EL próximo jueves el pleno del Congreso de los Diputados aprobará la reforma de la ley del aborto. Como ya indiqué, las útimas dudas sobre el futuro de esta norma se despejaron el día en que el PNV decidió, rompiendo su tradición, que no dejaría libertad de voto a sus diputados, sino que todos ellos aceptarían la ley de plazos con determinadas condiciones.

   Lo que el PNV pedía -y el PSOE ha aceptado, lo que hizo posible que la Comisión de Igualdad del Congreso diera ayer luz verde al dictamen de la ley- se refiere a la regulación de la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios, el respeto a las competencias autonómicas y, sobre todo, la obligación de que las menores de edad, entre 16 y 18 años, informen de su decisión de abortar a al menos uno de sus padres, tutores u ostentadores de la patria potestad sobre las mismas. La decisión, en todo caso, seguirá siendo de las menores embarazadas, dentro de las primeras 14 semanas de gestación.

   No obstante, según pactaron también socialistas y nacionalistas vascos, este deber de comunicar a sus mayores la voluntad de abortar tendrá una excepción: no tendrán que hacerlo cuando aleguen fundadamente que hablarlo con ellos supondría “un peligro cierto de violencia intrafamiliar, amenazas, coacciones o malos tratos, o se produzca una situación de desarraigo o desamparo”. Estos motivos de excepcionalidad son tan variados y genéricos que no hace falta ser adivino para deducir en qué se van a convertir: en un coladero. Será parecido a lo que con la ley vigente es el supuesto del daño a la salud psíquica de la madre, cuyos efectos indeseados se dice querer evitar.

   Yo, que me declaro partidario de la ley de plazos para el aborto (de las adultas), no albergaba ninguna esperanza de que esta aparente concesión del Gobierno en la cuestión de las menores fuera a servir para restaurar la lógica y la racionalidad. ¿Que por qué? Por el pensamiento dominante. Con el sistema de valores que se inculca a los jóvenes y con la formación que se recibe en los institutos, está claro que todo lo que sea azuzar el sentido de la responsabilidad de los adolescentes está contraindicado. Se trata de todo lo contrario, de extender derechos sin deberes, de que nadie se haga cargo de las consecuencias de sus actos, de que ninguno/a pague por sus errores (por ejemplo, el de no usar conscientemente anticonceptivos, que pueden ser un incordio), de que ninguna frustración empañe la marcha triunfante de la juventud hacia una madurez que se promete, falsariamente, ajena a los problemas y conflictos.

   ¿Alguien pensaba que nuestros gobernantes iban a admitir que la muchacha embarazada tenga que pasar la vergüenza de decirle la verdad a sus padres? Que no sufran las criaturas, por Dios.

EL fiscal general del Estado alerta: cada vez son más los adolescentes que pegan a sus padres. El año pasado 4.200 padres denunciaron a sus hijos menores de edad ante los tribunales. Parecen pocos, ya que hay en España más de tres millones de chicos y chicas entre 12 y 18 años.

En cualquier caso, los 4.200 suponen un 56% más que en el año anterior. Demasiados, y más porque no resulta gratuito pensar que son muchas más las agresiones que los padres no llegan a denunciar por vergüenza, por pudor o por temor. Se guardan para sí la humillación antes que judicializar el horror que viven dentro de sus hogares.

Lo sufren en silencio, como buena parte de las mujeres víctimas de la forma de violencia doméstica que la sociedad sí ha interiorizado ya, por fortuna, como mal a combatir colectiva e institucionalmente. También como la violencia de género, ésta de hijos e hijas contra padres y madres se ha revelado transversal: se producen casos en todas las clases sociales, de modo que no se trata de un fenómeno que tenga que ver con los niveles de renta y educación. No se puede atribuir a la desestructuración familiar.

Dejando aparte los episodios ocasionales, este tipo de agresiones proceden obviamente de muchachos malcriados. Malcriados por los padres, por la escuela, por la sociedad, y reveladores de un gran fracaso colectivo. Probablemente los padres que ahora sufren el maltrato se arrepienten de no haber sabido decir no a sus hijos cuando eran niños (he oído a José Antonio Marina que a las criaturitas hay que empezar a prohibirles cosas ¡a partir de los ocho meses!), de excederse en permisividad y de pasarse los primeros y decisivos años del hijo vulnerando el delicado sistema de recompensas y castigos –a favor de los primeros, claro– que está en la base de una buena educación.

