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Narcos en Sanlúcar

José Aguilar | 25 de junio de 2009 a las 19:44

La red de narcotraficantes que acaba de desarticular la Guardia Civil en Sanlúcar de Barrameda tenía como jefe a un veinteañero. No me extraña. Numerosos niños sanluqueños alimentan desde chicos el sueño de una vida regalada, con poco esfuerzo y cierto riesgo. Es la vida que ven en sus vecinos o familiares, la que lanzan bravuconamente a la cara a los profesores que tratan de disciplinarlos con más fe y moral que suerte. Los consideran -a sus profesores- unos funcionarios desgraciados y mal retribuidos, lo contrario de un ejemplo a emular.

Este capo de Sanlúcar, como digo, tiene menos de treinta años y, según la Guardia Civil, no dirigía la organización desde la sombra, ni mucho menos, ya que pilotaba él mismo las embarcaciones, dotadas de tres o cuatro motores fueraborda, con las que se introducían las partidas de tres toneladas de hachís por cada operación. De hecho, los once detenidos son menores de 42 años, lo que revela que el tráfico de drogas se ha constituido en los últimos en un poderoso yacimiento de empleo en una población de mucho paro y economía deprimida, o sumergida. Nativos y visitantes se ríen a mandíbula batiente cuando conocen el anuario de La Caixa, que sistemáticamente coloca a Sanlúcar como el municipio español más pobre. Año tras año se perpetúa el equívoco estadístico.

En los registros domiciliarios se han decomisado coches de alta gama, embarcaciones de lujo, motos acuáticas, televisores de plasma, joyas y algunas armas. Realmente, el primer indicio de delito de narcotráfico en pueblos pequeños y medianos se puede detectar con facilidad. Basta una vigilancia somera, incluso una observación no profesional, de los vehículos que manejan algunos individuos sin oficio conocido, los chalés en los que viven o el dinero que gastan para levantar la sospecha.

Claro que una cosa es sospechar y otra probar. Estos traficantes del medio rural no suelen dejar rastro en el sector bancario y en los registros de la propiedad, disfrutan de una cierta impunidad social en determinados sectores que llegan a justificarlos con la consabida apelación a la crisis y la falta de trabajo y disponen de una capacidad de soborno considerable, la que proporciona la droga -dura de verdad- del dinero abundante ganado sin doblarla. ¿Cuántas peonadas en la construcción se necesitan para meterse en el bolsillo lo que se mete uno en una sola noche de alijo?

El poder contaminante y corruptor del dinero de la droga alcanza a algunos policías y guardias civiles, que pueden duplicar o triplicar sus bajos salarios oficiales con tan sólo hacer la vista gorda durante una guardia al relente. En fin, es mucho más fácil saber con seguridad quién trafica que ponerlo a buen recaudo.

Malas prácticas policiales

José Aguilar | 3 de mayo de 2009 a las 9:54

EL Cagalera y su hijo -El Diarrea, naturalmente- acaban de ser absueltos de un delito de narcotráfico porque las escuchas telefónicas realizadas durante la investigación policial fueron autorizadas irregularmente. Los dos narcos gastroenteríticos irán, no obstante, a la cárcel porque el Supremo ha ratificado otra sentencia que los condenó por liderar una organización que vivía de traficar con hachís desde su base en Sanlúcar de Barrameda.

Esto no es nuevo. Al revés, se produce con frecuencia. De hecho, padre e hijo sanluqueños habían sido capturados en el marco de una publicitada Operación Semilla, con la que se pretendió haber dado un auténtico mazazo al narcotráfico en Andalucía. Luego, cuando llegó la hora de condenar a los que se sentaron en el banquillo, los jueces, que han de atenerse a pruebas consistentes contra los sospechosos, la operación se desinfló: de los 39 procesados en aquel caso, 32 han sido absueltos.

En los asuntos de corrupción política pasa tres cuartos de lo mismo. Esta semana la Guardia Civil ha dado el que puede ser el golpe de gracia al caso Camas, un escándalo de presunta compra de votos para sacar adelante proyectos urbanísticos en Camas con alcalde de IU y concejales de PP y PA de por medio. La grabación clave del supuesto soborno ha sido desestimada por el informe pericial del Instituto Armado por falta de trapío. “No es posible realizar un cotejo de voz sobre las evidencias recibidas al no cumplir las condiciones mínimas de calidad”, dice el informe. Hace un año, la Audiencia de Sevilla anuló también la escuchas telefónicas que se hicieron a los implicados. ¿Resultado final? El caso se desinfla. Los cuatro imputados respiran.

Nada puede extrañarnos en este país en el que uno de los mayores escándalos de financiación ilegal de un partido (el PP), el caso Naseiro, tuvo que ser archivado porque su detección se produjo por casualidad, gracias a un pinchazo telefónico dedicado a perseguir el tráfico de drogas, y a los investigadores se les olvidó que necesitaban el permiso de un juez para espiar la tesorería política irregular que habían descubierto. Lo que sí extraña es que no se aprenda de la experiencia y que los autores de las diligencias policiales sigan cayendo una y otra vez en los mismos errores.

Probablemente, muchos de los implicados en estos casos eran realmente culpables, pero ¿de qué sirve saberlo? Tenemos unas normas elementales: todo el mundo es inocente mientras no se demuestre lo contrario. La misión de las fuerzas de seguridad es encontrar pruebas sólidas de la culpabilidad de los delincuentes, seguir los procedimientos establecidos escrupulosamente y llegar a juicio sin cometer los errores que hacen posible que los malhechores se vayan de rositas. Sin malas prácticas.