habido división, pero menos. El Consejo General del Poder Judicial decidió ayer, por 14 votos frente a 7, confirmar la multa de 1.500 euros al juez sevillano Rafael Tirado por una “falta grave de desatención” al no ejecutar una condena de cárcel contra el pederasta Santiago del Valle.Ocurre que el juez declaró firme, y ordenó ejecutar, la sentencia condenatoria de Del Valle (ya llevaba un retraso de 31 meses) el 13 de enero de 2006, pero no controló su ejecutoria durante más de dos años. Ocurre también que en ese tiempo Santiago del Valle atacó y provocó la muerte de la niña onubense Mari Luz Cortés. Y ocurre que la Policía le detuvo el 26 de marzo de este año y que al día siguiente el juez emitió la orden de busca y captura. Demasiado tarde para el sentido común. Trágicamente tarde para Mari Luz y para su familia. Siquiera sea por las consecuencias que tuvo, la negligencia de Rafael Tirado sólo puede ser calificada como muy grave. Eso le hubiera supuesto al menos una suspensión durante meses de sus funciones jurisdiccionales. No lo ha estimado así el Consejo del Poder Judicial. Quizás la mayoría se ha atenido al principio de legalidad, como dicen, pero su interpretación de los hechos y las circunstancias han sido los más benévolos hacia su compañero juez. La sanción no va mucho más allá de la que correspondería a algunas faltas de tráfico. Mil quinientos euros por una desatención en el trabajo que ha facilitado una muerte, de la que, por supuesto, sólo es culpable Santiago del Valle.

Cuando estalló este escándalo -¿o lo llamamos de otra forma para edulcorar la realidad?- se denunció que la reacción del Gobierno, y de Mariano Rajoy, contra la levedad de la sanción anterior alentaba cierto linchamiento del juez Tirado al que se quería utilizar como chivo expiatorio o cabeza de turco de las deficiencias de la Justicia. La Junta y el Gobierno trataban de exculparse de su responsabilidad por las condiciones materiales y personales en que se encuentran los juzgados. Es una denuncia razonable, pero inquietantemente sesgada. Aun en las situaciones de colapso, hacinamiento, déficits de funcionarios y descoordinación informática, un juez tiene que dar prioridad a lo que es prioritario, y la captura de un pederasta convicto, reincidente y con tendencia natural a reincidir de nuevo, lo es. Puede aplazar trámites y decisiones múltiples, pero no retrasar la ejecución de la condena firme de un delincuente sexual que agrede a niñas.

Hay una responsabilidad individual objetiva por el trabajo mal hecho. De lo contrario llegaríamos a la autoindulgencia temeraria que criticaba Simone de Beauvoir: si todos somos culpables, nadie lo es.

Mari Luz quedó indefensa

José Aguilar | 28 de marzo de 2008 a las 12:07

Es escandaloso el fallo del Estado en el caso de Mari Luz. Con todo su aparato judicial y policial no ha impedido que el presunto agresor estuviera en la calle, a pesar de sus dos condenas pendientes por abuso de menores, incluyendo su propia hija.

De esto escribo en mi columna de hoy. Si los servidores públicos hubieran cumplido con su deber, quizás Mari Luz seguiría con vida.

Hay otro asunto aún no debatido: ¿qué se hace con este tipo de delincuentes especialmente dañinos y reincidentes? ¿Acaso la sociedad debe resignarse a su presencia cotidiana, como si fueran presos normales que ya han pagado su castigo y pueden reinsertarse?