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Toros en Cataluña

José Aguilar | 29 de julio de 2010 a las 11:54

NO soy capaz de dilucidar si en la decisión del Parlamento catalán de prohibir las corridas de toros desde el 1 de enero de 2012 ha pesado más la iniciativa de los enemigos del maltrato animal o el oportunismo de los enemigos de la pertenencia de Cataluña a España.

Es una de esas cuestiones que llamamos transversales para significar que los posicionamientos sobre ella atraviesan las ideologías y no se fijan automáticamente en función de las adscripciones políticas. Hay un debate ético, sí, relacionado con la tortura y muerte del toro bravo, pero conviene preguntarse por qué la prohibición ha triunfado en Cataluña y no en cualquier otro sitio. Pues porque es allí donde el nacionalismo ha encontrado en esta iniciativa la coartada perfecta para arremeter contra algo que considera una seña de la identidad nacional española. Si no hubiera sido por este conflicto identitario postsentencia del Constitucional, la movida de la plataforma antitaurina hubiera quedado en ruido sin consecuencias.

Un ruido de corto alcance porque los argumentos animalistas carecen de consistencia. Deberían explicar por qué prohíben la tradición de los toros en la plaza y salvan la tradición de los correbous en los pueblos catalanes, con reses acosadas y con fuego en los cuernos, por qué no prohíben la caza (se conocen casos de toreros heridos o muertos por cogida de toro, pero ninguno de cazador herido o muerto por perdices o conejos) y por qué, ya puestos, no impiden que se inflen las ocas para extraerles el paté o se exterminen ignominiosamente cerdos, vacas y gallinas para alimentar a los humanos opresores. Animales son todos ellos, aunque el toro bravo al menos puede defenderse de la agresión y ha sido criado para embestir en vez de para ser degollado en el matadero.

Con todo, más grave que este pretexto inane es que la mayoría de los representantes del pueblo catalán hayan subido un peldaño más en la senda del prohibicionismo. Todo lo quieren reglamentar, desde los letreros de las tiendas a los paneles de los ambulatorios y desde el doblaje de las películas al idioma de la enseñanza. Hay en esta obsesión de la nomenclatura de Cataluña un renuevo del despotismo ilustrado (ellos deciden, con su superior criterio, lo que la sociedad debe hacer y lo que no debe hacer) y un desprecio ostensible a la madurez de los ciudadanos y a su condición de individuos adultos y libres que eligen sus opciones vitales sin coacción ni paternalismo.

Por el amor de Dios, dejen a los ciudadanos la libertad de asistir a una corrida de toros si creen que es un arte, una fiesta o un patrimonio cultural y la libertad de no asistir si piensan que los toreros son unos matarifes. Lo firma uno al que no le gustan los toros.

Ley justa, efecto perverso

José Aguilar | 2 de junio de 2009 a las 19:11

DEL caso tremendo de José Antonio Santos, el albañil sevillano que ha pasado once meses en la cárcel y cuatro años de calvario judicial por ocho denuncias de maltrato conyugal que se han revelado falsas, no cabe deducir la maldad de la Ley de Violencia de Género, sino los efectos perversos de su aplicación en un clima social que abona el prejuicio contra el hombre en general.

Entendámonos. La Ley es justa y necesaria, ha ayudado a muchas mujeres a salir del infierno de un amor equivocado y ha puesto en su sitio a los cafres que las tratan como una propiedad particular. En general, ha hecho mucho por la igualdad esencial de nuestro tiempo y ha educado a una sociedad que llevaba siglos conviviendo con el maltrato con toda naturalidad. Por tanto, debe seguir vigente, sin duda.

Pero algo falla en su puesta en práctica. Porque el caso de Santos, aunque extremado (su esposa llegó a denunciar una agresión imposible, dado que él se hallaba en prisión, y una horrible paliza que milagrosamente le dejó intactas las uñas postizas), es paradigmático de una forma de actuar de la Policía y la Justicia en materia de violencia doméstica. Todos conocemos demasiados ejemplos en los que la presunción de inocencia del hombre ha sido literalmente destruida por una simple denuncia de su mujer, compañera o amante, que le hace, de momento, dormir en los calabozos, a la espera de que su presunta culpabilidad se demuestre. Cuando el juez concluye que los malos tratos denunciados fueron en realidad autolesiones han pasado meses de padecimientos, rechazo y deshonra pública.

Numerosos juristas han revelado, por otra parte, la excesiva frecuencia con que algunas mujeres utilizan bastardamente la legislación que las protege para su beneficio personal en un proceso de divorcio o en la disputa por la tutela de los hijos, a los que se enemista contra un padre al que se le ha colocado ya la etiqueta infame de maltratador. En ocasiones la retirada de las denuncias de agresiones de género obedece a la fragilidad emocional de la denunciante, a la dependencia o al miedo, que deben ser combatidos por las instituciones de defensa de la mujer, pero otras veces responde sencillamente a que eran falsas. Sucede así, aunque los adalides de la corrección política lo nieguen o lo desprecien alegando que se trata, dicen, de casos excepcionales. Ahora bien, ¿no bastaría un solo caso para hacernos pensar que algo va mal? ¿No vale aquí el lema que prefiere que haya culpables sin castigo a que un solo inocente sea inicuamente condenado?

Y no es sólo por los hombres. En realidad a quienes más perjudica esta aplicación deficiente de la ley es a miles de mujeres maltratadas que la necesitan y la merecen para ser libres.