Cuando padres y madres vienen a darse cuenta de lo equivocados que han estado, es demasiado tarde: los niños ya no son tan niños. Por no dar un cachete a tiempo son ellos los que reciben algo más que cachetes, y de las personas que más quieren, que duele mucho más. Todo padre debe esperar que su hijo, al crecer, se ponga Edipo y reniegue de él para afianzar su propia personalidad, pero éste es un problema puramente psicológico que el tiempo resuelve en la mayoría de los casos. En cambio, ninguno está preparado para que su hijo adolescente le torture anímicamente o le levante la mano de manera cotidiana.

Escuela y sociedad, por su parte, colaboran lo suyo en que la malcrianza juvenil se consolide, una por impotencia y la otra por la asunción de valores que son la negación del respeto, la autoridad y la consideración. Qué tiempos aquéllos en los que decíamos “eres más feo que pegarle a un padre”…

1. SIN escándalo. La píldora del día después es un método anticonceptivo normal. Francia, el Reino Unido, Estados Unidos y cuarenta países más la suministran sin prescripción médica. La Organización Mundial de la Salud considera que cualquier mujer puede necesitar una anticoncepción de emergencia para evitar un embarazo no deseado.
2. Beneficiadas. Más de 6.000 españolas menores de 18 años abortaron voluntariamente en 2008. Muchas de ellas se habrían librado del aborto de haber dispuesto de la píldora poscoital que impide la fecundación. Podemos tal vez estar de acuerdo en que el condón es preferible a la píldora, y la píldora preferible al aborto. Ahorrar a las muchachas una maternidad imprevista, indeseada y lesiva para ellas y para sus posibles hijos debería ser un objetivo social.
3. Sin receta. La decisión del Gobierno es que dentro de tres meses la píldora pueda comprarse libremente en las farmacias, sin receta. Mal asunto. Llevamos años, y euros, tratando de convencer a la población de que es malo automedicarse. Todos los fármacos presentan efectos secundarios y reacciones adversas (ya lo avisan, con profusión de detalles, los prospectos). También la píldora. A partir de agosto ninguna mujer podrá llevarse de la botica una caja de Nolotil para el dolor de cabeza sin que el médico se la haya prescrito, pero sí podrá sacar Norlevo o Postinor a discreción después de un coito de fin de semana con consecuencias no queridas. Un ataque directo a la política de educación sanitaria.
4. Menores. La píldora será accesible a las menores de edad, por 18 a 20 euros. Una adolescente de quince años va a poder comprarla por su cuenta para “curarse” de un desliz. La misma adolescente no puede, por ley, comprar un paquete de tabaco ni tomarse una caña. Comprar la píldora poscoital, sí. Todas las veces que quiera y sin que ningún facultativo vigile su historial por si el consumo continuado daña su salud. A espaldas de sus padres, que no van a enterarse de nada.
5. Mensaje errado. Erradísimo. Se les subraya aún más a los jóvenes que los actos de las personas no tienen consecuencias, que no pasa nada, que no se preocupen. Las campañas de educación sexual saltan por los aires: ¿para qué utilizar preservativos si la píldora está al alcance de cualquiera, sin médico ni familia que pregunten, incordien y reflexionen? Dicho sea de paso, la posibilidad de contraer enfermedades venéreas se multiplica cuando no se usa condón. Es lo que han proclamado los gobernantes, de antes y de ahora, en divertidas campañas. Ya no vale, al parecer. Como el aborto mismo: también las menores de edad lo decidirán a solas, sin los molestos adultos. Así piensa el Gobierno que hará a las chicas más libres. Las hará más irresponsables. Más infantiles.

“Un ramo de flores en su ataúd”, ha dicho el abogado de Carmen Fernández sobre la sentencia del Tribunal Constitucional que obliga a la Junta de Andalucía a pagarle 1,7 millones de euros. Era la “compensación” por no devolverle a sus hijos, como sentenció la Audiencia de Sevilla.

Desgraciadamente Carmen murió hace dos meses. De cáncer. Ha penado con su vida un pecado que cometió en 1996. La Junta le retiró a sus hijos, Iván y Sara, por alcohólica.  Pero se rehabilitó y cuando quiso recuperarlos una maraña de jueces, funcionarios y padres de acogida se lo impidió.

Ha estado doce años pidiendo justicia, y hasta once resoluciones le dieron la razón. Para nada. La Audiencia terminó por decretar que Iván y Sara volvieran con ella, pero, a la vez, decidió que la vuelta era imposible por el bien de los hijos, dado el tiempo transcurrido.

¿Qué clase de Justicia es ésta? ¿El error de una persona da derecho al Estado a destrozar su vida para siempre? ¿O es que los pobres pueden ser despojados de sus hijos y mientras más tiempo pase menos conviene que se los devuelvan?

E difícil no indignarse ante este caso.