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El aborto de las menores

José Aguilar | 11 de diciembre de 2009 a las 12:44

EL próximo jueves el pleno del Congreso de los Diputados aprobará la reforma de la ley del aborto. Como ya indiqué, las útimas dudas sobre el futuro de esta norma se despejaron el día en que el PNV decidió, rompiendo su tradición, que no dejaría libertad de voto a sus diputados, sino que todos ellos aceptarían la ley de plazos con determinadas condiciones.

   Lo que el PNV pedía -y el PSOE ha aceptado, lo que hizo posible que la Comisión de Igualdad del Congreso diera ayer luz verde al dictamen de la ley- se refiere a la regulación de la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios, el respeto a las competencias autonómicas y, sobre todo, la obligación de que las menores de edad, entre 16 y 18 años, informen de su decisión de abortar a al menos uno de sus padres, tutores u ostentadores de la patria potestad sobre las mismas. La decisión, en todo caso, seguirá siendo de las menores embarazadas, dentro de las primeras 14 semanas de gestación.

   No obstante, según pactaron también socialistas y nacionalistas vascos, este deber de comunicar a sus mayores la voluntad de abortar tendrá una excepción: no tendrán que hacerlo cuando aleguen fundadamente que hablarlo con ellos supondría “un peligro cierto de violencia intrafamiliar, amenazas, coacciones o malos tratos, o se produzca una situación de desarraigo o desamparo”. Estos motivos de excepcionalidad son tan variados y genéricos que no hace falta ser adivino para deducir en qué se van a convertir: en un coladero. Será parecido a lo que con la ley vigente es el supuesto del daño a la salud psíquica de la madre, cuyos efectos indeseados se dice querer evitar.

   Yo, que me declaro partidario de la ley de plazos para el aborto (de las adultas), no albergaba ninguna esperanza de que esta aparente concesión del Gobierno en la cuestión de las menores fuera a servir para restaurar la lógica y la racionalidad. ¿Que por qué? Por el pensamiento dominante. Con el sistema de valores que se inculca a los jóvenes y con la formación que se recibe en los institutos, está claro que todo lo que sea azuzar el sentido de la responsabilidad de los adolescentes está contraindicado. Se trata de todo lo contrario, de extender derechos sin deberes, de que nadie se haga cargo de las consecuencias de sus actos, de que ninguno/a pague por sus errores (por ejemplo, el de no usar conscientemente anticonceptivos, que pueden ser un incordio), de que ninguna frustración empañe la marcha triunfante de la juventud hacia una madurez que se promete, falsariamente, ajena a los problemas y conflictos.

   ¿Alguien pensaba que nuestros gobernantes iban a admitir que la muchacha embarazada tenga que pasar la vergüenza de decirle la verdad a sus padres? Que no sufran las criaturas, por Dios.

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Un problema entre vascos

José Aguilar | 5 de diciembre de 2008 a las 12:16

“CUANDO veo la que se montó ayer por el asesinato de Ignacio Uría no puedo evitar pensar que adivino, al 99%, a quién votaría este hombre las pasadas elecciones, así como sus familiares y entorno más cercano, y que ahora sí, le ha tocado a ‘uno de los nuestros’, y por eso EA abandona la coalición en Azpeitia, Ibarretxe muestra contundencia (“un hombre de nuestro pueblo”, ya sabes lo que quiere decir: sus apellidos son euskaldunes) etc. El final es ese: una guerra civil de baja intensidad entre la izquierda abertzale y el PNV-EA. Sólo les une, de momento, el enemigo común”.

No sé si, como apunta el amigo -vasco e hijo de vasco- que me envió ayer este correo electrónico se producirá la augurada “guerra civil de baja intensidad” entre vascos. Lo que sé es que el final definitivo del terrorismo etarra depende enteramente de los vascos. No tengo ninguna duda de que la derrota política de ETA ya se ha producido y de que su derrota material es cuestión de poco tiempo, pero la desaparición de la banda me parece que exige un cambio radical de algunos sectores de la sociedad vasca.

¿Qué sectores? No sólo los directamente implicados en la organización y sus redes de influencia en los distintos frentes que dan forma a su delirio criminal, sino también los cómplices activos y pasivos de sus actividades. Todos aquellos que callan o miran hacia otro lado cuando asesinan a sangre fría a su convecino. No a los que actúan así por miedo, sino a quienes han llegado a tal extremo de degradación moral y corrupción cívica que son capaces de justificar o comprender las razones de los que matan.

Ellos han generado un clima social asfixiante -o participan sin desgarro de ese clima- en el que se ve normal que la dueña del restaurante de Azpeitia ante el que fue rematado Ignacio Uría explique así su pesar por el atentado: “¡Pero si es de aquí de toda la vida!” o que un consejero del Gobierno Ibarretxe se sorprenda igual: “¡Era del pueblo!”. No están muy lejos, en el plano de la atrofia ética, los vascos que han vigilado los movimientos de Uría y han informado a los asesinos de los vascos que, en vez de rechazar el crimen, se extrañan de que haya podido tocarle a un vasco-vasco, como si hubiera sido menos execrable la misma muerte en el caso de que la víctima no fuera tan euskalduna. El alcalde de Azpeitia, de ANV, que ni siquiera ha lamentado el asesinato, ¿acaso no lo han puesto allí sus vecinos en votación democrática? ¿No sabían a quién elegían?

Nunca he sido partidario de abandonar a su suerte a la gran mayoría del País Vasco que quiere la paz y abomina de la violencia. Pero el final de la violencia sólo lo pueden conseguir ellos mismos.